La Corrupción Política en la “Década Ganada” (Capítulo XXIV)
CAPÍTULO XXIV
JULIO DE VIDO, ¿FUNCIONARIO PROBO O CORRUPTO?
En lo que parecemos, todos tenemos un juez; en lo que somos, nadie nos juzga. Johann Christoph Friedrich von Schiller
1. Absolvieron a Julio De Vido por enriquecimiento ilícito[1]
a) Alto nivel de vida que no se condice con el sueldo
La Justicia federal cerró una
causa contra el Ministro de Planificación Julio De Vido por supuesto
enriquecimiento ilícito, según informó hoy La Nación. El juez subrogante
encargado de la decisión fue Octavio Aráoz de Lamadrid y la dictó en la
misma resolución en la que se dispuso la absolución de su esposa, la ex
síndica general Alessandra Minnicelli.
El juez consideró que no había pruebas de que De Vido hubiera tenido un incremento patrimonial.
Sin embargo, la investigación no aclaró cómo hacía el ministro para sostener un nivel de vida que no se condecía con su sueldo.
Ése, y otros aspectos, eran parte
de la denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, el 28 de
julio pasado, en base a una nota del diario Crítica de la Argentina.
b) Las compras de Don Julio
El magistrado concluyó que entre
2003 y 2007 De Vido y Minnicelli solo habían incorporado dos
propiedades: una casa de campo de más de 300 metros cuadrados con un
predio de 3,8 hectáreas en el Club de Chacras Puerto Panal, en Zárate, y
una camioneta 4×4 Toyota Hilux, de 2007. Según el juez, los dos bienes
fueron adquiridos con dinero que el matrimonio tenía ahorrado.
c) Todo para el alquiler
En la investigación se comprobó
además que De Vido vive en un departamento en Avenida del Libertador y
Ortiz de Ocampo cuyo alquiler, según la denuncia, ronda los US$ 3000
dólares, casi lo mismo que cobraba de sueldo en 2007.
El juez explicó que
“eventualmente, no es delito que un funcionario gaste todo su sueldo en
el alquiler del departamento en el que vive “según información publicada
por el matutino.
d) Las 4 causas
En los últimos días trascendieron
varias decisiones judiciales que beneficiaron a funcionarios cercanos
al kirchnerismo. La fiscal en lo penal económico Carolinia Robiglio
pidió el sobreseimiento de Garré en una causa donde era investigada por
la venta de partes de fusiles FAL a Estados Unidos.
Por su parte, Aráoz de Lamadrid
se encargó de cerrar una causa por enriquecimiento ilícito contra el
secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. El mismo juez además
cerró en una sola resolución la causa contra Alessandra Minnicelli y
contra su esposo, De Vido.
2. Investigan por enriquecimiento ilícito al segundo de Julio De Vido[2]
a) El caso de José Francisco López
Se trata del secretario de Obras
Públicas y responsable de las obras están en la mira de la Justicia. Ya
venían siendo investigados sus inmuebles, razón que expuso la defensa
para evitar el avance de la causa. Sin embargo, ahora la fiscalía
dispuso centrarse en su enriquecimiento patrimonial.
b) José López y Julio De Vido
La Sala II de la Cámara en lo
Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de apelación
presentado por el secretario de Obras Públicas de la Nación, José
Francisco López, contra la decisión del juez Daniel Rafecas de
desestimar un planteo de cosa juzgada en un caso en el que se lo
investiga por enriquecimiento ilícito.
La causa se inició por una
denuncia presentada, el 28 de julio del 2008, por el abogado Ricardo
Monner Sanz, pidiendo se investigue el presunto enriquecimiento ilícito
del que serían responsables diversos funcionarios públicos, entre los
que se encuentra López.
Ante ello, López cuestionó que
existe un “doble juzgamiento”, en virtud de que existía un
pronunciamiento que hizo cosa juzgada con relación a la conducta por la
que ahora es investigado.
Así, dijo que existió un proceso
anterior, que se inició en 2006 a partir de una denuncia para que se
investigue a López y a otros funcionarios, luego de que un artículo
periodístico publicara (en Perfil, bajo el título “Se multiplican los
funcionarios que compran tierras en el paraíso kirchnerista de El
Calafate”) que en las respectivas declaraciones juradas de los
funcionarios se consignó el valor fiscal de los inmuebles de su
propiedad “cuando éstos serían mucho menores a los de mercado”. En 2008,
esa causa se archivó y López fue sobreseído.
El secretario de Obras Públicas
aseguró que la cuestión ahora denunciada “había sido ya objeto de
pesquisa” y pidió, en consecuencia, que se lo investigue solo por el
período posterior al 28 de febrero de 2008, cuando se dispuso su
sobreseimiento.
Según Rafecas, “entre ambas
pesquisas no existía la identidad pretendida, pues mientras la primera
estuvo orientada a determinar si López en las declaraciones juradas
presentadas en los años 2003, 2004 y 2005 había insertado datos falsos
en relación al valor de los inmuebles adquiridos en la provincia de
Santa Cruz, en la presente es investigado por el incremento desmedido de
todo el patrimonio de López desde su ingreso a la función pública”.
En consecuencia, el magistrado desestimó el planteo de cosa juzgada. Esa decisión fue apelada y ahora confirmada por la cámara.
Para los camaristas Horacio
Cattani y Martín Irurzún, la nueva investigación no constituye una
afectación a la garantía constitucional que prohíbe el doble
juzgamiento.
“No se advierte de qué modo el
sobreseimiento… pudiere tener los efectos que se reclaman, pues el
objeto procesal de la presente pesquisa no se desarrolla sobre la misma
plataforma fáctica que aquél, encontrándose en consecuencia ausente la
identidad exigida para la procedencia de la excepción introducida”,
indicaron.
“Ello, pues mientras en la causa
n° 12.812/06 intentó determinarse si López había consignado datos falsos
en las declaraciones juradas −supuesto que se consuma con su
presentación ante la autoridad competente−, en esta causa se investiga
si su patrimonio se ha incrementado ilícitamente”, señalaron.
Y agregaron: “Más allá de la
relación que entre ambas figuras pudiera existir en determinados
supuestos y de la particular interpretación efectuada por el a quo en
torno a la adecuación legal, resulta claro que, en el caso bajo
análisis, nos encontramos ante la dilucidación de eventos históricamente
diferentes”.
3. Aumento patrimonial desmesurado[3]
La fortuna del secretario de
Obras Públicas creció siete veces desde 2003. Maneja $ 31.000 millones
anuales. La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
José Francisco López no es uno de
los nombres resonantes del gobierno kirchnerista. No tiene fama, ni
presencia en los medios, ni candidaturas. Pero ocupa la Secretaría de
Obras Públicas de la Nación, un rol clave en el Ministerio de
Planificación Federal con una caja de 31.000 millones de pesos anuales, y
es el segundo detrás de De Vido.
Además, está acusado de enriquecimiento ilícito, ya que habría multiplicado su fortuna siete veces desde que asumió el cargo.
López informó bienes por 158.900
pesos cuando llegó al gobierno en 2003, y en su última declaración
jurada reconoce una fortuna de 1.109.815 pesos, un incremento del 698
por ciento, según los datos que posee la Oficina Anticorrupción.
Entre sus propiedades destaca La
Araceliti, una vivienda en la localidad de Concepción, Tucumán, que fue
ocupada por sus padres y ahora está reconvertida en una empresa que
produce entre tabaco y caña de azúcar.
López dijo ser el dueño de la
mitad de la empresa, mientras que la otra mitad está a nombre de su
esposa, María Amalia Díaz, jubilada del Poder Judicial de la provincia
de Santa Cruz.
La Araceliti está habilitada para
realizar construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y
eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras
públicas, informó el diario La Nación, que también reportó sobre las
sospechas de que la empresa auditaría las obras públicas nacionales en
la provincia. López posee, además, terrenos en la villa turística
santacruceña de El Calafate.
Por todo esto, López fue
denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto
enriquecimiento ilícito. El juez federal Daniel Rafecas, de licencia
hasta el 21 de febrero, espera los resultados de una pericia encomendada
al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para avanzar en la investigación.
El magistrado pidió ayuda a
Prefectura para relevar las propiedades investigadas y también investigó
las cuentas bancarias del funcionario, según el diario Clarín.
4. Reparto discrecional de fondos[4]
a) Nueva denuncia penal contra Julio De Vido
La presentación la harán mañana
dirigentes de UNEN. En un informe muestran cómo se benefició a
gobernadores aliados y cómo se castigó a opositores en la década K.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sumará mañana una denuncia penal en su contra.
Esta vez será por “abuso de
autoridad” y “malversación de caudales públicos”, a raíz del reparto
discrecional de más de 20.000 millones de pesos para construir viviendas
durante la última década.
Clarín adelantó en su edición
impresa de hoy el informe que elaboraron dirigentes de la Coalición
Cívica (la economista Fernanda Reyes y la diputada Elisa Carrió) y que
es el eje de la denuncia: allí, a lo largo de 29 páginas puede verse
cómo el Gobierno nacional utilizó estos fondos millonarios como método
de adoctrinamiento político.
Según precisaron a este diario
desde la Coalición Cívica, la denuncia contra De Vido será presentada
mañana. Esta tarde quedarán definidos los dirigentes que sumarán su
firma a la presentación que ya avalaron Reyes y Carrió.
Será luego de una reunión entre
algunos de los principales dirigentes porteños del espacio UNEN. Además
del ministro, la denuncia incluye a “quienes hayan sido titulares en el
momento de cometidos los hechos, de la Secretaría de Obras Públicas,
dependiente del ministerio recién mencionado, y de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la secretaría referida”.
b) Envíos de fondos millonarios discriminativos
El informe que acompaña el
escrito muestra cómo el Gobierno priorizó el envío de fondos millonarios
a provincias gobernadas por dirigentes aliados. E incluso, cómo frenó
las transferencias a estos distritos cuando esos mismos mandatarios
tomaron posturas contrarias a la Nación, como ocurrió durante el
conflicto con el campo.
En Santa Fe, por caso, en 2006,
al peronista aliado Jorge Obeid le enviaron 220 millones de pesos para
viviendas, mientras que en cinco años, a los socialistas que lo
sucedieron, Hermes Binner y Antonio Bonfatti, solo les llegaron 181
millones.
[1] Fuente de información: Perfil.com, 5/3/09, “Absolvieron a Julio De Vido por enriquecimiento ilícito”, http://www.perfil.com.
[2]
Fuente de información: La Política online, 7//9/09,
“Investigarán por enriquecimiento ilícito al segundo de Julio De Vido”, http://www.lapoliticaonline.com.
[3] Fuente de información: Perfil.com, 8/2/11, “La Justicia investiga a José Francisco López, segundo de De Vido”, http://www.perfil.com.
[4] Fuente de información: Clarín, 8/1/14, “Denuncian penalmente a De Vido por el reparto discrecional de fondos”, http://www.clarin.com. Más información: Clarín, 11/3/14, “Un fiscal imputó a De Vido por el reparto de plata a provincias”, http://www.clarin.com.
