LAS 13º DERROTAS DE MALVINAS
PARTE 1: LAS RESERVAS MARÍTIMAS PROTEGIDAS. EL BLUE BELT DEL REINO UNIDO
EL ESCUDO DE PROTECCIÓN BIOLÓGICO DE LAS CAPTURAS BRITÁNICAS
La primera derrota,
mal que nos pese, ya todos la conocemos, fue el 14 de junio de 1982
cuando Benjamín Menéndez firmó la rendición de los argentinos en
Malvinas. La siguiente decena de derrotas de Argentina
son menos conocidas por el común de los ciudadanos y, les ha permitido
al Reino Unido ocupar 1.639.900 km2 del mar argentino, mucho más que el archipiélago de Malvinas que solo alcanza a los 11.410 km2,
y también, extraer nuestros recursos
pesqueros a través de buques extranjeros por valor de 21 mil millones
de dólares a la primera venta, un valor que a la comercialización final
de entre 63 y 148 mil millones de dólares desde 1976 a la fecha, por lo
cual los habitantes de malvinas, tienen uno
de los ingresos per cápita más altos del mundo.
La décima tercera derrota de la posguerra se produce con la reciente sanción de las
leyes de las “Áreas Marinas Protegidas” Namuncurá-Banco
Burdwood (Ley 26.875, 26/8/2013); Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes
(12/12/2018), que someten estos espacios marítimos, sus plataformas y
lechos al régimen establecido por la Ley 27.037.
Esta iniciativa del P.E.N. fue promovida por entidades ambientalistas,
que, sin embargo, nunca cuestionaron la depredación que realiza el Reino
Unido en el área de exclusión británica de Malvinas, en la Z.E.E.
Argentina y adyacente a esta, por buques pesqueros
licenciados por el gobierno ilegal en Malvinas por un volumen de unos
42 millones de toneladas de pescados y moluscos desde 1976 a la fecha,
sin computar, los descartes en alta mar y el trabajo esclavo de sus
tripulantes, generando, un gravísimo desequilibrio
en el ecosistema del mar argentino. Las mismas, bajo un aparente
sustento ambientalista le quitaron el pasado 12 de diciembre a
la Secretaría de Pesca, Energía y Minería la condición de Autoridad de
Aplicación en más de 125.975 km2 vinculados al área
de Malvinas, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y
reservándole al Reino Unido los recursos de estas
«áreas marinas protegidas» con el que se abastecen los buques
licenciados por Malvinas. Llamativo, es el desinterés de aplicar la
misma vara, por parte de estas ONGs Ambientalistas en el área de
ocupación de facto de las 200 millas marinas -unos 438.000
km- alrededor de Malvinas y otras tantas millas alrededor de Georgias
del Sur y Sándwich del Sur y en los 1.900 Km2 ocupados en
forma prepotente por el R.U. el 22 de agosto de 1994, al noroeste de
Malvinas -el denominado GAP- fuera de la denominada
área de exclusión inglesa, una importante área de captura del calamar
y, tampoco, en el millón de km2 declarados “reserva
ecológica” en forma unilateral por Gran Bretaña. No es necesario que
nosotros supongamos los motivos, un tanto obvios, pero
son los propios ingleses quienes los develan: el 6 de agosto de 2013 el
gobierno ilegal en Malvinas dio la bienvenida al anuncio del
establecimiento del área marítima protegida, aunque, claro está, rechazó
que la Argentina pudiera tener injerencia en un muy
pequeño espacio oriental donde el área Namuncurá-Banco Burdwood alcanza
la zona de exclusión bajo su control y, donde la Argentina no podría
ejercer control alguno, aunque, es bueno recordarlo, que, con un
promedio de dos buques extranjeros apresados por año
por la Prefectura en todo el Atlántico Sur es poco probable que haya
algún control argentino en estas áreas seleccionadas.
Y la citada reserva no está totalmente dentro del área de exclusión
británica por voluntad de Argentina, sino porque Gran Bretaña se ajustó
en un todo a la CONVEMAR y separó en una línea imaginaria equidistante
las 200 millas marinas, en atención que se considera
a nuestras Islas un país ribereño que linda con el nuestro continente
por imperio de la referida Convención del Mar, en la que se resguardan
los ambientalistas para propiciar éstas y futuras reservas marinas que
pretenden alcanzar el 10% del total del Atlántico
Sur, lo que ya de por sí, carece de todo rigor científico, porque esa
proporcionalidad o la que pudiese fijarse no representa la diversidad
biológica, sus procesos reproductivos, etc. ni la interrelación en el
ecosistema ni la cadena trófica del Atlántico
Sur.
Para diseñar y tomar esta compleja decisión, quienes promovieron esta
iniciativa no mantuvieron reuniones de trabajo con los Sindicatos
pesqueros ni las Cámaras Empresarias y solo consultaron a cuatro
empresas, una noruega, una empresa española y dos empresas
asociadas argentino-japonesas, una de las cuales compró en 2015 una
empresa japonesa suspendida por operar ilegalmente en Malvinas a través
de la firma chilena Emdepes. Por otra parte, los cuatro informes
técnicos de merluza negra del INIDEP resultan insuficientes
e inespecíficos para establecer el área, de mismo modo, el único papel
no oficial referido a la merluza de cola, al igual que la bibliografía
inespecífica citada. ¿Tuvieron en cuenta los funcionarios de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable las
vedas sobre este territorio del INIDEP? ¿Denunció esta repartición la
captura en áreas de veda de juveniles de merluza negra? Todo indica muy
poco rigor científico y la falta de acciones podrían tipificarse de
incumplimiento de los deberes de funcionario público
por falta de protección de la sustentabilidad de los recursos.
Aun así, señores ambientalistas y del Poder Ejecutivo Nacional (en su
momento C.F. de Kirchner y ahora Macri) ¿por qué no empezamos por la
Zona de Exclusión de Malvinas? ¿Quién fija la estrategia nacional, para
que luego los tecnócratas la instrumenten o estamos
en manos de estos últimos?
Es más, por si no lo saben, señores políticos, burócratas y
ambientalistas actuantes, la Argentina por imperio de la Ley 24.922, sus
Artículos 1°; 5° c); 7° a), c), e), g); 9° b), c); 11º; 12º; 17º; 18º,
19º, 21º c), g), h), i), l), n), ñ), o) entre otros
incisos; 38º c), d) y e) tiene facultades suficientes para efectuar
prohibiciones de exploraciones, extracciones, explotaciones;
rendimientos máximos sostenibles; reservas; vedas; paradas de buques y
otras medidas relativas a la sustentabilidad biológica y
ambiental en toda la Z.E.E. Argentina e, incluso, sobre los recursos
migratorios y asociados en el área adyacente a esta, por imperio del
artículo 4º. En todo caso, tendrán que plantearle al Subsecretario de
Pesca, al Concejo Federal de Pesca -que entre otros
funcionarios está integrado por un miembro titular y otro suplente de
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable e, igual número de
integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- o bien
podría intervenir con igual objeto el propio secretario
y ex Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Les bastaría con
dictar una simple Resolución de alcance a todo el Atlántico Sur
Argentino para resaltar la vigencia de la ley 24.922 sin necesitar el
dictado de ley alguna y ello, lógicamente, alcanzaría
también a los importantísimos espacios marinos argentinos ocupados
arbitrariamente por el Reino Unido.
Toda la explotación del mar argentino debe ser sustentable y no una porción de nuestro territorio marítimo
y, más aún, cuando esos espacios son especialmente de interés inglés.
El Estado, en cabeza de sus distintas Autoridades de Aplicación
en los campos de la Pesca, la Energía, la Minería, la actividad
agropecuaria, la industria farmacéutica, química, gastronómica, etc.
deben asegurar que todas las prácticas se realicen por sí o a través de
las empresas habilitadas, concesionadas, etc. en forma
sustentable ambientalmente y también social, laboral y económicamente. Y
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable -que no ha podido
resolver ni el saneamiento del Riachuelo- debería auditar que eso ocurra
y no lo contrario -poniendo el caballo atrás
del carro- de modo que los dos actores principales: el Estado y los
ciudadanos, preserven el ambiente y los recursos para la alimentación,
generación de energía, etc. para todos los argentinos de hoy y las
generaciones futuras. Por ejemplo, poner su energía
en evitar los descartes en alta mar nos aseguraría dos millones de
raciones diarias para nuestros niños pobres y un espacio marítimo sin
contaminaciones y, por citar, solo algunas cuestiones: controlar la
ejecución cierta de las vedas o reservas que establece
el Consejo Federal Pesquero o los gobiernos del litoral marítimo o,
verificar el desembarco de las especies incidentales en la captura del
langostino, sería una obra significativamente de mayor importancia
cuali-cuantitativa, que declarar estas reservas, que
no solo perjudican a las pocas empresas habilitadas que pescan en esa
zona -ejerciendo soberanía- sino que benefician a los buques con
licencia británica. Estas cuestiones no parecen haber sido tenidas en
cuenta por Patricia Gandini y, su premiación de la
WWF, se ha debido a su promoción de las nuevas Áreas Marinas Protegidas
(AMP) en el mar argentino, pese, a que la propia Presidente Yolanda
Kakabadse, de la citada organización Internacional de origen inglés
-fundada en 1961 por el británico Gerald Watterson
y Sir Peter Scott- da una explicación contraria a la creación de estas
reservas cuando nos dice que «el problema no es la disponibilidad del
recurso, sino que estamos consumiendo en forma abusiva e irresponsable»
(El Heraldo, 19/4/2014) y ello debiera alcanzar
en especial a la explotación pesquera a través de licencias -un método
absolutamente perimido como la explotación de ganado en pie- que realiza
el Reino Unido en Malvinas y, sobre la que no se ha expedido esta
organización internacional, tal vez por su propio
origen. Sería interesante también conocer que hizo la citada psicóloga
Yolanda Kakabadse en su paso como Ministra de Ambiente del Ecuador entre
el año 1998 y 2000, bajo el gobierno del luego derrocado Jamil Mahuad,
político que abandonó el poder y que prácticamente
llevó a la quiebra a Ecuador, desapareció la moneda y la dolarizó y,
fue condenado con ocho años de prisión; pero, lo más interesante qué
hizo esta Ministra de Ambiente entre 1995 y 2011, donde Petroecuador
registró al menos 1.983 derrames de petróleo en la
región amazónica, lo cual equivale a un derrame de petróleo cada tres
días a lo largo de 17 años (Gudynas Eduardo, Ambiente, Desarrollo y
Naturaleza. “Acción y Reacción. Mi amigo el Ministro de Ambiente,
13/05/2009).
Bien, no nos caben más dudas, cuando vemos que el Reino Unido no ha
declarado una sola Área Marina Protegida el Atlántico Norte ni el Mar
del Norte y, por el contrario, como lo indicó la Embajada Británica en
Santiago (GOV.UK, 5/9/2017) en el IV Congreso Internacional
de Áreas Marinas Protegidas (AMP), Gran Bretaña lanzó el «Programa Blue Belt» para
«proteger unos 4 millones de km2 alrededor de los Territorios Británicos de Ultramar», por considerarse
«custodios de la quinta mayor área marina del mundo»,
cuestión que el propio Ministro de Relaciones Exteriores británico, Sir
Alan Duncan -sí, el mismo que firmara el Pacto con Foradori- durante la
conferencia
“Our Oceans” en 2016 ya había anunciado -que por cierto, organizaciones
inglesas, como la WWF internacional apoyan- la designación de AMP
alrededor de Santa Helena (444.916km²); Pitcairn (840.000 km²); Isla
Ascensión (445.390km²) y Tristán da Cunha (750.510km²).
Mencionó también este funcionario que el R.U. declaró anteriormente AMP
en el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT: 640.000 km2); Georgia del Sur y las Islas Sándwich del Sur (SGSSI, 1 millón de km2
en 2013) y lideró el AMP aprobado
en la plataforma sur de las islas Orcadas del Sur, a través de la
Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (94.000 km2 en 2009) y que, por cierto, los
gobiernos de Argentina se han prestado rápidamente a satisfacer
¿sin necesidad de intervención británica? declarando ya tres AMP, de
modo que, junto a otras medidas que se citan en este trabajo,
se le preste un escudo biológico -un cinturón azul dicen los ingleses-
para asegurar la llegada de recursos como el calamar, merluza común y
negra, hoki, polaca, nototenia, bacalao austral y otros que son
sustanciales para la economía de la
Malvinas usurpada.
En la urgencia por crear estas áreas no descartamos la necesidad del
Reino Unido post Brexit y el alineamiento de Donald Trump con su siempre
eterna socia en la Unión Europea y, el reinicio de las reuniones de la
Comisión Conjunta de Pesca en el Atlántico Sur.
La segunda derrota argentina incluyó tres hechos trascendentes:
a) la sesión de los recursos pesqueros
por parte del negociador argentino. El diplomático jubilado
Lucio García del Solar el 16/17 de agosto de 1989 se reunió a solas en
Nueva York con Crispin Tickell de Gran Bretaña. El Embajador inglés le
dijo al argentino: «le pedimos que la Argentina
reconozca que existe, en la práctica, una FICZ (una zona de exclusión
pesquera). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público,
simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas». A lo que García
del Solar respondió: «…El levantamiento de
la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ (pesca); la zona de protección
militar es anacrónica»[1].
Ello, luego sería instrumentado por los funcionarios Caputo, Cavallo,
Solá, Ruiz Cerutti, Dadone, Basabe
y Otegui, entre otros. Ninguno de ellos experto en pesca. Tanto lo sé,
como que Cavallo me bajó del avión bajo el pretexto que en mi condición
de Secretario excedía el nivel previsto de los negociadores (¿?);
b) La desmalvinización, que se inició durante el
proceso militar y continuó con todos los gobiernos democráticos hasta De
la Rúa inclusive, aunque luego de este, hubo muchos otros personajes
que
al calor de la política de entrega y humillación nacional favorecieron los intereses ingleses y,
c) los llamados Acuerdos de Madrid, cuya entrega militar y económica bien describe Julio C. González en su libro «Los tratados de Paz por la Guerra de Malvinas» (1998) y en las implicancias pesqueras y territoriales
este autor en «Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio» (2009) o el propio Felipe Solá en su Biografía «Peronismo, Pampa y Peligro»
(pág. 109:115, 2018). En estos acuerdos la propuesta del “paraguas”
iniciada por Caputo
y refrendada por Cavallo, no hizo otra cosa, que propiciar la formula
inglesa, que la Argentina ya había rechazado en febrero de 1981: «congelar las cuestiones de “soberanía” y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas».
La congelación de la soberanía benefició claramente a Gran Bretaña,
quien estaba y, está, en posesión de Malvinas y el mar circundante. En
un partido de futbol, el que lo congela -el que retiene la pelota- es el
que está ganando, no, el que lo va perdiendo.
La tercera derrota argentina. En
1833, las Islas y tres millas marinas a su alrededor estaban en poder
del Reino Unido, ello, duró mucho tiempo. En 1982, como producto de la
confrontación bélica fueron 150 millas. El
29 de octubre de 1986, efectivizada el 2 de febrero de 1987 a
consecuencia del Acuerdo Marco Pesquero con la U.R.S.S. y Bulgaria,
firmados por el Canciller Caputo el 28/29 de julio de 1986 con la
ingenua pretensión que los buques de esos países pescaran en
Malvinas, Gran Bretaña declaró la Zona de Provisional de Conservación y
Administración de las Pesquerías, conocida en la Argentina como la
“Zona de Exclusión Pesquera”, donde los buques argentinos nunca más
pudieron pescar, dando lugar a que el Reino Unido
se considerara un país ribereño, en acuerdo a las prescripciones de la
Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR).
Significó una importantísima derrota en lo territorial y pesquero.
La cuarta derrota argentina fue la sanción el 10
de septiembre de 1991 de la Ley 23.968 sobre “los espacios marítimos”
que determinó las líneas de base y abrió el camino a que el Reino Unido
delimitara ilegalmente su propia Z.E.E. alrededor
de Malvinas, amparada en las regulaciones de la citada CONVEMAR y, a la
ratificación por parte de Argentina de esta por Ley 24.543 del 13 de
septiembre de 1995. Ambas leyes fueron promovidas por Cavallo. Esta
Convención dio motivo a numerosas discusiones políticas
y jurídicas, referidas en especial, a su alcance y a la limitación de
nuestro mar territorial, que por Ley 17.094 era de 200 millas marinas y
por la CONVEMAR se limitó a sólo 12 millas marinas, una zona contigua de
12 millas y la Z.E.E. hasta las 200 millas,
además, de la limitación a la plataforma continental a 350 millas,
cuando es sabido, que en el área de Malvinas nuestra plataforma supera
largamente esas millas. Lo que pudo tratarse de una respuesta
reivindicatoria de los países sudamericanos del Atlántico:
Argentina (1966), Uruguay y Brasil; del Pacífico: Chile (1952), Perú
(1970) y Ecuador; y de Centro América, Santo Domingo (1972); terminó, a
nuestro juicio, como una claudicación inaceptable; porque nos redujo la
soberanía plena del mar territorial argentino,
contrario a la República de Perú que sostuvo su posición y no le ha
impedido hasta nuestros días ejercer su soberanía marítima y, nos quitó,
gran parte de nuestra Plataforma Continental afectando nuestros
intereses soberanos en Malvinas y la Antártida y, a
su vez, no dio solución alguna a la intolerable pesca depredadora de
nuestros recursos migratorios y asociados, donde la CONVEMAR dejó afuera
de los clasificados como “altamente migratorios” al calamar, la merluza
y otras especies argentinas, sin que los sucesivos
gobiernos argentinos, pese a los años transcurridos, promovieran
enmienda alguna, como prevé la CONVEMAR. Y ello, a nuestro juicio,
encuentra un único fundamento: el calamar
Illex argentinus (su solo nombre científico prueba que es
argentino) que migra anualmente a Malvinas y es el sostén principal de
los ocupantes de las Islas, pero, también, la interrelación con terceros
países.
Cavallo, a poco de llegar al gobierno, tuvo una notoria vocación por
promover una pronta relación con Inglaterra, muy deteriorada desde 1982;
pero, a nuestro juicio, este arreglo se planteó con un criterio
meramente economicista, dejando de lado cuestiones
soberanas y, con la opinión de los principales asesores globalizados,
que ya tenían posición tomada, y que, en nuestra opinión, habían perdido
interés en las posiciones nacionales que consideraban de cabotaje. Es
decir, la necesidad de un arreglo urgente hacía
prever un arreglo “a cualquier precio”. Y así fue.
En la PARTE 2 hablaremos de las derrotas argentinas 5º a 12º de la posguerra de Malvinas
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