Con CFK imputada, la judicialización de la política llegó para quedarse
En pocas horas el escenario político nacional es otro. Formalmente, fueron las decisiones de dos fiscales las que consumaron este cambio.
El fiscal Federico Delgado imputó al Presidente por el escándalo de los Panama Papers
y el fiscal Guillermo Marijuán acusó a la ex presidente y al ex
ministro Julio De Vido en el expediente que investiga la “Ruta del
Dinero K”. Obviamente, cualquier comparación entre ambos temas resulta
asimétrica. La ex presidente dirigió una verdadera asociación ilícita
desde la muerte de su marido, en tanto que las desprolijidades de Macri
no parecen tener trascendencia en la esfera de los delitos por
corrupción. El hecho es que la justicia, como ocurre en Brasil, está
cogobernando en la Argentina y la política ha pasado a ser un simple
reflejo de lo que ocurre en Comodoro Py.
La decisión corporativa
de los jueces federales de auto-rescatar su imagen pública y borrar la
creencia generalizada de que funcionan como terminales del poder
político parece destinada a transformar la ecuación del poder en la
Argentina. Macri necesitaba a CFK en la palestra política para mantener
al peronismo dividido y permitirle así al PRO actuar con más comodidad
con vistas a las elecciones del año que viene. Ahora, cerca de ser
procesada y detenida, CFK se juega una carta que no esperaba usar ahora:
para subsistir como grupo de presión, el cristinismo debe demostrar que
todavía puede movilizar una parte importante del peronismo para
defender a su jefa. Si la dirigencia del PJ se hace a un lado y la deja
sola, la ex presidente y su entorno pueden convertirse en cadáveres
políticos y esto le allanaría el camino tanto a Sergio Massa como a Juan
Manuel Urtubey. Cuando el ex presidente Carlos Menem fue detenido por
la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia en el 2001, la
dirigencia peronista apenas lo apoyó tibiamente. En el fondo, casi todos
querían que Menem saliera de la escena.
En otras palabras, la
imputación a Cristina al gobierno le viene bien y mal al mismo tiempo.
Por un lado, demuestra que no existe pacto alguno de impunidad. Por el
otro, puede crear las condiciones para que el peronismo salga de su
anomia, incluyendo la elección de autoridades del próximo 8 de mayo, que
está a punto de suspenderse, y que aparezca un nuevo liderazgo menos
jaqueado que el de CFK.
Pero en este destape judicial de múltiples
causas, los enredos pueden ser mayores. Porque el inevitable
procesamiento de Julio De Vido hará que el periodismo ponga la lupa en
la excelente relación entre éste y varios empresarios íntimos del
presidente.
A la brasileña
Las semejanzas
entre el protagonismo de la justicia brasileña que simboliza el juez
Sergio Moro y lo que está ocurriendo en Buenos Aires es obvia. Pero
también lo son sus diferencias. El inédito rol de los magistrados
brasileños se encamina hacia el impeachment a Dilma Rousseff. O
sea, la segunda destitución de un presidente por este mecanismo (el
primero fue Fernando Collor de Mello en el ‘92). En cambio, en la
Argentina, lo que se inicia es la revisión masiva de la década K con un
sesgo de independencia judicial del actual poder político que puede
traerle costos también al PRO.
La independencia judicial es una
meta elogiada por todos los juristas. El problema es que no hay casi
práctica en la materia, porque lo tradicional es que la justicia federal
simplemente le siga la corriente a la Casa Rosada, al igual que la
Corte Suprema de Justicia.
Una diferencia importante entre el
mundo político y el judicial es que en el primero se puede ir para atrás
y desandar el camino cuando sea necesario. En la justicia, cuando se
llega a cierto punto, los expedientes adquieren una dinámica que los
convierte en imparables y eso es lo que está pasando ahora.
De
hecho, la política quedó congelada ante la gravedad de los
acontecimientos y el establishment local está preocupado. Una cosa es
que caigan dos advenedizos como Lázaro Báez y Cristóbal López y otra muy
distinta es que avancen causas como la de Cerro Dragón, que se llevaría
puesto al grupo Bulgheroni, por dar un ejemplo.
Sea como fuere,
la judicialización de la política puede durar mucho tiempo y hasta
marcar el próximo proceso electoral. De hecho, unas cuantas figuras del
PRO quedaron salpicadas por los Panama Papers.
En este
sentido, Macri viene a resultar todo un innovador, porque es el primer
presidente de la actual era democrática que no montó un sistema de
control de jueces y fiscales federales. Con su actual ofensiva, muchos
de éstos se liberan de los archivos de Jaime Stiuso y del teniente
general César Milani referidos al patrimonio y otras cuestiones de
ciertos magistrados. Los mismos se vuelven así intocables a todo efecto.
Otro
hecho a tomar en cuenta es que este proceso de judicialización de la
política le resta también margen de actuación al Congreso de la Nación,
muchos de cuyos integrantes estarán sin duda entre los futuros
imputados.
En este sentido, el gobierno puede verse favorecido,
porque deberá lidiar con cámaras más débiles y bloques cada vez más
fragmentados.
La última vez que la justicia pasó a cogobernar fue a
través de la Corte Suprema con el fallo San Luis en el 2003, volteando
el corralito y barriendo con la política económica. Claro que esto se
producía con un gobierno de transición -no electo-como el de Eduardo
Duhalde y en vísperas de elecciones presidenciales. Ahora es al revés.
Los cuatro años del gobierno de Macri pueden estar permanentemente
signados por lo que ocurra en Comodoro Py. La imagen de Cristina al
borde del procesamiento no sólo puede ser el principio del fin para el
kirchnerismo. También es una advertencia a toda la clase política.
