CLAUDIO CHIARUTTINI:
Sin Saco y Sin Corbata
Despejada la modorra estival, el año comienza a pleno y dos frases básicas del credo cristinista talibán (“Profundizar el modelo” y “Vamos por todo”) toman nuevas dimensiones. En el primer mes del 2013, Cristina Fernández encaró tres batallas políticas y parece haber fracaso en dos y despertado un frente de combate cuyo resultado, aún todavía, es dudoso.
La primera de las batallas fue imponer su voluntad en la agenda de las relaciones exteriores argentinas. Aunque era esperada, la sanción del Fondo Monetario Internacional por la errónea metodología en el cálculo de indicadores macroeconómicos, impactará en la lucha que la Casa Rosada tiene en la Cámara de Apelaciones de Nueva York contra los holdouts.
Según los abogados que enfrentan a la Argentina en Nueva York, el Alto Tribunal tomará muy en cuenta, la primera sanción en su historia que dicta el FMI a un país miembro del organismo por defecto en sus estimaciones estadísticas. Así, el fracaso se torna en doble,dado que además del peligro de que la Argentina pierda capacidad de ser elegida para conseguir financiación barata internacional, se suma la sospecha de una maniobra fraudulenta en el pago de intereses de la deuda post default.
La sanción habilita al FMI a no prestarle más dinero a la Argentina, a suspender su capacidad de voto en las asambleas y a hasta ser expulsada del organismo si no se ofrecen respuestas satisfactorias para el 29 de septiembre próximo. En paralelo, abre la puerta para que los holdouts incrementen sus reclamos de pago en Nueva York de 1.600 a casi 20.000 millones de dólares, algo impagable para el país.
Por su parte, el acuerdo sorpresa firmado con Irán para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA generó el rechazo de la oposición y de las entidades de la comunidad judía, de Israel y de las cancillerías de Estados Unidos, Canadá, Brasil y de la Unión Europea.
Pese a que el canciller Héctor Timerman lo niegue, el acuerdo con Irán tiene serias sospechas de ser fruto de un pedido del Gobierno de Venezuela y demasiado olor a gas iraní barato, comprado a través de los Emiratos Árabes. De confirmarse estas dos sensaciones, toda la negociación quedará teñida de dólares, el peor giro que puede tener la investigación del peor atentado contra civiles en la historia argentina.
Casi al mismo tiempo, en la Cumbre del Celac, fue desactivado el proyecto para eliminar la intervención del CIADI, un organismo del Banco Mundial para controversias comerciales internacionales, y su reemplazo por un organismo regional que juzguen los reclamos de grandes multinacionales.
La propuesta elaborada por Ecuador fue calurosamente apoyada por la Argentina, pero el rechazo de Brasil fue clave para que otros países se negaran a aprobarla. ¿Cómo pagó Cristina Fernández este resultado? Condicionó un acuerdo comercial e impidió que se anunciaran profundos avances como deseaban Ángela Merkel y Dilma Rousseff.
Hace 10 días, la Argentina se sumo a los países del bloque chavista, para firmar una petición internacional para que Hugo Chávez pudiera asumir un nuevo mandato sin jurar hasta que su salud mejore, en contra de la voluntad de la cancillería del Brasil. Más allá de ser una intervención flagrante de la vida institucional de un país de la región, las diferencias con Dilma Rousseff crecen y ya pasan del terreno sólo comercial.
El segundo fracaso de la Casa Rosada está relacionado con la relación con los gremios. Cristina Fernández sabía que un aumento de sólo 20% del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias era un desafío a las cinco centrales sindicales. Fue una demostración de fuerza.
La Casa Rosada sabe que el número de trabajadores que se suman como contribuyentes del Impuesto a las Ganancias no para de crecer desde 2007. Así, se pasó de menos de 1 de cada 10 empleados hace cuatro años a 1 cada 4 en 2012, cifra que crecerá en 2013. De esta forma, un trabajador soltero que gana 15.000 pesos brutos mensuales, deberá ceder al Gobierno casi su aguinaldo, en forma completa.
Mientras las deducciones totales permitidas a un trabajador soltero aumentaron casi 300% entre 1998 y 2013 y 350% para un empleados con dos hijos, los precios al consumidor han subido más de 520%, según estimaciones privadas, lo que implica una renuncia notable del poder de compra de los sueldos y que el salario neto mínimo sujeto al impuesto se ubique, en este 2013, en el segundo nivel más bajo desde 2005.
En 1998, un trabajador soltero que era alcanzado por el Impuesto a las Ganancia debía ceder 1,5% de sus ingresos, mientras que en 2013, deberá entregar al Estado poco más del 7%. El resultado: para evitar el impacto final en el bolsillo de los empleados, los gremios deberán pedir un mínimo de 25% para los solteros y casi 30% para los casados con dos hijos, cifras que se alejan del 20% que recomendó la Casa Rosada hasta ahora.
Hasta acá, datos aportados por el IARAF y la Fundación Mediterránea. Sin embargo, IDESA confirmó que por no haber tocado las cargas sociales el impacto sobre el salario es 7 veces más que el Impuesto a las Ganancias.
¿Cuál es el resultado final de tanta lluvia de números? En diciembre del 2013, pagaran Impuesto a las Ganancias más trabajadores que en 2012, los salarios más altos no lograrán recuperar poder de compra, la presión fiscal sobre los sueldos subirá otro escalón y ni la Casa Rosada ni las provincias perderán un peso de recaudación respecto del año pasado.
Ahora, Cristina Fernández tiene a los gremios donde quería. Deberán refrendar su fidelidad a la Presidente de la Nación. No es casual que dos gremios hayan anunciado que buscarán congelar los sueldos de sus afiliados en 2013. El juramento de lealtad en el cristinismo talibán, si es necesario, se debe hacer sobre el bolsillo y el poder de compra del salario de los trabajadores para seguir gozando de la mirada benévola presidencial.
La tercera batalla, la de resultado incierto, es la confirmación del Congreso de que la Casa Rosada financiará en forma directa a los intendentes, saltando la representatividad política e institucional de los gobernadores. El cálculo presidencial es claro: prefieren enfrentarse a 24 personas, media docena de ellas con esperanza de heredar a Cristina Fernández, y gozar la fidelidad y los votos que controlan 2.600 intendentes (y ninguno de ellos con capacidad para poder lanzar un proyecto nacional).
No es casual que, al mismo tiempo, se ponga en la mesa de negociación entre los gobernadores y la Casa Rosada la coparticipación fiscal. Cristina Fernández cree que puede demostrar que ha cedido más dinero que nadie en la historia a las provincias y, en paralelo, los gobernadores creen que pueden exhibir grandes deudas de la Nación hacia las administraciones del interior.
Cristina Fernández quiere poner en discusión el federalismo partiendo desde el unicato dado que quiere demostrar que los gobernadores son menos justos con sus intendentes (y sus vecinos) que la Casa Rosada. De esta forma, la media docena de potenciales presidenciables quedarán golpeados con sus propios votantes, drenando gran parte de su capacidad electoral fuera de sus respectivos territorios.
La Presidente de la Nación sabe que si se desarrolla la batalla por la coparticipación deberá enfrentar a Daniel Scioli, José Manuel de la Sota, Daniel Peralta, Ricardo Colombi, Mauricio Macri y Antonio Bonfatti. Todos, por una u otra causa, enemigos elegidos de la Casa Rosada. Unos, por ser posibles candidatos del peronismo, otros por gobernar provincias que el cristinismo talibán quiere controlar, otros por el peligro potencial que encarnan en el camino hacia el 2015.
En el peronismo no kirchnerista y en gran parte de la oposición existe la esperanza del renacimiento de la “Liga de los Gobernadores”, un colectivo político que se conformó durante el Gobierno de Fernando de la Rua y terminó por condicionar la gestión de Eduardo Duhalde. Del núcleo surgió un Néstor Kirchner que luego sería candidato presidencial. Aunque está lejos de que peronistas, macristas, ex kirchnerista y socialistas puedan sentarse en una misma mesa, si surge este bloque será funcional a la Casa Rosada.
Por ahora, Daniel Scioli, José Manuel de la Sota, Antonio Bonfatti y Daniel Peralta le han puesto precio a firma de acuerdos de paz. La Casa Rosada no tiene intenciones de darle 15.000 millones de pesos a Buenos Aires, 4.000 millones de pesos a Córdoba, 3.000 millones de pesos a Santa Fe o 1.000 millones de pesos a Santa Cruz. En plata, es nada para un gobierno que espera recaudar 820.000 millones de pesos este año. La idea de Cristina Fernández es enfrentar, pelear y ganar. No hay otra opción.
Néstor Kirchner imprimió en el ADN kirchnerista, la necesidad compulsiva de adelantar las batallas políticas lo más posible. Por un lado, confiaba que desde la Casa Rosada tenía más capacidad y poder de ganar. Por el otro, los enemigos elegidos se desgastaban en la lucha y llegaban a los momentos electorales sin aliento, sin discurso, sin éxitos, sin magia.
No se puede negar que esa estrategia ha sido exitosa. Por eso, Cristina Fernández la ejecuta a la perfección y sus potenciales enemigos se debaten entre actitudes ultraconservadoras y operaciones tibias que no les permiten capitalizar ningún logro. De esta forma, se cumple una norma clave de todo peronismo fuerte en el poder: nadie saca los pies del plato.
Pero más allá de los fracasos o empate técnico que consiguió Cristina Fernández en enero, con febrero se reinicia lo que cristinismo talibán considera “la” batalla épica: someter a la Justicia al poder político y, en el camino, desguazar al Grupo Clarín.
Con el regreso de las actividades en los Tribunales, el cristinismo talibán avanzará en su proyecto de “democratizar la Justicia”, al tiempo que lanzará oficialmente una rama política propia dentro de la “familia tribunalicia”. A la cabeza, está la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, e intenta reunir en una sola agrupación a todos los jueces, fiscales, defensores, abogados y otros elementos del mundo del Derecho bajo un solo paraguas con el fin de tomar el control de las asociaciones respectivas. Un “Unidos y Organizados” judicial.
A su vez, en el Congreso, los proyectos para hacer pagar Impuesto a las Ganancia a los Jueces, limitar su mandato a cuatro años, tener la obligación de revalidar su título cada 10 años y otras ideas que circulan por escritorios oficiales esperan la orden de Cristina Fernández para cristalizarse en leyes que cercarán al Poder Judicial y cercenarán la autonomía que les otorga la Constitución Nacional.
Así como se necesita controlar gobernadores, legisladores, intendentes, sindicalistas y medios de comunicación para poder lanzar la reforma constitucional, incluso violando la misma Constitución Nacional, el Poder Judicial no puede mantenerse independiente y con libertad de acción. En un proyecto hegemónico, la autoridad del Soberano no puede tener pares, no puede estar sujeto a revisión ni censura.
Despejada la modorra estival, el año comienza a pleno y dos frases básica del credo cristinista talibán (“Profundizar el modelo” y “Vamos por todo”) toman nuevas dimensiones. No son frases nuevas ni dimensiones nuevas, pero cada vez más gente se da cuenta de la gravedad que implica que Cristina Fernández, profundice el modelo y se quede con todo.
La primera de las batallas fue imponer su voluntad en la agenda de las relaciones exteriores argentinas. Aunque era esperada, la sanción del Fondo Monetario Internacional por la errónea metodología en el cálculo de indicadores macroeconómicos, impactará en la lucha que la Casa Rosada tiene en la Cámara de Apelaciones de Nueva York contra los holdouts.
Según los abogados que enfrentan a la Argentina en Nueva York, el Alto Tribunal tomará muy en cuenta, la primera sanción en su historia que dicta el FMI a un país miembro del organismo por defecto en sus estimaciones estadísticas. Así, el fracaso se torna en doble,dado que además del peligro de que la Argentina pierda capacidad de ser elegida para conseguir financiación barata internacional, se suma la sospecha de una maniobra fraudulenta en el pago de intereses de la deuda post default.
La sanción habilita al FMI a no prestarle más dinero a la Argentina, a suspender su capacidad de voto en las asambleas y a hasta ser expulsada del organismo si no se ofrecen respuestas satisfactorias para el 29 de septiembre próximo. En paralelo, abre la puerta para que los holdouts incrementen sus reclamos de pago en Nueva York de 1.600 a casi 20.000 millones de dólares, algo impagable para el país.
Por su parte, el acuerdo sorpresa firmado con Irán para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA generó el rechazo de la oposición y de las entidades de la comunidad judía, de Israel y de las cancillerías de Estados Unidos, Canadá, Brasil y de la Unión Europea.
Pese a que el canciller Héctor Timerman lo niegue, el acuerdo con Irán tiene serias sospechas de ser fruto de un pedido del Gobierno de Venezuela y demasiado olor a gas iraní barato, comprado a través de los Emiratos Árabes. De confirmarse estas dos sensaciones, toda la negociación quedará teñida de dólares, el peor giro que puede tener la investigación del peor atentado contra civiles en la historia argentina.
Casi al mismo tiempo, en la Cumbre del Celac, fue desactivado el proyecto para eliminar la intervención del CIADI, un organismo del Banco Mundial para controversias comerciales internacionales, y su reemplazo por un organismo regional que juzguen los reclamos de grandes multinacionales.
La propuesta elaborada por Ecuador fue calurosamente apoyada por la Argentina, pero el rechazo de Brasil fue clave para que otros países se negaran a aprobarla. ¿Cómo pagó Cristina Fernández este resultado? Condicionó un acuerdo comercial e impidió que se anunciaran profundos avances como deseaban Ángela Merkel y Dilma Rousseff.
Hace 10 días, la Argentina se sumo a los países del bloque chavista, para firmar una petición internacional para que Hugo Chávez pudiera asumir un nuevo mandato sin jurar hasta que su salud mejore, en contra de la voluntad de la cancillería del Brasil. Más allá de ser una intervención flagrante de la vida institucional de un país de la región, las diferencias con Dilma Rousseff crecen y ya pasan del terreno sólo comercial.
El segundo fracaso de la Casa Rosada está relacionado con la relación con los gremios. Cristina Fernández sabía que un aumento de sólo 20% del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias era un desafío a las cinco centrales sindicales. Fue una demostración de fuerza.
La Casa Rosada sabe que el número de trabajadores que se suman como contribuyentes del Impuesto a las Ganancias no para de crecer desde 2007. Así, se pasó de menos de 1 de cada 10 empleados hace cuatro años a 1 cada 4 en 2012, cifra que crecerá en 2013. De esta forma, un trabajador soltero que gana 15.000 pesos brutos mensuales, deberá ceder al Gobierno casi su aguinaldo, en forma completa.
Mientras las deducciones totales permitidas a un trabajador soltero aumentaron casi 300% entre 1998 y 2013 y 350% para un empleados con dos hijos, los precios al consumidor han subido más de 520%, según estimaciones privadas, lo que implica una renuncia notable del poder de compra de los sueldos y que el salario neto mínimo sujeto al impuesto se ubique, en este 2013, en el segundo nivel más bajo desde 2005.
En 1998, un trabajador soltero que era alcanzado por el Impuesto a las Ganancia debía ceder 1,5% de sus ingresos, mientras que en 2013, deberá entregar al Estado poco más del 7%. El resultado: para evitar el impacto final en el bolsillo de los empleados, los gremios deberán pedir un mínimo de 25% para los solteros y casi 30% para los casados con dos hijos, cifras que se alejan del 20% que recomendó la Casa Rosada hasta ahora.
Hasta acá, datos aportados por el IARAF y la Fundación Mediterránea. Sin embargo, IDESA confirmó que por no haber tocado las cargas sociales el impacto sobre el salario es 7 veces más que el Impuesto a las Ganancias.
¿Cuál es el resultado final de tanta lluvia de números? En diciembre del 2013, pagaran Impuesto a las Ganancias más trabajadores que en 2012, los salarios más altos no lograrán recuperar poder de compra, la presión fiscal sobre los sueldos subirá otro escalón y ni la Casa Rosada ni las provincias perderán un peso de recaudación respecto del año pasado.
Ahora, Cristina Fernández tiene a los gremios donde quería. Deberán refrendar su fidelidad a la Presidente de la Nación. No es casual que dos gremios hayan anunciado que buscarán congelar los sueldos de sus afiliados en 2013. El juramento de lealtad en el cristinismo talibán, si es necesario, se debe hacer sobre el bolsillo y el poder de compra del salario de los trabajadores para seguir gozando de la mirada benévola presidencial.
La tercera batalla, la de resultado incierto, es la confirmación del Congreso de que la Casa Rosada financiará en forma directa a los intendentes, saltando la representatividad política e institucional de los gobernadores. El cálculo presidencial es claro: prefieren enfrentarse a 24 personas, media docena de ellas con esperanza de heredar a Cristina Fernández, y gozar la fidelidad y los votos que controlan 2.600 intendentes (y ninguno de ellos con capacidad para poder lanzar un proyecto nacional).
No es casual que, al mismo tiempo, se ponga en la mesa de negociación entre los gobernadores y la Casa Rosada la coparticipación fiscal. Cristina Fernández cree que puede demostrar que ha cedido más dinero que nadie en la historia a las provincias y, en paralelo, los gobernadores creen que pueden exhibir grandes deudas de la Nación hacia las administraciones del interior.
Cristina Fernández quiere poner en discusión el federalismo partiendo desde el unicato dado que quiere demostrar que los gobernadores son menos justos con sus intendentes (y sus vecinos) que la Casa Rosada. De esta forma, la media docena de potenciales presidenciables quedarán golpeados con sus propios votantes, drenando gran parte de su capacidad electoral fuera de sus respectivos territorios.
La Presidente de la Nación sabe que si se desarrolla la batalla por la coparticipación deberá enfrentar a Daniel Scioli, José Manuel de la Sota, Daniel Peralta, Ricardo Colombi, Mauricio Macri y Antonio Bonfatti. Todos, por una u otra causa, enemigos elegidos de la Casa Rosada. Unos, por ser posibles candidatos del peronismo, otros por gobernar provincias que el cristinismo talibán quiere controlar, otros por el peligro potencial que encarnan en el camino hacia el 2015.
En el peronismo no kirchnerista y en gran parte de la oposición existe la esperanza del renacimiento de la “Liga de los Gobernadores”, un colectivo político que se conformó durante el Gobierno de Fernando de la Rua y terminó por condicionar la gestión de Eduardo Duhalde. Del núcleo surgió un Néstor Kirchner que luego sería candidato presidencial. Aunque está lejos de que peronistas, macristas, ex kirchnerista y socialistas puedan sentarse en una misma mesa, si surge este bloque será funcional a la Casa Rosada.
Por ahora, Daniel Scioli, José Manuel de la Sota, Antonio Bonfatti y Daniel Peralta le han puesto precio a firma de acuerdos de paz. La Casa Rosada no tiene intenciones de darle 15.000 millones de pesos a Buenos Aires, 4.000 millones de pesos a Córdoba, 3.000 millones de pesos a Santa Fe o 1.000 millones de pesos a Santa Cruz. En plata, es nada para un gobierno que espera recaudar 820.000 millones de pesos este año. La idea de Cristina Fernández es enfrentar, pelear y ganar. No hay otra opción.
Néstor Kirchner imprimió en el ADN kirchnerista, la necesidad compulsiva de adelantar las batallas políticas lo más posible. Por un lado, confiaba que desde la Casa Rosada tenía más capacidad y poder de ganar. Por el otro, los enemigos elegidos se desgastaban en la lucha y llegaban a los momentos electorales sin aliento, sin discurso, sin éxitos, sin magia.
No se puede negar que esa estrategia ha sido exitosa. Por eso, Cristina Fernández la ejecuta a la perfección y sus potenciales enemigos se debaten entre actitudes ultraconservadoras y operaciones tibias que no les permiten capitalizar ningún logro. De esta forma, se cumple una norma clave de todo peronismo fuerte en el poder: nadie saca los pies del plato.
Pero más allá de los fracasos o empate técnico que consiguió Cristina Fernández en enero, con febrero se reinicia lo que cristinismo talibán considera “la” batalla épica: someter a la Justicia al poder político y, en el camino, desguazar al Grupo Clarín.
Con el regreso de las actividades en los Tribunales, el cristinismo talibán avanzará en su proyecto de “democratizar la Justicia”, al tiempo que lanzará oficialmente una rama política propia dentro de la “familia tribunalicia”. A la cabeza, está la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, e intenta reunir en una sola agrupación a todos los jueces, fiscales, defensores, abogados y otros elementos del mundo del Derecho bajo un solo paraguas con el fin de tomar el control de las asociaciones respectivas. Un “Unidos y Organizados” judicial.
A su vez, en el Congreso, los proyectos para hacer pagar Impuesto a las Ganancia a los Jueces, limitar su mandato a cuatro años, tener la obligación de revalidar su título cada 10 años y otras ideas que circulan por escritorios oficiales esperan la orden de Cristina Fernández para cristalizarse en leyes que cercarán al Poder Judicial y cercenarán la autonomía que les otorga la Constitución Nacional.
Así como se necesita controlar gobernadores, legisladores, intendentes, sindicalistas y medios de comunicación para poder lanzar la reforma constitucional, incluso violando la misma Constitución Nacional, el Poder Judicial no puede mantenerse independiente y con libertad de acción. En un proyecto hegemónico, la autoridad del Soberano no puede tener pares, no puede estar sujeto a revisión ni censura.
Despejada la modorra estival, el año comienza a pleno y dos frases básica del credo cristinista talibán (“Profundizar el modelo” y “Vamos por todo”) toman nuevas dimensiones. No son frases nuevas ni dimensiones nuevas, pero cada vez más gente se da cuenta de la gravedad que implica que Cristina Fernández, profundice el modelo y se quede con todo.
