Guillermo Moreno tiene la virtud de hacer discutir a los argentinos
sobre temas que no van al meollo de la cuestión, en este caso de la
crisis económica. En efecto, el país padece una inflación que se
proyecta para este año al 30% y en lo que hace a los alimentos se puede
acercar al 40%. El Secretario de Comercio acordó con los
supermercadistas el lanzamiento al mercado de la Supercard con un 1% de
interés, para que los bancos emisores de las tarjetas de crédito dejen
de cobrar el 3% de comisión. De este modo se pretende engañar a la
opinión pública simulando que se termina la inflación, cuando sabemos
que el congelamiento de precios no incluye a las segundas marcas, que
siguen aumentado y que son las que afectan a la mayoría de la población.
Las ofertas de las tarjetas bancarias, por otra parte, ya finalizaron
por la prohibición oficial de hacer publicidad comercial en los diarios,
con la excusa de que, debido al congelamiento, no hay más promociones.
Lo mismo pasará con la nueva tarjeta. Pero en el tiempo en que coexistan
la Supercard y las tarjetas bancarias, si se usa mucho la primera, los
bancos perderán el 3% de comisión y la financiación que va del 50 al
70%, que es su gran negocio. Lo significativo es que el año pasado casi
todas las actividades económicas retrocedieron hacia un estancamiento
cercano al 0%. Estos números no fueron peores justamente porque la
actividad bancaria fue prácticamente la única que ganó mucho dinero. A
partir de que se instrumente la Supercard, los bancos van a dejar de
percibir gran parte de sus utilidades. Y hasta es posible que este año
de estanflación se produzca una leve recesion del 1 ó 2%, en buena
medida gracias a que la actividad bancaria de pérdidas o muy pocas
ganancias.
Con Plan B y C
Desde ya que nadie derramará una lágrima porque los bancos dejen de
ganar fortunas. Pero los supermercados no cuentan con la información
precisa que sí tienen los bancos sobre riesgos crediticios y pueden
otorgar la Supercard a gente que después no pague. Estas pérdidas serían
solventadas por un fideicomiso que se formaría con capitales aportados
por las aseguradoras. Tal vez haya un objetivo encubierto que podría
consistir en distribuir masivamente la Moreno Card sin demasiados
requisitos. Esto, con el previsible resultado de que mucha gente humilde
-y otra que lo no lo es también- termine por no pagar lo que consuma.
El resultado político de esta fiesta sería obvio: el gobierno
recuperaría votos para las primarias de agosto y las generales de
octubre.
Este plan de Moreno se suma a los numerosos planes sociales que le
dan forma al gran aparato clientelista del oficialismo. La tarjeta
consolidaría así la base de votos para una elección en la cual el Frente
para la Victoria se juega la reforma constitucional y la reelección de
CFK. O, en el peor de los casos, la alternativa, en caso de no alcanzar
los votos para la reforma, sería conseguir una buena performance
para imponer a Carlos Zannini como presidente en las elecciones del
2015. Después de todo, es la única persona que la presidente considera
como si fuera un Kirchner. Claro está que también están en juego las
pretensiones de Alicia Kirchner. Sin embargo, ésta carecería del carisma
y el vuelo político necesarios para ser candidata. Zannini también
padece de carisma cero, pero se le atribuye una gran inteligencia. El
problema para estas alquimias electorales es claro: los votos no se
transmiten fácilmente y la idea de Zannini al gobierno CFK al poder
puede provocar serias reacciones en contra. La caída del consumo y la
inflación amenazan la reelección y es dudoso que ideas como la Supercard
alcancen para obtener un 42% de los votos en todo el país. Un número
que podría colocar al gobierno cerca de los dos tercios de votos en el
Congreso para una nueva reelección. En el caso del Plan B con Zannini de
candidato, es probable que haya ballotage y que en el mismo el
kirchnerismo pierda. Entonces se pondría en marcha el Plan C. Quedándose
con importantes bloques de senadores y diputados, además de unos
cuantos gobernadores, el kirchnerismo intentaría condicionar al
presidente que resulte electo para negociar su objetivo central:
conseguir, con un número importante de diputados y senadores propios,
que se garantice la impunidad de doce años de corrupción.
