Guerrilleros gobernanado y Fuerzas Armadas prisioneras en cárceles
OTRAS VOCES
Más confusiones
Guillermo V. Lascano Quintana
Más confusiones
Guillermo V. Lascano Quintana
En una nota anterior --ver la del 7 de enero 2013-- me he referido a diversas confusiones que en muchos casos se han hecho carne entre la ciudadanía, al impulso de los comentarios y declaraciones de sus líderes, a veces hechas de buena fe o como idiotas útiles, y en otros con una intención determinada.
Por formación profesional --soy
Por formación profesional --soy
abogado-- y por herencia --soy hijo, nieto y bisnieto de abogados-- siempre he tenido el mayor respeto por los jueces. He visto en ellos, y lo he comprobado, la última valla contra la barbarie; el oasis donde encontrar sensatez y erudición; el refugio frente a los desatinos de otros; en fin, el lugar donde encontrar amparo o reparación.
Además, los jueces están obligados a aplicar la ley, y la ley es la base del orden social y jurídico donde se asienta la civilización. Sin ley volvemos al estado salvaje, y ese es un campo fértil para el pícaro y para el violento, nunca para el pacífico y laborioso.
En consecuencia, todo lo que diga de los jueces a lo largo de esta nota debe entenderse en el contexto del respeto antes señalado.
Al compás del relativismo moral, espiritual y político, que ha calado hondo en nuestra sociedad, es frecuente suponer que los jueces tienen los mismos defectos derivados de esa corriente filosófica.
Esto es solo parcialmente cierto, pero igualmente deletéreo, ya que estamos hablando de un universo de personas --los jueces-- relativamente pequeño en comparación con la ciudadanía, pero con un poder enorme, ya que en sus manos está nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestro honor. En ciertos sectores académicos, y en algunas universidades, aquel relativismo ha tenido mayor auge y naturalmente hay abogados --solo ellos pueden ser jueces-- que se han formado en esa corriente para la que la ley es un estorbo, producto de la clase dominante, y el delito o el incumplimiento de las normas no necesariamente es punible; en todo caso, no debieran existir las prisiones --a pesar de ello sus víctimas de hoy, los militares, están encarcelados--.
Esto es, de por sí, una tragedia para los ciudadanos honestos, trabajadores, cumplidores de la ley. Sin embargo, la sociedad, y sobre todo sus dirigentes, no se han dado cuenta, o no les parece trascendente, sobre todo por otra confusión que guarda estrecha relación con la actuación de los jueces.
Alguien difundió que hace 40 años los militares argentinos salieron a matar conciudadanos porque sí. No he de relatar lo que en realidad sucedió, pues no es el objeto de esta nota, pero, para ser coherente y ser entendido, diré que algunos encontrados responsables del enfrentamiento --guerrilleros y militares-- fueron juzgados y condenados. Después de ello a varios, de ambos sectores, se los indultó --facultad que tiene el presidente de la República--, a otros se los amnistió --facultad que tiene el Congreso de la Nación--
. Los dos instrumentos legales utilizados --indulto y amnistía-- fueron cuestionados y la Corte Suprema de Justicia de la Nación los rechazó y admitió tanto los indultos como la amnistía. Esto pudo haber sido el comienzo de una nueva etapa de concordia en la Argentina, tantas veces tan fuertemente dividida, pero llegó el gobierno instalado el 25 de mayo de 2003, que además de otros desatinos que cometió, y sigue cometiendo, propició la anulación de los indultos y las leyes de amnistía, lo que fue sancionado por el Congreso de la Nación --por oficialistas y opositores, cobardes, idiotas útiles o distraídos-- y violando todos los precedentes existentes y principios inmemoriales del derecho, especialmente del penal, una nueva Corte Suprema, con mayoría oficialista, declaró la constitucionalidad de aquellas anulaciones. Algún día van a ser juzgados por semejante barbaridad y también por otras.
Naturalmente todo se hizo al compás del derecho de los vencedores --guerrilleros-- que, enquistados en el gobierno, maniobraron y maniobran para destruir las bases de nuestra sociedad, con la infantil idea de construir una mejor. Varios jueces, algunos imbuidos del pensamiento relativista, otros como consecuencia de su militancia política e ideológica y una gran cantidad de cobardes, comenzó a la "caza de brujas" contra los militares, fuerzas de seguridad y ahora hasta civiles, sin ningún empacho en violar aquellas normas que permiten el funcionamiento y el orden de la sociedades --la cosa juzgada, la irretroactividad de las leyes, la prescripción, entre otros--,
La mayor iniquidad es la condena a los militares y el olvido --prescripción-- a los guerrilleros. ¡Los primeros están en prisión y los segundos gobernando!
Guillermo V. Lascano Quintana es abogado; reside en Buenos Aires.
Además, los jueces están obligados a aplicar la ley, y la ley es la base del orden social y jurídico donde se asienta la civilización. Sin ley volvemos al estado salvaje, y ese es un campo fértil para el pícaro y para el violento, nunca para el pacífico y laborioso.
En consecuencia, todo lo que diga de los jueces a lo largo de esta nota debe entenderse en el contexto del respeto antes señalado.
Al compás del relativismo moral, espiritual y político, que ha calado hondo en nuestra sociedad, es frecuente suponer que los jueces tienen los mismos defectos derivados de esa corriente filosófica.
Esto es solo parcialmente cierto, pero igualmente deletéreo, ya que estamos hablando de un universo de personas --los jueces-- relativamente pequeño en comparación con la ciudadanía, pero con un poder enorme, ya que en sus manos está nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestro honor. En ciertos sectores académicos, y en algunas universidades, aquel relativismo ha tenido mayor auge y naturalmente hay abogados --solo ellos pueden ser jueces-- que se han formado en esa corriente para la que la ley es un estorbo, producto de la clase dominante, y el delito o el incumplimiento de las normas no necesariamente es punible; en todo caso, no debieran existir las prisiones --a pesar de ello sus víctimas de hoy, los militares, están encarcelados--.
Esto es, de por sí, una tragedia para los ciudadanos honestos, trabajadores, cumplidores de la ley. Sin embargo, la sociedad, y sobre todo sus dirigentes, no se han dado cuenta, o no les parece trascendente, sobre todo por otra confusión que guarda estrecha relación con la actuación de los jueces.
Alguien difundió que hace 40 años los militares argentinos salieron a matar conciudadanos porque sí. No he de relatar lo que en realidad sucedió, pues no es el objeto de esta nota, pero, para ser coherente y ser entendido, diré que algunos encontrados responsables del enfrentamiento --guerrilleros y militares-- fueron juzgados y condenados. Después de ello a varios, de ambos sectores, se los indultó --facultad que tiene el presidente de la República--, a otros se los amnistió --facultad que tiene el Congreso de la Nación--
. Los dos instrumentos legales utilizados --indulto y amnistía-- fueron cuestionados y la Corte Suprema de Justicia de la Nación los rechazó y admitió tanto los indultos como la amnistía. Esto pudo haber sido el comienzo de una nueva etapa de concordia en la Argentina, tantas veces tan fuertemente dividida, pero llegó el gobierno instalado el 25 de mayo de 2003, que además de otros desatinos que cometió, y sigue cometiendo, propició la anulación de los indultos y las leyes de amnistía, lo que fue sancionado por el Congreso de la Nación --por oficialistas y opositores, cobardes, idiotas útiles o distraídos-- y violando todos los precedentes existentes y principios inmemoriales del derecho, especialmente del penal, una nueva Corte Suprema, con mayoría oficialista, declaró la constitucionalidad de aquellas anulaciones. Algún día van a ser juzgados por semejante barbaridad y también por otras.
Naturalmente todo se hizo al compás del derecho de los vencedores --guerrilleros-- que, enquistados en el gobierno, maniobraron y maniobran para destruir las bases de nuestra sociedad, con la infantil idea de construir una mejor. Varios jueces, algunos imbuidos del pensamiento relativista, otros como consecuencia de su militancia política e ideológica y una gran cantidad de cobardes, comenzó a la "caza de brujas" contra los militares, fuerzas de seguridad y ahora hasta civiles, sin ningún empacho en violar aquellas normas que permiten el funcionamiento y el orden de la sociedades --la cosa juzgada, la irretroactividad de las leyes, la prescripción, entre otros--,
La mayor iniquidad es la condena a los militares y el olvido --prescripción-- a los guerrilleros. ¡Los primeros están en prisión y los segundos gobernando!
Guillermo V. Lascano Quintana es abogado; reside en Buenos Aires.
