Leído para usted: «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
P. Javier Olivera Ravasi, SE
PD: dejamos aquí abajo, sin las notas al pie y con subrayados propios, el capítulo 1 como muestra.
Introducción
La colonización ideológica y material del Poder Judicial argentino fue ide ada y concebida por dos corrientes convergentes: la de quienes pretendían -y pretenden hoy más que nunca- colocarlo al servicio de un proyecto ideológico totalitario, y la de personas corruptas, cercanas al poder político, para lograr la impunidad de su enriquecimiento ilícito.Estas dos corrientes se asociaron hace 17 años mediante un pacto que, con el advenimiento de Néstor Kirchner a la Presidencia , generaría la mayor ofensiva planificada de dominación que haya recibido el Poder Judicial argentino en toda su historia.Ese pacto se materializó a través de diversos pasos que comentaremos en este trabajo. Comenzó al asumir Kirchner como Presidente, con un ataque destituyente a los jueces de la Corte Suprema de Justicia para lograr una mayoría que asegurara los objetivos fijados; siguió con la embestida contra los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal; avanzó sobre el Consejo de la Magistratura para lanzarse finalmente al copamiento del Ministerio Público Fiscal por pa rte de miembros del CELS y de la Asociación Civil Justicia Legítima. La creación de esta última agrupación político judicial, con su esencial negación del principio de imparcialidad del juez y la consecuente asunción de compromisos ideológico-políticos en el ejercicio de la función judicial, concretaría el camino iniciado hacia una justicia parcial, militante, facciosa. Es decir, hacia la negación de Justicia.El plan emergido del pacto original se encuentra hoy en su última etapa: la re forma propuesta por el presidente Alberto Fernández el 29 de julio de 2020 consagrará sus objetivos. Propone, indisimuladamente, un nuevo y definitivo ataque contra la Corte Suprema -cuya actual integración no garantiza el objetivo inmediato de la impunidad de la vicepreside nte y los funcionarios kirchneristas acusados de corrupción-, pretendiendo el aumento del número de sus miembrosy la división por salas especializadas integradas cada una por tres de sus ministros. Naturalmente, piensan, bastará designar en la sala Penal a dos de ellos para garantizar, por simple mayoría, su propósito.
El objetivo está cantado. Baste saber que, ent re los integrantes de la Comisión de juristas encargados de elaborar la propuesta de reforma, se encuentran el Dr. Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner en las causas que se le siguen por corrupción, y el Dr. León Arslanian, defensor de Alejandra Gils Carbó, de Cristóbal López y de Ricardo Etchegaray. La gestión de ambos en dicha Comisión, claro, está fulminada por la ley de Ética Pública, a la cual debieran ajustar su proceder, pero esto es un detalle sin importancia, tan nimio que no se lo disimula. La intrínseca falsía de semejante propuesta se evidencia en el notable cambio de posiciones del presidente Alberto Fernández, quien, de severo crítico de reformas al máximo tribunal y de la persona de la hoy vicepresidente, se ha convertido, sin rubor alguno, en ejecutor de los cambios que habrán de consagrar su impunidad.1Sin embargo, el aspecto más peligroso de toda esta reforma estriba en que esconde una maniobra de ilusionismo tan común como exitosa en la política kirchnerista: la reforma propone la creación de nuevos juzgados, poniendo el foco en la calidad y número de los jueces, cuando en realidad el plan de impunidad y pe rsecución de opositores no pasa por allí, sino que está ya en manos de fiscales -y lo estará más contundentemente en breve-, los cuales vienen ejecutándolo exitosamente con actos concretos en cumplimiento del pacto, y en violación de sus y funciones.Horacio Verbitsky y el kirchnerismo, a través del CELS y de la agrupación política Justicia Legítima, vieron claro por dónde pasaría el poder de la Justicia penal; de ahí que, durante la gestión de Gils Carbó, cooptaran dicho ministerio público nombrando 1.500 nuevos empleados, creando ilegalmente cargos y designando y/o ascendiendo a más de 50 miembros de esas dos organizaciones como magistrados fiscales en los lugares claves para garantizar la 1Como breve muestra de ese contundente vuelco de Alberto Fernández pueden citarse su explícita opinión contra la ampliación de la Corte Suprema de Justicia (https://twitter.com/ajmechet/status/1288308844075130881?s=20), o sus condenas al “encubrimiento”, por parte de Cristina Kirchner, tanto del atentado a la AMIA como de la corrupción de su vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, además de considerar que el juez Daniel Rafecas se había equivocado al desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman (https://www.youtube.com/watch?v=U_V_27Q_v9U y https://www.lanacion.com.ar/politica/hasta-que -el-silencio-aturda-a-la -presidenta -nid 1768893).
impunidad de los acusados por corrupción, así como dar impulso a c ausas contra los opositores políticos. Este desplazamiento del poder de los jueces hacia el Ministerio Público Fiscal que dispone la ya sancionada reforma del Código Procesal Penal de la Nación -próxima a ser implementada en todo el país- le dará a este organismo, además de su actual potestad de dar o no impulso a una causa penal contra determinada persona, el poder de investigar e instruir (con la facultad también de cerrar definitivamente) todo proceso penal. Ellos serán los herederos del máximo poder represivo del Estado nacional, y la pieza clave sobre la que se asienta el proyecto de colonización material e ideológica del Poder Judicial.
Capítulo 1
La convergencia de las dos partes
(Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, El pacto, Buenos Aires 2020, pp. 8-14).
En 2002, el
entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y el de San Luis,
Alberto Rodríguez Saá, se postulaban como los dos candidatos del
Justicialismo para enfrentar en las elecciones presidenciales al también
justicialista
expresidente Carlos Menem. Ambos pujaban para lograr el decisivo apoyo
del Presidente interino, Eduardo Duhalde, titular del Consejo del
Partido Justicialista de la poderosa provincia de Buenos Aires, y
principal opositor de Menem.
Mandatario de una provincia de solo 196.000 habitantes, Kirchner era un candidato desconocido a nivel nacional.
Sus antecedentes lo ubicaban como un pragmático carente de ideología
que llevaba adelante una administración sin mayores sobresaltos,
amparada por las regalías petroleras. La oposición local, sin embargo,
denunciaba una fuerte corrupción en el manejo de la obra pública y una
gestión con características hegemónicas y despóticas, reveladas en la
ampliación de los miembros de la Corte provincial para el nombramiento
de candidatos propios, así como en el desplazamiento del Procurador
General de la provincia, el Dr. Eduardo Sosa, en 1995, mediante una ley
auspiciada por la cónyuge del gobernador, Cristina Fernández, y por
Carlos Zannini como diputados provinciales. Kirchner fue finalmente uno
de los tres candidatos de origen peronista y el segundo más votado en la
primera vuelta de la elección presidencial de abril de 2003. La
renuncia de Menem a disputar el ballotage con él lo dejó en condiciones
de asumir la primera magistratura, pese a haber obtenido solo el 22,25%
de los votos. De allí su necesidad de lanzarse a la búsqueda de alianzas
y apoyos que le permitieran construir una plataforma propia de poder.
Kirchner
estaba convencido que la renuncia de Menem al ballotage constituía en sí
misma un “golpe” para debilitar su gobierno, que lo forzaría nuevamente
a buscar el apoyo de Eduardo Duhalde, al que veía como el gran
contendiente en la lucha de poder.
Es en este punto donde aparece en escena Horacio Verbitsky. Miembro confeso de la organización guerrillera Montoneros,
acusado de colaborador de los militares y protegido entonces por la
Fuerza Aérea Argentina se había incorporado en 1998 al Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG dedicada a la defensa de los
derechos humanos de las víctimas de los enfrentamientos armados de los
años ’70 y, en poco más de un año, había pasado a presidirlo.
El CELS
había sido fundado por Emilio Mignone, Augusto Conte Mac Donnell y otros
familiares de muertos o desaparecidos en los ’70. Franklin Allen Tex
Harris, un funcionario consular que se desempeñaba en la embajada de
EEUU en Buenos Aires, fue quien presentó al grupo de Mignone al abogado
estadounidense Leonard Meeker, presidente de la ONG norteamericana Center for Legal and Social Studies. Meeker no solo realizó las primeras gestiones que permitieron el financiamiento de la nueva entidad, sino que la autorizó a utilizar el mismo nombre de su organización en el país del norte.
La gestión de Verbitsky consolidó el apoyo de la Fundación Ford,
clave para su sostenimiento, al que comenzaron a aportar también
diversas organizaciones internacionales inglesas, holandesas y
norteamericanas. Entre sus principales donantes se encuentra la Unión
Europea; la Fundación Oak, una ONG con sedes en Londres, Ginebra y
Carolina del Norte; la Open Society Foundations, de George Soros; el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura; la Tinker Foundation de Nueva York, y el Foreign Office. El CELS forma parte además de Amnistía Internacional, con sede en Londres, y de Human Right Watch, con sede en Nueva York.
Según
balances de la organización, en solo tres años, Verbitsky llevó su
presupuesto a la suma de 519.000 dólares. Luego del pacto -y siempre de
acuerdo con sus balances-,ese presupuesto crecería exponencialmente:
llegaría en 2012 a 1.946.984 dólares , y en 2014 a 2,6 millones de
dólares, habiendo acumulado desde el CELS un poder jamás soñado por sus
fundadores.
Verbitsky dominaba también la redacción de Página 12,
el diario que había investigado y denunciado los escándalos de
corrupción gubernamentales de diferentes gobiernos desde su fundación.
Desde sus columnas en este diario, Verbitsky había criticado duramente y
acusado a Néstor Kirchner.
El primer contacto
“¿Cómo no
voy a querer dialogar con el presidente?”, respondió Verbitsky al
recibir la llamada de Artemio López, dueño de la consultora Equis,
quien le hacía saber la intención de Néstor Kirchner de comunicarse con
él. El presidente electo le contó a Verbitsky que estaba armando su
gabinete, le dijo que seguía con mucho interés el trabajo del CELS y le
pidió su parecer sobre la designación del titular del Ejército. Kirchner
seguiría su consejo y comenzaría una relación fluida y constante con el
organismo. Verbitsky y el CELS participaron en reuniones con el nuevo
mandatario, junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos,
Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y otras
organizaciones. Le pidieron bloquear un proyecto de ley antiterrorista,
no reprimir la protesta social y, “lo más importante:
solicitaron al presidente que enviase al Congreso un proyecto de ley
para declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Estuvieron hablando horas, con Néstor Kirchner en la punta de la mesa,
haciendo desfilar a ministros y secretarios según se sucedían los
petitorios para que ejecutasen los pasos necesarios…”.
La respuesta de Kirchner marcaría el objetivo del pacto: “…Todo lo que ustedes piden hay que hacerlo. Pero si no empezamos con la Justicia, nada de lo demás sale”.
Así, el
presidente se comprometió a trabajar por la reapertura de los juicios –
solo a los militares- por los hechos ocurridos en los ’70. Y le concedió
a Verbitsky, el CELS y las organizaciones que lo secundaban, el diseño y
manejo de una política de derechos humanos que significaría, en pocos
años, un profundo cambio cultural y que transformaría tanto la política de seguridad y de defensa, como la gestión del servicio de Justicia de la Argentina. A cambio, el CELS y las organizaciones bajo su influencia le darían todo su apoyo,
y Página 12, de enérgico investigador y denunciante de la corrupción de
los gobiernos, pasaría a ser un obediente órgano de prensa oficial y
vocero anticipatorio de las iniciativas gubernamentales.
Hasta la
concreción de este pacto no se conocía que, en su trayectoria política,
Néstor y Cristina Kirchner se hubieran ocupado alguna vez de los hechos
ocurridos en los años ’70 o realizado homenajes o brindado apoyo a
organizaciones de DDHH. El tema nunca había sido de su interés ni tenido
para ellos prioridad alguna. Pero el trato que celebraron con Verbitsky les permitiría contar con un apoyo decisivo para lograr una plataforma propia de poder y alcanzar un objetivo común para ambas partes: la colonización y el sometimiento de la Justicia.
El exjuez
Eugenio Zaffaroni, además de defender al desplazado Procurador Sosa,
había criticado en nota publicada en Página 12 la nueva reforma de la
Constitución de Santa Cruz impulsada por el entonces gobernador,
comparándola con lo que había hecho Hitler para terminar con la
República de Weimar.
Con la celebración del pacto, Horacio Verbitsky,
en una larga columna publicada el domingo 18 de mayo de 2003, pasó a
apoyar decididamente, junto al resto de la redacción, al flamante
presidente.
Además, el
CELS pasaría progresivamente a ser el órgano asesor principal en materia
derechos humanos no solo del Poder Ejecutivo, sino también de la
Legislatura, así como de varios de los poderes republicanos
provinciales, y del Consejo de la Magistratura. Su voto de censura
bastaría para aplazar un nombramiento oficial, frustrar el resultado de
concursos de cargos (incluidos los de funcionarios privados en empresas
del Estado), o impedir o producir los ascensos en las tres FFAA y la
Policía Federal, a cuyos archivos de inteligencia pasados y actuales
tuvo acceso irrestricto a través de una legión de activistas, tal como
se mostrará más adelante.
Los
siguientes pasos serían para modificar la conformación del Consejo de la
Magistratura, desplazar a los jueces de la Casación Penal Federal y
copar el Ministerio Público mediante la inserción de sus miembros y los
de la flamante agrupación política Justicia Legítima en la Procuración
General de la Nación.
La reapertura de los juicios a los militares
La
reapertura de los juicios, y solo a los militares, como se pretendía,
presentaba escollos insalvables: habían prescripto los delitos cometidos
por todos los protagonistas -militares y guerrilleros- en los ’70, y
las cámaras federales y la Corte Suprema habían convalidado, a través de
17 fallos, la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida, consideradas de amnistía, cuyos derechos habían sido
adquiridos por los beneficiarios aun cuando estas normas se hubiesen
derogado. Lo mismo ocurría con los indultos dictados por el Ejecutivo a
las jerarquías militares y de las organizaciones guerrilleras.
Así, era necesario que la Corte Suprema cambiara los criterios que había sostenido hasta ese momento.
Verbitsky contó con la activa colaboración de Carolina Varsky y Víctor Abramovich, dos
jóvenes abogados que se habían incorporado al CELS en 1997 y logrado
una promoción para especializarse en derechos humanos en los EEUU.
Varsky trabajó con el exjuez Baltasar Garzón en lo que significó uno de
los primeros actos de gobierno de Kirchner: la anulación del decreto que
prohibía las extradiciones por delitos de lesa humanidad. Sin embargo,
no creía que pudieran “cambiar la Corte Suprema”, el gran objetivo del
pacto. Simultáneamente, una comisión integrada por Verbitsky, Abramovich
y otro miembro de la junta directiva del CELS, Eduardo Basualdo, se
reunieron con Néstor y Cristina Kirchner y el secretario Legal y
Técnico, Carlos Zannini, durante casi tres horas, para programar los
siguientes pasos.
“En un país serio, las leyes no se anulan”: lección para disidentes
Consultado
acerca de la política oficial sobre las tarifas de servicios y las leyes
de pacificación, Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación y
presidente del Senado, dijo: “En un país serio, las leyes no se anulan”.
Antiguo secretario de Turismo y Deportes del gobierno de Menem, Scioli
había acordado con Kirchner el manejo de esta dependencia manteniendo el
personal que lo había acompañado en su anterior gestión. Pero la frase
hizo que cayera inmediatamente en desgracia, lo que incluyó el despido
de toda la conducción de esa dependencia del Estado. El expresidente
Alfonsín, viendo la embestida sobre dichas leyes, las defendería
-vanamente- no solo ante sus correligionarios, sino también en sede
judicial.
Pocos días
después de la frase de Scioli, el 21 de agosto de 2003, mediante Ley
25779, el Congreso aprobaba el proyecto de ley de anulación de las leyes
de Obediencia Debida (23492) y Punto Final (23521).
La ley fue una muestra de prepotencia política y raquitismo jurídico. Sus dos artículos dicen:
Artículo 1: Decláranse insanablemente nulas las leyes 23492 y 23521.
Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Los
diputados del Justicialismo y de los partidos de centroizquierda e
izquierda se pronunciaron a favor de la ley que disponía la anulación.
En tanto, el radicalismo, antiguo impulsor de la Obediencia Debida y el
Punto Final, decidió abstenerse.
El 14 de
julio de 2008, en pleno enfrentamiento con elcampo, Verbitsky, en una
columna en Página 12, dio cuenta de una reunión del expresidente Néstor
Kirchner con unos 300 intelectuales de Carta Abierta, en la sede de la
ex–ESMA, en la que el mandatario compartió el estrado con Alberto
Fernández, Horacio González (director de la Biblioteca Nacional) y
Ricardo Forster. En dicha “asamblea horizontal”, Kirchner dijo: “La
anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron los
momentos decisivos durante mi gobierno, y siento que este desafío por
las retenciones lo será del de Cristina”.
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