Democratización” de la justicia: una agenda pesimista
El ambicioso paquete de medidas propuesto por
Cristina Fernández de Kirchner: ¿se resolverán los problemas de una
justicia cada vez más cuestionada?
La noticia comenzó a correr a fines del 2012.
Inmediatamente generó discusiones y polémicas. La Presidente habló de la
necesidad de “democratizar de la justicia”. Durante el verano
proliferaron los debates y las notas periodísticas sobre el tema.
Finalmente, el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa en
marzo nos permitió despejar las dudas. De las elucubraciones pasamos a
los hechos concretos. Ya sabemos de qué se trata.
El gobierno tuvo su primera victoria al
haberse apropiado del término “democratización”. ¿Quién no está de
acuerdo con esa etiqueta? ¿Quién desearía estar en la otra vereda cuando
se impulsa democratizar la justicia? La Presidente golpeó primero y
ganó la discusión semántica.
La segunda victoria es incierta aún. El paquete de
propuestas de la Presidenta deberá pasar por el Congreso. La lista es
ambiciosa: elección por voto popular de todos los representantes del
Consejo de la Magistratura de la Nación; modificación del Código
Procesal para limitar el efecto de las medidas cautelares; publicación
de las declaraciones juradas de jueces; acceso a información sobre la
gestión judicial; y la creación de varias cámaras de casación. También
incluyó una invitación a la Corte Suprema para que derogue la acordada
que impide que los jueces paguen impuesto a las ganancias.
¿Es relevante la agenda impulsada por gobierno?
¿Ayudará a democratizar la justicia? Mi reacción frente a estos
interrogantes es puro escepticismo. Nuestro sistema de justicia tiene
serios problemas de muy diversa índole y ninguna de las propuestas de la
Presidente paciera apuntar a resolverlos. Por ejemplo, el Consejo de la
Magistratura atraviesa una severa crisis y se encuentra virtualmente
paralizado: no logra elevar ternas al Ejecutivo; en los últimos dos años
solo terminó seis concursos; la designación de jueces ha caído a sus
niveles más bajos mientras la cantidad de magistrados subrogantes llega a
niveles inaceptables (20% del total); y las vacantes continúan
creciendo (en algunos fueros llega al 50% de los cargos). Sin jueces, es
imposible brindar un servicio de justicia adecuado. Sin embargo, no
hubo en los anuncios presidenciales nada sobre este tema.
Por otro lado, el poder judicial tiene un serio
déficit en materia de acceso a la justicia. El propio Ricardo
Lorenzetti, señaló este tema como prioritario en su reciente discurso
por la apertura del año judicial. La cuestión es tan compleja como
preocupante. El caso de los jubilados es uno de los muchos ejemplos. Sus
reclamos por el reconocimiento de un haber digno se acumulan por
decenas de miles mensualmente en los juzgados. Las respuestas no llegan,
las vidas se acaban, y los derechos se vuelven efímeros. Muchos otros
grupos vulnerables enfrentan serias barreras para acceder al sistema de
justicia, empezando por los sectores de bajos recursos, las mujeres, las
personas privadas de libertad, y los pueblos originarios. Ninguna
mención a este tema en la agenda presidencial.
Resulta evidente que las propuestas del
gobierno no están en sintonía con las necesidades concretas del
ciudadano que necesita un sistema de justicia efectivo y eficiente para
proteger sus derechos y resolver sus conflictos. Por el contrario, se
trata de cuestiones, en su mayoría, cortoplacistas, vinculadas a
necesidades políticas del gobierno, pero que pueden tener efectos
negativos duraderos. La elección de jueces por voto popular es una
estocada al corazón del poder de las asociaciones de magistrados.
Recordemos que este sector está duramente enfrentado con el poder
ejecutivo y sus aliados judiciales. Pero nadie explicó cómo esta reforma
ayudaría a solucionar la incapacidad del Consejo de la Magistratura
para completar el altísimo número de vacantes.
La propuesta de crear cámaras de casación en fueros
donde hoy tramitan causas que incomodan al poder político tampoco parece
estar alineadas con las prioridades de la sociedad. El gobierno hasta
ahora no brindó los fundamentos de su propuesta, solo recordemos la
experiencia en la década de los noventa cuando el ex Presidente Carlos
Menem puso en marcha la Cámara Nacional de Casación Penal como parte de
una reforma que buscaba que el poder ejecutivo tuviera un mayor control
de la labor judicial en materia criminal y así, garantizar impunidad en
los procesos por corrupción.
Sin embargo, hay que destacar como positivas las
reformas que impulsan mayor transparencia, como la garantizar la
publicidad de las declaraciones juradas de los jueces o mejorar el
acceso a información judicial. En una institución históricamente opaca,
toda iniciativa que traiga luz, que permita al ciudadano tener
información sobre la labor del poder judicial, siempre será una buena
noticia. Aquí se esbozan algunos trazos de la tan mentada
democratización. De todos modos, no puedo dejar de remarcar cierta
contradicción entre esta propuesta de la Presidente y su reticencia en
lo que se refiere a transparencia en el poder ejecutivo. No hay que
olvidar la reciente pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley
de acceso de información, que pese a tener media sanción del Senado
feneció en Diputados por decisión del partido de gobierno. Dicha
iniciativa hubiera permitido asegurar el acceso a información pública de
los tres poderes del Estado.
El pago al impuesto a las ganancias
también es un avance, especialmente por su valor simbólico y su efecto
igualador. Los magistrados y funcionarios judiciales gozan de un
privilegio legal y políticamente insostenible. Pero no seamos ingenuos;
aunque encomiable, esto no cambiaría los patrones autoritarios u opacos
en el funcionamiento de algunas instancias y sectores del poder
judicial.
En síntesis, el sistema de justicia argentino
necesita reformas fundadas en un diagnóstico realista, implementadas a
través una estrategia acordada entre los distintos sectores políticos, y
con las necesidades de los ciudadanos en la mira. Sin consensos, los
cambios serán efímeros y reversibles. Las etiquetas y logos pueden ser
atractivos, pero si están vacíos de contenido no ayudarán en nada en
generar un cambio sostenible que garantice la doble función del poder
judicial: árbitro de las reglas de juego de nuestro sistema político y
administrador de los conflictos sociales.
* El autor es Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), PhD en Ciencia Política – Oxford
