Causa por La Rural
Un duro fallo le advierte al Gobierno que no debe obstruir a la Justicia
La Cámara Civil y Comercial consideró
"inadmisible" que haya una "política deliberada" de apartar a los jueces
que no lo favorecen
Por Hernán Cappiello
| LA NACION
El Gobierno sufrió ayer un nuevo revés judicial en la causa por el intento de estatización del predio de la Rural:
en una sentencia de segunda instancia, el tribunal denunció que existe
una "política deliberada" para apartar a los jueces de sus causas
naturales, con la intención de obtener fallos favorables. Y advirtió que
de ese modo el Poder Ejecutivo "conspira" contra la administración de justicia y "obstruye su funcionamiento".
Así lo señalaron los jueces de la sala de feria de la
Cámara en lo Civil y Comercial Federal al rechazar el pedido del
Gobierno para recusar masivamente a los camaristas que mantienen
suspendida la estatización de la Rural.
Los magistrados son Francisco de las Carreras, Ricardo
Guarinoni y Graciela Medina, los mismos que intervinieron en los últimos
días en trámites del caso Clarín y que fueron objeto de un fuerte
ataque presidencial. Cristina Kirchner se había referido a ellos al
señalar que "el sistema democrático está severamente dañado" por sus
resoluciones, como la que frenó la estatización del tradicional predio
de Palermo. Denunció entonces "un desequilibrio total del sistema
democrático", porque "los jueces gobiernan anulando decisiones" del
Poder Ejecutivo y Legislativo. "El tribunal [por esa Cámara] ha
traspasado -y se le ha permitido traspasar- todos los límites", había
dicho la Presidenta por Twitter el sábado 5 de este mes, mientras
descansaba en El Calafate.
Los mismos tres jueces rechazaron ayer sin más trámite
la recusación masiva que presentó el Gobierno para que dejaran el caso
de la Rural.
También desestimaron un pedido para que la causa pase al fuero contencioso administrativo federal.
En otro punto del fallo, rechazaron habilitar la feria
judicial de enero para tratar la apelación de la concesión de la medida
cautelar que congeló la validez el decreto de la presidenta Cristina
Kirchner mediante el cual se anuló la venta del predio de la Rural,
realizada por el gobierno de Carlos Menem en 1991. El argumento del
Gobierno es que ese predio se vendió a "precio vil".
La sentencia sostiene que la recusación de todos los
camaristas -a quienes además el gobierno había denunciado ante la
justicia federal- es "inadmisible", "genérica" e "indiscriminada" si
está basada solamente en la causa penal que les inició.
De las Carreras, Guarinoni y Medina habían sido
denunciados con un grupo de jueces por supuestamente alterar el sistema
de subrogancias de la cámara para coincidir en el dictado de fallos en
sintonía con las pretensiones del Grupo Clarín.
Los camaristas pidieron copia de la causa penal y
advirtieron que el juez federal Luis Rodríguez -cuyo pliego fue
impulsado por el kirchnerismo y fue designado con apoyo del oficialismo y
de Pro tras un controvertido concurso- no había realizado ninguna
medida que comprobara la legitimidad de la denuncia oficial.
De todos modos, recordaron que la recusación con causa
no está prevista para casos como el presente, pues el Poder Ejecutivo
sólo ejerce en la causa la representación del Estado, que está integrado
también por los otros dos poderes (Legislativo y Judicial). Y los
jueces son empleados de uno de ellos.
Como el Estado es parte en la gran mayoría de las
causas que se tramitan en el fuero, admitir una recusación similar en
otros casos provocaría que ninguno de los jueces pudiera intervenir en
ningún juicio, lo que implicaría vaciar la cámara de jueces e incurrir
en un "abuso de derecho", escribieron los camaristas.
Advirtieron que el Gobierno los recusó además en la
causa Clarín y Cablevisión, y en ningún otro de los miles de expedientes
que tramitan en el fuero donde el Estado es parte, lo que implica una
práctica "abusiva", pues desnaturaliza la recusación.
"Este temperamento se presenta como una política
deliberada para apartar a los jueces naturales, lo que es sin duda
inadmisible en uno de los poderes de la Nación, el que no debe conspirar
contra la administración de justicia, o perturbar u obstruir
intencionalmente su apropiado funcionamiento", dijeron los camaristas.
De las Carreras, Guarinoni y Medina rechazaron también
la pretensión del Gobierno de que se excusaran por el "conflicto
emocional" que les pudiera haber ocasionado la denuncia en su contra.
Dijeron que la excusación es personal y es "inadmisible forzar esta
decisión soberana" de cada juez, basada en su subjetividad.
A pesar de ello, los jueces creyeron conveniente
escribir en la sentencia que "conservan la serenidad y el equilibrio
necesarios para garantizar la imparcialidad de la función
jurisdiccional".
Dijeron que "el recíproco trato respetuoso entre las
autoridades constitucionales contribuye al fortalecimiento de las
instituciones, que -opinaron- es lo único permanente en la República".
En cuanto al pase de la causa al fuero contencioso
administrativo federal -por tratarse de un caso que analiza un decreto
del Poder Ejecutivo-, los jueces concluyeron que el planteo debió
formularse en primera instancia, para permitir su revisión por el
tribunal de apelaciones.
Recordaron, además, que la feria judicial está
habilitada para la causa de la Rural, que hubo resoluciones en lo que va
de enero y que no correspondía volver a habilitarla para la apelación
de la medida cautelar.
Ahora está allanado el camino para que el Gobierno apele y caso llegue a la Corte Suprema.
