Interviene el ex juez Baltasar Garzón y se internacionaliza el conflicto Mapuche
San Martín de los Andes (Especial).- El próximo lunes 3 llegará a
esta ciudad el ex juez español, Baltasar Garzón para adherir a los
reclamos de la Confederación Mapuche del Neuquén sobre sus presuntos
derechos de territorialidad y con ello internacionalizar el conflicto
que esa etnia mantiene con los estados de Argentina y Chile y en el que
se ha inmiscuido Garzón.
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De esta manera se profundiza el conflicto que
las comunidades mapuches asentadas en la provincia mantienen con el
gobierno de Jorge Sapag especialmente por sus pretensiones de participar
en la renta petrolera como lo demuestran los cortes de rutas y tomas de
yacimientos en campos aledaños a Vaca Muerta. Acá, en San Martín de los
Andes, no se han desmentido aún -sólo se produjo una ligera declaración
por radio-, las manifestaciones del werken (vocero) de esa
agrupación, Fidel Colipán acerca de los derechos territoriales de la
comunidad Curruhuinca sobre el ejido de la ciudad.
Curiosamente este dirigente es el organizador de la presencia del ex
magistrado español que fuera expulsado de la Audiencia Nacional por una
presunta prevaricación al interceptar las conversaciones que los
imputados del caso Gürtel – una red de corrupción montada por el Partido
Popular (PP)- mantuvieron en prisión con sus abogados. A mediados de
enero, con Garzón ya fuera del proceso, aparecieron 22 millones de euros
en un banco de Ginebra, Suiza, a nombre del ex tesorero del PP Luis
Bárcenas y se sospecha de varios desvíos de dinero realizados por
dirigentes que responden al presidente del PP y premier español, Rajoy.
Hoy Garzón es asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y
asumió la defensa del vocero de Wikileaks, Julian Assange. También fue contratado por el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner.
La visita de Baltasar Garzón es promocionada oficialismo municipal
que encabeza el intendente kirchnerista Juan Carlos Fernández, quien se
reporta políticamente al secretario general de la Presidencia. Este hijo
político de Oscar Parrilli fue quien lanzó para el 12 de octubre pasado
la idea de izar la bandera mapuche en la plaza San Martín. La
iniciativa abortó por la fuerte oposición de los sectores medios y del
concejal vecinalista, Alberto Bruno, que se autotitula ex combatiente de
Malvinas -cobras sueldos por ello- y se financia con aportes de varios
empresarios locales, entre ellos, el ex tesorero del PJ de Santa Cruz,
Raúl Copetti. Todavía resuenan en San Martín de los Andes las duras
declaraciones por TV de Eduardo Arnold, ex vicegobernador de Néstor
Kirchner, quien lo vinculó (presuntamente) con la ruta del Dinero K.
Es por ello que la visita de Garzón y su puesta en escena del
convenio que “hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos
indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la
salud y a la educación”, no es un tema fácil para digerir, especialmente
si se tiene en cuenta el apoyo que reciben los Mapuches locales del
ministerio de Acción Social de Alicia Kirchner, donde funciona la
Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, y en el que activan dirigentes
aborígenes como Roberto Ñancucheo y Jorge Nahuel, quienes se referencian
localmente en ONGs y agrupaciones filo kirchneristas como el Movimiento
Evita o La Cámpora. En este espacio se referencia el concejal del
Frente para la Victoria (FpV), Rodolfo “Toto” Manson, cuñado del
intendente Fernández. Curiosamente durante el juicio por el crimen de un
policía provincial en Junín de los Andes salieron a luz supuestos e
mails de Analía Godoy con la agrupación “Quebracho”. Esta mujer es la
esposa de Juan Marcos Fernández, hijo del jefe comunal y ambos están
acusados de presuntos actos de encubrimiento en favor de los asesinos de
José Aigo: los terroristas chilenos Alexis Cortes Torres y Jorge
Zalazar Oporto, acusados en ese país de participar en atentados y
acciones violentas en favor de los Mapuches que se asientan en su
territorio.
Envalentonada por este apoyo internacional, la Confederación Mapuche
envió un documento a la sede de la ONU pidiendo la intervención ante lo
que considera “discriminación, desalojos forzados y criminalización de
pueblos indígenas” en la provincia. La solicitud al organismo
internacional con sede en Ginebra (Suiza) es “para que intervenga como
mediador ante el gobierno provincial y nacional para que se responda a
situaciones de avasallamiento de los derechos del pueblo aborigen,
dentro de las que se pone particular énfasis en la ampliación de
actividades extractivas (petroleras, mineras) y forestales en
“territorios mapuches”, sin el consentimiento de las comunidades. En el
encabezado se acusa al gobierno provincial de (supuesta)
“discriminación, desalojos forzados y criminalización de pueblos
indígenas en Neuquén, Argentina”.
Precisamente el abogado Garzón va a hacer hincapié durante su
exposición en el Salón Municipal de San Martín de los Andes sobre este
controvertido convenio 169 de la OIT que fuera aceptado por la ONU
porque determina “la protección de los valores y prácticas sociales,
culturales, religiosas y espirituales propios de los pueblos indígenas”,
y define “la importancia especial que para las culturas de nuestro
territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su
relación con las tierras o territorios”. Así como la importancia de las
actividades económicas tradicionales para su cultura. También que los
servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma
comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y
medicamentos tradicionales. Y los programas de educación “deberán
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de
valores” y además, “deberán adoptarse disposiciones para preservar las
lenguas indígenas”. También existen otros puntos controversiales como el
que establece “la consulta previa, de buena fe y de forma apropiada a
las circunstancias, para conseguir acuerdo o consenso a las medidas
propuestas. El mismo artículo afirma que “la auto identificación es el
criterio fundamental para determinar a quienes se reconoce como pueblos
indígenas o tribales”.
El Convenio incluye, entre otros, derechos relacionados al territorio
y a la gobernanza. Fue adoptado por La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en 1989 y entró en vigor en 1991. Desde entonces este
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
es el acuerdo internacional de derecho indígena más conocido en mundo Y
es vinculante para la Argentina desde el año 2.000. También es de
cumplimiento obligatorio para todos los países que lo han firmado y
ratificado: México (1990) Bolivia y Colombia (1991), Costa Rica y
Paraguay (1993), Perú (1994), Honduras (1995), Guatemala (1996), Ecuador
(1998), Argentina (2000), Brasil, Venezuela y República Dominicana
(2002), Chile (2008) y Nicaragua (2010). Panamá no ha firmado este
tratado. Se considera beneficiarios a “los pueblos en países
independientes que descienden de poblaciones que habitaban el país, o
una región geográfica a la que perteneció el país en la época de la
conquista o antes de la colonización o del establecimiento de las
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación
jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”
“La presencia del Dr. Garzón nos da mucha fortaleza”, sostienen los
lideres Mapuches, quienes ven una oportunidad de lograr trascendencia
internacional ya que el ex juez español es presidente del Consejo de
Administración del Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos (CIPDH) bajo auspicio de UNESCO. En tal carácter
participó del Parlamento del Pueblo Nación Mapuche en Río Negro
realizado los días 2, 3 y 4 de Marzo del 2014, en Ing. Jacobacci. En el
Parlamento, que promulgó el “estado de alerta y movilización” de los
Pueblos Originarios de Río Negro, Garzón le pidió al Pueblo Mapuche que
no baje los brazos y mantenga “el aliento en la nuca” a las autoridades
competentes que deben respetar sus derechos vigentes. Garzón cobró
notoriedad y por eso tuvo enfrentamientos en Chile con diputados y
senadores de la derecha pinochetista por haber mantenido preso en
Londres al ex presidente de facto Augusto Pinochet Ugarte. En su visita a
ese país se reunió con familiares de detenidos desaparecidos y ex
presos políticos que lo recibieron en Villa Grimaldi, ex centro de
torturas de la dictadura y ratificó su tesis del “principio de
jurisdicción universal de los derechos humanos” que se interpreta la
facultad de un juez extranjero para juzgar violaciones de esos mismos
derechos en terceros países, como podría ser el caso de la Argentina si
las s denuncias de los Mapuches tienen éxito en organismos
internacionales como la ONU. El ex juez español estuvo en el Parlamento
Mapuche que sesionó en la Región Sur de Río Negro que “en Argentina no
se asume la realidad de los pueblos originarios y que a la hora de
aplicar las leyes se mira para otro lado”. Entre los asistentes a esa
reunión estuvo la senadora nacional por esa provincia, Magdalena Odarda
(ARI-Coalición Cívica).
* Corresponsal del diario Ambito Financiero; conductor de
programas de radio en Neuquén capital y en San Martín de los Andes;
colaborador de medios nacionales y extranjeros.
