Queridos amigos:
La Argentina vive una crisis.
El poder ha quedado en manos de un grupo pequeño de dirigentes que combina viejos
ideales revolucionarios que son resabio de un pasado violento, anticuadas
fórmulas económicas socialistas de probada ineficacia y un autoritarismo que no
reconoce límites a la hora de buscar maneras de perpetuarse en el poder. Para
algunos, la crisis es coyuntural, porque el grupo que gobierna se hundirá por
efecto de su incompetencia para conducir el país y su destino ineludible es ser
democráticamente reemplazado, denostado y luego olvidado. Para otros, la crisis
es existencial, porque la habilidad para controlar los resortes del poder les
otorga capacidad para retener el mismo y podrían de este modo cumplir el objetivo de modificar
las bases republicanas que parecen despreciar y destruir así el espíritu del
sistema constitucional que nos gobierna.
Ambas evaluaciones reconocen
la importancia de las elecciones legislativas de Octubre que otorgarán al grupo
gobernante la posibilidad o no, de
reformar la Constitución con todos los riesgos que ello implica. Pero hay otro
factor de la realidad que no puede soslayarse. La ineficacia de las políticas
públicas adoptadas y la incapacidad de la mayoría de los funcionarios para enfrentar
la compleja trama de la conducción de la nación, han generado problemas profundos que, sostenidos
en el tiempo sin darles solución, están provocando conflictos que han llegado
en muchos casos a puntos de maduración que hacen que caigan de sus ramas de
origen al terreno cotidiano o, dicho en términos clínicos, remedan tumores en
que se ha activado la supuración.
Uno de los temas que se ha
visibilizado con toda su fuerza fue el
caso de la tragedia de Once que cumplió un año en la misma semana en que el
juez de la causa determinó el procesamiento de dos Secretarios de Transporte, junto a funcionarios
responsables del control y empresarios que habrían lucrado con los subsidios
pagados por el Estado, sin atender a su aplicación al mantenimiento del servicio.
Esta
tragedia ha golpeado
duramente la sensibilidad colectiva no solo por la cantidad de víctimas
(51
muertos y más de 700 heridos) sino por el hecho de que desde las
pantallas de
los televisores, millones de argentinos vimos en directo la agonía de
los
cuerpos estrujados con la impotencia de no poder hacer nada para ayudar
ni para
sacarlos de la trampa de hierro que los aplastaba. Las frases
desafortunadas de
algunos funcionarios como Schiavi, Randazzo y Garré, más el silencio
presidencial,
sumaron para irritar los ánimos. Ahora, las
pericias judiciales han confirmado que hubo corrupción, negligencia y
falta de
control, con el agravante de que la Auditoría
General de la Nación había alertado larga, detallada y reiteradamente,
acerca de lo que sucedía y fue sistemáticamente ignorada y
desatendida.
Los familiares transitaron el
22 de febrero expresando su dolor, su búsqueda de justicia y también su
indignación. La frases “asesinos de escritorio” y la acusación de buscar “enriquecerse sin
importar las consecuencias”, expresadas en el mensaje leído por los familiares,
sintetizan el sentimiento dominante. La señora presidente ensayó unas frases de
solidaridad en un discurso dedicado a otras cuestiones. Dijo que “estaba la
justicia para determinar responsabilidades” eludiendo su responsabilidad
política y descargando todo en una justicia
a la que frecuentemente ha denostado, amenazado con una incierta “democratización”
y hasta ignorado en fallos de su Corte Suprema. No extraña por ello, que su
nombre haya sido silbado y abucheado en los actos públicos organizados por los
familiares y que miembros de organizaciones que tradicionalmente fueron afines al
gobierno se hayan apartado en este caso de la posición oficial.
El juicio que sobrevendrá,
pondrá en el banquillo a los funcionarios y empresarios directamente involucrados pero por encima de ellos
hay mayores responsables y todo un sistema de subsidios sin control que se
mantiene en distintas áreas con resultados catastróficos desde lo funcional y riesgoso
desde el punto de vista de la seguridad de los usuarios. Entretanto, seguimos
conmovidos por el dolor de los familiares de las víctimas, el sufrimiento de
los que sobrevivieron con distintas secuelas y la condena de tener que
continuar viajando cada día en un sistema ferroviario obsoleto, descuidado y riesgoso.
Otro sector que se manifestó sumido en la
indignación fue el de la comunidad judía, que fue aumentando su oposición al memorando
de entendimiento con Irán, referido al juzgamiento de los imputados por el atentado
terrorista contra la AMIA, a medida que
el mismo fue tratado y aprobado en el Senado.
El Ministro Timerman discutió
con los más variados interlocutores, desde un ex canciller hasta miembros prominentes
de la comunidad judía, pasando por dirigentes y senadores opositores. A medida
que el debate obligó a definir posiciones y conceptos quedó claro que el
acuerdo presentado apunta a regularizar las relaciones con Irán y nada aporta a
la posibilidad de esclarecer el atentado acaecido hace 21 años, aunque ello no
es explícitamente reconocido por el gobierno y no fue obstáculo para que los senadores
oficialistas lo votaran en bloque, sin disidencias.
Desde Israel le recordaron a Timerman, con dudoso buen
gusto, su deuda por haber defendido a su padre cuando fue detenido y su
ascendencia judía. Lo cierto es que Timerman es argentino y funcionario público
y su primera lealtad es con su país y con su cargo. Por encima de ello está
solo su compromiso con su conciencia y los paradigmas éticos que tenga. El
problema no reside en la supuesta traición de Timerman a sus ascendientes sino en
que la Argentina marcha ahora firmemente a estrechar una relación con una nación
con quien no comparte valores democráticos ni humanos. Esto refuerza la influencia
de los factores ideológicos nocivos del grupo que nos gobierna en las políticas
públicas, que ahora se extiende claramente al campo internacional.
Cabe apuntar un detalle
colateral pero significativo. La oposición votó unida en el Senado en contra
del acuerdo con Irán y sumó 31 votos. El oficialismo alcanzó un total de 39 (dos
senadores no votaron) lo que muestra la distancia que tiene hoy con los 48
votos que representan los dos tercios del total de 72 senadores y que son
mandatorios para habilitar una reforma constitucional. En estos números, que
difícilmente se modifiquen en la próxima elección en que se renuevan en 8
provincias 24 senadores, en su mayoría
oficialistas, está la clave de la limitación para reformar la Constitución si
no se trampea y se alteran las reglas de juego o los senadores opositores traicionan
su compromiso. Allí debe estar puesta nuestra atención.
Un conflicto cuya madurez ya
alcanzó el punto de eclosión en forma de puja distributiva, es el desborde
inflacionario. A diferencia de años anteriores ni el gobierno ni las empresas
están en condiciones de elevar los salarios en la misma medida que la pérdida del
valor adquisitivo. Esta situación se potencia en algunos sectores
particularmente sensibles, sin perjuicio de los reclamos generales impulsados por
las centrales sindicales de distinto signo pero con iguales demandas.
Uno de los sectores críticos
es el docente y el problema se suscita tanto en los que perciben sus salarios
del gobierno nacional como en los dependientes de los gobiernos provinciales.
En el ámbito nacional, el mismo gobierno se burla de la ficción de los índices
de precios oficiales inferiores a la realidad, al imponer un aumento del 22 por ciento que, de todos
modos, no ha sido aceptado y lleva al
primer paro del año. En la mayoría de las provincias el problema se repite, con particulares connotaciones en la Provincia
de Buenos Aires en que se mezclan los problemas salariales con la presión política
que ejerce el gobierno nacional para eliminar al gobernador Scioli como
competidor en la puja presidencial.
La negativa del gobierno nacional
a asistir a Scioli y aún a dejarlo endeudarse, demuestra desprecio por los sufrimientos
de los ciudadanos de la provincia frente a los intereses políticos en pugna. La consecuencia inmediata es la pérdida
de días de clase. El problema de fondo está en que si no se toman las impopulares
medidas necesarias para controlar la inflación, el conflicto social se
incrementará a niveles impredecibles.
La insatisfacción y el
conflicto se expanden en todos los campos. El sector agropecuario habla de retacear la venta de soja para hacer sentir
su disgusto. Las centrales sindicales de Hugo Moyano (CGT) y Pablo Micheli (CTA) planean paros y movilizaciones para
marzo. Los números de la economía no son
satisfactorios, incluyendo la baja registrada en Enero en el saldo de la balanza
comercial y la caída en el sector de la construcción. En ese entorno, hay un
sector particularmente perjudicado que ha comenzado a hacer oír su voz. Se
trata de los suboficiales de las Fuerzas Armadas que reclaman, entre otros
temas, por el aumento anunciado y no
concretado en el 2012 y sus pares de la Prefectura y la Gendarmería cuyos problemas
no han sido solucionados después de la última movilización efectuada. Cabe
aclarar que estos reclamos no tienen ninguna connotación política sino que representan
las justas demandas por un trato injustificado y una marginación y afectación
de derechos que se aprovecha de las
situaciones reglamentarias que impiden a estos sectores expresarse en forma de
agremiación.
Queda para el final una de las
ya clásicas frases desgraciadas de la Ministra Nilda Garré, pronunciada con relación
al intento de asalto sufrido por el Ministro de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, Ricardo Casal, que fue evitado por un custodio. “Nadie tiene la
seguridad garantizada” y “cualquiera” puede sufrir un hecho delictivo. Esta
suerte de democratización de la inseguridad ni siquiera es cierta porque los
ciudadanos que no somos funcionarios no tenemos custodios que nos defiendan
pero abunda en el hábito de los funcionarios que se transforman en comentaristas
de los problemas de su área de
responsabilidad para los que deberían enunciar y poner en ejecución planes y soluciones.
Dado el cúmulo de conflictos en
curso, maduros y en ciernes de maduración,
coincidimos con la visión de que si el gobierno no encara un cambio serio y
profundo de políticas y de actitud, la
vida cotidiana será cada día más dura hasta que las urnas se lleven a este
modelo de atraso y decadencia. Nuestra misión es cuidar la legalidad de los procedimientos
y construir alternativas para el día después.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, Presidente
de Nueva Unión Ciudadana
Twitter @NevesJuanCarlos
