Conmemoración de un golpe de estado (sofístico)
En
la Argentina se da la paradoja de ser el único país que celebra un
golpe de Estado -24 de marzo de 1976- con la sofística denominación de
“Día de Memoria, verdad y justicia”, en que “abuelas, madres, hijos y
nietos de subversivos, que hundieron a la Nación Argentina en su peor
tragedia, cometen mistificación de la verdad histórica, por lo cual
carece de relevancia lo que declaren al respecto, pero sí es preocupante
las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno, como el
secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que dijo que “hay
símbolos, lugares comunes consagrados que uno tiene que respetar, 30 mil
fue una construcción de una búsqueda de verdad y justicia”… (El ex
montonero Luis Labraña inventó lo de los 30.000 desaparecidos, según su
declaración en el programa “Mauro la pura verdad” del 21-12-14 de Mauro
Viale, a fin de que las naciones europeas otorgaron subsidios a las
supuestas organizaciones de derechos humanos “madres y abuelas de Plaza
de Mayo”).
Y el titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos,
Hérnan Lombardi, ratificó “el compromiso del Gobierno “con la verdad,
justicia y la memoria”, diciendo “Hace 41 años fue una noche más oscura
de nuestra historia”… (¿para la gilada?), que es verdad; pero lo que
esos voceros disimulados no pueden ignorar es el ataque sufrido -la
guerra revolucionaria- por la Argentina, desde el año 1962, como todas
las naciones Latinoamericanas, por la Unión Soviética, a través de su
peón de brega, Fidel Castro, que adoctrinó y preparó tácticamente las
organizaciones terroristas Montoneros, ERP, FAR, etcétera, desde el
momento en que el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, se
rindió ante Nikita Kruschev, durante la crisis de misiles, permitiendo
que instalara una base soviética en Cuba a 150 millas de las costas de
Estados Unidos.
Como también renombrados políticos, filósofos y
analistas parecen desconocer la razón del derrocamiento del gobierno de
María E. M. de Perón, es oportuno refrescarles la memoria, que: “El
mandato presidencial de Isabel Martínez de Perón concluyó en el caos más
horrible al que se haya sumido a la nación en todos los años de su
historia: a la virtual guerra civil que se cobrara más de 1.000 muertos
sólo en el primer trimestre de 1976 era necesario sumar la debacle
económica documentada por una tasa del 566 por ciento anual de
incremento en el costo de vida, amén del peculado y el latrocinio
ejercidos a la vista y paciencia de la ciudadanía. La corrupción de la
moral pública no le iba en zaga a los perjuicios infligidos al aparato
productivo, y esto era tanto más peligroso cuanto que el país albergaba
en sus entrañas el cáncer disociador de la guerrilla, punta de lanza el
enemigo externo”. “Las Fuerzas Armadas habían aguardado pacientemente
que las instituciones ofrecieran alguna alternativa que permitiera
obviar la intervención militar. pero la espera fue vana. En la Argentina
no funcionaba un régimen republicano, sino una verdadera ficción”.
Carlos
A. Floria y César A. García Belsunce, en su obra “Historia Política de
la Argentina Contemporánea” explican que “la guerra interna, el
terrorismo y la guerrilla, sumados al caos administrativo y la
impotencia del gobierno peronista” fueron factores que actuaron como
antecedentes relevantes del 24 de marzo de 1976. El poder se encontraba
virtualmente vacante y prevaleció en amplios sectores la convicción de
que mediaba un verdadero “estado de necesidad” que justificaba la
intervención militar. “La decisión -comentaban los mismos autores- fue,
pues institucional y prácticamente sin fisura, lo que comprometió a la
totalidad de las fuerzas armadas en el hecho político militar que dio
comienzo a lo que habría de llamase “Proceso de Reorganización
Nacional”.
Ricardo Balbín declaró: “Recibimos con satisfacción que
las Fuerzas Armadas en el poder hayan ratificado su voluntad de arribar
a un proceso democrático y republicano; que no hayan definido otros
enemigos que los responsables de deshonestidades administrativas y de la
quiebra moral y los que se han marginado voluntariamente del proceso
recurriendo a la subversión y el terrorismo, y que hayan reconocido la
necesidad de los partidos políticos” (Revista EXTRA, Nº 131). (1).
Según
el libro “Nunca Más”, entregado con bombos y platillos a Alfonsín, las
denuncias por sedicentes desaparecidos de personas, presentadas a la
CONADEP, fueron 8.960, que tras el terremoto de México de 1985, muchos
aparecieron por TV, como también en Francia, Italia, España,
Escandinavia y hasta en Australia, reduciéndose a los 5.000 que fueron
indemnizados por Menem, mediante la ley 24.411 por u$s 4.000 millones,
cabiendo a cada individuo u$s 250.000 (amén de las indemnizaciones del
kirchnerismo directas o indirectas a “madres, abuelas, hijos y nietos”
de Plaza de Mayo, como para la construcción de viviendas que nunca se
hicieron).
Se estima que los efectivos de las tres organizaciones
subversivas/terroristas más importantes (ERP, Montoneros, FAR) fueron
5.000 (abatidos en enfrentamientos con las fuerzas legales) que eran
apoyados por unos 25.000 militantes que se mimetizaban en la población y
colaboraron en logística (armas, sanidad, explosivos, etcétera,
agitación callejera, acción psicológica, propaganda: cometieron 21.655
atentados entre 1969 y 1979; y asesinaron a 1.160 personas inocentes a
traición, a saber: Ejército, 137; Armada y F. Aérea, 33; Gendarmería y
Prefectura Naval, 123; Policías Federal y Provinciales, 317; Servicios
Penitenciarios Federal y provinciales, 11; civiles, 175 (sumando 684
víctimas mortales, amén de heridos y mutilados); a los cuales hay que
adicionar las víctimas de la Triple A de 476 (identificados 346 y NN
130), siendo el total 1.160 muertos. (2).
Lamentablemente, los
derechohabientes de esas víctimas nunca fueron reconocidos por los
supuestos defensores de derechos humanos endógena y exógenamente, y
menos, indemnizados, como fueron los presuntos desaparecidos.
Reitero:
que el presidente Mauricio Macri debe tomar el toro por las astas y
encarar con la urgencia posible esta rémora de la guerra revolucionaria,
es decir la situación de los “presos políticos” de la democracia, unos
2.400 presos con largas prisiones preventiva que exceden los dos años,
violando la ley; como, también, a los condenados a prisión perpetua,
cuya edad promedio es de unos 75 años, y los ancianos mayores de 90 años
que se mueren de inanición y sin atención médica en las cárceles de
Marcos Paz, Ezeiza e interior del país, violando el artículo 18 de la
Constitución Nacional. Y aunque la Convención sobre Imprescriptibilidad
de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en
el año 2003, mediante la ley 25.778, y por ende no aplicable a los
hechos de la década del 70 (cómo bien saben los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que declararon como política del Estado
llevar a cabo esos juicios persecutorios y condenas a prisión perpetua,
que son inconstitucionales, pues no se puede aplicar a los hechos de la
década del 70. Como, también, el Estatuto de Roma sobre los mismos
delitos de lesa humanidad, que fue ratificada por la Argentina en 2003,
establece su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori,
por lo cual todos los enjuiciamientos -repito- de los “presos políticos”
son inconstitucionales y una aberración jurídica. Y nos nos olvidemos
que ya murieron en las cárceles 399 “presos políticos”, indigno de una
nación civilizada, luego de pasar por ese martirio. ¿Pregunto: el
presidente Macri, su ministro de Justicia, Germán Garavano, los miembros
de Corte Suprema, y los jueces federales que alegremente los condenan a
muerte: se harán cargo de esos crímenes a la luz del Quinto Mandamiento
y del Derecho Positivo, derivado de la Ley Natural, del Decálogo y de
Dios?
1)
Del libro “Historia Política y Constitucional Argentina”, por Ambrosio
Romero Carranza, Alberto Rodríguez Varela, Eduardo Ventura, Círculo
Militar, 1992, pp. 426/428.
2) Del libro “In Memoriam”, tomo III, Círculo Militar, 2000, pp. 557/559.
