Por Nicolás Márquez (*)
En las primeras semanas de 1976, la guerra civil dominaba la escena y
el gobierno de María Estela Martínez de Perón era impotente para
controlarla. Ni el oficialismo quería seguir haciéndose cargo de una
situación inmanejable ni la oposición quería reemplazarla.
Todos tenían los ojos puestos en las Fuerzas Armadas, para que
solucionasen de oficio lo que la dirigencia política no sabía ni podía
ni quería resolver.
El 27 de febrero, el comité nacional de la UCR publicó la siguiente declaración desestabilizadora: “El
país vive una grave emergencia nacional… ante la evidente ineptitud del
Poder Ejecutivo para gobernar… Toda la Nación percibe y presiente que
se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e
incomprensible dilación, alcanza su límite” (1). Desde meses antes, “el
general Viola mantenía conversaciones con Balbín y Antonio Tróccoli.
Juan Carlos Pugliese, futuro ministro de Alfonsín, defendía en 1975 la
actuación del general Menéndez en Córdoba” (2).
Renombrados dirigentes de la oposición y del propio peronismo confabulaban en reuniones con militares y “hasta
sindicalistas como Casildo Herreras iban a verlo a Videla para decirle
que, aunque en público no podían declararlo, también ellos consideraban
que el gobierno era un desastre, que eran sus amigos y que deberían
tenerlos en cuenta después del golpe si finalmente lo llevaban a
cabo…Lorenzo Miguel, por su parte, visitaba al almirante Massera… Hasta
el veterano dirigente radical Ricardo Balbín celebró una reunión secreta
con Videla en una casa neutral. Allí… (Balbín) le espetó sin rodeos:
“General, ¿van a dar el golpe?…Si van a hacer lo que yo pienso, háganlo
lo antes posible; evítenle al país esta lenta agonía. Yo, como político,
no voy a aplaudirlo, pero tampoco pondré piedras en el camino” (3).
El terrorismo sacaba provecho del desbarajuste institucional. Cometía
salvajes asesinatos, mientras la clase política, para no contrariar la
opinión popular, proclamaba desembozadamente la necesidad de orden y
alababa sin cortapisas a las FF.AA. Hasta el Partido Comunista, el 12 de
marzo, “reiteró su propuesta de formación de un gabinete cívico-militar” (4).
Los días previos al 24 de marzo, los terroristas asesinaron a
personalidades de muy alta envergadura, entre ellos el empresario Héctor
Minetti, el coronel Héctor Reyes, el sindicalista Adalberto Giménez y,
el 15 de marzo, en espectacular atentado explosivo en la playa del
edificio Libertador, muere Blas García y resultan heridos 23 personas: “Verbitsky
(Horacio) fue acusado de ser el conductor de ese atentado, durante el
proceso promovido por el fiscal Juan Martín Romero Victorica en 1992″. (5)
Los legisladores reconocían el caos y ratificaban su incapacidad de enfrentar la crisis.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sánchez Toranzo, afirmaba: “Doloroso
es el precio que pagan los hombres de armas en el cumplimiento de los
deberes que la hora les impuso. Que este sacrificio no sea en vano por
la renuencia de la civilidad” (6); la entonces diputada Nilda Garré (hoy ministra de Inseguridad) denunciaba: “Las
cotidianas desapariciones. .. y tantos otros hechos similares vienen
formando un siniestro rosario de crímenes miserables que se suceden sin
que un solo culpable sea identificado” .
El senador radical Eduardo Angeloz, con esa imprecisión tan inherente a su partido de pertenencia arengaba: “Alguien tiene que dar la orden… alguien tiene que decir basta de sangre en la República Argentina “. Pero la expresión más clara de lo que la clase política podía dar fue del diputado Molinari: “¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta”.
El líder máximo de la UCR , Ricardo Balbín, 48 horas antes del 24 de marzo, afirmó: “Hay soluciones, pero yo no las tengo”. Ello no hizo más que verbalizar lo que se venía haciendo detrás de las cortinas: instigar a las FF.AA. a tomar la iniciativa.
Respecto de la guerra antisubversiva, suele argumentarse que la
solución podía venir no ya por un “golpe”, sino a través de una “salida
política”, tanto sea a partir de un juicio político o de nuevas
elecciones.
Pero las posibilidades de “juicio político” se hallaban totalmente
obstaculizadas (el PJ, que tenía mayoría parlamentaria, no quería
“derrocar” abiertamente a la viuda de Perón) y, además, el hecho de
pensar en que otro gobierno de jure iba a solucionar el caos terrorista e
institucional no dejaba de ser una noble pero ingenua expresión de
deseos, desmentida por la experiencia. Ya habían pasado
ininterrumpidamente cinco presidentes de jure (Cámpora, Lastiri, Perón,
“Isabelita” y, tras su “licencia”, Luder), sin que ninguno pudiera
efectuar una sola condena a ningún guerrillero (por el contrario, fueron
amnistiados en mayo de 1973).
Otro slogan de la tan insistente como omnipresente Mentira Oficial es
mencionar la cercanía entre la intervención cívico-militar y las
elecciones (ante el caos, se había adelantado la fecha en que debían
sustanciarse, fijándose el mes de octubre de ese año).
Cabe preguntarse: ¿quiénes eran los candidatos presidenciales del PJ,
la UCR y el resto de las fuerzas? ¿Quiénes estaban en campaña? ¿A
quiénes beneficiaban las encuestas? ¿Estaba confeccionado el padrón
electoral? En efecto, no había candidatos ni campaña ni clima electoral,
porque nadie quería ir a elecciones y todos, activa o pasivamente,
esperaban ansiosos que las FF.AA. reemplazaran de una vez al gobierno
decadente. Como si la guerra civil y el desgobierno fueran poco, los
números económicos se desplomaban y la hiperinflación (según informe de
FIEL) (7) arrojaba una proyección anual del 17.000% para 1976.
Los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y
las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el desgarrador
pedido de cambio de gobierno. ”La Opinión ”, a la sazón dirigido por el
actual Canciller Hector Timerman publicaba: “Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres” (19/03/76).
El 20, el mismo diario informaba: “Prácticamente un 90% de los argentinos habla hoy de la proximidad de un golpe de estado”.
Ese día, el dirigente justicialista Jorge Antonio manifestaba: “Si las
FF.AA. vienen para poner orden y estabilidad, bienvenidas sean”.
Francisco Manrique, presidente del Partido Federal (por entonces la tercera fuerza electoral), afirmó: “Estamos asistiendo al sepelio de un gobierno muerto, al desalojo de una pandilla” (8).
El 21 de marzo, “Clarín” informaba: “Los legisladores que asistieron
al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos
solicitaron un adelanto de sus dietas”; el mismo día “La Prensa ”
informaba: “Hubo 1.358 muertos desde 1973 por acciones terroristas” .
Al día siguiente (22 de marzo), el senador Fernando de la Rúa
arremetió: “Es increíble que la presidente, que proclama su afición a
los látigos, ni siquiera desmienta que su ex ministro y principal
consejero, López Rega, siga alojado en su quinta madrileña, convertida
en aguantadero de un prófugo de la justicia” (9). El 23, otra vez el diario de Héctor Timerman ”La Opinión” titulaba: “Una Argentina inerme ante la matanza”, y agregaba: “Desde el comienzo de marzo hasta ayer, las bandas extremistas asesinaron a 56 personas”; esa fecha, ” La Razón ” redundaba: “Es inminente el final. Todo está dicho”.
Llega el 24 de marzo. Ante tal desconcierto, la Junta de Comandantes,
acompañada y respaldada por toda la ciudadanía y los partidos políticos
(incluyendo al PC), debió hacerse cargo de la conducción del país en
medio de la guerra civil desatada por las bandas terroristas. Sin
disparar una sola bala, las nuevas autoridades sustituyeron
pacíficamente a “Isabelita”. La consigna no era destruir las
instituciones, sino conservarlas; no se pretendía quebrar el “estado de
derecho” (como si hubiese uno), sino recomponer el “estado de deshecho”.
El flamante gobierno obtuvo el beneplácito de todos los partidos
políticos, los mismos partidos y sectores que hoy pujan por figurar en
las demagógicas “marchas de repudio al golpe”.
De las 1.697 intendencias vigentes en la gestión de Videla, solo el
10% eran comandadas por miembros de las FF.AA.; el 90% restante, por
civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los intendentes eran
personalidades ajenas al ámbito castrense, de reconocida trayectoria en
sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios era comandado por
los partidos tradicionales en el siguiente orden:
” La UCR , con 310 intendentes en el país, secundada por el PJ
(partido presuntamente “derrocado”) , con 192 intendentes; en tercer
lugar se encontraban los demoprogresistas con 109, el MID con 94, Fuerza
Federalista Popular con 78, los democristianos con 16 y el izquierdista
Partido Intransigente con 4″. (10)
La habilidad de los partidos políticos y sofistas coyunturales en
hacerse los distraídos con respecto a las responsabilidades y cargos
ocupados en el gobierno de facto ha provocado que las nuevas
generaciones crean falsamente que el gobierno del Proceso cayó de un
meteorito y se instaló mágicamente en el poder “contrariando la voz del
pueblo”.
Tanto la prensa internacional como los diarios más relevantes de la
época apoyaban con fervor a las nuevas autoridades. Los siete jueces que
en 1985 juzgaron a los comandantes fueron funcionarios judiciales del
Proceso, y el fiscal de aquel polémico juicio, el Dr. Julio Strassera,
fue nombrado fiscal y luego juez, precisamente, por Videla.
No se conoce ninguna denuncia por “violaciones a los derechos
humanos” efectuada por estos hombres del derecho durante su desempeño
como funcionarios de la “dictadura genocida”. El redactor del libro
Nunca Más y presidente de la Conadep, Ernesto Sábato, almorzaba
distendidamente con Videla, lo adulaba en público, apoyó el Mundial 78 y
respaldó la guerra de Malvinas.
En la población, el consenso sobre el Proceso no fue fugaz. Duró
varios años. A pesar de la personalidad fría y poco carismática de
Videla, al jugarse el Mundial de Fútbol en 1978, éste acudió a las
canchas en seis cotejos, en los cuales fue ovacionado por la multitud.
Cuando la selección nacional se alzó con el título, miles de ciudadanos
fueron a festejar, no al Obelisco, sino a la puerta de la Casa de
Gobierno, y Videla debió salir al balcón a saludar a la multitud que lo
aclamaba.
Sólo al comenzar la década del 80, y ante la crisis del petróleo
internacional que mermó el boom del consumo que se estaba viviendo, el
malhumor social empezó a vislumbrarse, pero no por las publicitadas
“violaciones a los derechos humanos” acaecidas en la guerra
antiterrorista, sino por las abruptas oscilaciones que estaba padeciendo
el tipo de cambio monetario.
No cabe ninguna duda que el gobierno de facto cometió muchos errores
realmente graves en diversas áreas. Pero de allí a comprar y repetir
alegremente la historieta promovida por la propaganda kirchnerista (la
cual es a su vez auxiliada por el aplauso de la “oposición”) es un acto
de irresponsabilidad historiográfica y de hipocresía política.
Notas
(1) Citado en Responsabilidad Compartida, García Montaño (diario ” La Opinión “).
(2) Crítica a las Ideas Políticas Argentinas, Juan José Sebreli.
(3) De Isabel a Videla , Carlos M. Turolo
(4) Ob.- Cit Juan José Sebreli.
(5) Verbitsky de La Habana a la Fundación Ford , Carlos Manuel Acuña.
(6) La Mentira Oficial , Nicolás Márquez (7) La Mentira Oficial , Nicolás Márquez
(8)Los Increíbles Radicales, M. H. Laprida.
(9) Ob. Cit. García Montaño, ” La Voz del Interior”.
(10) diario ” La Nación “, 25 marzo 1979.
(11) Otros datos fueron obtenidos del libro La Subversión, la Historia Olvidada – AUNAR)
La Prensa Popular | Edición 185 | 24 de Marzo de 2012
