UN AVANCE QUE LA OPOSICIÓN NO PODRÁ DETENER
No es una novedad. Está en la génesis del populismo. Sus doctrinarios lo dicen abiertamente: la democracia republicana es para ellos un chaleco de fuerza que le impide al líder llevar a cabo transformaciones reales.
Este
y otros medios lo venían anticipando. Las presiones e injerencias
contra la Justicia tarde o temprano se transformarían en una abierta
declaración de guerra, y así sucedió.
La
ofensiva por controlar y subordinar al Poder Judicial tiene dos frentes
principales. Por un lado, la elección democrática de los miembros del
Consejo de la Magistratura. Por otro, el freno de las medidas
cautelares.
La
“democratización” permitirá que quien gane las elecciones obtenga
mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura, a través de
representantes designados a dedo para integrar listas sábana. El
resultado será que el encargado de controlar al Poder Ejecutivo, y
obligarlo a cumplir con la ley, terminará siendo el mismo Ejecutivo.
En
cuanto a la segunda de las medidas señaladas, le restará eficacia a la
Justicia, ya que la limitación de las medidas cautelares contra el
Estado, sumado a la larga duración de los juicios, hará que los fallos
leguen tarde y no sirvan para evitar los abusos de poder.
Estas
medidas se dan en medio de un “paquete” que incluye otras de sentido
común, como el ingreso a la Justicia por concurso público, que se
guardaron porque no interesa realmente su implementación, sino que
sirvan de canje. Ceden un poco para llevarse todo después. Lo mismo pasó
con la primera reforma del Consejo de la Magistratura (reduzco la
burocracia, pero doy poder de veto al Ejecutivo en la designación de los
jueces) y con la Ley de Medios (pongo límites a las licencias, pero
promuevo a mis testaferros y someto con la publicidad oficial).
El
problema no es que el pueblo elija a los integrantes de la Justicia
—esto sería muy positivo en un sistema democrático serio— el tema es que
con el sistema de listas sábana, que es el que se usa dado el rechazo
por parte del Gobierno Nacional del sistema de boleta única, los escaños
no son ocupados por personas conocidas públicamente, o con poder
político propio. El poder que tienen se lo deben a quien los apuntó para
integrar la respectiva lista. Este efecto ya se ve en el Congreso de la
Nación, con las famosas “mayorías automáticas”. Los poderes del Estado
que deberían equilibrarse y controlarse, pasan a ser extensiones del
Ejecutivo. Los incentivos a favor de la legalidad y la eficiencia
pierden terreno frente a los que favorecen la discrecionalidad y la
corrupción.
El
sistema de listas se da, además, en un contexto de pobreza, dependencia
y discrecionalidad que hace que los “oficialismos” tengan generalmente
una avalancha de votos “adicionales”, que son frutos del clientelismo en
sus múltiples acepciones y manifestaciones. Por lo tanto, en el
contexto del sistema político y electoral argentino, en especial sumando
la palpable y confesada vocación hegemónica del kirchnerismo, la
“democratización” de la Justicia no es más que un nuevo impulso a favor
del statu quo y un freno a la competencia y la renovación, que son las
grandes virtudes del sistema democrático.
Esta
“democratización” de la Justicia, que concentra el poder, debilita al
ciudadano y hace retroceder la democracia. Es un paso fundamental en el
proyecto totalitario del kirchnerismo, que se inspira en el chavismo. El
objetivo último es, como se dijo públicamente en Venezuela, “asegurar
la revolución”, por lo menos para unos “cien años”. Traducido: se busca
que todas las decisiones, responsabilidades y recursos dependan en
última instancia de la figura máxima del partido en cuestión para que la
competencia democrática formal no se traduzca en una competencia real.
La
oposición no tiene mucho que hacer para enfrentar este nuevo avance. Es
una cuestión matemática: el Gobierno controla el Congreso. Y esta
ecuación sólo puede ser revertida por el pueblo, los ciudadanos, dejando
de votar a partidos autoritarios y clientelares e involucrándose para
generar opciones que realmente merezcan la confianza de la sociedad.
