Se profundiza la guerra entre Lorenzetti y Gils Carbó por el control del Poder Judicial
Ayer dos novedades judiciales volvieron a hegemonizar el escenario
político. La Cámara Federal porteña decidió rechazar el planteo de
nulidad que la defensa de Amado Boudou había presentado el martes
pasado, y el juez federal Claudio Bonadío firmó la elevación a juicio
oral y público de la causa que lo tiene como procesado por
irregularidades en la compra de un vehículo que adquirió en la década
del ‘90. Boudou ingresó datos falsos en la documentación de un Honda
rojo modelo 1992 patente WYT716. Será el TOF Número 1 entonces el
tribunal encargado de enjuiciar al vicepresidente.
PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER ARTICULO
Simultáneamente, la defensa de Romina Mercado, presidente de la
sociedad anónima Hotesur y una de las imputadas por Bonadío, acusó al
magistrado de haber tomado esa causa “como un elemento de presión para
evitar su destitución”, según el escrito presentado por el abogado
Carlos Beraldi.
“Está claro, entonces, que el magistrado, cuya recusación se
solicita, carece de la indispensable legitimidad en su actuación, no
inspirando confianza ni en la ciudadanía ni el justiciable”, afirmó
Beraldi en un escrito que consta de 22 carillas.
En caso de que Bonadío rechace la recusación, lo resolverá la Cámara Federal.
De este modo, se puso en marcha el mecanismo, motorizado desde el
gobierno, para desplazar a Bonadío de la causa Hotesur. Esto, al mismo
tiempo que la elevación a juicio oral que afecta a Boudou, obliga a sus
defensores a poner en marcha mecanismos dilatorios para postergar la
realización de aquél. Uno, el más obvio, consistiría en la recusación
del tribunal oral que toque según el sorteo, aunque también podrían
plantear la inexistencia del delito. Obviamente, en ambos casos, Hotesur
y la irregular compra del Honda, el oficialismo aplicará, con distintas
recetas, una misma estrategia: hacer valer todos los mecanismos
dilatorios posibles. Esta decisión tiene una sola explicación política y
es que, en caso de ganar el Frente para la Victoria las elecciones
presidenciales, el gobierno podría -con su crédito político renovado-
apostar a controlar nuevamente al Poder Judicial y cerrar la ola de
procesamientos que hoy avanza. Claro está que, en caso de ganar un
candidato opositor, la dilación de los procesos sólo haría que en el
2016 muchas causas tuvieran sus plazos agotados, encontrándose en
condiciones de ser elevadas a juicio oral.
Pero el problema judicial para el gobierno ya no pasa sólo por ganar
las próximas presidenciales, lo que no le será fácil. Los operadores
judiciales del cristinismo aceptan que se está conformando un bloque de
jueces y fiscales unidos por su rechazo a la nueva reforma al Código
Procesal Penal. En el vértice de este movimiento está el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; en un escalón más
abajo, se cuentan media docena de camaristas de Casación de los cuales
los más notables son Mariano Borinsky y Juan Carlos Geminiani, este
último recusado por la defensa de Boudou en la causa Ciccone. Geminiani,
muy cercano a la cúpula de la UCR, es considerado la reserva más
importante de este partido para cubrir una vacante en la Corte Suprema.
En un tercer escalón hay varios jueces de cámara pero los que más se
destacan son los jueces federales como Rodolfo Canicoba Corral, Bonadío,
María Servini de Cubría, Ariel Lijo y Luis Rodríguez junto con los
fiscales Guillermo Marijuán y Carlos Stornelli.
Un futuro sin garantías
El gobierno sospecha -y con fundamentos- de que aun triunfando Daniel
Scioli este movimiento que está reflotando la independencia judicial
podría tener la suficiente fuerza como para llevar al banquillo de los
acusados hasta a la misma presidente. La línea de defensa del
kirchnerismo pasa por la continuidad de Alejandra Gils Carbó como
Procuradora General durante el próximo gobierno, ejerciendo los
superpoderes que le otorga la reforma procesal penal y amparada por el
artículo 13 de la Ley 24.946, que dice: “Los magistrados del Ministerio
Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los
setenta y cinco (75) años de edad. Los magistrados que alcancen la edad
indicada precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo
nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se
efectuarán por el término de cinco (5) años, y podrán ser repetidas
indefinidamente, mediante el mismo procedimiento”. La batalla de fondo
es entonces entre Lorenzetti y Gils Carbó, cuando la tendencia marca que
cada vez más jueces y fiscales cortan lazos con el gobierno.
En las últimas semanas, varios allegados a la presidente habrían
presionado a Scioli para arrancarle la promesa de que, si llega a
presidente, defenderá la reforma procesal penal y la continuidad de Gils
Carbó en su cargo. El gobernador bonaerense elude las definiciones como
puede pero su silencio público sobre estos temas es todo un mensaje que
no presagia nada bueno para la elite cristinista. Reservadamente,
varios de los precandidatos presidenciales, empezando por Ernesto Sanz,
Elisa Carrió y Julio Cobos, ya se habrían comprometido con Lorenzetti a
plantear en el 2016 la derogación de la reforma procesal. Otros, como
Mauricio Macri y Sergio Massa, se mueven con extrema prudencia y dilatan
cualquier definición.
