EL PROBLEMA NO ES LA LEY DE MEDIOS
SINO LA "KORTE"
Por
Nicolás Márquez
Por muchas razones, ya hemos dicho otras
veces que el kirchnerismo es claramente un gobierno dictatorial, aunque dentro
de los cánones y formatos atemperados de las dictaduras del llamado socialismo
del Siglo XXI. En lo que a la independencia judicial concierne, la Argentina
kirchnerista se encuentra en el puesto número 115 del “Ranking mundial de
independencia judicial 2011”, detrás de Camerún, Bosnia y Nicaragua. Y si bien
Cristina desde sus habituales arengas supo tildar con desdén al Poder Judicial
calificándolo de “corporación ilegítima”, cabe señalar que entre su marido y
ella no sólo designaron al 60% de los miembros de la Corte Suprema de Justicia,
sino que nombraron al 42% del total de los jueces federales y nacionales que
hoy ejercen sus cargos no sin descrédito.
Vale agregar además que el gobierno
desobedeció deliberadamente sentencias judiciales (como si éstas fuesen sugerencias
de consorcio) y reconocidos jueces “rebeldes” fueron destituidos (como el Dr.
Alfredo Bisordi), cuando no intimidados con patrulleros policiales (como la
jueza María José Sarmiento) o “escrachados” desde la insufrible y onerosa
“Televisión Pública” (como los Dres. Ricardo Guarinoni y Graciela Medina), por
citar los casos más sonoros. Entre las sentencias judiciales que el régimen
ilegalmente desoyó, se encuentran nada menos que fallos de la mismísima Corte
Suprema de Justicia (tal el caso de la sentencia que ordenó reponer al ex
Procurador Eduardo Sosa en Santa cruz).
Ahora bien, con motivo de la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia avalando la disputada Ley de Medios (técnicamente
denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522) , el máximo
tribunal ha “sorprendido” a muchos sedicentes “opositores” que ven en la Corte
una institución conformada por magistrados “notables” y de prestigio presunto.
En efecto, el grueso de los comunicadores y
dirigentes “opositores” (sean éstos socialdemócratas, peronistas “disidentes” o
empleados del PRO) no sólo avalaron a los miembros de esta Corte Suprema de
Justicia nombrados oportunamente por Néstor Kirchner, sino que desde siempre
reconocieron tal incorporación como uno de los “grandes logros” del
kirchnerismo.
En sentido contrario, nosotros, desde
nuestras modestas y poco influyentes líneas siempre consideramos exactamente lo
contrario, es decir, que ese “logro” que la pusilanimidad opositora le atribuye
al oficialismo fue uno de los desatinos mas aborrecibles cometidos por este
régimen corrupto y corruptor que, con proverbial desfachatez, detenta el poder
del Estado desde hace una fatídica década, no sin la insoportable complicidad
de nuestras timoratas fuerzas disidentes.
Justamente, siempre hemos estado muchos
pasos más allá de la “crítica constructiva” efectuada por “los contrincantes”
del kirchnerismo y mucho lamentamos incurrir en la inelegante desprolijidad de
la autor referencia, pero lo cierto y confirmado es que junto con Agustín Laje,
en el libro “Cuando el relato es una farsa” (que publicamos semanas antes del
fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ley de Medios), en la
página 78 del mismo, hicimos expresa declaración del carácter ilegítimo e
inmoral del grueso de los miembros del citado “máximo tribunal” en estos
términos:
“El gran ataque de Néstor Kirchner a la
división de poderes, se dio (además de la constante compra de diputados) con el
desmantelamiento de la Corte Suprema –derrocando a cuatro miembros que no se subordinaban
al Ejecutivo y colocando en su reemplazo a cuatro funcionarios afines– y la
posterior reforma del Consejo de la Magistratura –a efectos de controlar
también el nombramiento y ascenso del resto de los jueces del Poder Judicial–.
En efecto, Kirchner al asumir necesitaba
obtener los votos favorables de la Corte Suprema de Justicia, pero los números
no le favorecían. Entonces precisó cambiar a sus miembros a través de un
derrocamiento virtual. En consecuencia, valiéndose de la Cadena Nacional y utilizando
a sus domesticados legisladores, los jueces de la Corte díscolos fueron
amedrentados bajo amenaza de que si no renunciaban a sus cargos, serían
removidos a través de un ‘juicio político’ por el Congreso, y con esto, los
magistrados ni siquiera podrían gozar de haberes previsionales. Se forzó así la
renuncia de los jueces insumisos bajo el absurdo pretexto de querer erradicar
‘la Corte adicta’. ¿Adicta a quién, preguntamos? A Menem, según acusaba
Kirchner en las barricadas. Pero Menem no gobernaba el país desde 1999, de modo
que el vicio de ‘adicción’ ya no existía. Ocurre que la Corte no era adicta a
Kirchner, y por ende éste necesitaba armar una nueva a su talla. Esta fue la
primera maniobra fuerte para forjar su caciquismo (más adelante analizaremos otras
medidas dirigidas al efecto). Una vez arrancadas las renuncias y producidas las
vacantes, se impuso en la Corte al polémico abolicionista, evasor fiscal y
locador de prostíbulos Eugenio Zaffaroni (resultó ser luego el magistrado más
obsecuente de la Suprema Corte). Seguidamente se colocó a Carmen Argibay y,
junto a otros juristas como la Dra. Elena Highton de Nolasco y el Dr. Ricardo
Lorenzetti, Néstor armó su nuevo órgano satélite para llevar adelante sus
propósitos revanchistas y políticos. El trueque para con los nuevos magistrados
a cambio del nombramiento, habría consistido en que éstos avalaran dos medidas
inconstitucionales: la pesificación de los ahorros y la anulación de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final, a fin de comenzar con ‘efecto retroactivo’
y violación del principio de ‘cosa juzgada’ encarcelamientos indiscriminados a
militares octogenarios que tres décadas atrás habían combatido victoriosamente
contra los Montoneros, el ERP, y el resto de las guerrillas de los años ’70
(sic)”.
Como vemos, fuimos nosotros, los
“fundamentalistas de la derecha”, quienes advertimos y denunciamos
oportunamente y sin cortapisas las felonías institucionales perpetradas por el
kirchnerismo y que la ralea opositora toleraba y/o aplaudía. Ahora, andando el
tiempo, los sedicentes opositores y los socios del chavista Pino Solanas
denuncian a los cuatro vientos “pactos oscuros” entre la Corte y el gobierno,
como si esta Corte alguna vez hubiera sido independiente o como si sus
Ministros hubiesen sido nombrados conforme a derecho y al genuino sentir
republicano.
Finalmente, cabe aclarar que si una ley o
una adecuación a la misma es inconstitucional, en un país normal esto sería un
inconveniente menor porque una Corte de Justicia imparcial (y cuyos miembros hubiesen
sido nombrados por sus méritos y conforme a derecho) tendría la última palabra
y esto le brindaría tranquilidad plena al funcionamiento de la República y al
Estado de derecho. Pero cuando la Corte no tiene estas características, todos
los demás planteos caen en abstracto y ya no importan los argumentos jurídicos
para dirimir conflictos, sino que la fuerza que prevalece en las disputas son
los trueques, los arreglos, los “aprietes”, los entuertos y todos los sórdidos
favores propios de la politiquería doméstica. Esto último es exactamente lo que
ocurre en la Argentina.
Una vez más, lamentamos no tanto ya haber
tenido razón en nuestra postura primigenia, sino que el régimen haga las cosas
que hace justamente porque la “oposición” ha vivido convalidando las mismas
perfidias que suele lamentar diez años después de aplaudirlas.
La
Prensa Popular | Edición 247 | Miércoles 6 de Noviembre de 2013
