Nilda Garré, afirmacionista de la mentira. Por Ariel Corbat
El uso del lenguaje que hace la
izquierda da para reírse cuando llaman “negacionistas” a quienes no
aceptamos repetir sus mentiras; digamos pues que ellos son
“afirmacionistas” de falsedades,
Pretendiendo preservar la mentira que se
diluye, argumenta la diputada del Frente para la Victoria Nilda Garré
que: “en el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado
el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado
en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de
personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de
terror, o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos,
sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y
atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina”.
Entonces propone encapsular la semilla del
mal, preservarla a través de un proyecto de ley que busca sancionar con
prisión de seis meses a dos años y multas de 10.000 a 200.000 pesos a
quienes negaran crímenes de lesa humanidad, estipulando un agravamiento
de la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea
funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación
por el doble de tiempo de la condena.
De aprobarse ese mamarracho, sería una ley de imposible acatamiento para cualquier persona con honestidad intelectual.
Que la expresión “30.000 desaparecidos” no
es ya otra cosa que una mentira emblemática, por muchos proyectos que
presenten, no tiene retorno. Simplemente, si quisieran la verdad no
estarían buscando acallar el debate que ya está abierto. Soy de los que
sostienen que acá no hubo genocidio, sino una guerra fratricida.
Sostengo además que no fue un enfrentamiento entre particulares y
fuerzas estatales sino entre fuerzas estatales, de un lado los
argentinos y del otro los esbirros de la dictadura castrista.
Diré algo más: venciendo al ERP y a Montoneros los militares argentinos evitaron un real genocidio.
Fue Mario Roberto Santucho, jefe del ERP,
quien en carta a su hermano Asdrúbal, soñaba una escenario camboyano en
la Argentina: “Creo que para lograr la Patria Socialista vamos a tener
que matar a no menos de un millón de personas”. Un millón de argentinos
masacrados, 1.000.000, una voluntad criminal desmesurada, para que
pudiera imponerse a la República Argentina el “idealismo” de los
traidores a la Patria que al servicio de un gobierno extranjero querían
importar la tiranía comunista.
Y desde Montoneros el delirio criminal no
era menor. El desprecio por la vida humana no lo evidenciaba tan sólo la
crueldad sobre las víctimas en cada atentado terrorista, sino la
consideración de los propios elementos: “Nosotros hacemos de la
organización un arma, simplemente un arma, y por lo tanto, sacrificamos
la organización en el combate a cambio del prestigio político. Tenemos
cinco mil cuadros menos, pero ¿cuántas masas más?”, decía, sin entender
su propio ridículo, lo mismo que si fuera una propaganda de facturas o
masitas para alguna confitería, Mario Eduardo Firmenich en 1981, desde
La Habana, Cuba, allí donde entre 1978 y 1982 estuvo instalada la
comandancia militar de Montoneros en un inmueble del servicio de
inteligencia castrista, del cual obviamente dependían.
A todas luces, la mentira que Nilda Garré
busca preservar es insostenible; pero su intento demuestra el grado de
daño institucional, degradación cultural y merma intelectual que sufre
la Argentina, profundizado adrede durante el régimen kirchnerista por la
implementación de un fuerte proceso de desmemoria colectiva y control
social que hasta llegó a los chicos de jardín de infantes.
Frente
al proyecto de mordaza a la verdad que propone Garré, lo que se impone
es preguntarnos por sentido inverso: ¿Cuál es la pena que debería
aplicarse a los funcionarios que atribuyan a la Argentina genocidios
inexistentes? ¿Cuál pena debe darse a los funcionarios que sostengan
mentiras bajo la excusa de ser “emblemáticas”? ¿Cuál pena le cabe a los
que ostensiblemente falsean la historia? y además: ¿qué tanto hay que
agravar las penas cuando de esas mentiras hayan surgido perjuicios
económicos para el Estado Argentino?
Hay leyes que nunca acataré mientras viva
en la Constitución Nacional el espíritu de los Constituyentes de 1853.
La irracionalidad del adoctrinamiento totalitario no es admisible de
ninguna manera, mucho menos como inercia residual de la dékada infame.
La honestidad intelectual no puede más que rebelarse contra toda
prohibición de cuestionar, pensar y debatir, porque la verdad no
necesita las muletas y sostenes artificiales de la mentira.
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