DILEMAS DEL GOBIERNO
El pedido de la CGT oficialista de que se sostenga
durante un año el acuerdo de congelar los precios pactado por dos meses entre
el gobierno y los supermercados, al exigir para viabilizarse la adhesión de los
productores, todo lo cual permitiría que los sindicatos accedan a someter la
actualización de los salarios a la pauta oficial, tiene la virtud de establecer
racionalmente cuáles son las exigencias que impone, finalmente, toda política
de redistribución del ingreso. Sólo existe una posibilidad, si se pretende
evitar una inflación crónica: meter mano en la rentabilidad escandalosa de los
formadores de precios, un puñado de empresas dentro de las cuales gravita
decisivamente el capital extranjero. Y hacer otro tanto con las cadenas de
comercialización, donde los cambios regresivos de las últimas décadas dieron el
predominio a un sistema conformado por grandes firmas, también foráneas, que
han crecido a costa del capital nacional y destruido, tal como lo señalan diversos
estudios de centros de almaceneros, cuatro puestos de trabajo por cada uno que
crearon, con el gravísimo agravante de conformar un sistema de transferencia
hacia los centros imperialistas de la renta comercial creada a partir del
consumo argentino.
No está claro cómo
responderá el gobierno al planteo. Pero es evidente que la proposición sindical
no ha sido el fruto de un pedido oficial, que en ese caso cedería la iniciativa
para aparecer actuando para dar respuesta a un razonable pedido de que los
empresarios “ayuden” a moderar las exigencias de aumento salarial. Y al no ser
así, se impone la interpretación de que los sindicalistas replicaron al señuelo
del congelamiento limitado a dos meses con una fórmula indudablemente más
seria, según la cual debe garantizarse que la actualización salarial no será
demolida, después de un bimestre, en tanto se pide que las paritarias duren un
año entero. No es claro, decimos, cómo habrá de responder el gobierno, cuya
visión, hasta hoy, pereciera llevarlo a sostener la ilusión de que puede
conservar el respaldo mayoritario del pueblo argentino, frenando al mismo
tiempo la puja salarial y evitando
enfrentar a los formadores de precios, que le van a contestar
invariablemente “con el bolsillo”, para usar la expresión del ex ministro
Pugliese. Sí es claro, en cambio, que el compromiso con el país y los sectores
mayoritarios, interesados en la continuidad y profundización del curso abierto
hace diez años, con el gobierno de Kirchner, exige reflexionar sobre cómo
operan los principales actores de la coyuntura actual en el terreno de la
economía. De lo que podamos prever deben surgir conclusiones prácticas sobre
qué hacer en un escenario donde los grupos empresarios, el movimiento sindical
y el gobierno de Cristina son los actores fundamentales, y donde quién se
imponga definirá la suerte de la distribución del ingreso y, por añadidura,
cuál es el futuro de la política nacional.
De los sectores
empresarios sólo puede esperarse más de lo mismo, a saber: una resistencia
crónica, no ya a la aceptación de límites sobre la rentabilidad sino, lo que es
peor, a una política de inversión que pueda permitir, en el mediano plazo, una
estabilización de los precios que surja de la ecuación “ganar lo mismo, produciendo más”; algo que
supondría una reducción de la rentabilidad relativa, por expandir la oferta.
Hablamos, es importante decirlo, de los formadores de precios, no del sector
que procura expandirse, dentro de los cuadros de la pequeña y mediana empresa de
capital nacional y del sistema cooperativo. Y hacemos extensivo nuestro primer
juicio a las cadenas de distribución, mayoritariamente dominadas por el capital
extranjero, cuyos costos por escala hacen escandalosa la conocida circunstancia
de que sus precios son, como promedio, iguales o mayores al del almacén de
barrio o los autoservicios o supermercados de menor cuantía que lograron
sobrevivir a la invasión de los pulpos.
Consecuentemente,
si se pretende defender el consumo popular y sostener y profundizar la política
de redistribución del ingreso, no podrán eludirse medidas que transformen
radicalmente la situación y avancen sobre la herencia de los 90 y el Proceso,
en la estructura comercial. Y, en lo referente a la producción –y muy
particularmente al sector alimentario– a imponer una transformación que supere
“hábitos” que se remontan, por lo menos, a la década del 30, cuando el famoso
Colombo, presidente de la UIA,
elige a conciencia “ganar más” con una oferta pobre, evitando la tentación de
ampliar la producción y “asumir ese riesgo”.
La opción
contraria, paralizar o retrogradar en la distribución del ingreso, expresada
objetivamente en la combinación de medidas que busca imponer hasta el momento
el gobierno (con la pauta del 20 por ciento, en los salarios y en la
actualización del Impuesto a las Ganancias) sólo logrará debilitar el impulso que
la expansión del consumo trae a la producción de bienes y servicios y, lo que
es peor aún, afectará el respaldo de las clases trabajadoras hacia el proceso
en marcha, generando riesgos que son evitables para un proyecto que tiene
enemigos y que si desea enfrentarlos, con posibilidades de éxito, debe
alimentar la fidelidad y el entusiasmo de las grandes mayorías.
Lamentablemente, al
parecer ésta no es la visión del gobierno. Su cúpula (los “aplaudidores” son un
peso muerto, cuidan el escalafón guardando silencio) actúa guiada por la
creencia de que los líderes sindicales
pueden actuar a su arbitrio, sin atender a su base, tal como cabe a la
“burocracia sindical” imaginada por la ultraizquierda, que no admite el hecho
de que existen límites (determinados en cada caso por su estructura y
tradición) que una dirección gremial debe respetar, a menos que quiera perder
la cabeza. El gobierno de Cristina no es ultraizquierdista, pero parece
obedecer, en este tema, antes
que a la visión más realista que tenía Perón en esta esfera, a cierta opinión
pequeño burguesa, inepta para apreciar de un modo adecuado el movimiento
interior de la clase trabajadora, tal como ésta fue parida por la historia y
tal como es, por su estructura y conformación. Para colmo de males, el coro de
los chupamedias colabora para ignorar toda señal de alerta, hablando de Moyano
en cada ocasión en que alguno de nosotros intenta advertir los riesgos que
supone subestimar las demandas y los signos de disconformidad de las bases
obreras y obrar con la ilusión de “la vaca atada”.
Pero, al fin, si
aquellos que tienen la responsabilidad de entender cómo debe abordarse un
conflicto de intereses de esta naturaleza no pudieran o no quisieran acertar a ver
cuál es el camino, nos queda a los trabajadores y a los de abajo, en general,
la tarea de forjar los instrumentos necesarios para que este proceso inaugurado
por Néstor Kirchner en el 2003 avance en la resolución de lo que alguien llamó
“contradicciones dentro de lo popular”, con la claridad táctica que exige la misión
de sostener el gobierno y los avances logrados, sin abandonar, por eso, la
perspectiva estratégica de construir canales de protagonismo popular y fuerza
movimientista que, partiendo de lo alcanzado y con plena conciencia de que no
avanzar es preparar el retroceso, busquen impulsar un proyecto de liberación
nacional definitiva, poniendo término a un parasitismo explotador ya
bicentenario.
Córdoba, 19 de
marzo de 2013
