Por Nicolás Márquez (*)
Pacto con Irán, democratización de la justicia, inflación, la
“tragedia de once” y los inacabables escándalos de corrupción son
algunos de los temas que, desde los medios de comunicación y de parte de
la dirigencia pretendidamente opositora, suelen hacerse mención con
insistencia y tono de denuncia, lo cual no está mal. Pero a la vez
existe un llamativo silencio cómplice o cobarde en torno a un problema
no menos grave, que es el atropello y vejamen que están padeciendo los
muchísimos presos políticos que actualmente pueblan las cárceles de la
envilecida Argentina kirchnerista.
En efecto, violentando los principios jurídicos de nebis in idem
(nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho), irretroactividad
de la ley penal, cosa juzgada, juez natural, prescripción, ley penal
más benigna y varios otros derechos fundamentales previstos en la
Constitución Nacional, el régimen kirchnerista viene llevando adelante
una persecución tan ilegal como arbitraria a numerosos miembros de las
FF.AA., periodistas, sacerdotes y civiles varios, dentro de esta
falsificada “revisión” de los años 70` en la Argentina, contexto en el
cual, según el Tribunal presidido por León Arslanian que juzgó a la
Junta Militar en 1985, se vivió una “guerra revolucionaria desatada por la guerrilla contra los poderes del Estado” (Causa 13).
Va de suyo que el sector más perjudicado de estas detenciones
ilegítimas cometidas por el actual gobierno son los miembros de las
FF.AA. y de Seguridad. En la actualidad hay más de 1500 uniformados
mayormente octogenarios hacinados en cárceles comunes, siendo
arrastrados hasta allí a través de juicios paródicos, desprovisto de
toda garantía, de toda seriedad y sin la menor cuota de imparcialidad ni
de legalidad.
Vale destacar que esta cacería no es sólo un atropello para con
aquellos que de un modo u otro pudieron haber participado o simpatizado
con el gobierno militar naciente en 1976, puesto que de ser así,
prácticamente el país entero debería estar bajo rejas. En efecto, tanto
sea por odio ideológico como por oportunismo político, en el presente
persiguen e involucran a todo individuo que les resulte actualmente
incómodo, intentando buscarle antojadizos vínculos con el Proceso de
Reorganización Nacional a los efectos de complicarlo judicialmente.
Incluso en el caso de los civiles perseguidos, el pecado no es haber
sido procesista en el pasado sino no ser kirchneristas en el presente,
caso contrario deberían estar detenidos connotados funcionarios o
propagandistas del gobierno de Videla, tal el caso del inefable
Canciller Timerman, el prostibulario Juez Eugenio Zaffaroni o la
mismísima Alicia Kirchner.
Al mismo tiempo, en el marco de este sainete amparado bajo el
aforismo de la “memoria, verdad y justicia”, se exculpa, idolatra,
beneficia e indemniza a todos los integrantes de las estructuras
terroristas de ERP, Montoneros y de otras bandas homicidas de menor
entidad, las cuales cometieron más de 21600 atentados entre 1969 y 1979.
Lo cierto es que la guerra desatada por el terrorismo subversivo duró
varios años y se desarrolló bajo diversos Presidentes democráticos y de
facto.
En aquella década la guerrilla izquierdista contó con 25 mil
integrantes de los cuales aproximadamente 8400 de estos murieron en
combate o estando detenidos (desaparecidos), cifra a la que hay que
agregar los 1500 muertos ocasionados por ellos mismos al asesinar a
militares, policías y civiles, conformando alrededor de diez mil muertos
como número total y final en ese conflicto armado local, a lo que
cabría sumar unos 500 crímenes cometidos por la organización peronista
creada por José López Rega a instancias del Presidente Juan Perón,
popularmente conocida como “La Triple A”.
Afortunadamente, esa guerra la ganaron las Fuerzas Armadas no sin la
ayuda o el apoyo de la población civil, de toda la prensa de la época y
del grueso de la clase política (socialistas, comunistas, radicales,
peronistas, sindicalistas y también de todo el arco conservador).
Desafortunadamente, como en toda guerra, se cometieron excesos y
desatinos reprochables, máxime en una guerra irregular en la cual el
bando atacante (es decir la guerrilla) no vestía uniforme y se
mimetizaba con la población civil agigantando así la confusión y
fomentando los excesos. Vale señalar que hubo no pocos errores y
horrores graves cometidos por el gobierno cívico-militar no sólo en el
marco de la guerra antisubversiva (en la que se cometieron desbordes
insensatos), sino fundamentalmente en la gestión de gobierno, en la cual
no se tuvo una política consecuente y definida, sino que hubo cuatro
Presidentes distintos en siete años, cada uno con su gabinete
ministerial propio y con un plan económico diferente, lo cual alimentó
las desprolijidades e incongruencias de las políticas del Estado,
potenciadas a su vez por diferencias de criterio existentes entre las
jerarquías de las diferentes Armas.
Que al kirchnerismo y sus estructuras militantes no les importa
juzgar a los militares por excesos represivos o de autoritarismo que
pudieran haber cometido, lo confirma el hecho de que este mismísimo
gobierno presidido por Cristina Kirchner se ha ufanado de mimarse con
Fidel Castro, Muamar Kadafi, Hugo Chávez y ahora con
Mahmoud Ahmadinejad. Justamente, esta persecución no es impulsada por un
genuino interés en los derechos humanos sino por revanchismo político e
ideológico para con quienes los vencieron militarmente.
Es decir, hoy los militares no están siendo juzgados por todo aquello
que estos pudieron haber hecho mal, sino precisamente por las cosas que
estos hicieron bien, o sea por haberle ganado la guerra al terrorismo
criminal que tanto daño le hizo a la República (o lo que queda de ella).
Es una pena que tanto sea por compartir estos atropellos del
kirchnerismo o por pusilanimidad culpable, absolutamente nadie de la
oposición diga nada al respecto y los dirigentes vivan haciéndose los
otarios ante una distorsión histórica que no sólo le permitió al régimen
disfrutar de ingentes negociados, sino que actualmente mantiene en
cautiverio centenares de argentinos transgrediendo para tal fin toda la
normativa y las garantías a las que hicimos mención.
