Si la Televisión de Galicia está saneada, ¿por qué no la privatiza, señor Feijóo?
Anteayer el gobierno valenciano anunció el cierre de Canal 9,
una buena noticia que deja en entredicho la existencia en España de
canales públicos de TV que en 2013 tienen previsto ingresar 1.200 millones en ayudas directas, 199.663 millones de pesetas pagados por los contribuyentes. Ante lo escandaloso que es ese gasto mientras se recortan servicios públicos básicos, ayer el presidente gallego se apresuró a señalar que la TVG está “saneada”.
El presupuesto y la deuda de las televisiones públicas, en cifras
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¿Está ‘saneada’ una TVG que cuesta 90 millones de euros a los contribuyentes?
Según Alberto Núñez Feijóo, la Televisión de Galicia “no tiene deudas y acaba en equilibrio presupuestario cada año”. Destacó, además, que es “el segundo canal autonómico con más espectadores de España”,
un dato que celebro y que no me parece extraño, pues Galicia es la
única comunidad española con dos lenguas oficiales en la que la lengua
regional es la más usada de las dos, y además la TVG tiene algunos
programas muy interesantes (y lo digo porque la veo con bastante
frecuencia). Lo que sí me extraña es que se califique como
“saneada” una empresa con 99,4 millones de euros de presupuesto, cuando
de ese importe 90 millones los aporta el gobierno autonómico, es decir, todos los gallegos, vean o no la TVG. En concreto, de media la TVG cuesta a cada gallego 35,9 euros, aunque nunca la sintonice en su televisor.
Compitiendo en condiciones privilegiadas contra las TV privadas
Hoy en día la existencia de canales públicos en un medio saturado de
canales privados sólo tiene una razón de ser: la propaganda. Las
televisiones estatales y autonómicas son formidables plataformas de
publicidad para los políticos que controlan esos canales. Que algunos salgan ahora diciendo que en Canal 9 se manipulaba la información es cuanto menos cómico, teniendo en cuenta que la manipulación de la información al servicio del poder es lo propio de esos canales.
Muchas veces se apela a su supuesta condición de “servicio público”,
como si la programación que emiten esos medios no la emitiesen ya
canales privados. Sin ir más lejos, Galicia está plagada de televisiones
locales, y por supuesto hay canales regionales privados desde hace
años. Estos canales salen al mercado en desventaja, pues sus
pérdidas las cubren sus accionistas, mientras que las pérdidas de la TVG
las cubrimos todos los contribuyentes, lo cual otorga al canal
autonómico una posición de privilegio que lejos de corresponderse con
un servicio público, acaba perjudicando a la oferta privada que surge de
la propia sociedad.
Los mismos políticos que controlan las TVs públicas reparten las licencias de las privadas
Los canales privados, además, tienen que lidiar con el favor de la
administración autonómica para poder emitir. Sí, la misma administración
que controla esos canales públicos con los que tienen que competir en
desigualdad de condiciones. Hace dos años hablé aquí del caso de Televigo, que emite desde 1995 y al que el gobierno de Emilio Pérez Touriño dejó sin licencia de TDT en favor de otros dos aspirantes que ni siquiera habían emitido una carta de ajuste. El PSOE se vengaba así de un canal que siempre hizo gala de su independencia.
El atropello lo completó el gobierno de Feijóo, urgiendo a cerrar
Televigo en 2011 a pesar de que los canales a los que se adjudicaron las
licencias en el ya irregular reparto de 2006 seguían sin emitir, lo
cual incumplía las condiciones de la licencia. Como fruto de estos atropellos, ayer se conoció la noticia de que Televigo dejará de emitir esta semana. Otra nueva víctima del caciquismo político de unos y otros.
¿Cuál es la verdadera razón por la que no se privatiza la TVG?
Si España quiere salir de la crisis no se puede seguir permitiendo un
modelo económico en el que el Estado acapara buena parte de la
actividad económica, perjudicando a la iniciativa privada y, con ello, a
toda la sociedad. Esto incluye a las televisiones. Las que
están sobredimensionadas, como es el caso de la valenciana y también de
la catalana, tienen muy escasas posibilidades de salir al mercado, pues
no habrá nadie en su sano juicio que se quiera hacer con monstruos
devoradores de recursos y generadores de pérdidas. Pero si una televisión autonómica está saneada, ¿por qué no privatizarla?
Con ello las administraciones públicas recuperarían buena parte del
gasto que han supuesto esos órganos de propaganda, y así podrían aliviar
la agobiante presión fiscal que sufren los contribuyentes. Si
no se privatizan es porque o no están realmente saneadas, o porque los
políticos que han de tomar esa decisión no quieren renunciar a ese
órgano de propaganda. Que disfracen esto apelando a la
necesidad de promover lenguas cooficiales, servicios públicos o
contenidos culturales no es más que un intento cada vez menos disimulado
de tomarle el pelo a la ciudadanía.
