Leído para usted: «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
EPÍLOGO: LAS CONSECUENCIAS
DEL PACTO
La anunciada reforma
judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández postula la ampliación del
número de jueces de la Corte, y nuevos
nombramientos en la Cámara Federal de Apelaciones y en la Cámara Federal de
Casación, mientras que a través del Consejo de la Magistratura, en una nueva
ofensiva, el kirchnerismo ha desplazado magistrados que investigan y han tomado
decisiones en causas por corrupción contra la vicepresidenta y otros
funcionarios, alegando que fueron designados en forma irregular156. Detrás de
esta decisión se esconde la estrategia de pedir, por dicho motivo, la nulidad de todas las actuaciones labradas
contra la ex presidenta y los
funcionarios kirchneristas acusados o condenados por corrupción en las que
hayan intervenido dichos magistrados.
El nuevo régimen procesal, con la inauguración del sistema acusatorio en
manos de los fiscales, quienes decidirán contra quién ir y contra quién no,
impulsan al kirchnerismo y al CELS a terminar la tarea de copamiento del Ministerio
Público Fis cal . Les queda pendiente
apropiarse del cargo más importante, el del procurador general, ocupado hoy
interinamente por un fiscal de carrera, Eduardo Casal. Como la postulación de Daniel Rafecas,
candidato de Alberto Fernández, no cuenta con el apoyo del radicalismo ni de
varias de las organizaciones querellantes en los procesos relacionados con el
atentado a la AMIA, el candidato para sucederlo es el juez de Casación Alejandro Slokar, fundador de
Justicia Legítima. Pero como plan alternativo, ya que la oposición podría no
darle a este los votos necesarios para que asuma el cargo, el kirchnerismo está
en plena ejecución de un golpe destituyente contra el procurador Eduardo Casal,
a efectos de lograr su renuncia para que asuma en su reemplazo otro militante
de Justicia Legítima y destacado referente del CELS, Víctor Abramovich, tercero
en la línea jerárquica detrás de la Dra. Laura Monti, que -habría ya adelantado- se retiraría si es que lo hace Casal157.
156https://www.clarin.com/politica/oposicion-abroquela-magistratura-frenar-movida-k-jueces_0_Y9UmmOean.html157
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-ya-evalua-el-nombre-de-otro -procurador- nid2399600
El círculo de influencias, que incluyen el
avance sobre la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, el Ministerio
Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción,
la Secretaría de DDHH, la Agencia Federal de Inteligencia, la Inspección
General de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal, se completa con el nombramiento, por parte
del Consejo de la Magistratura, de un abogado miembro fundador de Justicia Legítima, Claudio Cholakian, como flamante
administrador del Poder Judicial. Como
puede verse, la colonización ideológica y material del Poder Judicial argentino
tuvo y tiene dos vertientes asociadas perfectamente diferenciables: la que
propugna un Poder Judicial unificado al Ejecutivo con el fin de servir a un
proyecto totalitario, por un lado, y, por el otro, corruptos enriquecidos
durante la gestión de gobierno cuyo objetivo es asegurarse impunidad. Ambas
corrientes se han unido y conforman un solo flujo que invade, corroe y
contamina el funcionamiento independiente del servicio de Justicia, al asegurar la libertad de los corruptos y perseguir a
los opositores políticos. La transformación educativa y cultural generada por
este pacto busca trastocarlos valores de nuestra sociedad, afecta
directamente la educación de nuestros hijos, y ha dañado significativamente
tanto la seguridad ciudadana como la defensa nacional. La política de DDHH
sostenida por el kirchnerismo y nunca enfrentada por el interregno de la
gestión de Macri, está manejada por organizaciones ideologizadas que dominan
los más importantes cargos que hacen al servicio de Justicia, Seguridad y
Defensa de la Nación. Tiene puesta su mirada en el pasado y está basada
enteramente en el odio y la venganza. Ningún país mantiene abiertos sus
conflictos, por graves que hayan sido, durante 45 años. Detrás de su desempeño
ya resulta inocultable el fenomenal negocio de millonarias indemnizaciones a
supuestas víctimas, a cargo del Estado. La
Argentina debe defender la legalidad, y el Poder Judicial, recuperar su
independencia. Es necesario que los Colegios de Abogados, la Asociación de
Magistrados y las facultades de Derecho de distintas universidades, así como
otras prestigiosas organizaciones que nuclean a abogados, efectúen los reclamos
necesarios para volver a constituirse en mayoría en el Consejo de la
Magistratura. Resulta impensable una
política sanitaria que no cuente con la opinión decisiva de los médicos, que
son los actores y conocedores del sistema de salud. No puede entonces concebirse un Consejo tan
determinante para el funcionamiento de la Justicia que no se encuentre
integrado por mayoría de abogados. Sus nombramientos tienen que resultar de
elecciones de sus pares, no de encuestas nacionales electorales, que solo
pueden ser armadas por partidos políticos, provocando de esa manera su
dependencia. Los exámenes para acceder a los cargos judiciales no pueden
basarse en la memoria o erudición del candidato, sin evaluar su trayectoria, su
laboriosidad, su honestidad y su adhesión a los principios de imparcialidad e
independencia de criterio respecto tanto de condicionamientos internos
propios, como externos. Ningún
integrante o adherente de una organización gremial o política que propugne la parcialidad,
o renuncie a la virtud de la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de
la función judicial, puede ser nombrado funcionario o magistrado, menos aún de
la Justicia Federal, donde a diario se producen desafíos que ponen a prueba
esas virtudes.
El Ministerio Público
debe volver a garantizar la legalidad y la objetividad, y eso solo puede darse
declarando nulos todos los concursos y designaciones realizados por la gestión
de Gils Carbó, a efectos de desarmar el entramado militante montado en favor de
una corriente político-partidaria y contra los opositores políticos del pasado,
del presente y del futuro. Deben realizarse nuevos concursos, con los mismos
requisitos que reclamamos para los exámenes en el Consejo de la Magistratura, y
con jura dos imparciales surgidos por
sorteo de una lista de personas intachables y con experiencia en la función
judicial o el ejercicio profesional. Es
el único modo para que ese fundamental órgano retorne al servicio independiente
de Justicia, y de brindarle una oportunidad genuina a los cientos de candidatos
que quedaron relegados a causa de las irregularidades practicadas en las
designaciones por parte de los
militantes de Justicia Legítima. La Argentina debe fijar políticas tendientes a
lograr la unión nacional, no la separación, la discordia y el odio; no se puede
seguir sosteniendo una política de DDHH gestionada por organizaciones que
tienen puesta su mirada en el pasado, mientras se sostiene un inmenso aparato
burocrático que ignora los graves males del presente y del futuro, en un país
que se acerca al 50% de pobreza, con millones de niños y adolescentes en riesgo
por la droga, el hacinamiento, el abandono y la violencia.
Los juicios de lesa
humanidad y el gigantesco y multimillonario aparato que los sostiene deben
terminar. Su mantenimiento luego de tantos años viola derechos constitucionales
y las mejores tradiciones jurídicas sostenidas desde siempre por nuestra
Nación, que incluyen el derecho de toda persona a ser juzgada y que le sean
determinados sus derechos en un plazo razonable, doctrina de la justicia rápida
o de insubsistencia de la acción penal sostenida por nuestra Corte Suprema
desde hace más de 50 años, mucho antes de que esas garantías fueran
incorporados a los tratados internacionales de DDHH. La reforma anunciada por
el presidente Alberto Fernández el reciente 29 de julio implica un costoso
esfuerzo de medios que no habrá de mejorar el servicio de justicia, mientras
que la ampliación de los miembros y estructura de la Corte Suprema tiene como finalidad
asegurar la impunidad de la vicepresidenta y los funcionarios kirchneristas
acusados o condenados por corrupción. La principal herramienta para ese
objetivo es el Ministerio Público Fiscal, cooptado por las organizaciones partidarias del actual Gobierno, que han sido parte del acuerdo que
ha destruido la legalidad en la República Argentina. El futuro que nos espera, si no s e los
enfrenta y pone fin al plan en ejecución, es la República Bolivariana de
Venezuela, el país donde el programa, producto de un pacto muy parecido al que
aquí denunciamos, ha sido desarrollado íntegramente, hasta su culminación.
ANEXO
VERBITSKY, HORACIO.
Información recopilada de
Doble Agente.
La biografía
inesperada de Horacio Verbitsky, de Gabriel Levinas, Ed. Sudamericana, 2015:
Horacio Verbitsky pertenecía al Servicio de Inteligencia de Montoneros, donde
Campiglia con el grado de Oficial Mayor, era el jefe (pág. 111). En una
entrevista al semanario La Maga en 1992, se reconoció militante Montonero hasta
el año 1977. En 1970 se alistó en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) (págs.
40 y 45). Al tiempo, mientras trabajaba en Clarín saltó a Montoneros (págs. 61
y 72). En las FAP integraba una célula liderada por JORGE CAFFATI (pág.75). En
1974 viaja a Perú y se instala en Lima como embajador Montonero en ese país
(pág. 103). Permaneció allí 16 meses. Se desempeñó como jefe de la Base Lima y
se encargó de sincronizar los envíos del dinero del secuestro de los Born que
se envió a Cuba (pág. 110). Al regresar al país, en diciembre de 1975, dirige
el atentado contra el edificio Libertador, sede del comando en jefe del
Ejército, en el momento en que debía ingresar el General Videla. Participan un
oficial de la Armada, MARIO GALLI, DANIEL ZVERKO Y HÉCTOR TALBOT WRIGTH, los tres
Montoneros. Videla sale ileso, pero la explosión alcanza a BLAS GARCÍA, chofer
de un camión que pasaba por el lugar. Verbitsky fue el encargado de accionar el
detonador de la bomba (págs. 111 y 121). En un cuestionario escrito reconoce su
militancia en las FAP (pág. 400). En la misma oportunidad admite que, a fines
de 1977, RENÉ HAIDAR le comenta su separación de la agrupación Montoneros
"por falta de confianza en la conducción". ALFREDO LEUCO, al
responder un cuestionario que le envía al autor, Levinas dice que ROBERTO
PERDÍA, en su programa de televisión, dijo que Verbitsky era un traidor (pág.
424). .Información recopilada de El
Perro. Horacio Verbitsky, un animal político, de Hernán López Echagüe, Vergara
eds., 2015: “En las entrevistas que tiene con el autor le reconoce
reiteradamente su participación en Montoneros desde los 19 años, al menos hasta
el año 1977. Había comenzado en los ’70 con un grupo liderado por OSVALDO
AGOSTO (responsable de la operación que robó el sable del general San Martín).
Luego se vincula con RODOLFO WALSH (págs.
64 y 65). Comenzó militando en las FAP, al igual que VICKY WALSH, “Quito”
BURGOS, le dice al autor MARTA FERNANDEZ (pág. 73). El mismo VERBITSKY refiere que en un
determinado momento rompe con las FAP e ingresa a Montoneros (págs.74 y 80).
Según MARTA FERNANDEZ de BURGOS en la revista Entre todos los que queremos la
liberación, órgano del Movimiento Todos
por la Patria (MTP), atacante el 23/1/
89 del cuartel de La Tablada, Horacio Verbitsky publicó varias notas en
esa revista (págs. 41 y 147). Colaboró,
según el relato que le hace al autor, con el sistema montado por Rodolfo Walsh
para interceptar las comunicaciones policiales (pág. 82). Teobaldo Altamiranda
refiere que, muerto Rodolfo Walsh, continuó llevando correspondencia de
Montoneros al exterior que le entregaba Horacio Verbitsky (pág. 104). El mismo
se lo reconoce al autor (pág. 127). Respecto del financiamiento de Página 12
por parte de Gorriarán Merlo, Roberto Felicetti dice que Verbitsky estaba enterado
(pág. 149). Le reconoce al autor que su nombre de guerra era “Roberto” (pág.
91). .Información recopilada de La voluntad.
Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Tomo 3: 1973-1974, de Eduardo Anguita y
Martín Caparrós. Ed. Planeta, 1997: Militante montonero. Participa desde el
principio en el lanzamiento del diario Noticias propiciado por la organización
Montoneros. El responsable inicial fue el reciente amnistiado y liberado JULIO
ROQUÉ “Lino”. Participaron junto a Verbitsky “Paco” Urondo, Juan Gelman,
Rodolfo Walsh, Silvia Rudni y Gregorio Levenson el futuro administrador. Los fondos
aportados por Montoneros procedían del secuestro de dos gerentes de empresas
extranjeras (págs. 227 y 392)
.Información recopilada de Noticias de los Montoneros, de Gabriela
Esquivada, Ed. Sudamericana, 2009: Se inició en las FAP y en 1972 se integró a
Montoneros. Trabajó en el diario Noticias, fundado por la organización
Montoneros (págs. 38 y 107). . Información
recopilada de Graciela está en nosotros, de Jorge Gaggero, compilador, Ed. Colihue,
2007: En la entrevista que le hace Jorge Gaggero admite haber participa do con Rodolfo Walsh, su esposa Lilia
Ferreira, “Piri” Lugones y su compañera en el grupo de las FAP encargado de las escuchas de las
comunicaciones de la Policía Federal. Luego se integra a Montoneros (págs. 78 y
79). ROZANSKI CARLOS Y SU PARCIALIDAD En un acto realizado en la Facultad de Periodismo,
la Decana Florencia Saintout le entregó el reconocimiento de la casa de altos
estudios "por su compromiso y lucha por l
os Derechos Humanos". El juez federal Carlos Rozanski anunció que participará
del acto junto al resto de los magistrados con el fin de "impedir la impunidad en Argentina".
La Justicia Federal de La Plata participará de la tradicional marcha hasta
Plaza de Mayo el próximo 24 de marzo y
será la primera vez en la historia que jueces de un fuero federal estarán
presentes en la movilización que año a año organizan los organismos de derechos
humanos. El 2 4 comprende el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
fecha que recuerda las muertes de civiles producidas por la última dictadura
militar que gobernó el país. El a nuncio fue
realizado por el Juez del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata Carlos
Rozanski, quien aseveró: “Hablé personalmente con cada u no de los jueces y todos vamos a llevar un
cartel que diga: 'Justicia Federal La Plata’, y es para impedir la impunidad en
la Argentina". Rozanski consideró que
el hecho de que magistrados de tribunales federales se sumen en forma
colectiva a una movilización popular convocada por los sectores de la
militancia de los derechos humanos, sindicales y de partidos políticos es
"inédito". Además, el juez que
encarceló al torturador Miguel Etchecolatz y al cura genocida Christian Von
Wernich analizó que ve con
"preocupación el mal manejo de la figura de la prisión domiciliaria, que,
si bien el Código Penal lo habilita por razones humanitarias, hoy lo están
usando a favor de los genocidas presos para brindarles impunidad". Las
declaraciones de Rozanski fueron realizadas hoy en el plenario de derechos
humanos organizado por la Central de los Trabajadores de la Argentina Provincia
de Buenos Aires (CTA-de los Trabajadores), que fue presidido por su secretario
general, Roberto Baradel, y los adjuntos Raúl Calamante y Daniel Perez Guillén.
http://www.unidiversidad.com.ar/por-primera-vez -jueces-federales-participaran-de- la -marcha-contra-el-golpe-del -24-de-
marzo “El proceso de Memoria, Verdad y Justicia es absoluta, total y
definitivamente irreversible” El juez federal Carlos Rozanski disertó en el
Rectorado de la Universidad en el marco del Mes de la Memoria.
“Juzgar a ex
comandantes después de una dictadura feroz, es un desafío que pone a prueba a
todo el sistema, fundamentalmente al sistema encargado de juzgar, que es un
poder judicial tradicional y conocidamente conservador, reaccionario y, en
muchos casos, cómplice que aportó cuadros a la dictadura cívico militar; no se
puede desconocer había jueces que rechazaban todos los días habeas corpus con
costas, que no eran jueces comunes y silvestres: eran jueces de la dictadura”,
expresó el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata,
Carlos Rozanski, que participó del panel “La justicia por los crímenes de la
dictadura en perspectiva histórica. A treinta años del juicio a las Juntas”,
organizado conjuntamente por la Secretaría de Derechos Humanos de la
Universidad Nacional de la Plata y la Maestría de Historia y Memoria de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el marco de las
actividades que se desarrollarán durante marzo en la UNLP por el Mes de la
Memoria. Del encuentro, que se
desarrolló en la sala de Consejo Superior de la Universidad y que contó con una
nutrida presencia de público, también participó la integrante del equipo
docente de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UBA y expresa política en
el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de
la Armada, Graciela Daleo. Además, estuvo presente la referente de Madres de
Plaza de Mayo de La Plata, Adelina Demati de Alaye; el ex Fiscal General
Federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón; la directora de Derechos Humanos de la
Universidad, Verónica Cruz; el secretario de Derechos Humanos de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social, Jorge Jaunarena; entre otros. https://perio.unlp.edu.ar/archivoperio/node//5079Rozanski:
"Es una gran mentira creer que los jueces tenemos asepsia quirúrgica"
El juez admitió que el encuentro de magistrados y juristas convocado para
febrero "era impensado" una década atrás y sostuvo que los fallos
judiciales responden a la ideología del magistrado que los dicta." Es una
gran mentira creer que los jueces tenemos una asepsia quirúrgica, que la sala
de audiencias es un quirófano. Hoy, esto ya es insostenible", sostuvo
Carlos Rozanski en diálogo con radio Continental. En ese sentido, el presidente
del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata explicó que "cada uno de nosotros
tenemos una historia, una vida, una infancia y una educación. Todo eso nos va
formando ideológicamente y es lo que va a determinar que veamos las cosas de
una u otra manera", afirmó. Rozanski, uno de los firmantes de la
solicitada "Por Una Justicia Legítima", que luego convocaron al
Encuentro Nacional de la Magistratura que se realizará los días 27 y 28 de
febrero en la Biblioteca Nacional, consideró que la reunión "permitirá
discutir un modelo de justicia y, en consecuencia, un modelo de país”. “El rol
de los jueces en una sociedad democrática es enorme y su decisión siempre
proviene de la ideología del (magistrado) que está decidiendo", afirmó. El
camarista opinó que "no está mal tener una ideología" aunque advirtió
que "lo que está mal es que esa ideología no coincida con el bien común”.
“Cuando se pretende que no existe ideología en los jueces al decidir, lo que se
está haciendo es intentar mantener una asepsia falsa" con enunciados como
el de que "los jueces hablan por sus sentencias", aseveró. Rozanski
calificó la convocatoria a la reunión en la Biblioteca Nacional como "algo
bastante espontáneo y sorprendente" porque "es la primera vez que se
provoca una brecha dentro de una estructura históricamente
impenetrable". Tras recordar que el
rol de la Justicia "desde lo teórico es estar al lado de la comunidad,
defender los intereses de la comunidad" dijo que en la práctica "eso
no es así" y reafirmó la necesidad de debatirlo.
En sustento de ello,
se remontó a lo ocurrido con el Poder Judicial en épocas de dictadura o del
terrorismo de Estado, cuando "lo que aflora es lo peor de una parte
importante de la Justicia y por eso hubo tanta complicidad de una parte de la
Justicia". El juez recordó que,
según el Código de Procedimientos de la Nación, el sistema de evaluación de la
prueba es la sana crítica racional, "es decir que los jueces argentinos
somos sanos, críticos y racionales por ley", dijo, y consideró que, ante
ello, "abrir un espacio para discutir el modelo de justicia que queremos,
merecemos y debemos tener en el país, es algo que hace diez años era
impensable". Rozanski admitió no poder anticipar cuál será la esencia del
encuentro, aunque consideró que, si posibilita "discutir un modelo de
justicia, cuál es el nivel de compromiso de los jueces con la democracia, si
los jueces tienen que estar con la comunidad, si tiene que estar arriba de un
estrado o abajo, vamos para adelante".
https://www.telam.com.ar/notas/201301/5003-rozanski-es-una -gran-mentira-creer-que -los -jueces-tenemos-asepsia-quirurgica.html DATOS
DE UNA DISCRIMINACIÓN INACEPTABLE A diferencia
de lo que ocurre con cualquier otro proceso penal en la Argentina, a los
acusados de delitos de lesa humanidad:. Invariablemente se los detiene
negándoseles la eximición de prisión o la excarcelación, con abstracción de las
circunstancias y conductas concretas de los imputados, el 98% de los cuales
carece de cualquier antecedente penal. Todo ello, en contradicción con la forma
en que se actúa en delitos comunes y lo señalado por la doctrina y fallos
plenarios de aplicación obligatoria. . Se les prorrogan las prisiones
preventivas más allá de los plazos máximos de duración previstos en la Ley
24.390 y sus modificaciones, con afectación de disposiciones de los tratados
internacionales que consagran la prohibición de extender las detenciones de
personas que no están condenadas. .
Mientras que el promedio de duración de la prisión preventiva para delincuentes
comunes es de dos años, y sólo el 4% de esa franja poblacional carcelaria
excede ese término, en los juicios de lesa humanidad el promedio supera los 7
años, el 76% de estos presos supera los 3 años de prisión preventiva, con casos
que llevan 16 años detenidos sin condena. Sobre la base de este “derecho”
creado por vía de jurisprudencia, apartado de las normas positivas y principios
fundamentes, es que hemos llegado a la cifra de 508 muertos en detención, 438
de ellos sin condena, y la cantidad sigue creciendo. A tal punto se ha llegado en la negación de
la dignidad humana en el juzgamiento de estos delitos, que la cifra de
fallecidos en detención generó una alarma en el seno de la Procuración General
de la Nación y la Secretaría de DDHH, pero provocando el reclamo de estas para
que se aceleren esos juicios para evitar lo que llamaron “la impunidad
biológica”, lo cual denota el grado de odio y decadencia moral a la que ha
llegado la función pública en esos ámbitos.
A esta clase de imputados no sólo se les han negado, como dijimos, la prescripción y los derechos adquiridos por
las amnistías, sino también la libertad condicional, las salidas transitorias y
otros
beneficios previstos
en la ley de Ejecución Penal (Ley 24660), incluido el derecho a estudiar y
realizar cursos que permiten reducir las penas que se les han aplicado. . Se
les niega la aplicación del cómputo doble de la prisión preventiva previsto en
el art. 7 de la Ley 24390 en abierta violación del principio de
irretroactividad de la ley penal más gravosa y ultra actividad de la más
benigna. . Se les deniegan la prisión domiciliaria a mayores de 70 años y
enfermos graves con franco apartamiento del espíritu y la letra de la ley y de
los postulados humanitarios consagrados en los instrumentos internaciones. Los
únicos detenidos con más de 70 y hasta
con 80 y 90 años que tiene el Servicio Penitenciario Federal pertenecen
a este grupo vulnerable de personas. . Se fragmentan las causas, sometiendo a
una misma persona a numerosas y sucesivas indagatorias, procesamientos,
traslados, juicios y condenas, celebrados algunos en distintas jurisdicciones
producto del desdoblamiento de la investigación, fomentándose el multi juzgamiento.
Eso representa, además
de la afectación al derecho de defensa, que muchos de ellos estén siempre procesados
en distintas causas y no puedan acceder a los beneficios de que gozan los
condenados. . Se los somete a proceso aún frente a acreditadas incapacidades
sobrevinientes para estar en juicio y defenderse. . Se desconocen los
principios de inocencia, el principio in dubio pro re o, invirtiendo la carga probatoria, haciendo recaer sobre el imputado la
obligación de probar su inocencia, ante la presentación de testigos desconocidos
que aparecen a declarar 40 años después de los hechos y a los cuales se les
otorga total credibilidad sin
corroboración alguna por otro u otros elementos de prueba. . Se utilizan
fórmulas hipotéticas en violación a los principios que exigen no la suposición
sino la comprobación de efectiva
participación y culpabilidad. . Se los
condena en función de los cargos que tenían o el lugar donde estaban
destinados, en contradicción con el principio de reserva previsto en el art. 19
de la Constitución Nacional, que ordena al legislador solo prohibir aquello que
una persona haya hecho u omitido hacer,
y nunca lo que esa persona es o haya sido en función del cargo que ocupó. . Se les niega el derecho a interrogar a los
testigos para no “volver a victimizarlos” y,
de ese modo, los acusadores incorporan declaraciones prestadas en la instrucción
o en otros juicios y que jamás la defensa pudo controlar. . Se los somete a
debates orales en los que son insultados y agredidos, abandonándose las normas
disciplinarias para su normal desarrollo, aceptándose conductas que no solo
importan someterlos al escarnio público, sino que claramente constituyen un
medio de presión para los magistrados. . Se los somete a procesos con
intervención de múltiples acusadores no sólo públicos, sino también
particulares, conformados por múltiples
asociaciones con título de defensoras de los DDHH, sin límite, afectándose el principio de igualdad de
armas. . Se integran los tribunales con
magistrados que tienen acreditados compromisos ideológicos con las querellas,
casi todos ellos pertenecientes a la agrupación política “Justicia Legítima”,
afectándose el principio de imparcialidad del juzgador. . Se les imponen montos
de penas de privación de libertad despojados de todo fin resocializador, tan
elevados que, en atención a las edades y las expectativas de vida, no sólo no
podrán cumplirse, sino que implican privarlos de su libertad hasta su
fallecimiento, lo que importa una reintroducción de la pena de muerte. . Se
abandonan los parámetros previstos en los arts. 40 y 41 de nuestro Código
Penal, soslayando considerar circunstancias atenuantes tal como la carencia de
antecedentes penales tanto antes de la supuesta comisión de los hechos como
durante los años trascurridos con posterioridad a ello hasta el presente. . Se omite también considerar la posición en
la cadena de mando de los subalternos, la edad a la fecha de los hechos,
extremos que sin duda deben computarse a favor en tanto se vinculan con los
distintos niveles de responsabilidad y el grado de culpabilidad. . Tampoco, a los efectos de graduar las penas,
se tiene en cuenta: la edad actual de los imputados, todos ellos ancianos, el
principio de humanidad que impone excluir toda pena cruel y el fin primordial
de la pena, esto es, la resocialización.
. No existen los sobreseimientos,
y las absoluciones ascienden tan sólo al 10% de las personas detenidas
(según datos que proporciona la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la
Procuración General de la Nación), una estadística inversa a la que surge del
juzgamiento de delitos comunes. Y esas escasas absoluciones son generalmente
revocadas por la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Esto está sucediendo ahora a la vista de todos y frente a
la impotencia de los defensores, a quienes se les rechazan sistemáticamente sus
planteos y vías de impugnación. En
definitiva, hay un sector de la población al que, por obra directa y abuso de
poder de los fiscales y magistrados, en nombre de los derechos humanos, se les
están desconociendo todos sus derechos humanos.
CONCURSOS PARA EL CELS Y JUSTICIA LEGÍTIMA Detalle de los concursos para
cubrir vacantes en cargos de fiscalías o fiscalías generales, con jurados
integrados por fiscales generales también integrantes del CELS y/o de Justicia
Legítima, nombrados en letra negrita. Concurso N.° 94 (Resolución PGN
807/2013): una (1) vacante de Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de la Capital Federal (Fiscalía N.° 2 ); una ( 1) vacante de Fiscal General ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia homónima; una (1) vacante
de Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén,
provincia homónima; y una (1)vacante de Fiscal General ante el Tribunal Oral Criminal
Federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Presidenta: Procuradora General
de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó. Vocales: Fiscales Generales
doctores Javier A. De Luca; Daniel E. Adler; Mario A. Villar y Carlos Ernst.
Jurista Invitado: Profesor doctor Alejandro Slokar. Concurso Nº. 96 (Resolución
PGN 809/2013): una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Villa
María, provincia de Córdoba; una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal
de San Juan, provincia homónima; una (1) vacante de Fiscal ante los Juzgados
Federales de Tucumán, provincia homónima (Fiscalía N.° 2 ); una (1) vacante de
Fiscal ante los Juzgados Federales de Santiago del Estero, provincia homónima
(Fiscalía Nº 2); y una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de
Tartagal, provincia de Salta. Presidente: doctor Jorge Auat. Vocales: doctores:
Eduardo Casal, Daniel Adler, Adrián M. Gentili, Ricardo C. M. Álvarez. Jurista
Invitado: Profesor doctor Mario Portela. Jurista Invitado (Suplente): Profesor
doctor Julián Axat. Concurso Nº 97 (Resoluciones PGN 70/2013 y 810/2014): una
(1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Morón, provincia de Buenos
Aires (Fiscalía Nº 2); una (1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de
La Plata, provincia de Buenos Aires (Fiscalía Nº. 3); una (1) vacante de Fiscal
ante el Juzgado Federal de Dolores, provincia de Buenos Aires; una (1) vacante
de Fiscal ante los Juzgados Federales de Azul, provincia de Buenos Aires; una
(1) vacante de Fiscal Federal ante los Juzgados Federales de Azul, con asiento
en Tandil, provincia de Buenos Aires; y una (1) vacante de Fiscal ante el
Juzgado Federal de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Por Res. PGN N° 70/14 se
acumula una (1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de La Plata (Fiscalía
N.° 1). Presidente: doctor Javier A. De Luca, y Vocales doctoras/es L. Cecilia
Pombo; Claudio M. Palacín, Guillermo E. Friele y M. García Berro. Jurista
Invitado: Profesor doctor Sergio Delgado. Jurista Invitado (Suplente): Profesor
doctor Alberto Bovino. Concurso Nº 98 (Resolución PGN 811/2013): una (1)
vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Esquel, provincia de Chubut; una
(1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Neuquén, provincia
homónima (Fiscalía N.° 2); una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; una (1) vacante de Fiscal ante el
Juzgado Federal de Concordia, provincia de Entre Ríos; una (1) vacante de
Fiscal ante el Juzgado Federal de Victoria, provincia de Entre Ríos; una (1) vacante
de Fiscal ante los Juzgados Federales de Corrientes, provincia homónima
(Fiscalía N.° 2); una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones; y una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado
Federal de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Presidenta: Procuradora
General de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó. Vocales: doctor Eduardo E.
Casal; Fiscal General doctor Marcelo García Berro; Fiscal General, doctor
Carlos Ernst; Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de La Plata, doctor Rodolfo M. Molina. Jurista Invitado: Profesor doctor Omar
Alejandro Palermo. Concurso N.° 99
(Resolución PGN 2317/2013): una (1) vacante de Procurador/a Fiscal ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Presidenta: Dra. Alejandra Gils Carbó.
Vocales: Dra. Laura Monti, Dr. Eduardo E. Casal, Dr. Javier A. De Luca, Dr.
Daniel Adler. Jurista Invitado: Doctora Alicia Ruiz. Jurista Invitado
(Suplente): Doctor Arístides Corti. Por virtud de este concurso, resultó
designado el Dr. Víctor Abramovich, también integrante de “Justicia Legítima”
y, hasta su designación, uno de los más importantes representantes del CELS. Concurso
Nº. 100 (Resoluciones PGN 2439/2013 y 507/2015): Cuatro (4) vacantes de Fiscal
de la Pro curación General de la Nación.
Presidenta: doctora Alejandra Gils Carbó. Vocales: doctores/as Alejandro J.
Alagia; Guillermo E. Friele; Cecilia A. I. Garzón; Guillermo E. H. Morosi.
Jurista Invitado: Doctor Gabriel Ganon. Jurista Invitado (Suplente): Doctor
Julián Axat. Concurso N.° 102 (Resolución PGN 46/2014): dos (2) vacantes de
Fiscal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal (Fiscalías N.° 5 y 10). Presidenta: doctora Alejandra Gils Carbó.
Vocales: doctores/as Gabriela Beatriz Baigún; Adolfo Raúl Villate; José Ignacio
Candioti Puyol; Cecilia Alida Indiana Garzón. Jurista Invitado: Doctor Eugenio
Sarrabayrouse. Jurista Invitado (Suplente): Doctor Alfredo Pérez
Galimberti.Este concurso es paradigmático, puesto que resultaron designados dos
nuevos fiscales federales integrantes de Justicia Legítima, justamente en el
fuero en el que se debe investigar los delitos de corrupción: el fiscal Franco
Picardi (durante el concurso y hasta su designación fue funcionario del
Ministerio de Justicia y vinculado al secretario de Justicia Julián Álvarez) y
la fiscal María Paloma Ochoa. Concurso N.° 103 (Resolución PGN 327/2014): una
(1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora (Fiscalía
N.° 2); una (1) vacante de Fiscal Federal ante los Juzgados Federales de San
Isidro (Fiscalía N.° l); una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de
Campana; una (1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Bahía Blanca
(Fiscalía N.° 2), todos ellos de la provincia de Buenos Aires; una (1) vacante
de Fiscal ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa; una (1)
vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de San Rafael, provincia de Mendoza;
una (1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Tucumán, provincia
homónima (Fiscalía N.° 3); una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Presidenta: Dra. Alejandra Gils Carbó.
Vocales titulares: señores Fiscales Generales doctores Hernán I. Schapiro;
Francisco José Maldonado; Mario Sabas Herrera y Francisco Santiago Snopek.
Jurista Invitado: Doctor José Milton Peralta. Jurista Invitado (Suplente):
Doctor Leonardo Pitlevnik. Concurso N.° 106 (Resolución PGN 2513/2014): cuatro
(4) vacantes de Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación.
Presidenta: doctora Alejandra Gils Carbó. Vocales titulares: doctoras/es Vivian
Barbosa, Rodolfo Marcelo Molina, M. Luciani y C. A. Indiana Garzón, Fiscales
Generales. Concurso N.° 109 (Resoluciones PGN 3285/2014 y PGN 168/2015): dos
(2) cargos de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Fiscalías N.° 2 y
3).Presidenta: doctora Alejandra Gils Carbó. Vocales titulares: señores Fiscales
Generales doctores Dante M. Vega; Adrián J. García Lois; Abel D. Córdoba y
Carlos M. Amad. Vocales suplentes: señores Fiscales Generales doctores Pablo F.
Parenti; Guillermo Reynares Solari; Francisco Maldonado; Adolfo Villate y
Daniel Adler. Juristas invitados: profesores doctores Omar Palermo y Daniel
Morín, titular y suplente, respectivamente. En este concurso se presentó una
situación paradigmática. Justamente para seleccionar a dos de los tres Fiscales
Generales que tendrían a su cargo la Superintendencia de los Fiscales Federales
de la Ciudad de Buenos Aires, principales actores del Ministerio Público Fiscal
en las causas por corrupción, y, a su vez, cuya intervención en la Cámara de
Apelaciones en esas causas sellaría definitivamente la suerte de los
funcionarios imputados en ellas, Gils Carbó para integrar el tribunal de
concurso, a su lado, a cuatro Fiscales Generales integrantes de Justicia
Legítima, quienes, por otra parte, a la fecha del llamado a concurso hacía
escasos días que habían jurado como magistrados fiscales; además, nombró como
juristas invitados a otros dos miembros de esa agrupación. Y, por las dudas,
también colocó como integrantes del tribunal suplente a otros cuatro
integrantes de Justicia Legítima. Concurso Nº. 110 (Resoluciones PGN 3284/2014
y PGN 171/2015): una (1) vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca (Fiscalía N.° 2), dos (2) vacantes de Fiscal General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Fiscalías N.° 2 y 3), una
(1) vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín (Fiscalía N.° 2), todas ellas de la provincia de Buenos Aires; una (1)
vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba,
provincia homónima (Fiscalía N.° 2); una (1) vacante de Fiscal General ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, provincia homónima (Fiscalía N.° 2);
una (1) vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, provincia de Santa Fe (Fiscalía N.° 2); una (1) vacante de Fiscal
General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia homónima
(Fiscalía N.° 2); una (1) vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, provincia homónima (Fiscalía N.° 2). Tribunal Titular.
Presidenta:doctora Alejandra Gils Carbó. Vocal 1: doctor Jorge Auat. Vocal
2:doctor Miguel A. Palazzani. Vocal 3: doctor Marcelo Colombo. Vocal 4: doc tor
Adrián García Lois. Tribunal Suplente: doctores Federico Garniel, Mario Sabas
Herrera y Rubén González Glariá. Jurista invitado titular: profesor doctor
Carlos Alberto Mahiques. Jurista Invitado: Doctor Hugo Cañón.
