El
jueves pasado vi en Canal Volver una gran película de Fernando Ayala
titulada “Plata Dulce”. Filmada en 1982 cuenta con los protagónicos de
Federico Luppi, Julio de Grazia, Gianni Lunadei y Alberto Segado. Los
hechos transcurren inmediatamente después del mundial de 1978, momento
de apogeo de la dictadura militar. El ministro de Economía era José
Alfredo Martínez de Hoz quien aplicó un modelo económico que sentó las
bases del capitalismo financiero que sigue vigente en la Argentina. Era
la época de la plata dulce, de la posibilidad de viajar a Miami y
comprarse todo por el tipo de cambio favorable. El film narra la
historia de uno de los dueños de una pyme, Federico Luppi, que es
engañado por un antiguo amigo de la infancia y devenido en delincuente
de guante blanco, Gianni Lunadei. Este delincuente convence fácilmente a
Luppi de conformar una sociedad dedicada a la especulación financiera.
Luppi, inocente y crédulo, empieza a ganar mucha plata en poco tiempo y,
de la mano de Lunadei, llega a ser el gerente de una financiera que, al
poco tiempo, es cerrada por orden del Banco Central.
Como sólo está registrada la firma de Luppi, es el único que termina entre rejas. La película es un extraordinario retrato de una época en la que imperaba el culto al dinero fácil, al enriquecimiento rápido y a cualquier precio. En una escena, Lunadei le explica a Luppi que el país estaba viviendo un momento histórico, protagonizando un profundo cambio que haría posible el surgimiento de una nueva Argentina. La idea del cambio lejos está, pues, de ser un invento de Mauricio Macri y Durán Barba. Pero sigue resultando muy eficaz para ganar elecciones. Así como Lunadei logró convencer a Luppi de las bondades del cambio que se estaba produciendo en el país, el binomio Macri-Durán Barba hizo lo mismo con un importante sector del pueblo en 2015. Trece millones de compatriotas se convencieron de que Macri simbolizaba el cambio, el comienzo de una nueva forma de hacer política basada en la ética y la palabra empeñada.
En
Plata Dulce Luppi termina siendo engañado por Lunadei de la manera más
vil y repugnante. El delincuente de guante blanco manipuló con cinismo
las debilidades de un Luppi buenón e inocentón, lo que le terminó
costando su libertad. En 2015 otro delincuente de guante blanco hizo lo
mismo con millones de compatriotas y los resultados están a la vista.
Lejos de haberse producido un cambio, hubo un perfeccionamiento en el
ejercicio de las peores prácticas de la política vernácula. El
presidente Macri cabe ser considerado un discípulo aventajado de
Lunadei. Dueño de un cinismo sin igual, miente descaradamente sin que se
le mueva un músculo. Y lo peor es que todavía son muchísimos los que le
creen. Pero de a poco se va cayendo el velo que cubre el verdadero
rostro del presidente de la nación. En las últimas horas los argentinos
nos enteramos de su decisión de condonar una gigantesca deuda que
mantenía su señor padre, dueño del Correo, con el Estado, con nosotros.
Se trata de una suma astronómica: setenta mil millones de pesos. Quien
había prometido en la campaña electoral que sería implacable con los
actos de corrupción le perdonó a su progenitor una deuda del tamaño del
Aconcagua. Eso sí, todo en nombre del cambio.
Oscar Aguad fue el
encargado de explicar el acuerdo del gobierno nacional con el Grupo
Macri a raíz de una deuda por la concesión del Correo Argentino. El
acuerdo es sumamente “generoso” con el señor padre del presidente de la
nación. Según el oficialismo, no hay ningún tipo de quita, se pagará
todo lo adeudado, no corren los intereses durante el tiempo que
transcurrió a partir de la convocatoria de acreedores y no hay
condonación alguna. Página/12 consultó con varios especialistas quienes
coincidieron en destacar que en este tipo de juicios se contempla una
actualización del monto teniendo en cuenta el tiempo que pasó,
debiéndose pagar los intereses en la primera cuota. Distintos juristas
señalaron la existencia de la denominada “doctrina de la propuesta
abusiva del deudor”, que toma en consideración, por ejemplo, que la
quita en valores reales sea superior al 60 por ciento. Según la fiscal
Boquin, en este caso la quita es del 98,87 por ciento. Hay una evidente
contradicción entre lo que decía el Estado argentino en 2003 (Néstor
Kirchner) y lo que argumenta el gobierno de Mauricio Macri. Si se emplea
el sentido común, se advierte que el asunto no presenta mayores
dificultades. Si Mengano le presta a Zutano 300 pesos en 2001, Sutano
los cambia por dólares y se los queda, pasan quince años y Mengano le
reclama a Sutano la deuda, seguramente Mengano no aceptará que Sutano le
pague 300. Según el gobierno de Cambiemos, Mengano no sólo debería
aceptar esos 300 pesos, sino cobrarlos en quince años (tres pesos en
2018, tres pesos en 2019 y así sucesivamente hasta 2033).
Varios especialistas consultados por Página/12
analizaron el argumento macrista y llegaron a las siguientes
conclusiones: a) “Se paga el ciento por ciento de la deuda y no hay
quita. El director de Asuntos Jurídicos del ministerio de
Comunicaciones, Juan Mocoroa, afirmó que se pagará el “ciento por ciento
del capital verificado: 296 millones de pesos”. “No le perdonamos ni un
mango a Macri. Nada. Ni siquiera los intereses”, sobreactuó. “La deuda a
la que el Estado tiene derecho son 296 millones de pesos”, aseguró
Mocoroa, que le echó la culpa al gobierno anterior: “por un
enfrentamiento político, el Estado no pudo cobrar. Recién en 2016
logramos que la empresa pague”, afirmó”. Estos argumentos colisionan con
los argumentos esgrimidos por el Estado argentino en 2003. Dijeron los
especialistas: “¿cuánto paga el concurso en realidad? Podríamos decir
casi nada. En efecto, si se calcula el Valor Actual Neto de cada una de
las propuestas, la oferta formulada implica casi una quita encubierta y
ello, sin tomar en cuenta el plazo transcurrido desde el 19/09/01 hasta
la fecha (en 2003) en que no se devengaron intereses”. En 2003, los
abogados del Estado sostuvieron algo diferente a lo que sostienen hoy
los representantes del macrismo: “se advierte claramente que implica de
modo claro y contundente un procedimiento de licuación de pasivos y no
una propuesta de pago”. Por su parte, Ricardo Nissen, ex titular de la
IGJ y profesor titular de Derecho Comercial, expresó que “desde 2001,
está planteado que no puede hacerse una propuesta abusiva, porque
constituye un enriquecimiento sin causa. Tiene que haber un sacrificio
mutuo: el acreedor cobra pero el deudor debe hacer un sacrificio
necesario para que no se licue el pasivo”. b) Según Oscar Aguad,
ministro de Comunicaciones, “las cifras no se pueden actualizar, la ley
de quiebras lo impide”. E insistió: “Todos los acreedores pudieron
homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de 296
millones de pesos. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa
deuda queda congelada en el tiempo”. Según Nissen, “esto es mentira. Lo
que dice la Ley de Quiebras y Concursos es que suspende el curso de
intereses. Eso no significa que cuando llegue el momento de la propuesta
no se actualice la deuda. La suspensión de los intereses es para que no
se agrave el pasivo. Pero lo que no se puede hacer es licuar el pasivo
por el paso del tiempo. Esto no es así”. Para refutar el argumento del
ministro, los abogados del Estado en 2003 citaron un plenario de la
Cámara en lo Comercial “en el que se estableció que la propuesta de pago
total debía ponderar la incidencia de la depreciación monetaria,
entendida por tal como el cambio en el poder adquisitivo en el tiempo”.
“Esto es lo mismo, dado que parte del supuesto real y efectivo de que el
pago presente no es igual que el pago futuro y esa diferencia temporal
tiene un costo que debe ser reconocido”, señalaron. También señalaron
que la propuesta del clan Macri era abusiva, lo que la tornaba
inaceptable ya que implicaba la licuación del pasivo. En un fallo de
2007 la Corte destacó que se debe tener en consideración “el logro de
una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, que
naturalmente resulta negada cuando la pérdida que se les impone es
claramente excesiva”. Según Nissan, “son muchísimos casos en los que la
Cámara Comercial sentó precedente declarando abusiva una propuesta con
los mismos cálculos que la fiscal Boquín exhibe ahora con el caso del
Correo”. Para Eduardo Favier Dubois, primer juez que intervino en la
causa por el Correo Argentino y profesor titular de Derecho Comercial y
Derecho Económico y especialista en quiebras y títulos, “en principio,
no se puede dolarizar por la ley de quiebras. Esta deuda no era en
dólares. Era en pesos. En este caso, el dólar no juega. Lo que tiene que
ir uno es al poder adquisitivo”. Explicó que en casos como éste se
procede a una actualización: “lo que se establece es el valor presente.
Primero, se debe establecer desde cuando se determinó la deuda. Si es
una deuda de dos años y la va a pagar dentro de dos, se agrega una tasa
de cuatro años”. “Incluso en época de inflación reconocida, hubo un
plenario de la Cámara Comercial que determinó que para evaluar si se
pagaba el 100 por cien o cuál es el monto de la quita había que atender a
la inflación en el tiempo transcurrido”. c) No se tienen en cuenta los
intereses acumulados sobre los 16 años que pasaron. Según Mocoroa,
“cuando se acuerda un plan de pagos sí se generan intereses, pero no
antes de eso”. Por su parte, Favier Dubois señaló que “eso es
parcialmente así. La ley dispone que los intereses se suspenden hasta el
momento de la homologación. Según lo que uno le ofrezca al acreedor”.
Para la abogada Natalia Volosín “si se aplica de manera restrictiva el
artículo 19 de la Ley de Quiebras, no se puede aplicar el interés. Pero
en los fallos actuales, los jueces empiezan a no querer homologar
propuestas cundo se las considera abusivas. Por eso, en los últimos
tiempos aparecen acuerdos concursales pagando intereses devengados
durante el proceso. Interpretan que el artículo 19 suspende, pero no
condona intereses y los pagan, por ejemplo, todos juntos en la primer
cuota”. Y advirtió: “la fiscal no pide que paguen 4 mil millones, sino
que se les pide que la quita a valores reales sea menor. Lo raro es que
el representante del Estado no hace esto”. d) Mocoroa afirmó que “no
existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de
parte del acreedor al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada”.
Aguad sostuvo que “son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones
porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con 7 por ciento de interés
anual”. En opinión de Favier Dubois, “si están pagando el 1 por ciento
del total no es técnicamente una condonación, pero en los hechos se le
acercaría. La fiscal tiene sus razones en su argumentación”. Volosín
consideró que “la interpretación más usual es que para que sea quita
tiene que haber una reducción con respecto al capital. Ahora, la
discusión es: ¿están pagando integralmente la deuda? La fiscal dice que
pasaron 16 años. ¿Y la inflación en todo este tiempo? Por eso hizo un
estudio para ver el valor económico real. Según su cálculo, el valor de
la quita a valores reales es casi el 99 por ciento. La diferencia es
enorme” (fuente: Werner Pertot, “Una explicación que no cierra ni en
cómodas cuotas”, Página/12, 10/2/017).
El bloque de
diputados nacionales del kirchnerismo encabezado por Héctor Recalde y la
cúpula dirigencial de Nuevo Encuentro, encabezada por Martín
Sabbatella, presentaron dos denuncias penales contra el presidente de la
nación, Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones y Juan Carlos Mocoroa,
director de Asuntos Jurídicos, por “fraude en perjuicio de la
Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones públicas”. Las denuncias aluden al acuerdo sellado por el
presidente de la nación a raíz de una deuda que el Correo Argentino,
controlado por su señor padre, mantiene con el Estado Nacional “desde
2003 y que terminará de pagar en 2033 con una quita del 98,82 por ciento
con la que Sideco eludirá pagar 70 mil millones de pesos”. Las
denuncias recayeron en los juzgados de Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba
Corral, aunque lo más probable es que se reunifiquen en el juzgado del
primero.
La denuncia presentada por Sabbatella recayó en el
juzgado del doctor Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni. En el escrito se
detalla el acta del 28 de junio del año pasado donde el deudor (el señor
padre del presidente) realiza una propuesta de pago que es rechazada
por el Estado nacional “siguiendo las instrucciones del caso”. Mocoroa,
apoderado del Estado (de todos nosotros, en definitiva), siguiendo
“instrucciones” de sus patrones (Aguad y Macri) “realiza en el acto una
contrapropuesta, que luego de un breve cuarto intermedio fue aceptada
por el deudor”. El 30 de diciembre la fiscal de la Cámara Civil y
Comercial, Gabriela Boquín, rechazó el acuerdo argumentando que “la
propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado nacional a una
suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de
deuda”; que “la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico
de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta
irregularidad-que corresponde investigar-en tanto propicia la aceptación
de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”; y
que la aceptación de la propuesta la dio “un funcionario sin competencia
para comprometer al Estado Nacional en su calidad de acreedor y carece
de sustento técnico que la avale, siendo además irrazonable y carente de
validez”.
La otra denuncia, que recayó en el juzgado de Canicoba
Corral, es firmada por Recalde, Teresa García, Rodolfo Tilhade, Eduardo
De Pedro, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Josefina González y Luana
Volnovich. En el texto se denuncia que “según los cálculos de la
Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las
Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la
propuesta implica una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un
98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri
sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda con el Estado”. Y agrega:
“En el último balance que Sideco presentó en marzo de 2016 ante la
Comisión Nacional de Valores, informaron que en forma paralela a esta
maniobra con la deuda con el Estado, presentaron un reclamo ante el
ministerio de Planificación donde pidieron “el pago de una suma de
dinero por el desapoderamiento de las inversiones realizadas por Correo
Argentino y su usufructo hasta la fecha a favor del Estado en razón de
la rescisión del Contrato de Concesión” (fuente: Miguel Jorquera, “Del
Correo a Tribunales”, Página/12, 10/2/017).
En su edición del domingo 5 de febrero, La Nación
publicó una entrevista al ensayista Juan José Sebreli, quien aborda,
entre otros temas, el rol de Francisco en el mundo actual, la relación
de los intelectuales con el poder y la eutanasia. Sobre el Papa expresa:
“Francisco es en todo populista. Primero en su historia, porque
perteneció al grupo de Guardia de Hierro, cuyo creador, Alejandro
Álvarez, fue un espíritu muy religioso que pretendía hacer religión con
la política, pero fracasó totalmente. Y el Papa intenta hacer política
con la religión. A Francisco o Bergoglio no le interesaba y no le
interesa la filosofía. En Bergoglio no vamos a encontrar referencias
eruditas y filosóficas, vamos a encontrar cosas a la que ellos llaman
“la pastoral”, que es política directamente”. Es notable que el Papa aún
no haya decidido viajar a la Argentina, habiendo transcurridos tres
años de su elección. Dice Sebreli: “creo que está agazapado, esperando
que se defina la política para los próximos diez años, para entonces
tratar de adecuar su política a eso”. Sobre su vínculo con la política
argentina y la real influencia que ejerce, Sebreli expresa: “y ahora,
¿qué candidato puede tener el papa? En este momento no tiene. La
Argentina fue el país donde más profundamente se encarnó el populismo.
Él siempre ha sido populista y yo creo que está esperando que surja un
movimiento populista más o menos presentable” (…) “Ambigua, como
corresponde a un país ambiguo como es la Argentina, un país que por un
lado se confiesa católico, pero que por el otro no cumple las reglas
elementales del catolicismo, sobre todo en materia sexual: el 90 por
ciento de la gente que se dice católica sigue practicando el control de
la natalidad, un tema obsesivo y recurrente para los tres últimos papas,
incluidos Ratzinger y Francisco. Es una verdadera obsesión la que
tienen con el sexo. Espero que en la Argentina haya reformas a favor del
laicismo porque ésta no es una sociedad laica, es una sociedad
semilaica. Es laica porque permite la libertad de todas las religiones,
pero no es laica porque no permite la igualdad de todas las religiones.
Hasta la época de Menem los presidentes no podían ser sino católicos, es
decir, había discriminación a los judíos, a los agnósticos, a los
protestantes, a los musulmanes. Y aun hoy siguen mencionado a la Iglesia
Católica como prioridad. Con la reforma del Código Civil ese intento de
avanzar en el laicismo fracasa por la influencia de la Iglesia. Y
después fracasó la Iglesia con el matrimonio igualitario. Falta el
aborto, que yo creo que algún día va a llegar”. Sobre el rol de los
intelectuales en la sociedad y su relación con el poder, fue categórico:
“estoy en contra del intelectual orgánico. Para un intelectual es
negativo militar, porque eso coarta su libertad. Militar es hacer
tácticas y hasta podés necesitar mentir. Y yo lo entiendo en un
político, pero el intelectual tiene que decir la verdad como es; aunque
uno se incline hacia un partido, tiene que tener la libertad de decir
“hasta acá llego”. Por último, respecto a la eutanasia manifestó: “yo
soy partidario total de la eutanasia. Mientras yo tenga lucidez y no
sean limitadas mis posibilidades de salir solo a la calle no la
necesito, pero tampoco necesito una enfermedad terminal o dramática como
el cáncer para pensar en esa posibilidad. Yo necesito autonomía
personal, una autonomía que estuve a punto de perder con la enfermedad
que tuve últimamente, aunque zafé. Pero si yo tengo que estar prisionero
de alguien que me tenga que estar custodiando todo el día, la
practicaré”
