La postura de la Corte en la designación de Tettamanti y el acuartelamiento de los prefectos sorprendieron al gobierno.
La presidente se compromete cada día más a que el 7-D se le aplicará a
Clarín el artículo 161 de la Ley de Medios, o sea, la desinversión
compulsiva y el llamado a licitación de las licencias en infracción.
Pero el talón de Aquiles de la operación está en el Juzgado Federal N° 1
en lo Civil y Comercial, que tramita la causa iniciada por el Grupo
Clarín, en la que demandó la inconstitucionalidad de cuatro artículos de
la Ley de Medios: el 161, que desconoce retroactivamente licencias
vigentes, obligando a desprenderse de ellas en un año, y el 45, que
establece un régimen irrazonable y discriminatorio para ser titular de
licencias.
Este juzgado, de concretarse el intento oficial para aplicar el
artículo 161, podría en diciembre hacer lugar a una medida de no innovar
y resolver que el plazo de un año para la desinversión recién empieza a
correr el 7-D, lo que importaría una enorme derrota para el
cristinismo.
Esa causa estuvo originalmente a cargo del juez Edmundo Carbone,
quien a su vez dictó la medida cautelar que mantiene suspendido para el
Grupo Clarín el artículo 161, y que fue ratificada por la Cámara y la
Corte Suprema. El 11 de septiembre pasado, como presidente de la Cámara
en lo Civil y Comercial Federal, Ricardo Recondo designó al juez Raúl
Tettamanti como subrogante permanente. A toda velocidad, el gobierno
montó entonces una nueva operación, en este caso para dejar sin efecto
la designación de aquél, considerado pro Clarín. La ofensiva comenzó en
la reunión del lunes pasado con la presentación realizada por una de las
postulantes al concurso 258, María Lorena Gagliardi. En ella denuncia
“irregularidades en la selección de jueces subrogantes “al tiempo que
solicitaba que el consejero-juez Ricardo Recondo, “deba ser recusado por
los hechos”, puesto que su firma presuntamente figura en uno de los
sorteos realizados.
Gagliardi, que ocupa el sexto lugar en el orden de mérito del
concurso aprobado en la Comisión de Selección, sostuvo además en su
escrito que el tribunal de superintendencia del fuero realiza
“subrogancias rotativas” en los juzgados N° 1 y 7, y “nombra a dedo a
jueces subrogantes”, lo que es un “claro caso de ‘forum shopping’”.
Es por ello que pidió la “exclusión en el tratamiento del concurso 258”
de Ricardo Recondo, fundado en la “irregular actuación de éste”. La
maniobra cerraría con la recusación de Recondo y, al modificarse así la
mayoría, el Consejo podría designar entonces a Gagliardi en el lugar de
Tettamanti. Gagliardi es desde hace cuatro años directora del Organismo
Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), dentro de la
órbita de la Jefatura de Gabinete. Su padre, Josué Gagliardi, médico de
Choele Choel, fue elegido por la lista del FPV como diputado nacional
suplente en 2011 y tendría una relación estrecha con el jefe de los
senadores K, Miguel Pichetto, quien tarde o temprano debería decidir
sobre el pliego. Antes de iniciar esta maniobra, el gobierno se ocupó de
sondear la opinión de la Corte Suprema sobre este asunto. Varios
operadores del gobierno, entre ellos Horacio Verbitsky, a través de
Eugenio Raúl Zaffaroni, trabajaron rápidamente para detectar si el alto
tribunal facilitaría la operación cristinista y no se opondría al
reemplazo de Tettamanti por Gagliardi. Según trascendió, la evaluación
que Verbitsky habría transmitido en Olivos sería positiva. Pero los
hechos demostraron lo contrario. La Corte se movió en la dirección
contraria a la prevista por Verbitsky y otros consejeros presidenciales:
La Secretaría General y de Gestión del tribunal rechazó por
improcedente la aprobación de jueces subrogantes pedida por la Cámara
Civil y Comercial. En otras palabras y a través de un área de
superintendencia, la Corte declaró “inoficioso” pronunciarse sobre un
pedido que le formuló la Cámara del fuero sobre la designación de un
subrogante en ese juzgado, con lo que tácitamente avaló la designación
de Tettamanti. En Olivos esto cayó como un baldazo de agua fría y los
operadores que apostaron a la complacencia de la Corte, Verbitsky en
primer término, quedaron seriamente descolocados ante una presidente más
irritada que de costumbre y con motivos. Todavía está sufriendo los
efectos de la malograda “operación Harvard”, adonde concurrió a lucirse y
terminó protagonizando un papelón.
El sindicato de los prefectos
En otro campo, la socia política de Verbitsky, la Ministra de
Seguridad Nilda Garré, acaba de ingresar a un tembladeral, porque la
movilización sindical masiva de los efectivos de la Prefectura Naval la
sorprendió a ella y a todo su equipo, incluido el CELS de Verbitsky, que
hacen alarde de controlar al detalle lo que ocurre en las fuerzas de
seguridad. El decreto 1307 de este año, que dispuso reducciones
significativas en los sueldos, “fue la gota que rebasó el vaso”, aunque
en el problema salarial viene desde hace años. El Decreto en cuestión,
firmado por Cristina Kirchner y la ministra de Seguridad, Nilda Garré,
establece la revisión de “algunos suplementos particulares y
compensaciones que percibe el personal con estado militar de gendarme en
actividad de la Gendarmería Nacional y con estado policial en actividad
de la Prefectura Naval Argentina”. La proporción de estos suplementos
es tan importante que algunos efectivos cobraron el último mes hasta el
40 por ciento menos que el anterior. Por otra parte, las distorsiones
son tan grandes que un gendarme -o prefecto- que consiguió una medida
judicial a favor cobra, por ejemplo, 6000 pesos y el que no, 3000.
Anoche en el acuartelamiento de Prefectura ante el edificio Guardacostas
se registraron escenas impensadas, como, por ejemplo, que varios
prefectos generales fueran insultados, escupidos y recibieran el impacto
de los objetos que les arrojaban sus subordinados. El asombro de los
funcionarios de Garré fue mayor cuando se supo que la Gendarmería,
paradigma de la obediencia ciega, estaba a punto de acuartelarse por el
mismo motivo que la Prefectura. La Gendarmería fue presentada por el
gobierno como la fuerza modelo para contraponerla a la castigada Policía
Federal, a la cual Garré se dedicó a purgar permanentemente. Así las
cosas, la Gendarmería y la Prefectura son hoy la garantía del
mantenimiento del orden público. Su sindicalización y los hechos de ayer
llevan a la pregunta de si el gobierno no está al borde de quedarse sin
recursos en caso de que se produzcan hechos de violencia social. Hay
que recordar que el cristinismo ha repudiado sistemáticamente cualquier
intervención militar en la seguridad interior. Con este panorama, ayer
Garré era el centro de todas las críticas internas, tanto por haber
impulsado una medida insensata como el decreto 1307 como por ignorar que
se estaba gestando una protesta sindical de características inéditas.
Como era previsible, ayer el Secretario de Seguridad Sergio Berni
apareció en escena como mediador con los prefectos y en esas
conversaciones no habría tenido reparos en admitir que la posición de
Garré sería insostenible. La rivalidad entre ambos, que viene desde que
Berni fue designado, acaba de entrar en un nuevo nivel, porque la
ministra, por primera vez, parece estar al borde del colapso y Verbitsky
no se encuentra precisamente en condiciones de correr en su auxilio.
