Washington y Paris reanudan la propaganda contra el «régimen de Bachar»
Los
Tribunales de Nuremberg y de Tokio permitieron a los Aliados exponer los
crímenes que las potencias del Eje habían perpetrado durante la Segunda
Guerra Mundial y, al mismo tiempo, justificar el precio de su propia
victoria y su dominación sobre el mundo. Bajo ese mismo esquema,
Washington creyó poder juzgar y condenar a 120 dirigentes sirios,
incluyendo al presidente Bachar al-Assad, para justificar su propia
guerra y el derrocamiento de la República Árabe Siria. No tenía más que
inventar los crímenes…
Red Voltaire
| Damasco (Siria)
En abril de 2012 –o sea, después de la retirada
francesa de la guerra (que habría de reanudarse en julio) y antes del
acuerdo del 30 de junio, en Ginebra, entre rusos y estadounidenses–
los «Amigos de Siria» tenían decidido juzgar al presidente sirio
Bachar al-Assad ante una instancia internacional. Lo que pretendían era
montar –con carácter retroactivo– el guión de la Pax Americana,
cuando ya existían como precedentes el asesinato de Slobodan Milosevic
en su celda de La Haya, el ahorcamiento de Sadam Husein y el
linchamiento de Muammar el-Kadhafi.
Para alcanzar ese objetivo, Estados Unidos creó en La Haya una asociación: el Syria Justice and Accountability Center (SJAC). Durante 2 años, varios juristas acumularon testimonios sobre «las torturas que practica el régimen».
La oficina del Departamento de Estado a cargo de «la Justicia Global»,
en aquel momento bajo la dirección del embajador Stephen Rapp, recurrió
entonces a Arabia Saudita, Qatar y Turquía para que financiaran un «Tribunal Especial de la ONU para Siria», según el modelo del «Tribunal Especial de la ONU para el Líbano».
Es importante recordar que este último, a pesar de su nombre, no es
un tribunal en el verdadero sentido de la palabra ya que fue creado por
dos responsables ejecutivos –el secretario general de la ONU y el primer
ministro libanés– sin haber obtenido nunca un aval del Consejo
de Seguridad de la ONU, ni del Parlamento libanés. El nuevo
seudo tribunal podía así saltarse las reglas del derecho y condenar al
presidente sirio sin necesidad de pruebas.
El principio de los tribunales creados para el Líbano y Siria es cosa
de Jeffrey Feltman –ex embajador de Estados Unidos en Beirut,
posteriormente subsecretario de Estado a cargo del Medio Oriente y
actual director de Asuntos Políticos en la ONU. A su paso por Beirut,
Jeffrey Feltman había creado el Tribunal para el Líbano después de haber
organizado él mismo el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic
Hariri, para juzgar y condenar a los presidentes del Líbano, Emile
Lahoud, y de Siria, Bachar al-Assad, a quienes esperaba atribuir
ese asesinato. Según un documento interno de su oficina –documento que
hemos podido consultar– la OTAN tenía previsto, después del
derrocamiento de la República Árabe Siria, juzgar y condenar a
120 dirigentes sirios, 80 de los cuales ya figuraban en las listas de
personalidades sirias sometidas a las sanciones de Estados Unidos y/o de
la Unión Europea.
El 20 de enero de 2014, o sea 2 días antes del inicio de las
negociaciones denominadas Ginebra 2, la firma londinense de abogados
Carter-Ruck acusaba a Siria de haber torturado y asesinado más de
11 000 personas durante el transcurso de la guerra. Esa firma publicaba
entonces un informe donde 3 juristas internacionales autentificaban
55 000 fotos supuestamente tomadas por un fotógrafo militar sirio que
había desertado. Aunque la credibilidad de 2 de los 3 juristas ha sido
ampliamente cuestionada debido a su probada parcialidad en casos
anteriores, pese al hecho que el tercero de los 3 juristas fue encargado
por la CIA de crear el Syria Justice and Accountability Center
(SJAC) y a pesar de los desmentidos de Siria, el jefe de la diplomacia
estadounidense John Kerry no vaciló en citar el informe en la apertura
de la conferencia Ginebra 2.
El 31 de julio de 2014, la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos oía el testimonio del
fotógrafo sirio. Este personaje mostró sólo 10 de las 55 000 fotos de su
colección y, para colmo, esas 10 fotos habían sido voluntariamente
pixeladas de tal manera que es imposible identificar a las víctimas.
A pesar de todo lo anterior, Francia presentó un proyecto de
resolución que pretendía poner en manos de la Corte Penal Internacional
los crímenes supuestamente cometidos en Siria, proyecto que se estrelló
contra los vetos de Rusia y China, el 22 de septiembre de 2014. Por su
parte, el Departamento de Estado consideraba que el material acumulado
–a pesar de ser extremadamente voluminoso– no tenía mucho más valor que
los falsos testimonios recogidos por el Tribunal Internacional para
el Líbano y suspendía las subvenciones destinadas a la preparación del
“Núremberg” sirio.
Pero el mismo Departamento de Estado subvencionó recientemente el Center for Victims of Torture de Minnesota no sólo por el conjunto de su acción sino también por su ayuda a las «víctimas del régimen»…
si las encuentra. Por supuesto, no se mencionan las 80 000 personas
secuestradas por Estados Unidos y torturadas por la US Navy en la base
naval estadounidense de Guantánamo y en barcos –también estadounidenses–
convertidos en prisiones secretas en aguas internacionales bajo los
dos mandatos del ex presidente George W. Bush.
El Departamento de Estado también apoyó la exposición presentada
por Qatar en la sede de la ONU, en Nueva York, posteriormente en el
Museo del Holocausto de Washington y finalmente en Roma, la semana
pasada, a partir de las fotos de la firma Carter-Ruck. Claro,
nadie habla de mostrar las 55 000 fotografías y la exposición
sólo muestra las mismas 10 fotos pixeladas acompañadas de imágenes de
la guerra. Mientras tanto, el legislador proisraelí Eliot Engel (ya
conocido como autor de la Syrian Accountability Act) presentaba en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley H.R. 5732, destinado à reforzar las sanciones contra Siria.
El 6 de octubre de 2016, Holanda (país con militares ilegalmente
desplegados en Siria) organizó en su embajada en Washington una reunión
para reactivar el Syria Justice and Accountability Center (SJAC) y
financiar el proyecto de creación del Tribunal para Siria. Alemania,
Bélgica, Dinamarca, Italia, Noruega, el Reino Unido, Suecia, Suiza y,
por supuesto, Estados Unidos anunciaron que contribuirán al
financiamiento. El costo del proyecto no debe costar más que unos
cuantos millones de dólares al año.
Washington ya tiene claro que la República Árabe Siria no va a
desmoronarse y que no será posible juzgar y condenar sin pruebas
al presidente Bachar al-Assad. Toda la farsa forma parte del trabajo de
acondicionamiento de los occidentales, «defensores del Bien ante los crueles sirios».
Francia, que ha actuado sucesivamente como vocero de los intereses
turcos, más tarde de los intereses qataríes, luego de los intereses
sauditas y ahora de los intereses de Israel, no tiene intenciones de
renunciar. París sigue empeñado en querer juzgar a los 120 dirigentes
sirios –ya condenados en el papel– ante la Corte Penal Internacional
pero… en ausencia.
El 10 de octubre, el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc
Ayrault, anunció haber pedido a un grupo de juristas que busquen la
manera de implicar a la Corte Penal Internacional, a pesar de la
previsible oposición del Consejo de Seguridad de la ONU.
Parece que Washington se prepara para aceptar el fin del mundo
unipolar. En ese caso, las acusaciones más aterradoras y absurdas
contra Siria serán utilizadas para empañar la imagen del bando ruso.
Documentos:"A Report into the credibility of certain evidence with regard to Torture and Execution of Persons Incarcerated by the current Syrian regime", Carter-Ruck, 20 de enero de 2014.
