OPINIÓN
Cuando en una sociedad, como la nuestra, el Derecho de millones de menores que aceptan las reglas de la convivencia social se encuentra permanentemente amenazado y violentado por el “derecho” de un grupúsculo de “niños inadaptados”, no estamos ejerciendo la obligación de preservar los derechos de la niñez; de los menores. Por el contrario, estamos desmoronando los pilares de moral y justicia sobre los que se debe basar una sociedad civilizada y sobre los cuales se debe formar en los niños su perfil de ciudadano.Quien quebranta y vulnera las normas y reglas de una sociedad, atenta contra la misma y no puede convivir en ella, y es deber del Estado, por un lado, modificar dicha conducta intentando socializar de nuevo al individuo, y por el otro, preservar a la sociedad de los actos de dichos individuos hasta tanto no garantice su voluntad de reinserción.
Si ello no ocurre, si no hay premio y castigo, no existe diferenciación alguna entre el desenvolverse socialmente y el actuar inadaptado.
No existe distinción alguna entre lo malo y lo bueno, entre lo justo e injusto, entre lo correcto y lo incorrecto.
Si fuese acertado el concepto de inimputabilidad de los menores que cometen actos ilícitos por falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, simplemente por una razón de franja etaria, estaríamos afirmando que los “niños socializados” de la misma franja etaria serían sólo producto de la casualidad, ya que ellos tampoco tendrían el discernimiento entre lo permitido o lo no tolerado o autorizado.
Esto es una negación de la realidad, es una carencia de la sociedad en sí misma como comunidad organizada bajo reglas comunes de convivencia.
Es rechazar la existencia de la generalidad para intentar justificar el error de la minoría.
Y lo que es peor aún, es estimular el no acatamiento a las normas sociales de convivencia estipulando la inexistencia de los procesos educativos como formadores de conciencia social.
Una sociedad que siente y expresa a diario el miedo a ser víctimas de unos pocos no es una sociedad justa, y mucho menos una comunidad amparada en sus derechos.
Cuando esto sucede, es el Estado quien en principio ha fracasado y se debe renovar y enmendar todo el andamiaje jurídico que lo sustenta, de lo contrario, se estará empujando a la sociedad a una disgregación profunda y hacia un individualismo salvaje donde “todo da igual” y “donde todo vale”.
La norma o regulación a través de la ley, es el límite que como sociedad nos imponemos no cruzar, que marcamos como muro de contención de lo que significa convivencia social.
Cuando dicho límite se cruza, quien lo hace se autoexcluye de la vida social y debe ser reencauzado en el cumplimiento de las normas para permitir su reinserción social, y es el estado quien tiene la responsabilidad y la obligación de hacerlo evitando que el resto de la sociedad sufra la reincidencia de la ruptura de las normas de convivencia.
No se trata de estigmizar el error, factible en todos y cada uno de nosotros, sino de corregir reincidentes conductas inadaptadas violatorias de los derechos de toda la sociedad.
Minimizar, o directamente ignorar, conductas inadaptadas graves y reincidentes en determinadas franjas etarias no es el camino de protección social que el estado debe brindar a la sociedad en su conjunto, sino que, por el contrario, es un camino que lleva inexorablemente a formar el perfil del delincuente adulto.
DR. JORGE B. LOBO ARAGÓN
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