JUSTICIA Y VIOLENCIA LA NUEVA CULTURA
OPINIÓN:
Es necesario que los representantes del pueblo propicien el necesario análisis de la permanente violencia que se pone de manifiesto en hechos cotidianos, que tienen entre sus principales origen la situación socio- económica de muchos desocupados cuyas fuerzas morales están debilitadas o directamente no existen.
La violencia actual por otra parte supera el promedio de irracionalidad que caracterizaron estos hechos en épocas pasadas. Anteriormente se perpetraba en casos psicopáticos puntuales o por reacción violenta del afectado. El robo como ejemplo, consistía simplemente en apoderarse de lo ajeno sin más trámite. Hoy estas acciones están vinculadas estrechamente a la agresión violenta sin motivo aparente y la mayoría de las veces totalmente injustificadas, luego de consumado el hecho. Se mata por matar; se ataca por dañar.
Feliz es el que es asaltado sin agresión. Por otra parte los delincuentes son cada vez más jóvenes.
En la mayoría de los casos las drogas y el alcohol sirven de incentivo para cometer el delito. A nivel popular se ha tomado conciencia de no ofrecer resistencia al ladrón; no protestar; entregar todas las pertenencias; no mirarlo fijamente; tomando las prevenciones y cuidados que forma parte de la “nueva cultura” en cuanto al trato que hay que dispensar al delincuente. Sin embargo a pesar de ello los hechos que se suceden son cada vez más cruentos, feroces y sanguinarios.
los elevados índices de impunidad disparados en los últimos años; el incremento en la atrocidad y frecuencia de los crímenes cometidos contra niños y mujeres; el olvido y abandono de las víctimas en el derecho penal y procesal penal; la alcahuetería punitiva y la falta de una definida política criminal, son los factores que traumatizan a nuestra sociedad.
En los últimos años, los medios de comunicación han colmado páginas, parlantes y monitores, de sangre, lágrimas y horror: El estrés en que vivimos y los traumas que sufren las víctimas son indescriptibles.
Cada instante, la inseguridad y la violencia producen muchas víctimas que los delincuentes y los contraventores agreden sin piedad; las que denuncian han de soportar la re victimización judicial, lo que genera sin duda "un entramado de inseguridades donde se vinculan aspectos culturales, políticos y sociales de suma gravedad“. “Es claro, la inseguridad atenta contra la integración social”
La indefensión y frustración en cientos de miles de víctimas, tiene proporciones gigantescas. Las razones del desastre se resumen en la falta de sistematización de la función penal estatal. No podemos seguir viendo a la policía (fuerza pública), al Ministerio Público, la administración de justicia y las cárceles, como partes aisladas y desarticuladas de tan importante actividad del Estado. Nuestros cuerpos policiales no están al nivel de esas garantías que exige nuestra legislación procesal penal en todo el país. La investigación policial no cumple con los altos requerimientos garantistas vigentes en nuestra administración de justicia. La mayoría de nuestros policías no están capacitados para tramitar los oficios y cedulas y realizar las investigaciones de manera debida. Hay cientos de casos en donde no le queda más al fiscal o al órgano jurisdiccional que desestimar o absolver, porque toda la cadena de custodia probatoria se ha roto, porque no hay pruebas, porque la prueba se contaminó, porque no se hicieron bien los informes o porque los policías olvidan los hechos que presenciaron cuando declaran como testigos.
El creciente aumento de la impunidad a favor de los delincuentes y la inexistencia de una política criminal consistente, ha sido en los últimos años la respuesta estatal a la victimización de cientos de miles de argentinos. Los dirigentes se han interesado sólo en una de las partes del delito: el delincuente, pero se les sigue olvidando la víctima.
Debemos diseñar una política criminal que permita modernizar y fortalecer la función penal del Estado, con absoluto respeto a los derechos de las víctimas, de los imputados, de los funcionarios que trabajan en el Poder Judicial, en los cuerpos policiales y en las prisiones.
El Ministerio Público, en este momento, está absoluta y totalmente colapsado y las consecuencias son nefastas para la democracia, que sigue desmoronándose con la ineficiente persecución penal y el consabido desbaratamiento de la justicia penal.
Es necesario que el órgano que representa a la Vindicta pública sea reestructurado y separado del poder judicial. Nunca formar parte del poder ejecutivo. El órgano acusador merece el nivel constitucional que los tiempos actuales requieren, debe dársele rango constitucional, autonomía y suficiente presupuesto.
Por otro lado, si bien es cierto que la administración de justicia no puede ser lerda, ni irresponsable, hay algo que llama mucho la atención y es que la administración de justicia tampoco puede ser anónima.
Debemos rescatar los derechos de la víctima en el derecho penal .No es posible, que ante hechos sumamente graves, los condenados no cubran al menos los daños y perjuicios económicos causados y que disfruten de una serie de beneficios harto inmerecidos. Actuemos rápido. Debemos humanizar la función penal del Estado, si queremos disminuir el riesgo de victimización y el estrés generado por la inseguridad pública y la violencia.
DR. JORGE B. LOBO ARAGÓN
jorgeloboaragon@hotmail.com
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