El gobierno de los que pueden ir presos
La disputa con el Poder Judicial se volvió
una obsesión en la Casa Rosada. "Nadie puede terminar preso",
aseguran sus funcionarios. Inquietud en Comodoro Py por la seguridad de jueces,
fiscales y asistentes
Crédito: NA
- "¿Se puede gobernar pensando todo
el tiempo que vas a ir preso?", se pregunta un funcionario de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
- "No sé, dígamelo usted", propone Infobae.
- "No, no se puede. Nadie gobierna hoy en la Argentina. Solo hay decisiones para ganar tiempo. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer pie y asegurarnos una salida por la puerta de adelante. Nadie puede terminar preso. Sobre todo la Jefa no puede terminar presa. Estamos obligados a defendernos. Estamos obligados a defenderla".
- "No sé, dígamelo usted", propone Infobae.
- "No, no se puede. Nadie gobierna hoy en la Argentina. Solo hay decisiones para ganar tiempo. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer pie y asegurarnos una salida por la puerta de adelante. Nadie puede terminar preso. Sobre todo la Jefa no puede terminar presa. Estamos obligados a defendernos. Estamos obligados a defenderla".
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Frío, pragmático, descarnado, lo que este
peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al
poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es
terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia,
nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese
trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala
inevitable a la cárcel.
Esto que a los simples mortales les suena parecido
al incumplimiento de sus deberes para garantizarse la impunidad, para el
funcionario se trata de "un problema estructural del ejercicio del poder
en nuestro país", a saber: "Si los presidentes creen que pueden ir
presos cuando abandonen el poder, a) no querrán abandonarlo jamás, b) querrán
tener un poder judicial propio, c) cuando su ciclo esté terminado van a tener
como prioridad cubrirse las espaldas, no gobernar".
Dicho así, parece razonable la pesadumbre que
se vive en Comodoro Py, donde "ya no se discuten
expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué
armas estás preparado para cuando vengan a atacarte", según lo relata una
experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se
ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak,
el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas
Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el
Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las
presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de
despacho se incrementaron en los últimos días. Después de la muerte del fiscal Alberto
Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de
conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan
preocupación en el Gobierno.
Inquietan en
Comodoro Py las últimas amenazas y los sospechosos robos a las casas de algunos
asistentes
La pregunta, entonces, es si la muerte del
fiscal que estaba convencido de que Cristina Fernández de Kirchner era
responsable de encubrir a los prófugos iraníes acusados del atentado contra la
mutual de la AMIA, además de tener como objetivo poner término a su
investigación, tiene como beneficio de inventario su utilización como un
instrumento de domesticación del Poder Judicial, luego de que los viejos
encargados (Stiuso, Fernández y compañía) fracasaran. "Hay una nueva
ofensiva, no lo dudamos, las presiones recrudecieron y en sus
declaraciones públicas, desde la Presidente para abajo, nos tiran de todos
lados. Nosotros no tenemos mucho para defendernos, ni siquiera hay seguridad
para el ingreso a este edificio, donde entra cualquiera", dice la fuente,
notoriamente preocupada.
En ese contexto, no sorprendió en Tribunales
que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía
a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de
dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto
Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor
Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de
las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que
el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques
y varios balances como responsable de la compañía.
Alto Calafate fue una compra realizada en el
2008 por Osvaldo Sanfelice que actuó a cuenta y orden de terceros. El propio Néstor
Kirchner resultó ser "el tercero" en cuestión, ya que llegó a
aceptar que los dos millones de dólares que adquirió en octubre de 2008 en
medio del estallido de la crisis financiera internacional fueron a parar a la
operación de ese hotel 5 estrellas. Aunque los expertos aseguran que tiene que
haber salido bastante más que eso, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández
se vio obligado a confirmar la adquisición que había denunciado Martín
Redrado en el marco de su disputa con el Gobierno por su salida forzada al
frente del Banco Central.
Cerca de Bonadio aseguran que "nunca
habló de citarlo a Máximo" y que si bien parece que hay operaciones de
lavado de dinero de la corrupción, un delito habitual en los Estados Unidos de
la década del 60, cuando la mafia usaba hoteles, casinos y lavaderos de auto
para hacer ingresar al circuito legal de transacciones financieras grandes
volúmenes de dinero nacido del contrabando, las extorsiones y el narcotráfico,
"aún no está probado". La fuente explicó que "no sólo hay que
probar que empresas de Lázaro Báez hayan contratado habitaciones que nunca
usaron para ocultar corrupción, sino también el delito preexistente, lo
que obligaría a ese lavado, algo que no parece demasiado sencillo".
Existe en el
poder la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas
Para quienes lo conocen, Bonadio está
ganando tiempo y sumando masa crítica. De hecho, ya tiene en su poder las
declaraciones juradas de toda la familia Kirchner y también el expediente de la
sucesión Néstor Kirchner. Puede analizar esa documentación sin correr y
compararla con la información que ya obtuvo de los allanamientos de Hotesur, la
IGJ y Alto Calafate, o repentinamente convocar al hijo de la Presidente. A
juzgar por algunos comentarios que hizo trascender ("no sé por qué dicen
que la citación a Máximo es inminente"), quiere ir despacio. Por las
dudas, La Cámpora tiene organizado una acto de desagravio a su jefe, en caso de
que sea citado a la Justicia.
Como sea, el dilema de un Ejecutivo
"sometido" al desgaste del ejercicio del poder es un asunto que
desvela a muchos sectores del partido gobernante, que por estos días insisten
en fundamentarlo, para explicarse. Es una teoría que parte del supuesto de
que en la guerra interna que caracteriza a la historia argentina, gobernar
es también garantizarse una justicia adicta, para evitar que los Tribunales se
transformen en una carrera de obstáculos del que gobierna.
Otros kirchneristas van todavía más allá.
Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes
independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como
un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al
despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu.
Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos
para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de
éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial
interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un
gobierno popular.
Por supuesto que nunca lo dicen abiertamente,
jamás se animan a criticar en cámara el "pluralismo" en las ideas o
el "sistema republicano", base de nuestra democracia. No se
cuestionan los intentos por imponer un partido único para realizar los deseos
de un pueblo al que no dejan hablar, porque suponen que ese líder lo representa
cabalmente. Ni critican la moral de sus jefes multimillonarios. Que algunos ex
presidentes jamás hubieran sido acosados por la Justicia, como Arturo Illia
o Raúl Alfonsín tampoco los interpela. Lo verdaderamente bueno para
ellos es controlarlo todo. Como si las sociedades no fueran cada vez más
diversas, más abiertas. Como si no fuera posible que más controles, más
persecución, generan, naturalmente, más y más rebeldías.
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