Ayer al mediodía, el comité de crisis del gobierno, coordinado por el
Secretario de Seguridad Sergio Berni, habría advertido que los peores
pronósticos se confirmaban. La protesta salarial de la Gendarmería y la
Prefectura se extendía como una mancha de aceite en las Fuerzas Armadas y
las policías provinciales. Prueba de ello era la masiva concentración
de policías bonaerenses del Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA) en
las escalinatas del ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce
Ricardo Casal y el autoacuartelamiento del Regimiento de Infantería de
Montaña 22 de San Juan. En medio de un mar de versiones, distintos
informes de inteligencia predecían autoacuartelamientos militares y
policiales importantes en Córdoba, Tucumán y Mendoza, además de varias
provincias patagónicas. Ceder ante los reclamos de 7000 pesos de sueldo
mínimo, además de la contratación de una ART y otras cuestiones, no era
evaluada como una opción razonable en la Casa Rosada. El impacto
presupuestario sería enorme y ni siquiera pondría fin al conflicto,
porque el personal civil de las fuerzas y los empleados de las
administraciones públicas provinciales y de la nacional podrían
movilizarse con reclamos semejantes. Pero además, en caso de ceder, el
gobierno luciría derrotado ante el mundo político, sindical y
empresario, que empezaría a plantarse ante CFK de un modo distinto. Lo
que les dio todavía mayor gravedad a los análisis oficiales fue la
comprobación de que la protesta en Gendarmería y Prefectura no está
liderada por oficiales sino por los mismos grupos de suboficiales, que
por primera vez irrumpen en escena sin la conducción de ningún mando
superior.
Redoblar la apuesta
La discusión en el gobierno se centraba entonces ayer en la
determinación del rumbo a seguir. Desde la jefatura de gabinete se lanzó
una débil ofensiva mediática intentando instalar el clima de un
pregolpe de Estado. Pero este intento chocaba con la baja credibilidad
pública, ya que el gobierno no tenía a quiénes acusar por la supuesta
conspiración. Según trascendió, la presidente, seriamente afectada por
los hechos, se inclinaba por creer que detrás de los suboficiales hay
operaciones políticas de distinto origen. Por ejemplo, una versión
indicaba que el próximo miércoles gendarmes y prefectos marcharían a
Plaza de Mayo -de uniforme- junto a Hugo Moyano y Pablo Micheli. No es
un secreto que la masa de suboficiales de la Prefectura provienen de las
provincias del litoral y en su mayoría son peronistas. Algo similar
ocurre en la Gendarmería con la gran cantidad de suboficiales peronistas
que son de las provincias del NOA. De consolidarse la sindicalización
de las fuerzas de seguridad, el oficialismo también temería que los
nuevos gremios armados se conviertan en un brazo de la CGT moyanista.
En medio del desconcierto generalizado, ayer al mediodía la
presidente, Carlos Zannini y el titular de la Secretaría de
Inteligencia, Héctor Icazuriaga, empezaron a elaborar una respuesta
política digna del kirchnerismo, que ama redoblar las apuestas.
Se trata de un decreto declarando el estado de sitio en todo el país
por una semana, aplicando así el artículo 23 de la Constitución
Nacional, que dispone: “En caso de conmoción interior o de ataque
exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de
las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio en la
provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden,
quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante
esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí
ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las
personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación,
si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”. La
existencia de conmoción interior estaría -a juicio de la cúpula del
gobierno- plenamente justificada por la insubordinación masiva de las
fuerzas y la ruptura de la cadena de mandos en forma inédita. La jugada
política consistiría en que, con el decreto firmado, la presidente
reaparecería ante las cámaras para anunciar que la democracia está en
peligro y que ordenará el arresto de los responsables de la protesta,
pidiéndole al Congreso Nacional que convalide inmediatamente el estado
de sitio. En caso de agravarse la situación, el cristinismo convocaría a
la movilización masiva a Plaza de Mayo y presionaría a la dirigencia
opositora para que se solidarice con la Casa Rosada en la defensa de las
instituciones. Algunos talibanes del cristinismo -según otra versión-
propondrían que se aproveche el estado de sitio para detener a una serie
de opositores y periodistas a los que se acusaría de conspirar. Esta
desafortunada receta fue aplicada por Raúl Alfonsín en octubre de 1985.
El 25 de ese mes dictó el estado de sitio en todo el país por sesenta
días y denunció una conspiración contra el orden constitucional.
Inmediatamente, ordenó la detención de 12 personas por presuntas
vinculaciones con un “complot golpista”.
Fue la reacción ante una escalada de violencia que había comenzado
seis meses antes y que incluyó innumerables amenazas de bombas y la
detonación de varios explosivos, que estallaron en una escuela; en la
casa del ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y en el
estacionamiento del Edificio Libertador, entre otros sitios. Se trató
del primero de los estados de sitio desde el retorno de la democracia.
El 29 de mayo de 1989, Alfonsín, volvió a disponer el estado de sitio en
todo el país por 30 días, debido a los graves desórdenes que se habían
producido por activistas que incitaban a saquear almacenes y
supermercados en el interior. Por último, horas antes de renunciar,
Fernando de la Rúa firmó el 19 de diciembre del 2001 el decreto 1678,
que establecía el estado de sitio en todo el país por el término de 30
días. Se trató de un desesperado intento por contener la ola de
violencia social que terminó con la gestión radical.
Ahora, los partidarios de jugar la carta del estado de sitio
señalarían que, con el mismo, la oposición se vería obligada a ponerse
del lado del gobierno y Hugo Moyano no tendría más remedio que suspender
su movilización del próximo miércoles. Y hasta el cacerolazo del 8-N
podría posponerse si se extendiera hasta entonces el estado de sitio.
Además, CFK retomaría la iniciativa en un rol que le agradaría: el de la
presidente que lucha por defender la democracia en peligro.
