Avión caído: su dueño implicado con Boudou, Elaskar y el trabajo esclavo
El avión, en el que viajaban nueve personas, que partió ayer a la
mañana del aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires, con destino al
de Carmelo, en Uruguay y que cayó en aguas del Río de la Plata, se
conecta rápidamente con más de un escándalo de corrupción en la
Argentina. La aeronave es propiedad de la firma Kosiuko. Federico
Bonomi, declaró al fiscal Sebastián Casanello que en el año 2011 el ex
dueño de la financiera SGI Federico Elaskar le compró una Ferrari por
más de 300.000 dólares. Lo extraño de esta operación es que fue en
efectivo.
La compra de la Ferrari se habría gestionado en un cumpleaños en
Punta del Este a través de un amigo en común entre Elaskar y Bonomi.
Elaskar admitió ante Casanello, en junio de 2013, que “esa operación
fue llevada a cabo junto con Leonardo Fariña, quien utilizó dicho
rodado”.
Siguiendo el mismo hilo, Jorge Lanata denunció en su programa: “Yo le
quiero preguntar algo a la Justicia que está investigando a Boudou. El
viernes pasado, atención tribunales, pregunten el viernes pasado entre
las 11 y las 14, a dónde fue Amado. Nosotros sabemos que fue a Carmelo,
Uruguay, en un vuelo privado que salió de San Fernando y que no pasó por
Migraciones. No pasó por Migraciones ni acá ni en Uruguay. El lugar
está habilitado, hay una oficina de Migraciones pero no pasó por ahí.
Fue en el avión privado del dueño de Kosiuko, Federico Bonomi, fue en el
día. Fue en el día y volvió. Raro, ¿no? Pero bueno, fue. Salió a las 11
y llegó a las 14, llevó dos bolsos. OK, uno lleva cosas cuando viaja.
Pero, ¿dos bolsos? Pregúntenselo, mientras”, sostuvo el periodista.
El trabajo esclavo
El tercer punto tiene que ver con las actividades empresarias de Bonomi. Página 12, en un extenso informe (http://www.pagina12.com.ar/fotos/20111007/notas/na17fo01.jpg) publicado el 7 de octubre de 2011 y firmado por Emilio Ruchansky, “Una marca imputada por trabajo esclavo”, señala:
El dueño de la firma Kosiuko está acusado de “reducción a la
servidumbre”. Para el juez federal Julián Ercolini, habría pruebas de
que la firma tercerizaba la producción de prendas en talleres
clandestinos.
Por primera vez, el dueño de una importante marca de ropa prestará
declaración indagatoria ante la Justicia, en una causa en la que se lo
investiga por “reducción a la servidumbre” en al menos un taller textil.
Se trata de Federico Bonomi, titular de la firma Kosiuko, quien fue
citado por el juez federal Julián Ercolini, al igual que dos directivos
de la empresa: Aníbal Terra y Marcelo Gallardo. La indagatoria será el
próximo 13 de octubre y los empresarios deberán explicar qué relación
tenían con el taller en cuestión y otros, donde al parecer se
tercerizaba la producción de prendas para esta marca. “El pedido para
que declaren fue hecho por la Cámara Federal porteña”, informó una
fuente judicial a este diario. La causa comenzó en octubre de 2005 y con
los años se le fueron sumando nuevas denuncias.
En un principio, las denuncias contra la empresa Kowsef S.A.,
propietaria de la marca Kosiuko, fueron formuladas por la cooperativa La
Alameda y recayeron en el juzgado de Norberto Oyarbide. El magistrado
se excusó de atenderla y la derivó a su colega Jorge Urso, quien tomó la
misma determinación. Finalmente el expediente, que incluía acusaciones
graves como la situación de semiesclavitud y trata de personas, llegó a
manos de Ercolini. En el camino, según afirmó Rodolfo Yanzón, abogado
querellante, hubo amenazas de muerte contra testigos de identidad
reservada.
“Es una decisión afortunada que pedimos desde un principio, cuando
denunciamos las condiciones a las que se sometía a los costureros. De
todas formas, va a ser difícil avanzar si no se les da una protección a
las personas que se animaron a denunciar”, dijo ayer Yanzón, quien junto
a La Alameda y la Defensoría del Pueblo porteño fueron sumando
denuncias a esta causa. La más fuerte fue en 2009, luego de que el
propio Bonomi le pidió a la ONG que hiciera un monitoreo de los talleres
que le proveían ropa para detectar si había irregularidades.
En ese contexto, desde La Alameda le presentaron a Bonomi el caso de
una pareja de costureros bolivianos que trabajaba en un taller que
confeccionaba prendas para Kosiuko y denunciaba las condiciones de
insalubridad y explotación en que trabajaban, así como un despido sin
indemnización. En esa reunión, en la que también participó Marcelo
Gallardo, gerente general de Kowsef SA, los costureros Oscar Mamani y
Concepción Pajarita Marca demostraron, con etiquetas de la marca
Kosiuko, que el taller trabajaba para la firma. Los empresarios se
comprometieron a pagar una indemnización, que nunca se hizo efectiva.
Los costureros volvieron al taller a sacar sus pertenencias y con una
cámara oculta lo filmaron. Ahora, ese video es parte probatoria del
expediente. ¿Cómo eran las condiciones contractuales? Según los dos
costureros, que durante un año trabajaron en el taller de Crisóstomo
Álvarez al 3900, en el barrio de Parque Avellaneda, les pagaban entre
600 y 900 pesos al mes; el horario era de 7 a 22 y sólo podían salir los
sábados, después del mediodía, y los domingos.
De la declaración de ambos surgió el procesamiento, sin prisión
preventiva, de Andrea Reparaz Fiori, responsable de la firma Miyagawa
S.A., que sería intermediaria entre Kosiuko y una serie de talleres. La
mujer declaró en 2010 que sólo pasaba por el taller a dejar “retazos que
le sobraban” y fue liberada. Un año después, tras la apelación del
fiscal Jorge Di Lello y del abogado Yanzón, la Cámara Federal porteña
dispuso su procesamiento. El encargado del taller de Parque Avellaneda,
Walter Moya, también fue citado a declarar. “Pero no apareció más, está
prófugo”, comentó una fuente judicial.
Con este panorama, al que debe agregarse un allanamiento a la sede
central de Kosiuko en 2009, el próximo 13 de octubre deberán declarar
los tres empresarios, a quienes se acusa de un delito que prevé de tres a
quince años de prisión. Según informó Yanzón, hay fotos, documentos y
también material impositivo del que podrían surgir las relaciones entre
el taller y la empresa textil. “Es difícil que se les aplique la prisión
efectiva, pero es importante que se reconozca la responsabilidad penal a
este nivel de gente en el tema textil”, comentó anoche Yanzón.
Por otra parte, según afirmó el abogado, muchos de los posibles
testigos se esfumaron a lo largo de los años. Conseguir que declaren
será uno de los desafíos de la querella. “Tienen miedo de quedar fuera
del mercado y son desconfiados porque no se los asiste como dice la Ley
de Trata”, afirmó Yanzón. En un futuro fallo, agregó, sería importante
que se les den a los costureros las máquinas secuestradas en los
talleres clandestinos y se les brinde el asesoramiento del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, como ocurrió en otra sentencia
judicial que apuntó a recomponer la situación laboral de los
damnificados.
Pajarita Marca está en el país y sigue trabajando en el rubro textil.
Su pareja volvió a Bolivia. La presencia de al menos uno de ellos será
determinante, reconocieron ayer fuentes judiciales. Los tres empresarios
serán indagados porque se considera, entre otras cosas, que la firma
tenía la obligación de controlar la situación de trabajo de quienes eran
contratados como mano de obra para confeccionar sus prendas en un
taller, donde al parecer tercerizaba la producción. Como quedó claro
tras las denuncias sobre trabajo semiesclavo en el ámbito rural,
deslindar tareas no equivale a deslindar responsabilidades.
