AMIA. Santiago O’Donnell comparte la propuesta de conformar una “Conadep”
Discrepo en varias cosas con Santiago. a) No me parece que Irán sea
“un estado negacionista” de la Shoah (más allá de Ajmadinejá: habría que
preguntarle a los 20 mil (cifras proporcionadas por una fuente de “la
cole”) judíos que se desenvuelven libremente y acuden a las sinagogas en
la República Islámica, cuya Constitución garantiza expresamente la
profesión de las religiones monoteístas. b) Tampoco me parece que Irán
sea un estado que “violador notorio de los derechos humanos” (en mi
opinión lo es, en cualquier caso, muchísimo menos que los Estados
Unidos, por más que en alguna provincia alejada se lapide a una mujer;
en Estados Unidos policías y civiles matan negros por la calle poco
menos que porque no les gusta su cara y encima los absuelven, para no
hablar de Arabia Saudita que es la negación misma de la democracia y
dónde ahora mismo se está matando a latigazos a un bloguero sin que
nadie alce un dedo) digo esto porque estudio los temas de los que hablo,
ya que nunca estuve en Irán y ni siquiera en su embajada en Buenos
Aires //.
PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER ARTICULO
Me alegro, en cambio, de que Samtiago recuerde a la
infortunada Lourdes Di Natale (foto), asesinada en medio de un absoluto
silencio, incluso del padre de su hija, Mariano Cúneo Libarona. Lourdes
fue asesinada porque sabía muchas cosas incómodas para su ex patrón y
sus amigotes, incluidos altos jefes de la SIDE // Me molesta su
ingenuidad (?) al pedir que se transparenten los motivos por los que el
gobierno sostiene al general Milani al frente del Ejército, que están a
la vista // Acuerdo, en cambio, con que se publique la lista de jueces,
fiscales y periodistas que cobraban sobresueldos mensuales de la
Secretaría de Inteligencia, las “viudas de Stiuso”. Porque estoy tan
seguro de que especialistas como Tato Young no están en ella como que
de, hacerse públicas, causarán sorpresas y escozores y explicarán
algunas actitudes insólitas y/o inesperadas // Acuerdo completa y
enfáticamente con la premisa básica de que “sin autores materiales no se
puede llegar a los intelectuales. Sin saber quién puso la bomba no se
puede saber a quién obedeció esa persona, porque muchos podrán dar la
orden pero sólo el que lo hizo sabe a quién obedeció” // También acuerdo
con que el encubrimiento contó con “el juez, la AMIA y la DAIA, el
gobierno, la oposición y los medios k y anti k” que se plegaron a “una
política impulsada y alentada por los gobiernos de Estados Unidos e
Israel…” // Acuerdo, por fin, con que se forme una especie de Conadep
para ambos atentados (que son indivisibles) siempre y cuando ésta
funcione como auxiliar de la UIF y su grupo de fiscales. Porque es
sabido que las comisiones suelen servir para empantanar más las cosas y
la UIF es, o mejor dicho debe convertirse, en un órgano ejecutivo. JS
Escenarios post Nisman*
Por Santiago O´Donnell
Pasaron tres semanas desde la muerte de Nisman. Las repercusiones
siguen marcadas por lo que quiere ocultarse y lo que se quiere mostrar.
Una disputa política, mediática y legal entre el gobierno y la
oposición, exacerbada por el año electoral.
Por un lado, el gobierno busca ocultar dos grandes temas. Primero, el
haber negociado con un estado negacionista y violador notorio de los
derechos humanos, que se ha manifestado numerosas veces en favor de la
destrucción del estado israelí, un acuerdo jurídico que alivia de hecho
la situación procesal de los principales imputados en la causa AMIA. A
cambio, recibiría supuestos beneficios que permitirían avanzar en la
investigación. Pasaron dos años ya desde la firma del memorándum y en
nada avanzó la causa, sino todo lo contrario. Segundo, que durante la
década kirchnerista las causas de corrupción contra la presidenta y su
entorno fueron rechazadas o cajoneadas en una justicia federal infectada
por un sistema de cooptación de jueces y fiscales a través de
sobresueldos y prebendas, chantajes y carpetazos, orquestado y
financiado desde la Secretaría de Inteligencia, a instancias del
ejecutivo. A esto se suma el llamativo crecimiento en los últimos años
del presupuesto de inteligencia militar y el sostén gubernamental hacia
el general César Milani como jefe del Ejército (proveniente de la rama
de inteligencia) ante dos imputaciones serias y creíbles de que habría
cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
También, la designación, hace dos meses, del operador judicial Juan
Martín Mena en un puesto jerárquico de la Secretaría de Inteligencia.
Por otro lado la necesidad de la oposición y sus aliados mediáticos y
judiciales, de elevar a Nisman al status de héroe nacional asesinado
por atreverse a acusar a la presidenta, oculta otras verdades incómodas.
En principio, que hasta ahora no hay pruebas de que Nisman haya sido
asesinado. Ni de que la presidenta haya encubierto criminalmente a los
verdaderos autores del atentado a la AMIA. Ni de que Nisman haya
investigado el atentado de manera independiente sino que, antes bien.
recibía órdenes directas de la embajada estadounidense de inculpar a los
iraníes. Tampoco hay evidencia de que Nisman haya producido un sólo
avance significativo en la causa durante los casi diez años en que
manejó la investigación. Porque una cosa es denunciar políticamente el
acuerdo con Irán y otra es la desprolija denuncia de Nisman, que causó
una conmoción internacional, aunque, al momento de hacerla, no tuvo eco
ni en los gobiernos de Israel y Estados Unidos, ni en la AMIA y la DAIA,
ni entre los jueces Servini de Cubría y Lijo, quienes se negaron a
habilitar la feria judicial para recibirla, aduciendo que no había
pruebas suficientes, algo que parece obvio al leer el escrito del
fiscal.
A esto se suma que la familia del fiscal y gran parte de la opinión
pública no quiere creer que Nisman se haya suicidado, algo que sucede en
casi todos los suicidios con connotaciones políticas, llámese el muerto
Alfredo Yabrán o Salvador Allende. También hay que agregar: padecimos
en nuestra historia reciente una serie de asesinatos burdamente
disfrazados de suicidio, como los casos de Lourdes Di Natale, Marcelo
Cattáneo o el capitán Estrada. Estos casos nunca fueron esclarecidos,
pero acreditan diversas evidencias forenses que apuntan al asesinato,
cosa que en el caso Nisman hasta ahora, y bien vale repetir hasta ahora,
brillan por su ausencia.
Porque no alcanza con decir que a Nisman se lo veía bien de ánimo,
que los custodios fueron negligentes o que antes de morir habló varias
veces con el agente secreto Stiuso para concluir sin más que fue
asesinado. Que Nisman haya sido asesinado implica, al menos, que alguien
violó la cerradura electrónica de su casa sin dejar rastro, que haya
conseguido hacerse del arma de Nisman sin dejar rastros de un forcejeo,
que le haya sacado la ropa al fiscal sin dejar rastros de ADN en sus
prendas (o que lo haya convencido que se desnude solo), que lo haya
conducido al baño sin dejar ni un rasguño o moretón en el cuerpo del
fiscal, que le haya disparado a quemarropa desde un ángulo ascendente
indicativo de una herida autoinflingida, que haya manipulado un cadáver,
una mano y un dedo índice rígidos por el espasmo de la muerte violenta
para colocar la pistola de forma tal que parezca que él se hubiera
disparado a sí mismo, y que haya salido de baño sin dejar rastros pero
habiendo colocado el cuerpo de Nisman de manera tal de que obturase la
entrada. Además, para que la historia cierre, a este brillante y casi
invisible supuesto asesino hay que ponerlo a trabajar en tándem con el
más que torpe Lagomarsino, el colaborador de máxima confianza de Nisman,
que sin embargo lo habría traicionado al darle la pistola a sabiendas
de que sería utilizado por el asesino casi invisible, aunque sin darse
cuenta de que, al facilitar su arma, se estaba implicando en el supuesto
asesinato. Todo esto, claro, al amparo de una zona liberada ordenada
por Cristina o Stiuso y una gran conspiración que incluiría a Berni, los
custodios, la ambulancia y los medios que se inclinan hacia la
hipótesis del suicidio, incluyendo esta publicación.
Más allá de las marchas y contramarchas y tanto declaracionismo, las
consecuencias concretas de lo sucedido se ramifican en cuatro escenarios
de disputa política, mediática y legal. Primero, la investigación de
la muerte del fiscal. Segundo, la reforma del sistema de inteligencia.
Tercero, la denuncia de Nisman contra la presidenta. Cuarto, cómo sigue
la investigación del atentado a la AMIA sin el fiscal que la dirigía.
Con respecto a lo primero, más allá de lo dicho más arriba: Está
claro que el clima político imperante hace muy difícil que la fiscal
pueda expedirse en favor del suicidio, si es que ese termina siendo su
veredicto, como parecen indicar las conclusiones parciales de la prueba
analizada que viene anunciando. En esto coincido con el colega y
abogado Mario Wainfeld, que hoy escribe en Página/12: “Si no se sumaran
evidencias sólidas nuevas, en algún momento debería dictaminarse que
hubo posible suicidio…En términos políticos, todo indica que un
veredicto de suicidio generaría un torrente de repudio a la fiscal. Se
supone que ella debería pronunciarse según su saber y conciencia.
Debería… pero sus derivaciones previsibles podrían condicionarla. Es muy
improbable que no sienta la presión, consciente o inconscientemente.
Prolongar la investigación puede ser un rebusque para zafar de un
escenario difícil de soportar.”
Con respecto a lo segundo, el gobierno se agarra del trámite express
de una nueva ley de servicios de inteligencia para mostrar iniciativa y
salir del embrollo que tanto ha dañado su imagen de cara a las
elecciones presidenciales de agosto y octubre. La última vez que llevó
al recinto una reforma judicial, también contó con la inestimable ayuda
del CELS. A falta de una oposición que acuda a sus bancas a legitimar
lo actuado, el gobierno tuvo en la ONG especializada en derechos humanos
la contraparte necesaria para facilitar los debates, mejoras y
compromisos necesarios, evitando así que el Congreso parezca una mera
escribanía. Pero como dijo Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS,
“Se aprobó un proyecto mejor. Es el primer paso. El segundo es la
reglamentación, y el tercero, la práctica.” O sea, la ley representa una
mejora significativa con respecto a lo que había hasta ahora, pero más
importante será cómo se regula y como se implementa. Y mientras no se
transparenten los verdaderos motivos para mantener a Milani, mientras no
se sepa quiénes son los jueces, fiscales, operadores y periodistas que
cobran sobresueldos de la Secretaría de Inteligencia, no hay por qué
pensar que esta ley, al menos mientras dure este gobierno, no sea más
que un lavado de cara.
Con respecto a lo tercero, hoy viernes Clarín adelantó en exclusiva
que el fiscal Gerardo Pollicita, quien heredó la causa de Nisman, va a
ratificar la imputación a la presidenta, el canciller y demás acusados.
Horas más tarde la primicia se confirmó. Está bien. Pero, ¿y las
pruebas? Una fuente me asegura que D´Elía y Khalil efectivamente querían
acusar falsamente a “un grupo de fachos” para hacer zafar a los
iraníes. ¿Y? Hace falta bastante más para acusar a la presidenta y su
canciller de encubrimiento. Está bien que el fiscal Pollicita investigue
pero es imposible desconocer que esta imputación, al igual que la
anterior, está teñida de intereses políticos y geoestratégicos. La
denuncia, más que una acusación, es una invitación a hurgar en los
archivos de la Cancillería y de la Secretaría de Inteligencia. En ese
sentido, si se hace de manera responsable, bienvenido sea. Pero lo que
no quieren admitir los opositores al gobierno -y lo que no sale
en Clarín – es tan evidente como la desnudez de Nisman a la hora de
morir. Esto es, si el fiscal hubiera tenido pruebas convincentes en
contra de Cristina y Timerman, las hubiera incluido en su denuncia de
más 300 páginas. Y si nadie las ha encontrado todavía, y vaya si las
buscaron, debe ser porque no están.
El cuarto punto es para mí el más importante y preocupante. Los
Wikileaks mostraron que Nisman no llevó adelante una investigación
independiente, sino que se comprometió ante una superpotencia extranjera
a seguir exclusivamente la pista iraní. Dicho comportamiento,
registrado en decenas de cables diplomáticos secretos estadounidenses,
al menos compromete seriamente la indagación de Nisman, si es que no la
descalifica en términos éticos, morales y legales. Entonces tenemos a un
presidente, Menem, acusado de encubrir la pista siria, a punto de ir a
juicio. Y a una presidenta, Cristina, acusada de encubrir la pista
iraní, a punto de ser investigada.
En cuanto a pruebas concretas, en veintiún años no se avanzó
prácticamente nada. Eso sí, tenemos cinco presuntos autores
intelectuales: cuatro funcionarios o ex funcionarios del gobierno iraní
y un líder de Hezbolá. El problema es que sin autores materiales no se
puede llegar a los intelectuales. Sin saber quién puso la bomba no se
puede saber a quién obedeció esa persona, porque muchos podrán dar la
orden pero sólo el que lo hizo sabe a quién obedeció. Por eso no existen
muchos antecedentes de crímenes en los que se conoce quién lo ordenó
sin saber quién lo hizo. Es de por sí demasiado raro.
Más grave que el problema de resolver quién cometió el atentado es no
poder hablar del tema. Con la AMIA pasó algo parecido a lo que pasó con
la convertibilidad en los años noventa. La premisa básica no se podía
cuestionar, había que ser un economista neoliberal para opinar del tema y
cualquiera que hablara desde afuera era un burro o un ignorante. Hasta
que esa careta se cayó. Con la AMIA pasó lo mismo. Durante años había
que ser un experto en abogacía, servicios de inteligencia, Medio Oriente
y unas cuantas cosas más para poder emitir una opinión disonante al
pensamiento único. Un pensamiento único o política de Estado de defender
la investigación de Nisman contra viento y marea que incluyó al juez, a
la AMIA y a la DAIA, al gobierno, a la oposición, y a los medios k y
anti k. Una política impulsada y alentada por los gobiernos de Estados
Unidos e Israel y por el interés del gobierno argentino de posicionarse
en la alianza occidental, más allá de sus coqueteos bolivarianos.
No importaba que cuatro respetados autores de libros de investigación
sobre la AMIA habían concluido poco después del atentado que no hubo
coche bomba, o sea que no existió piedra basal sobre la que se montó la
versión oficial que no ha cambiado en estos 21 años. Total, lo que
importaba era que el bombazo fuera obra de los iraníes. La historia
oficial tampoco cambió en 1997 cuando Jorge Lanata puso al aire un
video mostrando cómo el entonces juez de la causa, Juan José Galeano,
coimeaba al único imputado por participar en la preparación del
atentado, Carlos Telleldín, para que acusara de poner la bomba a un
chorro de la policía bonaerense que no tenía nada que ver. Total, los
autores intelectuales seguían siendo los iraníes. Tampoco se torció la
historia en el 2010, cuando los Wikileaks mostraron cómo los
estadounidenses interfirieron en la investigación instruyendo al fiscal
que persiga a los iraníes y sólo a los iraníes y recibiendo a cambio
información privilegiada de la causa. El apoyo a Nisman siguió intacto.
Hasta que el gobierno negoció con Irán, mal o bien, hace dos años, la
investigación de la AMIA no se podía cuestionar. Pero, ¿donde están las
pruebas? No es tan complicado, están o no están.
Y lo que lo que hay son informes de inteligencia secretos que no se
pueden corroborar, un denunciante profesional que ha recorrido el mundo
testificando sobre demasiados episodios, un varias veces arrepentido
mantenido a sueldo en Alemania por nuestra Secretaría de Inteligencia
para que no cambie su testimonio una vez más, un brasileño de película
que alguna vez avisó que algo iba a pasar antes de desaparecer en el
submundo de los espías, una prostituta que conocía a algunos espías…En
fin: nada concreto y tangible.
El trágico recorrido que empieza con la firma del acuerdo con Irán,
sigue con el desplazamiento de Stiuso de la Secretaría de Inteligencia,
se prolonga con la denuncia de Nisman contra la presidenta y desemboca
en la muerte del fiscal, ha tenido como efecto colateral el desnudar la
trama de complicidades y encubrimientos que descarriló la causa AMIA
desde el primer día. El tema es qué hacemos con esto, ahora que vuelve a
salir a la luz.
Hoy viernes la procuradora Alejandra Gils Carbó nombró a un equipo de
fiscales que ya han sido criticados por la oposición por adherir a la
agrupación judicial protokirchnerista Justicia Legítima. Con semejante
debut será muy difícil evitar que intereses políticos de uno u otro lado
condicionen la investigación.
Mientras tanto, esta semana un grupo de respetados juristas e
intelectuales propusieron la creación de una “Comisión Nacional de
Esclarecimiento del Atentado a la AMIA” al estilo CONADEP. “Es en este
contexto que los abajo firmantes creemos indispensable la convocatoria
por parte del Poder Ejecutivo Nacional a una
Comisión Nacional de
Esclarecimiento del Atentado a la AMIA´ bajo la premisa de que la misma
opere con plena independencia y capacidad de actuación y que cuente con
los recursos necesarios para efectuar su tarea. Tanto a partir de
nuestra experiencia con la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas´(CONADEP) como con experiencias en otras latitudes, se ha
podido constatar que esta clase de instrumento es apto para hacer un
mejor diagnóstico de una situación compleja y delicada, para revisar una
política pública desacertada o para evaluar el fracaso de una
estrategia, entre otras. En nuestro caso, se trata de un mecanismo
imprescindible para abordar un ejemplo emblemático de impunidad que está
horadando la democracia argentina pues pone en entredicho y deslegitima
a instituciones del Estado, así como a partidos y dirigencia política.
De allí que creemos que una Comisión como la sugerida, reputada respecto
a la honestidad y capacidad de sus miembros, plural en su conformación
ideológica y diversa en su procedencia disciplinaria, puede contribuir
decisivamente a dar luces en cuanto al atentado a la AMIA”, señala la
propuesta.
Lleva la firma de nada menos que Víctor Abramovich, Carlos H. Acuña,
Eduardo Anguita, León Carlos Arslanian, Abraham Gak, Roberto Gargarella,
Luis Moreno Ocampo, Vicente Palermo, Beatriz Sarlo y Juan Gabriel
Tokatlian. Se trata de un texto llamativamente entusiasta y optimista en
medio de tanta angustia y oscuridad. Sobre todo para el inicio de una
investigación después de dos décadas de pruebas perdidas.
Se trata, claro, apenas de una idea. Pero no tengo una mejor. Estamos
en la Argentina, donde todo puede pasar, menos darnos por vencidos.
* Publicado en Revista Anfibia bajo el título “Pruebas y sospechas”
