Todos los Kirchner en problemas: Ahora Alicia
Esta causa ahora está en manos del juez Martínez Di Giorgi y en el mes de agosto fijaría indagatorias para funcionarios, cooperativistas y la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
El
mal uso de las cooperativas es común en Jujuy y en todas las provincias
pero en especial en la de Buenos Aires. Milagro Sala es un ejemplo del
clientelismo y la corrupción K, que recibía de la provincia, de la
Nación y lo manejaba a su antojo.
Esta denuncia fue ratificada por
mí en el mes de octubre de 2012 ante el Juzgado Penal en lo Criminal
Federal N° 5, Secretaría N° 9. También se presentó un informe realizado
por la Universidad Católica Argentina. Se solicitó se cite a dicha
institución para que remita toda la información relacionada con el tema
en cuestión, consistente en un estudio realizado sobre cada municipio de
la Provincia de Buenos Aires y de las provincias donde se implementó
este programa. A su vez, solicité declaren, en calidad de testigos,
diputados, concejales, cooperativistas que testimonian en el programa
PPT, sobre estos hechos que presuponen la comisión de delitos.
Hasta la
fecha es la única denuncia que se encuentra en trámite. Pese a que el ex
juez Oyarbide la tenía planchada y con ésta especulaba para no ser
llevado al juicio político con los K.
La denuncia penal contra Alicia Kirchner por corrupción con el programa “Argentina Trabaja”
El
día 1 de octubre de 2012, fue denunciada penalmente la ex ministra de
Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, o quien sea
responsable, por presuntos delitos en la distribución de fondos del
Programa Argentina Trabaja, que suman $ 5.000 millones, ante evidencias
de cobros por medio de cooperativas inexistentes, en principio, en
Chaco, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy y otras, cuyas autoridades
respondían al gobierno nacional.
No obstante, las mismas fuentes
indicaron que igual sistema de distribución de fondos Desarrollo Social
realizaba con todas las intendencias y gobernaciones afines al
oficialismo kirchnerista.
La presentación escrita, a cargo del abogado Jorge Vitale, recayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide, fiscal Patricio Everst, ahora a cargo de Martínez Di Giorgi.
Es
la causa 10.331/12 caratulada “Abuso de Autoridad, Malversación de
Caudales Públicos, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la
Función Pública y Violación de Deberes de Funcionarios Públicos”.
El abogado fundamenta su denuncia en las pruebas mostradas en el programa Periodismo Para Todos que el Canal 13 emitió el pasado 23 de septiembre.
Allí
se conocieron los testimonios de los concejales del municipio de
Quilmes, Mario Sahagun (FAP), Diego Buffone CC) y Fernando Pérez (UCR).
Los tres coincidieron en precisiones sobre la utilización que las
autoridades comunales hacen de gente careciente, haciéndoles facturar
por millones, pero que cobran otras personas.
Con este mecanismo,
el municipio de Quilmes, que encabeza el metalúrgico “Barba” Gutiérrez,
registra cerca de una veintena de proveedores “fantasma” que durante
2011 y el corriente año facturaron por 5 millones de pesos.
En
este caso, coincidieron en señalar que José Luis Pavón, mano derecha del
ministro de Producción comunal, Guillermo Robledo, era el vínculo con
el ex intendente.
En Chaco, se indica, además, la bronca de varios
cooperativistas perjudicados por estas graves irregularidades, los
cuales también refieren a que varios de los punteros beneficiados con
estos fondos llegaban a pasearse con 4×4 con el mayor desparpajo.
La
ex ministra Kirchner tenía para su área un presupuesto de $ 27.485
millones, de los cuales $ 5.000 millones corresponden al Programa
Argentina Trabaja.
En la denuncia se insiste en que el delito se
configura ya que los fondos que distribuía la ministra Kirchner, según
este informe, eran cursados a través de cooperativas inexistentes o que
en el caso de existir, eran solamente un “sello”, integradas por
personas que carecían de recursos económicos, por caso jubilados,
desocupados, y hasta ex convictos.
Así, se fundamenta que la
responsabilidad del ministerio de Desarrollo Social surge a partir de
entregar esos fondos sin que se acreditara debidamente el destino final
de los mismos que, como queda evidenciado en los casos referidos no era a
beneficiarios necesitados de esa ayuda. Es decir, que esos fondos no
eran destinados al Programa Argentina Trabaja, sino que serían
utilizados para cajas políticas o, en su defecto, consumidos por
corrupción.
Este tipo de cooperativas de trabajo encubrían el asistencialismo y no creaban empleos genuinos.
Este plan era una red de defraudación de dinero público
Los
controles eran nulos. Quienes estaban encargados de estos controles
eran el Ministerio de Desarrollo Social, la SIGEN, los Tribunales de
Cuenta de cada provincia, la universidad estatal y entes cooperativos.
Todos estos entes y en especial la SIGEN, con su titular a la cabeza,
han dicho que estos planes eran perfectos; en cambio, las cooperativas,
los municipios y diversas denuncias en cada una de las provincias dicen
todo lo contrario.
La población a cubrir en la actualidad y que
estarían en condiciones son 4 millones de personas. Y los beneficiarios
son 100 mil. La cantidad de cooperativas, en este momento, son dos mil.
De la cuales más del 25 por ciento, tienen denuncias. La remuneración
que recibe cada persona es de aproximadamente pesos dos mil seiscientos
($ 2.600).
Este plan solamente cambió su nombre para diferenciarse
de la década del noventa, cuando se lo llamaba “Plan Trabajar”, y del
año 2002, cuando se lo llamaba “Jefe de hogar”. Sólo difiere en el
título de la asignación presupuestaria. Antes se la llamaba subsidio o
asistencialismo y ahora se lo llamaba “Plan Trabajar Argentino”, cuando
era exactamente igual que los plantes antes mencionados, ya que la
mayoría de las personas incluidas en dichas cooperativas no trabajaban y
solamente firmaban planillas y esas mismas planillas daban origen a
rubros de presentismo y otros rubros que eran lo que en el mejor de los
casos se quedaban los punteros. Y en otros casos, lisa y llanamente con
porcentajes más altos.
El acceso a estos planes sólo era posible
para aquellos que tuvieran una relación directa con el gobierno. Todo
esto surge de un informe realizado por la Universidad Católica
Argentina, que se encuentra publicado en la serie Informes de la Economía Real, empleo y desarrollo social, a cargo del Director Patricio Millán y los Investigadores Jorge Colina y Osvaldo Giordano, del Año VI, N° 29. Febrero de 2011.
Todo
esto se ve corroborado no sólo por el informe de campo realizado por la
universidad en los distintos lugares sino también por todas las
denuncias realizadas por cooperativas, realmente constituidas y que no
han podido ingresar en el plan por cuestiones políticas, por
particulares que se han sentido afectados, por concejales y diputados
provinciales y nacionales, tal cual lo expone la crónica desde el año
2010 hasta la fecha. También se corrobora por las denuncias de Chaco,
Jujuy, de la Provincia de Buenos Aires, las de Florencio Varela,
Quilmes, etc. En la causa ya están los contratos, las partidas abonadas,
las pericias, y se supone un perjuicio al estado nacional superior a
los 10.000 millones. Es hora de ver las cuentas privadas de la actual
gobernadora.
