La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XXXI)
CAPÍTULO XXXI
EL ANILLO DE BRILLANTES DEL JUEZ OYARBIDE
Cuanto mayor la riqueza, más espesa la suciedad. John Kenneth Galbraith
1. Zanola denunció a Oyarbide por enriquecimiento ilícito[1]
a) Vínculos con la mafia de los medicamentos
Juan Zanola, el sindicalista
bancario que estuvo preso dos años por el caso de la “mafia de los
medicamentos”, denunció por presunto enriquecimiento ilícito al juez
federal Norberto Oyarbide por la compra de un anillo de brillantes de
250 mil dólares y por sus vacaciones en el Caribe. Los fondos vendrían
de la mafia de los remedios.
El gremialista y abogado vinculó
los gastos que hizo el juez con “las decisiones tomadas por el Dr.
Oyarbide en las causas penales que tramitan en el Tribunal a su cargo”
pero “particularmente” con la “denominada causa de la ‘mafia de los
medicamentos’ “.
Esta es la segunda querella penal
contra Oyarbide por el anillo, ya que se suma a una primera que
presentó en Tucumán un abogado de esa provincia y que se espera que esta
semana llegue a los tribunales porteños, informaron hoy a DyN fuentes
judiciales.
La causa está a cargo del juez
federal Sergio Torres y del fiscal Eduardo Taiano, quienes deben citar a
Zanola a ratificar la denuncia a los tribunales de Comodoro Py 2002, en
Retiro.
Zanola, junto a su mujer y ex
directora del Policlínico Bancario (POBA), Paula Aballay, quien también
estuvo presa en la causa por orden de Oyarbide, denunciaron al juez por
la compra de un anillo de brillantes de 250 mil dólares que −según dijo
el magistrado− hizo con la venta de regalos que recibió en los últimos
cinco años, según informó el diario La Nación.
Agregaron que los últimos cinco
años son las fechas “en que la causa que se sigue en la actualidad
contra los aquí denunciantes tuvo inicio, ya que fue durante los años
2006 y 2007”.
Zanola y Aballay están procesados
por comercialización de medicamentos falsos o adulterados otorgados a
afiliados al gremio bancario, hechos por los que estuvieron presos desde
noviembre de 2009 hasta diciembre último cuando fueron liberados por la
Cámara Federal.
A pesar de la libertad, ambos siguen acusados y Oyarbide ya tiene el expediente preparado para enviarlos a juicio oral.
“El juez Oyarbide ha faltado a
sus deberes de funcionario público, ya que la adquisición de dicha joya,
por el monto que el mismo declaró, no se condice en absoluto con los
ingresos de un Juez Federal, quien, de acuerdo a su antigüedad en el
cargo estaría percibiendo en la actualidad, un salario mensual con una
variación aproximada de entre los 30.000 y 35.000 pesos”, sostiene la
denuncia a la que accedió esta agencia.
b) Gastos fastuosos en las vacaciones
Zanola y Aballay también
denunciaron a Oyarbide por sus vacaciones en Punta Cana, República
Dominicana, durante enero. Una nota de la revista Noticias reveló que el
juez habría gastado unos 34.500 dólares durante su estadía.
“Solo resta pensar que la
provisión de fondos para la realización de tales gastos proviene −como
no puede ser de otra manera− de las decisiones tomadas por el Dr.
Oyarbide en las causas penales que tramitan en el Tribunal a su cargo”,
alegaron.
“Pero particularmente en la causa
que de la cual el Juez Federal se encargó de hacer un show mediático, y
que podemos llegar a considerar fue la más resonante de los últimos 4
años, cual es la denominada causa de la ‘mafia de los medicamentos’ “,
completa la denuncia.
Por la compra del anillo Oyarbide
también fue denunciado por el abogado tucumano Oscar Antonio López ante
el juez federal de esa provincia, Daniel Bejas, quien se declaró
incompetente y envió la causa a la Justicia porteña.
c) Denuncia ante el Consejo de la Magistratura
Zanola y Aballay también
denunciaron a Oyarbide ante el Consejo de la Magistratura, organismo
encargado de investigar el desempeño de los jueces, donde la diputada
nacional Patricia Bullrich presentó la semana pasada una acusación
contra el juez.
2. Schoklender se sumó a la denuncia contra Oyarbide[2]
a) Falta de relación entre el sueldo y el uso de vestimentas caras
El ex apoderado de la fundación
Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schocklender, acusó al magistrado de
usar alhajas e indumentaria de marca que no guardarían relación con su
sueldo.
Schoklender pasó hoy, por unos
minutos, de imputado a acusador, al ampliar una denuncia penal contra el
juez federal Norberto Oyarbide por presunto enriquecimiento ilícito, en
la que hizo referencia al uso de alhajas y ropas que, a su criterio, no
guardarían relación con su sueldo.
Fuentes judiciales informaron que
el acusado como supuesto jefe de una “asociación ilícita” para
malversar fondos públicos destinados al plan de construcción de
viviendas “Sueños Compartidos”, hizo una presentación en el expediente
que tramita en el juzgado federal nº 12 de Sergio Torres.
b) Permanente ostentación de manifiesta riqueza
Allí, Schoklender aseguró que
durante las “interminables indagatorias” en que estuvo con Oyarbide pudo
observar la “permanente ostentación” que haría el juez de “un anillo
sinfín de diamantes en su dedo anular, una escarapela con forma de
bandera argentina de diamantes y topacios y anteojos con marco de oro de
colección”.
También denunció que el
magistrado usa “ropa de vestir de marca que excede con mucho lo que
podría adquirir con su sueldo de magistrado”, así como que a “la
exhibición constante” se deben sumar “valiosos cuadros y otras joyas y
relojes con los que habitualmente se lo ve en las noches de Buenos
Aires”.
Por todo ello, el ex “número dos”
de Hebe de Bonafini en la Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió a
Torres que “en forma urgente” proceda al allanamiento del piso de
Oyarbide, en el barrio porteño de Recoleta, “a fin de verificar la
existencia de objetos de valor, cuadros, alhajas y dinero”.
En principio, Oyarbide fue
denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito en el tribunal de Torres
a raíz del anillo de diamantes que empezó a lucir este año cuando iba a
trabajar al juzgado y, según fuentes del sector, valdría unos 250.000
dólares.
Schoklender está imputado como
presunto jefe de una “asociación ilícita” acusada de desviar unos 250
millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal entregó al
plan “Sueños Compartidos” para solventar la construcción de viviendas
sociales.
3. Oyarbide, una vergüenza y un peligro[3]
a) Sospechas sobre los propósitos de su actuación
Las graves irregularidades
denunciadas por la Sala I de la Cámara Federal provocan sospechas sobre
los verdaderos propósitos del juez federal.
b) Volvió a ocurrir
La Cámara Federal anuló una causa
a cargo del juez federal Norberto Oyarbide en la que, supuestamente, se
investigaba un presunto lavado de dinero mediante transferencias de
futbolistas.
Aclaramos que el magistrado
“supuestamente” investigaba ese delito porque, dado el tenor del
pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Federal, puede dudarse de cuál
fue el verdadero propósito de la actuación del magistrado.
Debido a las graves
irregularidades de Oyarbide, los integrantes de la sala tuvieron que
sobreseer a todos los imputados. Esos jueces afirmaron que el
procesamiento de los acusados dispuesto por el cuestionado magistrado es
“un compendio de datos totalmente desconectados entre sí;
transcripciones de escuchas telefónicas que, en su mayoría, resultan ser
incomprensibles; listados de documentación que [el juez] mencionó, pero
no analizó; nombres de empresas cuya actividad no se explica, y
afirmaciones genéricas”.
Los camaristas de la Sala I
anularon la causa y sobreseyeron a todos los imputados, entre los que
figuraban directivos de una financiera y dos empleados del Banco
Central.
En su resolución pusieron en duda
la legitimidad de Oyarbide para ocuparse del expediente y subrayaron
que encarceló a los sospechosos sobre la base de que existía peligro de
fuga y de entorpecimiento de la investigación, pero dos semanas después
dispuso los procesamientos de las mismas personas, aunque sin prisión
preventiva porque “no existían riesgos procesales”.
Los liberó un domingo por la noche, un día totalmente inusual en Tribunales.
c) Cuestionamientos anteriores
No fue el primer cuestionamiento
demoledor de la Sala I a Oyarbide. En agosto pasado la misma sala lo
apartó de la causa por el desvío de fondos públicos en la Fundación
Madres de Plaza de Mayo y anuló las declaraciones indagatorias de los 66
acusados y los 44 procesamientos que había dispuesto, incluidos los de
los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la fundación.
El panorama que los camaristas
encontraron en este sumario fue muy parecido al que hallarían en el del
supuesto lavado de dinero con transferencias de jugadores, pues también
destacaron la “falta de racionalidad” con la que Oyarbide llevó a cabo
la investigación al no otorgarle “una dirección lógica”.
Agregaron que el juez tampoco les
explicó a los acusados los hechos específicos por los cuales se los
acusaba, para que pudieran defenderse, y calificaron su investigación de
“defectuosa”, “imprecisa” y “confusa”, destacando que “la verdad
permanece oculta” y que se afectó el derecho de defensa de los acusados y
sus garantías, violándose el debido proceso.
Los camaristas entregaron los
despojos del expediente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Cabe
recordar que esa causa representó un peligro tanto para el Gobierno,
que autorizaba los envíos de los fondos presuntamente malversados, como
para la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuya titular, Hebe de
Bonafini, siempre mantuvo una relación simbiótica con el Gobierno.
Hace un mes y medio, el Tribunal
Oral Federal 4 absolvió por prescripción y nulidades al ex presidente y
actual senador Carlos Menem en el juicio por haber ocultado una cuenta
suiza y otros bienes en su declaración jurada patrimonial de 2000.
En la tercera audiencia, y sin
haberlo indagado, los jueces declararon de oficio parcialmente nulo el
procesamiento y consideraron prescripta por el paso del tiempo la
omisión maliciosa de bienes. Resolvieron esas nulidades por considerar
que en la instrucción “nunca se indagó” a Menem por esos dos delitos y
eso conspira contra sus garantías individuales.
La instrucción de la causa
iniciada en 2001 estuvo a cargo de Oyarbide, quien demoró excesivamente
el trámite de ese expediente, ahora prescripto.
d) Sobreseimiento en tiempo récord del matrimonio Kirchner
En cambio, el juez adoptó una
actitud inversa cuando tuvo que intervenir en la investigación del
matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito a raíz del
incremento exponencial de su patrimonio. Entonces, Oyarbide, en tiempo
récord y en medio de múltiples y gravísimas irregularidades, sobreseyó a
Néstor y Cristina Kirchner.
Estos y otros muchos
antecedentes, como las sospechas que alentó el juez cuando se le
descubrió un costoso anillo cuya procedencia no pudo explicar
convincentemente, tornan imperiosa la remoción de este juez que, nada
milagrosamente, ha sobrevivido a lo largo de las últimas décadas porque
siempre beneficia al gobierno de turno en los casos de corrupción.
Pero ocurre que Oyarbide se ha
vuelto francamente impresentable y, muy probablemente, también se ha
convertido en un peligro. Los duros términos con los que la Sala I de la
Cámara Federal se expidió en su contra son toda una señal, pues es la
sala considerada más afín al kirchnerismo.
Decimos que Oyarbide es un
peligro y una afrenta a la Justicia pues, como todo juez, tiene en sus
manos la libertad, el honor y el patrimonio de los ciudadanos.
Según hemos visto, las causas que
ha destruido hasta volverlas a foja cero son todas de gran
trascendencia y la verdad sobre los hechos que en ellas se investigaban
difícilmente podrá saberse y quedará en el enorme campo de la impunidad.
4. Reactivan una causa contra Oyarbide[4]
a) Presunto pedido de coimas
Mientras la atención pública está
sobre el vicepresidente Amado Boudou por el pedido de indagatoria que
formuló este mediodía el juez Lijo, este jueves (6/2/14) también se
reactivó una de las causas contra el polémico juez Norberto Oyarbide. El
juez federal Luis Rodríguez ordenó una gran cantidad de medidas en el
marco de una investigación por un presunto pedido de coimas en un
allanamiento.
A fines de enero advertimos en
Urgente24 que febrero sería un mes complicado para Norberto Oyarbide,
quien sufrió abucheos tras volver de sus lujosas vacaciones.
Como terminó la feria judicial,
se reactivó su causa por presunto pedido de coimas, que habría realizado
al titular de una financiera a cambio de no realizar un allanamiento en
su contra. El hecho está siendo investigado por el juez Luis Rodríguez y
este ya ordenó una gran cantidad de medidas.
El hecho investigado es un
allanamiento que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2013 en la financiera
Propyme, uno de los veinte que había ordenado Oyarbide en una causa a su
cargo por lavado de dinero, y en donde policías de la División
Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) realizaron un
pedido de coimas a cambio de no realizar el operativo, recordó la
agencia Noticias Argentinas.
b) Denuncia del empresario Guillermo Greppi
Según denunciara el empresario
dueño de la financiera ubicada en Maipú 311, Guillermo Greppi, y su
abogado Fernando Torres, los policías le pidieron unos 2,5 millones de
pesos a cambio de no realizar el allanamiento y les aseguraron que
actuaban en nombre de Oyarbide y el secretario del juzgado Carlos Leiva.
Luego que a fines del año pasado
el fiscal Ramiro González requiriera investigar el caso mediante un
dictamen, ahora el juez Rodríguez ordenó una batería de medidas con lo
cual dio impulso a la investigación sobre el propio Oyarbide y sus
secretarios.
Rodríguez citó a declaración
testimonial al empresario Greppi y su abogado Torres para el 20 de
febrero próximo, y en los días previos a quienes fueron convocados como
testigos del allanamiento así como a los empleados de Propyme que
estaban presentes.
Por otra parte, el juez dispuso
la realización de una recopilación de aquellas causas en que la Difoc
fue convocada por Oyarbide en el marco de distintas causas desde 2012 a
la fecha; ello a raíz de que llamó la atención a los investigadores
−según indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas− la insistente
convocatoria de esa división por parte de ese juzgado en clara
superioridad al resto de cómo lo hacen los jueces.
Otra de las medidas fue pedir a
Prosegur el contenido de una cámara de seguridad ubicada a metros de la
financiera y que está instalada en la Caja Popular de Ahorros de la
Provincia de Tucumán, para ver si pudo captar algo el día del
allanamiento o los anteriores.
5. Coimas, intervención de poderes y pedido de juicio político[5]
El escándalo por supuestas coimas
que salpica al juez federal Norberto Oyarbide, crece. A la
investigación judicial por el supuesto pedido de soborno de policías en
nombre del magistrado y del secretario del Juzgado, Carlos Leiva, se
sumó un sumario interno en la Justicia, del que depende la continuidad
del juez en su cargo.
Tal como informó Diario Perfil a
principios de 2014, la Cámara Federal porteña inició un sumario para
determinar si hay “responsabilidad de funcionarios judiciales” en la
denuncia por presunto pedido de coimas. El expediente quedó en manos del
juez federal Luis Rodríguez, quien investiga el supuesto intento de
soborno y el modo en que Oyarbide y su secretario llevaron adelante la
investigación por supuesto lavado de dinero. El juez investigado, hoy
afirmó que el allanamiento se suspendió por pedido del Poder Ejecutivo.
La causa. El juez Rodríguez había
solicitado todas las causas en las que intervino el juzgado de Oyarbide
en equipo con los mismos policías denunciados, miembros de una brigada
especial de la Policía Federal que trabajaba asiduamente con el juez.
También había solicitado a Asuntos Internos de la fuerza de seguridad
nacional el listado de personal de esa brigada, comandada por el
subcomisario Fabio Ascona e integrada por Angel Castro y otros efectivos
que no han trascendido.
El allanamiento ordenado se
efectuó el 19 de diciembre de 2013, cuando una comisión policial ingresó
al edificio de la calle Maipú 311. En el lugar los policías encontraron
papeles, armaron cajas y descubrieron que en la oficina había 5
millones de pesos. Según las fuentes, pidieron 2.500.000.
El procedimiento finalizó con un
llamado del juez, invitando a los allanados, a un financista y a su
abogado, para que concurrieran a su despacho al día siguiente. El
escándalo durante el procedimiento fue tal que el juzgado tuvo que
suspenderlo y retirar a los policías de la División de Investigaciones
Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) mientras el dueño de la
financiera allanada estaba a los gritos.
Ese viernes cuando llegaron a
Comodoro Py, el juez pidió al empresario y a su letrado que declararan
lo sucedido. El juez llamó a un secretario para que tipeara los
testimonios de los dos denunciantes que sostuvieron que policías de la
Difoc de la Policía Federal −de extrema confianza con el juez− pidieron
2,5 millones de pesos para frenar una investigación del juzgado. Dijeron
que lo hicieron en nombre de “Su Señoría” y Leiva.
Reconocimiento parcial.
Finalmente, el juez Oyarbide reconoció haber frenado el allanamiento,
pero que lo hizo luego haber recibido un llamado de Carlos Liuzzi,
subsecretario de Legal y Técnica, segundo de Carlos Zannini, quien le
advirtió sobre un grupo de policías que estaban pidiendo sobornos.
Oyarbide presentó un escrito ante
el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, para que
determine la veracidad de los hechos habida cuenta de que los policías
dijeron haber pedido coimas en nombre del juez y del secretario del
juzgado Carlos Leiva. No queda claro cómo supo el segundo de Carlos
Zannini del allanamiento en Mutual Propyme.
Pedido de juicio político.
Federico Pinedo pidió el “juicio político” de Norberto Oyarbide, por
considerar “grave” y “altamente preocupante” que un juez federal haya
suspendido un allanamiento luego de recibir un llamado del Gobierno.
“El reconocimiento por parte de
Oyarbide de frenar un operativo después de recibir un llamado de un
señor cercano al secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la
Nación, exige que se le inicie juicio político”, remarcó Pinedo.
El diputado añadió que “resulta
altamente preocupante que un juez federal suspenda operativos por
recibir llamadas de funcionarios del Gobierno y, por otro lado, que
reconozca tener contacto con los mismos de manera informal”.
Por su parte, el diputado y jefe
del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró un “hecho gravísimo” que
el juez haya suspendido el allanamiento. “Parte de la credibilidad de la
Argentina tiene que ver con la responsabilidad de todos de consolidar
la independencia de poderes y más la independencia del Poder Judicial,
que hace que tengamos una herramienta para revisar las conductas y el
marco normativo del país”, advirtió Massa.
Por último, el Consejero de la
Magistratura Alejandro Fargosi, declaró que el juez federal Norberto
Oyarbide debe ser investigado por su decisión de suspender el
allanamiento realizado el 19 de diciembre de 2013 a la financiera
Propyme.
“Una vez más, la conducta del
juez Oyarbide genera un escándalo que daña la imagen de la Justicia”,
fustigó el consejero. Asimismo, explicó que “el tema está siendo
investigado por la Cámara Federal y sus resultados deberán remitirse al
Consejo de la Magistratura apenas lleguen a una conclusión, de esa
manera se podrán aplicar todas las leyes que correspondan”.
“No soy optimista sobre el
progreso de ninguna denuncia contra el juez Oyarbide ya que
sistemáticamente es protegido por el gobierno a través de los votos ‘k’
en el Consejo y por eso jamás ha avanzado ninguna de las muchas
denuncias que he presentado”, afirmó Fargosi, para luego expresar que
“de ser cierto que un allanamiento se suspendió por pedido del Poder
Ejecutivo, se trataría de un hecho gravísimo que deberá investigarse
hasta en sus mínimos detalles”.
6. Fuerte repudio al juez Oyarbide[6]
El vicepresidente del Consejo de
la Magistratura, Ricardo Recondo confesó sentir “vergüenza de que exista
un juez como Oyarbide”. Carrió, en tanto, pidió “que hable y diga cómo
obedeció al poder”.
El Consejo de la Magistratura
confirmó que el jueves comenzará a tratar las denuncias contra el juez
federal Norberto Oyarbide, quien admitió haber frenado un allanamiento
tras recibir un llamado del Gobierno, y ese mismo día enviará una
citación formal al magistrado.
En este contexto, el
vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el juez Ricardo Recondo,
afirmó sentir “vergüenza de que exista un juez como Oyarbide” y remarcó
que el magistrado tendría que haber sido destituido en 2001, cuando el
Senado analizó una serie de acusaciones por su mal desempeño.
“Hay un procedimiento que
garantiza el derecho de defensa de un juez acusado y voy a ser el
primero en respetarlo porque así lo establece la ley, pero moralmente a
mí me da vergüenza que exista un juez como el doctor Oyarbide”, amplió
Recondo.
Por su parte, la diputada de UNEN
Elisa Carrió pide que el juez “hable y diga cómo obedeció al poder” y
señaló que “ahora se tiene que ocupar el PJ de sacarlo”, es decir, el
mismo partido que “lo protegió” ante tantos pedidos de destitución del
magistrado en el Congreso.
“Siempre fue un juez de y puesto
por la (Policía) Federal”, denunció Carrió e insistió: “Ojalá que hable,
ojalá que ese rosario que reza le sirva para algún día decir cuán
delincuente es él y cuán delincuentes son quienes lo usan. Los que
protegen delincuentes hay un momento en que tienen que sacar a los
delincuentes”.
Las acusaciones contra Oyarbide
se originaron luego de que el juez reconociera que, el 19 de diciembre,
en el marco de una causa por lavado de dinero, suspendió el allanamiento
de la mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi, tras recibir un
llamado del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos
Liuzzi.
Vale recordar que diputados
nacionales de la UCR y de la coalición UNEN denunciaron penalmente a
Oyarbide y al subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, por la
suspensión del allanamiento que el magistrado dispuso a una mutual luego
de recibir un llamado del funcionario.
[1] Fuente de información: Día a Día, 7/2/12, “Zanola denunció a Oyarbide por enriquecimiento ilícito”, http://www.diaadia.com.ar.
[2]
Fuente de información: Diario Popular, 17/8/12, “Schoklender
denunció a Oyarbide por presunto enriquecimiento ilícito”, http://www.diariopopular.com.ar.
[3] Fuente de información: La Nación, 8/11/13, “Oyarbide, una vergüenza y un peligro”, http://www.lanacion.com.ar.
[4] Fuente de información: Urgente24, 7/2/14, “Boudou no está solo: reactivan una causa contra Oyarbide”, http://www.urgente24.com.
[5] Fuente de información: Perfil.com, 12/3/14, “Coimas, intervención de poderes y pedido de juicio político”, http://www.perfil.com.
[6] Fuente de información: Clarín, 15/3/14, “Fuerte repudio al juez Oyarbide”, http://www.clarin.com.
Más información: Christian Sanz, Tribuna de Periodistas, 16/3/14, “La
sociedad de Oyarbide, Roncaglia y Berni para ‘parar’ allanamientos”, http://periodicotribuna.com.ar.
