PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER ARTICULOAyer la presidente definió parcialmente cuál es su plan político para los nueve meses de gestión que le restan. Con tono encendido pero utilizando una terminología fríamente calculada, embistió contra el Poder Judicial, pero esta vez haciendo blanco en el vértice del mismo: la Corte Suprema de Justicia. El ataque tuvo varios flancos. Uno importante fue acusar a la misma de no haber cumplido con su obligación de investigar y fallar sobre el atentado a la embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992.
O sea que acusó al alto tribunal del delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto por el
artículo 248 del Código Penal, que dice: “Será reprimido con prisión de
un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el
funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las
constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes
o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento le incumbiere”. En este caso, según la jefa de Estado, la
Corte no cumplió con su obligación de administrar justicia en el caso de
la embajada, en el cual tiene competencia originaria. Como broche de
oro, CFK sentenció que "últimamente, el Partido Judicial se ha
independizado, pero de la Constitución". En la misma línea, su ataque a
la denuncia en su contra presentada por el fallecido fiscal Alberto
Nisman fue oscura y sinuosa, refiriéndose a una supuesta contradicción
entre la acusación y documentos supuestamente firmados por él pero que
ella no leyó. El esquema que eligió para dar batalla en el caso AMIA fue
entonces el siguiente: hay que volver a la pista siria, ya descartada
por la justicia en los ‘90 y ahondar en las supuestas responsabilidades
penales de Carlos Menem, su jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y otros
funcionarios. Obviamente, el gobierno intenta desviar la atención de la
opinión pública hacia el próximo juicio oral contra los acusados de
"alterar, obstruir e intentar neutralizar la investigación del atentado
del 18 de julio de 1994". En el expediente están imputados el ex
presidente Carlos Menem y su hermano, entonces secretario, Munir Menem,
el jefe de la SIDE y su segundo, Hugo Anzorreguy y Carlos Anchezar,
respectivamente; el ex comisario Jorge "Fino" Palacios, el destituido
juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales Federales Eamon Mullen y
José Barbaccia, y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Nisman los
acusa de encabezar una "compleja maniobra de encubrimiento, pergeñada
desde los más altos estamentos políticos de la época, dirigida a
entorpecer y abortar la investigación de uno de los hechos más graves
que recuerde la historia reciente de nuestro país". En concreto, se
investigan dos hechos puntuales. Por un lado, el pago de 400 mil pesos
dólares en dos cuotas a la esposa de Carlos Telleldín para que su marido
declare que le vendió la Renault Trafic que se estrelló contra la AMIA a
un grupo de policías bonaerenses encabezados por el comisarios Juan
José Ribelli. También se habría presionado y sobornado a tres
uniformados para dijeran que vieron la camioneta-bomba en la Brigada de
Lanús, donde se desempeñaban los acusados.
El
otro caso que se ventila en este expediente es el encubrimiento y
protección del empresario textil Alberto Kanoore Edul, un nombre que se
repite una y otra vez en la investigación, y sobre quien el FBI pidió
profundizar las pesquisas. Según el destituido Galeano, desde el
teléfono de Edul hubo una llamada a la casa de Telleldín el mismo 10 de
julio en que se publicó un aviso en el diario Clarín ofreciendo
la camioneta. A su vez, el camión que dejó un volquete frente a la sede
de la AMIA unos minutos antes del atentado hizo una parada luego en un
terreno ubicado a metros de la casa de Edul, en el barrio porteño de San
Cristóbal. El sospechoso también tenía en su agenda el nombre de Moshen
Rabbani, agregado cultural de la embajada iraní en Argentina y
considerado por Nisman como el "cerebro" del ataque.
El
encubrimiento, según Nisman, fue político y policial. Por un lado, cree
que lo protegió el Gobierno. Vale recordar: los Edul y los Menem
comparten su origen en el pueblo sirio de Yabrud. Y en sede judicial el
propio Edul reconoció que a los pocos días del ataque su padre, que a su
vez aportó dinero a la campaña presidencial de Carlos Menem, visitó en
la Casa Rosada a la secretaria de Munir Menem para pedirle información
sobre la llamada "pista siria" que involucraba a su hijo.
Edul
fue detenido por unos días, pero tras las gestiones de su padre, quedó
en libertad. Munir Menem le habría pedido en persona a Galeano que
"enfriara la pista siria". El énfasis de Cristina en volver sobre los
pasos de la pista siria quedó en claro al denostar a uno de los
implicados en la causa señalada, el ex presidente de la DAIA y conocido
ex menemista, Rubén Beraja.
Cómo descalificar las causas de corrupción
En
síntesis, el cristinismo procura salir del atolladero en que se
encuentra a partir de la acusación y muerte inmediata de Nisman,
mediante un doble juego: potenciar un conflicto de poderes con la Corte
Suprema por un lado y desviar el caso AMIA hacia la vieja pista siria.
No sería de extrañar que algún diputado ultracristinista esté por
presentar un pedido de juicio político contra Lorenzetti y demás
integrantes de la Corte por no haber llevado adelante la investigación
del atentado a la embajada de Israel. Es una incógnita qué hará la Corte
en estas circunstancias. Una respuesta contundente de Lorenzetti en los
próximos días -por ejemplo cuando deje inaugurado el año judicial-
potenciaría justamente lo que la presidente quiere: un conflicto de
poderes como telón de fondo de la campaña electoral. ¿Por qué le
interesa al gobierno montar este escenario? La explicación más lógica
pasa por la acumulación de las causas por corrupción, en especial las
que ya rozan a la familia presidencial, como el caso Báez. La presidente
y su entorno saben que en el contexto actual y de los próximos meses no
puede haber pacto de impunidad ni autoamnistía alguna que subsista al
10 de diciembre. Lo que el gobierno está generando entonces al construir
un conflicto de poderes es un escenario de confrontación con la
justicia que le permita invocar que ésta persigue a la presidente y sus
funcionarios por motivos políticos. De este modo, el cristinismo
aspiraría a cuestionar la validez de las causas por corrupción que lo
afectan, ya que las mismas serían motorizadas por una justicia federal
“destituyente y parcial”. Enlodar a la Corte y al fuero federal sería
entonces el recurso extremo que le queda a Cristina y su entorno antes
de que deba entregar el poder y quede expuesto no sólo a procesamientos
sino a detenciones. Finalmente y luego de tantas denuncias de golpes
blandos y maniobras corporativas, el kirchnerismo puso en marcha su
autogolpe rompiendo lanzas con la Corte. Ahora, como suele ocurrir en
estos casos, si intenta una escalada, la misma puede conducir a hechos
críticos cada vez más graves.
