Por Carlos Manuel Acuña
Con el riesgo de caer en lugares comunes que tanto abundan y más en
estos momentos, debemos decir que la designación del cardenal Bergoglio
en el trono de Pedro produjo y producirá consecuencias políticas en lo
que para el nuevo Santo Padre es un tema menor. Sin embargo, los valores
y principios que pregona y ejerce causan pánico entre los kirchneristas
que, pese a todo, en su subconsciente no dejan de sopesar el contraste
con sus propias conductas e ideas que quieren imponer contra viento y
marea. El contenido de este tema fue advertido a poco de salir a luz la
nueva situación y, tras un breve análisis de inteligencia, en la cúpula
cristinista se resolvió hacer un giro de 180 grados y pasar del ataque a
la adulación del nuevo estilo y retroceder abiertamente en la
estrategia confrontativa. A ello se deben las declaraciones sueltas de
Cristina W., la contención que se aplicó sobre el titular de la
Biblioteca Nacional, la carta de Hebe de Bonafini al Papa -con los
consiguientes mamarrachos gramaticales y de estilo para hacerla más
creíble-, las expresiones de los elementos más representativos del
entorno presidencial y el silencio de algunos personajes que si
ponderaran a Francisco generarían risas y harían más evidente el
objetivo estrictamente político de esta conducta. Hasta Horacio
Verbitsky amainó sus reflexiones y todo el oficialismo se dedicó a
ponderar el rumbo elegido para la Iglesia Católica.
Apenas llegó de Roma, Cristina convocó a un par de reuniones en
Olivos para evaluar el resultado de su comportamiento en el Vaticano y
retomar las inquietudes por las malas señales que ofrecía la economía.
La disparada del dólar alarmó a la Presidente, que volvió a analizar el
demorado alejamiento de Mercedes Marcó del Pont como titular del Banco
Central, interesada en tomar distancia lo más rápido posible de lo que
considera como un futuro derrumbe de nuestras finanzas. Este asunto ya
lo mencionamos días atrás, así como también el nombre del eventual
reemplazante, genuino miembro de la izquierda más tradicional y diputado
nacional por el Frente para la Victoria, Roberto Felleti. Las reuniones
fueron dos, una más amplia y otra relativamente reducida que produjo
conclusiones interesantes. Una de ellas, audaz e imprudente, de
contenido curioso y revelador de la incultura y criterio de los
funcionarios, consistió en tratar de desarrollar un activo acercamiento
al Santo Padre para captar su buena voluntad en favor del oficialismo.
La táctica despertó un notable interés pero también grandes divisiones
internas que, al ocurrir por primera vez, pusieron de manifiesto un
cierto resquebrajamiento de la verticalidad que rigió hasta el mismo
momento del viaje a Roma.
El caso es que, llevados por su entusiasmo, varios de los
colaboradores de Cristina no disimularon sus coincidencias por el rumbo
impuesto por Bergoglio en el cumplimiento de su misión y se ubicaron al
margen de cualquier especulación política. Lo más destacable es que ese
mismo entusiasmo era compartido por varios legisladores nacionales, lo
que podría ser una posible fuente de discordias y ruptura de la
disciplina férrea que caracteriza a los diputados y senadores
nacionales. Obviamente el esquema podía repetirse en las provincias y de
esta manera se complicaría el autoritario manejo político. Hasta el
momento de escribir estas líneas, las cosas no pasaron a mayores pero
fueron lo suficientemente intensas como para que Cristina comprenda que
deberá moverse con más cuidado y volcar los esfuerzos distractivos en un
terreno que, cree, le dará resultados: utilizar otra vez a las Fuerzas
Armadas como una moneda de cambio e intensificar los anuncios de grandes
reducciones.
De todos modos, la cuestión registra una tendencia que se remonta
hasta la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando se puso en marcha una
política persecutoria que se hizo imparable. Después de la Operación
Dignidad, que culminó con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
en determinados sectores militares y en especial del Ejército, comenzó a
cundir la preocupación por las presiones externas e ideologizadas
tendientes a erosionar la capacidad defensiva del país. Diálogo
Intermericano y otras organizaciones iniciaron una sostenida presión
política que poco a poco modificó un escenario que había ingresado en la
etapa de la pacificación, hasta que se sancionó la supresión de las
leyes mencionadas pese a la inconstitucionalidad de la medida. Así y con
total arbitrariedad, se puso en marcha la organización de juicios
contra quienes vencieron a las guerrillas. Verbitsky fue uno de los
ideólogos de este proceso y consecuentemente aparecieron falsos
testigos, se excluyó a los combatientes guerrilleros y apareció el
negocio de los Derechos Humanos, que permitió instrumentar pagos cuyo
monto es ocultado sistemáticamente pero que supera la bonita suma de
cuatro mil millones de dólares. El escándalo ya está en la superficie
pero la reacción por lo ocurrido está demorada.
En el ínterin ocurrió otro pronunciamiento militar bajo la conducción
del coronel Mohamed Alí Seineldín, cuyo Estado Mayor advirtió que
avanzaba el proyecto de transformar al aparato militar desnaturalizando
sus funciones y alterando su razón de ser. No todos lo entendieron, pese
a que cada uno de los contenidos de la “desmilitarización” de la
Argentina culminan hoy con la concreta y cuasi desaparición de la Armada
y de la Fuerza Aérea y una sensible reducción de las capacidades de
todas las armas del Ejército. Los buques se hunden amarrados en los
puertos, los aviones se estrellan o directamente no pueden volar por
falta de mantenimiento, únicamente el treinta por ciento de los
blindados está en condiciones operables, la moral de oficiales y
suboficiales es sistemáticamente agredida a partir del ejemplo que
ofrecen los jueces prevaricadores que condenan a inocentes convertidos
hoy en presos políticos, los ordenamientos legales limitan la tarea de
las Fuerzas de Seguridad y de las Policías, las leyes “garantistas”
protegen a los delincuentes y contribuyen a la inseguridad que hoy
constituye uno de los principales problemas políticos que afligen a la
sociedad, se persigue a quienes opinen lo contrario y el escenario
permite hablar de manera creciente de un alarmante ingreso en la
anarquía. Se sabe que entre las ideas que se manejan está la de suprimir
la voluntad soberana para alcanzar objetivos políticos propios y crear
unidades expedicionarias sólo para desplegarse en escenarios lejanos y
ajenos al interés nacional, otras dedicadas a intervenir en el flagelo
del narcotráfico y finalmente grupos para intervenir en conflictos
internos, pero únicamente con sentido ideológico y en segunda instancia,
si se diera el caso de que sean superadas las Fuerzas de Seguridad y
las Policías. Obviamente, el país quedaría incapacitado para
autoabastecerse y la industria correspondiente dejaría de existir o
simplemente no prosperaría. A la inversa de lo que sucede en otros
países de la región, la República quedaría atada a esquemas alejados del
propio interés y esta temática se extendería a otros tópicos sobre los
que volveremos próximamente. Por ejemplo, desaparecerían especialidades,
se unificarían oficinas y centros de conducción, también los servicios
de asistencia social y, contrariamente a lo que ocurre con nuestros
vecinos, la Argentina no podría contar con reservas propias. A título de
ejemplo, todavía hoy el total de nuestros efectivos ronda en unos
setenta mil hombres, una cifra casi igual a la que posee Chile, pero en
caso de conflicto, en pocos días los chilenos podrían movilizar unos
trescientos mil hombres -los brasileños un millón- pero nosotros
ninguno. Puede pensarse que el intento de suprimir los Liceos Militares
-formadores de reservistas además de impartir una educación de
excelencia- apuntó a controlar este asunto en una de sus bases
sustantivas y originarias, aunque al respecto debemos subrayar que, como
expresión de rebeldía a esta concepción que responde a los ministerios
de Defensa y de Seguridad, el gobierno de Misiones declaró de interés
provincial al Liceo almirante Storni, lo que podría ser una primera
señal alentadora. En síntesis, del disparate de querer involucrar al
Vaticano en nuestros problemas políticos y electorales hasta la
indefensión con todos sus peligros, indican la medida del descalabro, la
incapacidad, la improvisación y el gran interrogante que gira alrededor
de la derrota electoral que podría infligirle al gobierno un Frente
multisectorial que está en formación. Evitar la disolución nacional
sería uno de sus objetivos.
Carlos Manuel Acuña
