Por Nicolás Márquez (*)
La Justicia Argentina, que al parecer no tiene muchos hechos de
corrupción para investigar, acaba de protagonizar un episodio
pantagruélico por un lado y repugnante por el otro, al condenar a la
dirigente Cecilia Pando a 5 meses de prisión al ser acusada de “pintar
con aerosol” por encima de determinados “pañuelos” representativos de la
organización que dirige la empresaria de bienes raíces Hebe de
Bonafini, dibujados en un sector de la plaza de Mayo.
Va de suyo que no hay antecedente en la jurisprudencia de tamaña condena por un episodio de esas características.
Para “investigar” el “delito” que se le atribuyó a Pando, la fiscalía
y el Juez dispusieron no sólo de su tiempo y del dinero de los
contribuyentes durante cuatro años (la causa se inicia en el 2009), sino
que al efecto se designaron peritajes para confirmar la “autoría” de la
pintada callejera, que no era otra cosa más que un logo que recordaba a
las víctimas del terrorismo en la Argentina, cuyo símbolo fue colocado
en zona cercana a los citados logotipos de las Madres de Plaza de Mayo
pero sin taparlos.
Cecilia Pando (cuyo marido el Mayor Pedro Mercado fue expulsado del
Ejército con motivo y ocasión de una histórica carta de lectores que su
mujer publicara en el diario La Nación), ha sido una vez más
víctima de la evidente falta de libertad de expresión que prevalece en
la destartalada y envilecida Argentina kirchnerista.
“El Pañuelo no se mancha” rezaban los carteles de los activistas
rentados que fueron al juzgado a presionar a los obedientes funcionarios
en cuestión para que se imponga la condena. Pero quien en verdad ha
manchado los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo no fue Pando y su
“peligrosísimo” aerosol, sino las mismísimas “Madres” al guardar armas
de las FARC en su pretendida “universidad popular”, extorsionar a los
jueces de la Corte Suprema de Justicia, reivindicar insistentemente a
toda forma de terrorismo local o trasnacional y hacer negociados
bochornosos y multimillonarios con el Estado.
Pero hay cosas más graves que la condena impuesta. Ningún dirigente
de la “oposición” se solidarizó con Pando no ya con sus ideas políticas,
sino con el vejamen del que ella acaba de ser objeto por el aparato
represivo del Estado a través de esta renovada pantomima judicial.
La realidad es que Pando no fue condenada por su “injuriante”
graffiti sino lisa y llanamente por delito de opinión. En efecto, desde
todos los diarios (especialmente “opositores”), cada vez que se refieren
a ella le agregan la cucarda de haber “reivindicado la dictadura
militar” (en alusión al Proceso de Reorganización Nacional que duró
siete años), etiqueta que jamás le endilgan esos mismos medios a Hebe de
Bonafini, quien reivindica la dictadura militar de los hermanos Castro
en Cuba (que lleva 54 años de ejercicio), país que le efectuó numerosos
atentados terroristas a la Argentina a través de la conexión local de
ERP y Montoneros, capacitando militarmente guerrilleros argentinos en La
Habana entre los cuales estaban, fusil FAL en mano, los hijos de la
inefable Bonafini.
En lo personal no recuerdo que Cecilia Pando haya alguna vez
reivindicado “la última dictadura militar” (de la cual Alicia Kirchner y
el juez Eugenio Zafaroni fueron solícitos funcionarios –igual que
ahora-), pero de ser así, es evidente que Pando piensa de esa manera
porque cuando era muy niña, leía con sumo interés las columnas
procesistas que a la sazón publicaban Jacobo y Héctor Timerman desde los
diarios La Opinión y La Tarde respectivamente.
Pero al triste e indignante espectáculo en cuestión, hay que sumar
que el mismísimo día en que se dio a conocer la condena penal a Pando,
el parricida Sergio Shocklender salía en libertad en el marco de la
causa que investiga el impúdico mercadeo popularmente conocido como
“Sueños Compartidos” (que involucra a las Madres de Plaza de Mayo), en
el cual el asesino al que “las Madres” le confiaron tantas
responsabilidades legales y económicas, acaba de declarar que la
presidente de Madres de Plaza de Mayo no sólo es responsable del delito
investigado por el impresentable Juez kirchnerista Norberto Oyarbide,
sino que esta última se ha enriquecido tras el singular emprendimiento
inmobiliario.
¿No le dio algo de vergüenza al Juez Guillermo Morrosi al condenar a
Cecilia Pando? ¿No se siente algo indigno al perseguir a una maestra de
clase media baja, madre de siete hijos, por el mero hecho de disentir
con el régimen? ¿No se ruboriza ni un poco el magistrado al tener que
ejercer el “derecho” con semejante nivel de obsecuencia y servilismo
político? ¿Acaso temía el funcionario no ser beneficiado en los próximos
ascensos burocráticos de su Jurisdicción si no hacía lugar a la absurda
denuncia?.
Desde estas líneas, no podemos hacer menos que solidarizarnos
totalmente con la persona ultrajada y perseguida por los alcahuetes y
beneficiarios de un régimen cada vez más desacreditado y despreciado por
la opinión pública que se autoabastece.
La Prensa Popular | Edición 181 | Lunes 11 de Marzo de 2013
