La “justicia independiente” en Argentina es una desaparecida más
por Carlos Marcelo Shäferstein •
El
tiempo pasa, y hasta la propia gente se olvida que tres jueces
federales -Daniel Rafecas, Guillermo Montenegro y Sergio Torres-
ordenaron que Suárez Mason volviera a la cárcel de Devoto, después de
haber estado internado en el Hospital Militar, años atrás. Allí debía
esperar la resolución de causas en su contra. Los médicos del presidio
dijeron que estaba en condiciones de volver a la cárcel común.
Murió casi inmediatamente, desangrado en su celda, una fría mañana de
junio. Los tres canallas: Rafecas, Montenegro (hoy un aclamado político
del PRO), y Sergio Torres ordenaron, el 21 de junio de 2005, tres
autopsias consecutivas sobre el cuerpo, por si intentaba escapar de la
tumba.
Daniel Eduardo Rafecas tiene 48 años, nació en Buenos Aires y desde
octubre de 2004 hasta la actualidad, se desempeña como titular del
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal. Es
Doctor en Ciencias Penales (UBA) y Profesor de Derecho Penal (UBA y
Universidad Nacional de Rosario). En el ámbito académico se especializó
en el estudio de “los horrores del Holocausto, la discriminación y los
derechos humanos”, dice en su currícula.
El Juzgado Federal Nº 3, su a cargo, investiga desde que asumió
«violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura
cívico-militar». Tiene a cargo la conocida como «la Megacausa del Primer
Cuerpo del Ejército».
Rafecas también “investiga” el caso de espionaje ilegal a políticos,
integrantes de organismos de derechos humanos y dirigentes sociales,
realizado por organismos de inteligencia de la Armada y prohibido por
las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa
Nacional.
Guillermo Montenegro, de 52 años, también asumió en 2004 como juez
nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, a
cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 7. En 2007 renunció a
su cargo como juez para desempeñarse como ministro de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo
parte del equipo del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Fue
Montenegro quien pidió a Uruguay la extradición de siete militares
involucrados en el asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, la
nuera del poeta Juan Gelman, en agosto de 1976, sosteniendo que «ese
crimen también se cometió en el marco del Plan Cóndor».
El 23 de abril de 2007 Guillermo Montenegro emitió una resolución de
99 carillas, para que sean juzgados por “sustracción, retención y
ocultación de menores y sustitución de identidad” -delitos de lesa
humanidad- serán el último ex presidente de la dictadura, Reynaldo
Bignone y sus dos pares en la última Junta Militar, Cristino Nicolaides y
Rubén Franco.
También se sentaron en el banquillo los militares Jorge Acosta,
Santiago Omar Riveros, Antonio Vañek y Héctor Febres, todos con
procesamientos confirmados por la “práctica sistemática de sustracción
de menores” que se dio en distintos centros clandestinos de detención.
“Los sucesos forman parte de una maniobra criminal cuidadosamente
diseñada y en virtud de la cual aún se encuentran desaparecidas, al
menos, alrededor de doscientas personas”, sostuvo Montenegro.
Repito que todos los jueces del “modelo” son iguales. Y el ministro de seguridad porteño ha sido el peor de todos.
En cuanto a Sergio Gabriel Torres, las referencias son
sobreabundantes, ya que es el protagonista de la larguísima e
interminable causa ESMA.
En la causa, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 12, a cargo del juez Sergio Gabriel Torres, investiga
“violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar entre el 24 de
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
En concreto, los delitos cometidos dentro del ámbito de la Escuela
Mecánica de la Armada (ESMA) o bien por quienes desarrollaron tareas en
la Unidad de Tareas 3.3.2, perteneciente al Grupo de Tareas 3.3 -con
base operativa en esa dependencia naval-, y con motivo de ello llevaron a
cabo operativos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en varias
localidades del Gran Buenos Aires, destinadas principalmente a privar de
su libertad a diferentes personas con el objeto de interrogarlas
mediante la aplicación de tormentos y obtener nombres, direcciones y
otros datos generales tendientes a desarticular agrupaciones políticas y
sociales.
“La mayoría de los casos, las personas privadas de su libertad fueron eliminadas físicamente.”
De los testimonios de estas actuaciones se desprende que “la
metodología de eliminación consistía en quemar los cuerpos sin vida o
arrojarlos al mar mediante los denominados vuelos de la muerte”.
Tales hechos fueron calificados por Torres como “imposición de
tormentos, privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de
la libertad con resultado muerte o imposición de tormentos seguida de
muerte”, según el caso. Pero jamás encontró militares inocentes.
¿Siguen apoyando a la «Justicia Independiente»? Como en Sodoma y
Gomorra, no quedan aquí jueces justos… Todos merecen ser ahorcados,
porque forman parte del mismo Sanedrín.
Todos éstos son de la misma calaña de Carlos Fayt, Natalio Nisman,
Luis Cabral, José Campagnoli, Claudio Bonadío, Carlos Rozanski, Rodolfo
Canicoba Corral (que martirizó al Teniente General Videla), etcétera…
¿Se entiende?
Si alguien se olvidó quiénes componen la llamada “justicia
independiente”, no es mi caso. No tengo ningún miedo de refrescar la
memoria de quienes pretendan hacer una marcha en las escalinatas de
Tribunales a favor de estos perjuros maliciosos y arbitrarios.
Como Dantón expresaría en su propia defensa ante Robespierre, que
poco después ordenaría manden a su amigo a la guillotina: “las
revoluciones son como Saturno, que devora a sus propios hijos”.
La versión que le vendieron a los argentinos sobre los derechos
humanos está en la base de lo que recientemente se llamó el
“setentismo”: la reivindicación de la “juventud maravillosa”, su
proyecto y su heroico combate.
A reencarnarlo los convocó Néstor Kirchner en 2003. La suya fue una
decisión política importante y meditada: incluir en el frente que
organizaba a las organizaciones de derechos humanos más radicalizadas,
como Madres y también Abuelas de Plaza de Mayo, y captar a todos los
profesionales, militantes y gente bien pensante que giran en este mundo.
La oferta incluía el reconocimiento público, la visibilidad y el
ingreso al presupuesto del Estado, notablemente incrementado, como se
advierte en la ex-ESMA, donde cada quien tiene su propio quiosco. A
cambio, debían apoyar militantemente al Gobierno.
Se trató de un pacto fáustico, pues al aceptarlo, las “orgas”
perdieron el alma, es decir su aclamada condición de vigilantes de los
derechos humanos, con independencia de los gobiernos y en nombre del
conjunto de la sociedad.
Faltaba un paso: entrar en el gran juego del kirchnerismo. La
reivindicación de los derechos humanos era sólo una parte dentro del
relato para empezar a robarse la República tras esa inmensa cortina de
humo.
En el meollo de este régimen, se encuentra un formidable mecanismo de
acumulación privada realizada desde el Estado por políticos, en el que
la obra pública y los contratos ocupan un lugar central, en esta
Argentina donde “gobernar es currar”.
