SUBSIDIOS MILLONARIOS Y POCO PARA MOSTRAR -DURÍSIMA DENUNCIA CONTRA TRIMARCO EN CÓRDOBA
“Dos denuncias judiciales se suman a las críticas contra la
fundación que preside Susana Trimarco, la madre de “Marita” Verón.
Recibe más
fondos oficiales que cualquier ONG del rubro, pero se desconoce si atiende a
víctimas de trata”. Así presenta la información el diario cordobés La voz del
interior.
Con la firma de Edgardo Litvinoff, ese matutino pone el foco
en las “rendiciones poco claras” de la ONG al tiempo que menciona el maltrato a
los empleados y el “silencio de las autoridades de la entidad”. A continuación,
la crónica imperdible del diario de Córdoba: ¿Cómo empezó esta historia? Cuando se conoció que el
Gobierno de Córdoba había otorgado 2.400.000 pesos a esa institución,
asociaciones de lucha contra la trata, y legisladores de la oposición
criticaron la medida. Hasta las entonces autoridades de la Secretaría de Lucha
contra la Trata de la Provincia se mostraron sorprendidas por la novedad.
Fue cuando La Voz del interior difundió esa noticia, en
septiembre de 2013, casi un año después de la firma del convenio de
colaboración entre el Gobierno y la entidad que preside la madre de “Marita”
Verón, la joven secuestrada y desaparecida en abril de 2002.
Fue cuando el diario cordobés La Voz del interior difundió
esa noticia, en septiembre de 2013, casi un año después de la firma del
convenio de colaboración entre el Gobierno y la entidad que preside la madre de
“Marita” Verón, la joven secuestrada y desaparecida en abril de 2002.
Allí se detallaba también la nula relación de la fundación
con la Secretaría contra la Trata, y la incógnita sobre la asistencia que
presta en Córdoba: tiene una sede en la capital provincial, donde, en teoría,
se asesora a las víctimas, pero no posee ningún refugio ni registra
estadísticas, como cantidad de mujeres atendidas o ayudadas.
La presidenta de la sede local, Gabriela Spengler, no
respondió los cuestionamientos y tampoco ofreció cifras en esta oportunidad. Ni
existen registros de gestión en la Provincia.
La Provincia ya le pagó a la fundación 1.6000.000 pesos de
los 2.400.000 comprometidos.
¿Cómo sigue la historia? Dos denuncias recientes enriquecen
las dudas que ya habían sido publicadas.
Se trata de dos demandas laborales promovidas por
exempleadas de la fundación, que aseguran haber sido maltratadas – tanto por
Spengler como por Trimarco– y luego despedidas, tras sortear una serie de
irregularidades, más un trato despectivo y violento que derivó, según ellas, en
secuelas psicológicas.
Verónica Silvera y Paula Bianco trabajaron durante un año
como abogada y psicóloga de la entidad, respectivamente. Entre los hechos que
mencionan en sus presentaciones, figuran: Inventar legajos. “(...) en muchas oportunidades acudían
personas con diferentes inconvenientes que en nada tenían que ver con nuestra
materia. Sin embargo, cuando eso ocurría, la directora (Spengler) nos
solicitaba encuadrar la problemática como si se tratase de potenciales víctimas
de trata para cumplir ‘con los números mensuales’, debiendo dar de alta la
causa, creando en apariencia un legajo”.
Rendiciones irregulares. “(...)
la primera rendición de cuentas fue confeccionada con varios meses de atraso a
contar desde la firma del convenio que dio comienzo a la sede de Córdoba, y
para ello se empezaron a aportar tickets con gastos totalmente ajenos al
funcionamiento de la fundación (se presentaron tickets de supermercados con
gastos de productos de consumo personal, tickets de nafta, facturas de
distintos lugares, etc.)”.
Cualquier tarea. Señal an: “No estábamos cumpliendo la misión de la fundación, ya que terminábamos
limpiando, cuidando niños, repartiendo remeras, atendiendo a personas con
problemas de falta de trabajo, vivienda, problemas de comunicación con sus
hijos, pacientes psiquiátricos (...), y otros”.
No se trata sólo de una afirmación: las demandantes
conservaron cuadernos propios en los que asentaron día por día a quiénes se
asistía y cómo. De allí se desprenden las tareas que no tenían que ver con el
objeto de la institución.
Financiamiento múltiple. Más allá del compromiso del
Gobierno de Córdoba de aportar 2.400.000 pesos a la fundación – a través de la
entonces Jefatura de Gabinete–, Silvera y Bianco denuncian: “Los traslados que debíamos realizar se
hacían por medio de la Policía provincial, al igual que las instalaciones, los
trabajos de arquitectura, la decoración, etcétera. Los recursos eran remitidos
por la Policía de Córdoba sin ningún tipo de control, porque a veces se remitía
dinero dos veces por el mismo concepto”.
Las denuncias fueron presentadas el viernes pasado y
recayeron en los juzgados de Conciliación 2ª, secretaría 4;y 3ª, secretaría 6.
El abogado de las demandantes es Nicolás Boncini.
Fueron infructuosos los intentos para comunicarse con la
fundación María de los Ángeles para despejar estas incógnitas. Tampoco se
respondió a las consultas de este diario desde la sede Tucumán de la fundación.
Desde el Gobierno de Córdoba, la secretaria de Lucha Contra
la Trata, Patricia Messio, sólo respondió preguntas por escrito. De allí se
desprende que no se han encontrado irregularidades administrativas en las
rendiciones de cuentas de la fundación (s e rindieron 1.400.000, faltan 200
mil).
Respecto del control de la tarea que lleva adelante la
entidad, señala que la Secretaría “solicitó
a la fundación la remisión de un informe sobre las acciones realizadas durante
el año en curso”. Pero no se aclara cuándo, por qué se solicita recién
cuando la institución lleva un año y medio funcionando, o si existe un plazo
para recibirlo.
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| Funcional a Kristina y al Sionista Alperovich |
En cuanto a la relación que la Secretaría mantiene con la
fundación, comunica que “está siempre a
disposición para desarrollar acciones y responder requerimientos” –lo que
dejaría entrever que no se han realizado– y que “se llevaron a cabo las gestiones necesarias cada vez que fueron
solicitadas”. Pero no se aclara cuáles ni cuántas.
“No la conocemos. No
sabemos qué hacen. Mirá que nosotras caminamos la calle. Pero no encontramos a
nadie que haya tenido contacto con ellos”, dice Eugenia Aravena, titular de
la sede local de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), sobre
la fundación de Trimarco. Y expone su bronca: “Me parece muy injusto. Nosotros somos una triste organización de base,
con cursos de capacitación para compañeras y otros servicios, y no recibimos un
solo peso para nuestra sede, donde incluso alojamos gente. Vivimos haciendo
actividades de autogestión, a pulmón, con gente que dona... y a veces no
tenemos ni yerba o azúcar”.
Para Alicia Peresutti, una de las más reconocidas luchadoras
contra la trata en Córdoba, cualquier organización “tiene la obligación ética, moral y hasta penal de rendir las mismas
cuentas que tenemos que rendir todos. Es plata de los cordobeses”.
Un ejemplo basta para medir uno y otro caso. Mientras la fundación
María de los Ángeles ya cobró 1.600.000 pesos de la Provincia, Vínculos en Red
– que preside Peresutti– recibió $ 100 mil con los que levantó y techó un
albergue de medio camino en Villa María, de 360 metros cuadrados. La promesa
para la última entidad fue de $ 1.200.000.
En la Unicameral, el oficialismo nunca aceptó los pedidos de
informes de las legisladoras María Matar ( UCR), Graciela Sánchez, Marta Juárez
y María del Boca (Frente Cívico), que requerían descripción de los subsidios y
de los motivos por los cuales estos fueron entregados a Susana Trimarco.
El lunes 15 de diciembre se conformará una comisión
interinstitucional de Lucha contra la Trata integrada por la Justicia, ONG,
Secretaría de Trata y legisladoras. No está previsto que la fundación de
Trimarco participe. “Es más: queremos que
esa comisión también pueda investigar lo que sucede con esa entidad”,
señaló Graciela Sánchez.
Fte: Tribuna de Periodistas
