La Corte, ante su inevitable intervención en el caso Clarín
El tribunal viene eludiendo la colisión con el cristinismo.
Al decir que la Corte que no se dejará presionar, hay que interpretar
que su presidente, Ricardo Lorenzetti, quiso decir que este tribunal no
intervendrá antes de tiempo en la acción por inconstitucionalidad de la
ley de medios que Clarín interpuso en el Juzgado Federal Civil y
Comercial N° 1. O sea que antes deben cumplirse todos los pasos
procesales previos. Por su parte, el gobierno emite señales no siempre
concordantes. Por un lado, deja correr que la AFSCA actuará de oficio
pasado el 7 D, poniendo en marcha la desinversión compulsiva en las
empresas de Clarín que se encuentren para entonces en infracción de la
ley. Pero al mismo tiempo, Miguel Ángel Pichetto presentó el proyecto de
ley para reglamentar el per saltum. Esto significa, para
empezar, que en la Casa Rosada no confían en controlar a la Cámara Civil
y Comercial si, una vez que se inicie el operativo del 7D, Clarín se
presenta judicialmente y obtiene una medida cautelar y, rechazada ésta,
llega en apelación a aquel tribunal. O, a la inversa, si el gobierno es
el que apela el otorgamiento de la medida favorable al multimedios. Con
el per saltum, el cristinismo intentaría entonces el rápido acceso a la Corte. Confía en que el alto tribunal no se animaría a rechazar el per saltum
ante la enorme presión mediática y que, luego, tampoco se atrevería a
darle la razón a Clarín, ante el riesgo de que el gobierno la acuse de
desestabilizar. Pero no todo es blanco o negro: es casi imposible que la
Corte declare la inconstitucionalidad de la ley de medios, pero sí
podría fallar a favor de un plazo de gracia a Clarín para adecuarse al
artículo 161. En este último caso, el gobierno saldría golpeado pero ya
tendría un plan alternativo. Esto es, aplicarle a Cablevisión la misma
receta que a YPF y Ciccone: la intervención con expropiación. Y para
esto no necesita de la ley de medios. Le basta con argumentar que el
cable debe ser considerado servicio público y que el Estado debe hacerse
cargo de una empresa que es casi monopólica. Sería un error pensar que
la ley de medios agota el arsenal del gobierno contra Héctor Magnetto.
Desde el ángulo de Clarín, si le tocara llegar a la Corte con un recurso
extraordinario contra una sentencia de cámara, el mismo no tendría
efectos suspensivos, es decir que le sería de relativa utilidad
política.
Diplomacia judicial
Hasta ahora, la Corte en su actual composición ha fallado contra el
gobierno en contadas ocasiones. Una de las mismas fue el caso Badaro,
que dispuso el ajuste de las jubilaciones. Pero la realidad es que la
ANSES, con pleno aval de la presidente, hizo caso omiso de este fallo.
En otro caso, el del fallo de la Corte ordenándole al gobierno de Santa
Cruz que repusiera en su cargo al ex Procurador de esa provincia,
Eduardo Sosa, la desobediencia al mismo fue flagrante y el tribunal optó
hace dos años por denunciar al gobernador de Santa Cruz, Daniel
Peralta, por incumplir la sentencia. Esto viene a cuento de que, en
casos de gravedad institucional como los de estos dos ejemplos, el
gobierno simplemente optó por desoír al tribunal y éste por disimular la
situación y no avanzó en el procesamiento de los funcionarios
responsables. La ley de medios puede ser entonces un nuevo capítulo de
esta serie.
Lorenzetti sugirió en su discurso de anteayer ante los jueces que,
para destrabar la situación del Consejo de la Magistratura, el ejecutivo
podría modificar por ley la composición del mismo. Se trata de un
camino peligroso, porque este gobierno podría reducir aún más la
representación de la minoría en el organismo. La última reforma legal
del Consejo fue impugnada judicialmente por la oposición por su
inconstitucional. Pero la Corte se inclinó por cajonear el expediente.
Es decir que el máximo tribunal dejó correr la sanción de leyes
claramente inconstitucionales. Hay que recordar que la Corte, en tiempos
del proceso de reorganización nacional, obligó a las fuerzas armadas a
definir la liberación de Jacobo Timerman, en un hecho que marcó un hito.
Durante la presidencia de Eduardo Duhalde, la Corte también se hizo
sentir con el fallo San Luis, a favor del pago en dólares a los
ahorristas. Hoy por hoy, Lorenzetti y los demás ministros se vienen
esforzando por evitar un fallo que los distancie definitivamente de la
Casa Rosada.
