Arde la web: ¿se viene la censura?
La ideología democrática -no la forma de gobierno, que son cosas
distintas- hace que, cuando las papas queman, todos saltemos de la olla.
Eso es lo que está sucediendo ahora en mi país, la Argentina. Pero ojo: puede pasar en cualquier lugar. En un intento legal, se ha presentad un proyecto que intentará
censurar y penar todo comentario en la web que “discriminatorio”,
“intolerante”, etc.
Muchos han salido al cruce, pero casi todos, han terminado encerrados en mítico laberinto de la libertad de expresión.
He aquí un artículo aparecido en el día de hoy en uno de los diarios más “conservadores” (c’est à dire,
liberal) de mi país; ¡y cómo andaremos de mal que a uno hasta le dan
ganas de aplaudir un párrafo de Umberto Eco, a quien, de entrada nomás,
se le escapa una verdad!
Obvio; lo sabemos: los primeros censurados seremos “nosotros, los perros”, como decía Madiran; los ultramontanos de siempre.
Nos vemos en las catacumbas.
Que no te la cuenten
P. Javier Olivera Ravasi
Arde la Web: ¿se viene la censura?
“El drama de Internet es que ha promovido al tonto del pueblo al
nivel de portador de la verdad”, se enojó hace dos meses el semiólogo
Umberto Eco. Ante la cultura participativa de Internet, el intelectual
italiano es apocalíptico: “Las redes sociales provocan una
invasión de imbéciles que antes hablaban sólo en el bar después de un
vaso de vino, sin dañar a la colectividad. Ellos eran silenciados
rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio
Nobel”.
La indignación de Eco apunta a los “comentaristas”, reyes de la ya
madura Web 2.0 que están presentes en todos los medios, redes sociales y
portales, dándoles riqueza a los contenidos que circulan por la Red y
también abusando de esos espacios con insultos y violencia verbal. La
respuesta a esos abusos está dando lugar a peligrosas innovaciones
legislativas, como el proyecto kirchnerista que, con aparentes buenas
intenciones, avanza rápidamente en el Congreso para meter presos a los
comentaristas “que fomenten el odio”.
El problema no es nuevo ni se circunscribe al ámbito local. Empresas
periodísticas globales pioneras en abrir sus artículos a críticas y
correcciones de los usuarios buscan ahora nuevas formas de moderar esas
ventanas para separar a quienes aportan valor al diálogo de los que sólo
causan ruido y promueven lo peor de nuestra especie.
Resignados, algunos medios cerraron total o parcialmente sus
plataformas a comentarios (…). Se ha intentado de todo, el registro de
los usuarios, la verificación y la moderación automática, humana y
colectiva las 24 horas todos los días, y se siguen probando herramientas
de autorregulación.
Hay quienes dicen que el problema no son los comentarios, propios de la cultura libre y democrática de Internet, sino el anonimato, sobre lo que ya hay abundante bibliografía (una mitad a favor, la otra en contra). En otras palabras, el drama no es que haya “imbéciles” -siempre en los términos de Eco-, sino que se escondan detrás de un nickname para
decir cualquier cosa, hostigar, revelar la vida privada de terceros,
insultar o acusar sin pruebas (en la jerga digital se llama troll al que cultiva estas prácticas).
Pero el anonimato, especialmente en sociedades no democráticas o con
democracias de baja intensidad, puede ser una cuestión de vida o muerte:
personas perseguidas, amenazadas o bajo extorsión tendrían menos
elementos para difundir sus historias. El anonimato habría protegido al
bloguero Raif Badawi, condenado en Arabia Saudita a diez años de cárcel y
1000 latigazos “por ofender al islam” (pena confirmada este mes por el
máximo tribunal saudí), y -más cerca- a la tuitera venezolana Inés
González (@inesitaterrible), acusada de “presunta incitación al
odio” por postear contra el gobierno bolivariano y presa desde hace
nueve meses en un calabozo del Sebin, el servicio de inteligencia
chavista. Ellos podrían haber ocultado su identidad, pero prefirieron no
hacerlo.
América latina sumó en los últimos años normas penales que van en esa
dirección. Como ocurre en Venezuela, en Ecuador la ley orgánica de
comunicación prevé también figuras penales para las opiniones en
Internet (especialmente aquellas que tienen como objetivo al presidente
Rafael Correa). En la Argentina, la producción legislativa que busca
controlar la comunicación fue muy fructífera estos años y está vigente.
Ningún presidenciable ha dicho qué hará con ese “digesto”, en el que se
incluyen la ley de medios audiovisuales, que condiciona las líneas
editoriales con innumerables instrumentos burocráticos y medidas
arbitrarias; la ley antiterrorista, cuya definición de “acto
terrorista” es tan amplia que podría aplicarse incluso a quien informe
el precio del dólar blue (dólar “paralelo”); la ley de telecomunicaciones, que crea una autoridad omnipotente y la pone a controlar las redes de conectividad; la nueva “doctrina nacional de inteligencia”,
que tipifica los “golpes de mercado”, y la ley del mercado de
capitales, que habilita la intervención de empresas sin distinciones de
ninguna naturaleza (…).
Sintéticamente, las críticas al proyecto cuestionan que la definición de “acto discriminatorio” es tan amplio que comprendería casi cualquier cosa,
que alcanza por primera vez los comentarios en Internet y fija tipos
penales -algo inédito en el ámbito de la libertad de expresión en la
Argentina democrática- para quienes incumplan la norma, y que fomentará
la censura privada al hacer responsables a los medios digitales de las
opiniones que los usuarios dejen en sus plataformas. Todos los medios
digitales, incluidos Facebook, Twitter y YouTube, deberán incluir en sus
sitios el texto de una advertencia que está contenido en la propia
norma. El proyecto de ley es anticonstitucional, contradice el marco
interamericano de derechos humanos, fomenta la censura previa privada y
hasta desconoce el reciente fallo de la Corte Suprema que limita la
responsabilidad de los intermediarios. Y sobre todo, va contra el
sentido común de la propia cultura de Internet.
Pero además, el kirchnerismo, fuerza política que introdujo en el país las usinas de agitadores digitales –que
surgieron en 2008 durante el conflicto agropecuario y cuyos integrantes
fueron haciéndose conocidos como “ciber-K”- no tiene autoridad moral
para promover la lucha contra la violencia textual en Internet. Miles de
militantes digitales trabajaron estos años para hostigar las opiniones
críticas en foros y redes sociales (…).
Aquellos ultra-K dieron a luz a los ultraanti-K, y así hasta los
foros de cocina y decoración se llenaron de violencia política verbal,
en sintonía con la que baja del atril presidencial desde hace años
contra jubilados que compran dólares, periodistas que informan u
opositores que… se oponen.
Los “imbéciles” en Internet que indignan a Eco no se combaten con leyes, sino con educación, respeto y diálogo democrático, tres cosas que la misma Internet puede potenciar (…).
José Crettaz
Fuente: diario La Nación
