La Cámara Federal ordenó excarcelar a Cristóbal López y su socio, pero el juez Bonadio fijó una fianza de $ 60 millones para cada uno
La Sala I del tribunal revocó la prisión preventiva que el
juez del caso cuadernos mantenía sobre los dueños del grupo Indalo, que además
son juzgados por el supuesto fraude con la firma Oil.
Por: Lucía Salinas
La Sala I de la Cámara federal Porteña revocó la prisión
preventiva de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa en la causa de los
cuadernos de las coimas. Saldrán en libertad cuando paguen la caución horas
después fijó el juez Claudio Bonadio, que los detuvo en dos expedientes
vinculados a la causa central. Los dueños del grupo Indalo ya habían sido
excarcelados por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que los juzga junto a
Ricardo Echegaray por una multimillonaria defraudación generada al Estado
durante el último gobierno de Cristina Kirchner a través de la empresa Oil
Combustibles.
Bonadio estableció una fianza de 60 millones de pesos para
cada uno, y los abogados de ambos empresarios se reunirán este sábado con ellos
en la cárcel para “evaluar alternativas”.
Después de aquella excarcelación del TOF 3, los abogados de
López y De Sousa la tramitaron ante Bonadio que les dictó la prisión preventiva
en al menos en dos expedientes conexos a la causa cuadernos. Pero el juez la
rechazó y por eso fue la Sala I la que tuvo que resolver.
En la resolución de este viernes, los jueces Bertuzzi y
Bruglia señalaron que el fiscal se pronunció a favor de la concesión de la
excarcelación. Respecto a Cristóbal López señalaron que se encuentra procesado
por el juez Bonadio en el expediente vinculado a los cuadernos de las coimas y
en otro donde se los investigó por lavado de dinero por la compra de
departamentos en el edificio donde vive Cristina Kirchner en el barrio de
Recoleta.
Sobre ambas causas, los camaristas indicaron que si bien los
procesamientos aún no tienen confirmación de la Cámara, la prueba “se
encuentra producida y por lo tanto asegurada, no advirtiéndose la necesidad -al
menos inmediata-, de producción de otras medidas distintas a las que ya se
encuentran resguardadas”.
En consecuencia, plantearon que no existen “elementos
que permitan suponer un comportamiento obstructivo que en adelante pongan en
riesgo el avance de la investigación, ni presumir, que de recuperar el imputado
su libertad podría intentar eludir la acción de la justicia”. Por eso el
fiscal no se opuso a la excarcelación y los camaristas avalaron dicho
argumento.
Además, se tuvo en cuenta la decisión del Tribunal Oral
Federal 3 (TOF 3) que remarcó que no hay más riesgo procesal, ya no existe
“el entorpecimiento de la investigación que dio origen a la prisión
preventiva”.
Como condición para la excarcelación, la Cámara impuso que
López y De Sousa deberán presentarse periódicamente ante el Tribunal, “no
ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a
la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del
país con comunicación a las autoridades correspondientes”.
Pero la libertad de los dueños el Grupo Indalo aún quedó
sujeta a la caución que fije el juez Claudio Bonadio.
Cuando tuvo que fallar, y al rechazar la excarcelación,
Bonadio había considerado que “existen otros aspectos que impiden otorgar
la excarcelación”, al plantear que Cristóbal López “posee la
capacidad de sustraerse y entorpecer el accionar de la justicia”.
Entonces, señaló que en el marco de la causa hay cerca de 200 imputados,
quienes “durante más de 12 años llevaron a cabo presuntas maniobras que
enriquecieron indebidamente sus respectivos patrimonios a costa de la
estructura estatal, integrando la misma el aquí evaluado en su carácter de
empresario, innegablemente allegado a los funcionarios públicos”.
Entonces, el magistrado se refirió a las confesiones de
Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), el financista Ernesto
Clarens y José López (ex secretario de Obras Públicas), quienes se refirieron a
CPC SA -constructora del Grupo Indalo- como parte de las firmas involucradas en
la estructura investigada.
“Además (Cristóbal) López cuenta con varias causas en
distintas etapas procesales lo que hace presumir que en caso de ser condenado
en la presente, su pena no puede ser dejada en suspenso (…) lo que hace
presumir que de obtener su libertad intentarán eludir la acción de la
justicia”, continuó Bonadio. Y recordó, entre otros aspectos, que el
empresario K “cuenta con medios económicos suficientes como para
entorpecer o fugarse del proceso”.
Los trámites para sacar del penal de Ezeiza a los dueños de
Indalo habían comenzado cuando el TOF 3, que los juzga por el supuesto fraude
al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los
combustibles (ITC) con la petrolera Oil. Durante la instrucción de ese
expediente, la Justicia determinó que lejos de cumplir con sus obligaciones
fiscales, los empresarios se financiaron con dichos fondos que para la AFIP
superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas.
Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador,
sostiene la acusación.
En el marco de esta causa, el juez Julián Ercolini había
ordenado el procesamiento de López y De Sousa con prisión preventiva, porque
habían cometido acciones “dirigidas a obstruir la labor de la justicia”.
Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López a OP
Investments, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese
a regir “una inhibición de bienes que lo impedía”.
Los dueños del Grupo Indalo manifestaron que la cesión tenía
como objeto “recuperar el crédito del conglomerado empresarial y
garantizar la continuidad de sus negocios y el pago de deudas”.
Entonces se planteó que la venta del holding de 170
sociedades debía ser investigada en un nuevo expediente, por posible fraude.
Esa causa quedó radicada en el juzgado federal 5, cuya
titular María Eugenia Capuchetti, hace dos semanas sobreseyó a los dos
empresarios. “No se intentó defraudar a los intervinientes en ese
expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra
ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar
cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con
fines ilícitos”, firmó la jueza. (Clarín)
