Leído para usted: «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
Capítulo 12
Los costos del
sistema y el negocio de las indemnizaciones
Al quedar en manos del
CELS toda la política de derechos humanos, las causales de indemnización
previstas en las leyes “reparatorias” fueron ampliadas escandalosamente, y le
generan al Estado formidables erogaciones.
Leyes y más leyes En 1986, durante el Gobierno de Alfonsín, se dictó la
Ley 23466, que les otorgaba una pensión
a los hijos menores de personas desaparecidas hasta diciembre de 1983. En la
administración Menem se sancionó la Ley
24043, prevista para personas que hubieren sido puestas a disposición
del PEN durante la vigencia del Estado de Sitio o sufrido detención por actos emanados de tribunales
militares, y la Ley 24411, que indemniza a familiares de personas
desaparecidas. Las indemnizaciones previstas en estas leyes, en la
administración Kirchner, fueron ampliadas, por Ley 26564, a personas que
hubieren estado detenidas o hayan sido víctimas de desaparición forzada y luego
reaparecidas, y a familiares de personas desaparecidas o muertas desde el 16 de
junio de 1955 hasta el 9 de diciembre de 1983.La ley incorporó además a quienes
hubieran estado detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la
Justicia o por los Consejos de Guerra en dicho período, conforme a la Ley
antiterrorista 20840, sancionada por un gobierno constitucional. Las causales increíblemente comprenden -como
puede verse- a todos aquellos que fueron juzgados y condenados por tribunales
de nuestro Poder Judicial por secuestros, asesinatos, atentados con explosivos
y demás delitos aberrantes cometidos por las organizaciones terroristas. “De
este modo, fueron indemnizados, con el dinero de todos los argentinos, los
terroristas del ERP que atacaron la Guarnición Militar de Azul en enero de 1974
dando muerte al Coronel Camilo Arturo Gay y su esposa; los que secuestraran y dieran
muerte en cautiverio al Teniente Coronel Jorge Roberto Ibarzábal; los autores
del copamiento de la Fábrica Militar de Villa María dando muerte al cabo de la
Policía de Córdoba Marcelino Cuello y secuestrando al Coronel Argentino del
Valle Larrabure. Luego de 372 días alojado en una ‘cárc el del pueblo’, apareció su cadáver con 47
kilos menos y signos de golpes y estrangulamiento. También fueron indemnizados
los terroristas autores de la masacre del entonces Capitán Humberto Antonio
Viola y su hijita de 3 años María Cristina, asesinados en Tucumán cuando
estacionaba su auto, en el que también viajaban su esposa, María Cristina
Picón, embarazada de 5 meses, y María
Fernanda, de 5 años, quien sufrió graves heridas en la cabeza. Y tantos otros
autores de atentados con bombas, asesinatos, secuestros, toma de cuarteles y
comisarías. Todos los familiares de los terroristas abatidos, y aún aquellos
terroristas capturados, juzgados y condenados, fueron indemnizados por estas
leyes y sus extensiones con cifras millonarias provenientes de los impuestos
abonados por todos los ciudadanos... El 5 de octubre de 1975, durante el
gobierno constitucional, Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte
29 de Formosa, asesinando a diez soldados conscriptos, un agente de la policía
provincial, un sargento y un subteniente, e hiriendo a muchos otros. Los familiares de los guerrilleros que
cayeron en ese combate fueron indemnizados con sumas millonarias, pero las
familias de quienes murieron en defensa del cuartel no han recibido
compensación alguna”155. La Ley 25914 indemniza a las personas que hubieren
nacido durante la privación de libertad de su madre o que siendo menores
hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación con sus
padres. La Ley 26913, pensando quizás que los diversos
beneficiarios se habían gastado las millonarias indemnizaciones que alcanzan un
promedio de 15 millones de pesos por caso, estableció, además de dicha
indemnización, una pensión graciable vitalicia para los sujetos comprendidos en
las diversas leyes reparatorias, que son heredables por sus familiares. Se
amplió el beneficio a aquellos que hayan sido detenidos por fuerzas de
seguridad por causas políticas, gremiales o estudiantiles. De este modo, cualquier persona que haya sido
detenida por daños, agresiones o atentados en manifestaciones de protesta o
actos celebrados por cualquiera de esas tres causas, recibirá una pensión
graciable vitalicia y heredable del Estado argentino. 155 https://www.lanacion.com.ar/editoriales/beneficios-escandalosos-estupor-ciudadano-nid2387920
El artículo 2 se
encarga de aclarar que la pensión graciable establecida en ese régimen es
independiente de cualquier otra reparación que hubiere llegado a percibir el
beneficiario. El precio de las “reparaciones” Hasta 2015, las indemnizaciones
pagadas a quienes se presentaba n como víctimas de leyes “reparatorias”
sumaban, actualizadas a junio de 2020, 147.000 millones de pesos. En 2016, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio cuenta, en un fallido intento de
poner freno al descontrolado dispendio en esta materia, mediante su resolución
MJYDH 670/16, de que existían otros
7.318 expedientes por indemnizaciones en trámite, en su gran mayoría de personas que reclaman indemnización por
haber sufrido exilios “forzosos”. El monto actualizado a junio de 2020 del
monto total estimado en dicha resolución asciende a otros 34.300 millones de
pesos. José D’Angelo y Pedro Güiraldes, investigadores de este fabuloso
negociado, no han podido obtener información de los beneficios derivados de
estas leyes que se abonaron durante la presidencia de Mauricio Macri, y
tampoco de los beneficiarios y montos de las pensiones graciables. Subrogancia
y viáticos “legítimos” La subrogancia de los jueces voluntarios -casi todos de
Justicia Legítima- en los juicios de lesa humanidad le genera a cada uno un
ingreso mensual de más de 650.000 pesos más viáticos. Los gastos
producidos por esta mega estructura
suman cifras colosales. La Asociación de Abogados por la Justicia y la
Concordia ha hecho público, hace tiempo, un exhaustivo informe que, además de
las indemnizaciones, incluye muchos otros gastos asociados al denominado
proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Las erogaciones totales, por todo
concepto, por la política de Estado en materia de derechos humanos llevará a la
Argentina a una erogación de más de
10.000 millones de dólares en los próximos ejercicios presupuestarios. Las denuncias de pagos de indemnizaciones a
casos falsos, con multimillonarios perjuicios que pagaron los contribuyentes
argentinos, no han sido impulsadas por
el Ministerio Público Fiscal Federal, que continúa encubriendo los escandalosos
fraudes.
Epílogo: las
consecuencias del pacto. La anunciada reforma judicial que impulsa el
presidente Alberto Fernández postula la ampliación del número de jueces de la
Corte, y nuevos nombramientos en la
Cámara Federal de Apelaciones y en la Cámara Federal de Casación, mientras que
a través del Consejo de la Magistratura, en una nueva ofensiva, el kirchnerismo ha desplazado magistrados que
investigan y han tomado decisiones en causas por corrupción contra la
vicepresidenta y otros funcionarios, alegando que fueron designados en forma
irregular156. Detrás de esta decisión se esconde la estrategia de pedir, por dicho motivo, la nulidad de todas las actuaciones labradas
contra la ex presidenta y los
funcionarios kirchneristas acusados o condenados por corrupción en las que
hayan intervenido dichos magistrados.
El nuevo régimen procesal, con la inauguración del sistema acusatorio en
manos de los fiscales, quienes decidirán contra quién ir y contra quién no,
impulsan al kirchnerismo y al CELS a terminar la tarea de copamiento del Ministerio
Público Fiscal. Les queda pendiente apropiarse del cargo más importante, el del
procurador general, ocupado hoy interinamente por un fiscal de carrera , Eduardo Casal. Como la postulación de Daniel Rafecas,
candidato de Alberto Fernández, no cuenta con el apoyo del radicalismo ni de
varias de las organizaciones querellantes en los procesos relacionados con el
atentado a la AMIA, el candidato para sucederlo es el juez de Casación Alejandro Slokar, fundador de
Justicia Legítima. Pero como plan alternativo, ya que la oposición podría no
darle a este los votos necesarios para que asuma el cargo, el kirchnerismo está
en plena ejecución de un golpe destituyente contra el procurador Eduardo Casal,
a efectos de lograr su renuncia para que asuma en su reemplazo otro militante
de Justicia Legítima y destacado referente del CELS, Víctor Abramovich, tercero
en la línea jerárquica detrás de la Dra. Laura Monti, que -habría ya
adelantado- se retiraría si es que lo
hace Casal157.
156https://www.clarin.com/politica/oposicion-abroquela-magistratura-frenar-movida-k-jueces_0_Y9UmmOean.html157
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-ya-evalua-el-nombre-de-otro -procurador- nid2399600
90 El círculo de influencias, que incluyen el
avance sobre la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, el Ministerio
Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción,
la Secretaría de DDHH, la Agencia Federal de Inteligencia, la Inspección
General de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal, se completa con el nombramiento, por parte
del Consejo de la Magistratura, de un abogado miembro fundador de Justicia Legítima, Claudio Cholakian, como flamante
administrador del Poder Judicial. Como
puede verse, la colonización ideológica y material del Poder Judicial argentino
tuvo y tiene dos vertientes asociadas perfectamente diferenciables: la que
propugna un Poder Judicial unificado al Ejecutivo con el fin de servir a un
proyecto totalitario, por un lado, y, por el otro, corruptos enriquecidos
durante la gestión de gobierno cuyo objetivo es asegurarse impunidad. Ambas
corrientes se han unido y conforman un solo flujo que invade, corroe y
contamina el funcionamiento independiente del servicio de Justicia, al asegurar la libertad de los corruptos y perseguir a
los opositores políticos. La transformación educativa y cultural generada por
este pacto busca trastocarlos valores de nuestra sociedad, afecta
directamente la educación de nuestros hijos, y ha dañado significativamente
tanto la seguridad ciudadana como la defensa nacional. La política de DDHH
sostenida por el kirchnerismo y nunca enfrentada por el interregno de la
gestión de Macri, está manejada por organizaciones ideologizadas que dominan
los más importantes cargos que hacen al servicio de Justicia, Seguridad y
Defensa de la Nación. Tiene puesta su mirada en el pasado y está basada
enteramente en el odio y la venganza. Ningún país mantiene abiertos sus
conflictos, por graves que hayan sido, durante 45 años. Detrás de su desempeño
ya resulta inocultable el fenomenal negocio de millonarias indemnizaciones a
supuestas víctimas, a cargo del Estado. La
Argentina debe defender la legalidad, y el Poder Judicial, recuperar su
independencia. Es necesario que los Colegios de Abogados, la Asociación de
Magistrados y las facultades de Derecho de distintas universidades, así como
otras prestigiosas organizaciones que nuclean a abogados, efectúen los reclamos
necesarios para volver a constituirse en mayoría en el Consejo de la
Magistratura. Resulta impensable una
política sanitaria que no cuente con la opinión decisiva de los médicos, que
son los actores y conocedores del sistema de salud. No puede entonces concebirse un Consejo tan
determinante para el funcionamiento de la Justicia que no se encuentre
integrado por mayoría de abogados. Sus nombramientos tienen que resultar de
elecciones de sus pares, no de encuestas nacionales electorales, que solo
pueden ser armadas por partidos políticos, provocando de esa manera su
dependencia. Los exámenes para acceder a los cargos judiciales no pueden
basarse en la memoria o erudición del candidato, sin evaluar su trayectoria, su
laboriosidad, su honestidad y su adhesión a los principios de imparcialidad e
independencia de criterio respecto tanto de condicionamientos internos
propios, como externos. Ningún integrante
o adherente de una organización gremial o política que propugne la parcialidad,
o renuncie a la virtud de la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de
la función judicial, puede ser nombrado funcionario o magistrado, menos aún de
la Justicia Federal, donde a diario se producen desafíos que ponen a prueba
esas virtudes.
El Ministerio Público
debe volver a garantizar la legalidad y la objetividad, y eso solo puede darse
declarando nulos todos los concursos y designaciones realizados por la gestión
de Gils Carbó, a efectos de desarmar el entramado militante montado en favor de
una corriente político-partidaria y contra los opositores políticos del pasado,
del presente y del futuro. Deben realizarse nuevos concursos, con los mismos
requisitos que reclamamos para los exámenes en el Consejo de la Magistratura, y
con jurados imparciales surgidos por sorteo de una lista de personas
intachables y con experiencia en la función judicial o el ejercicio
profesional. Es el único modo para que
ese fundamental órgano retorne al servicio independiente de Justicia, y de
brindarle una oportunidad genuina a los cientos de candidatos que quedaron
relegados a causa de las irregularidades practicadas en las designaciones por
parte de los militantes de Justicia
Legítima. La Argentina debe fijar políticas tendientes a lograr la unión
nacional, no la separación, la discordia y el odio; no se puede seguir
sosteniendo una política de DDHH gestionada por organizaciones que tienen
puesta su mirada en el pasado, mientras se sostiene un inmenso aparato
burocrático que ignora los graves males del presente y del futuro, en un país
que se acerca al 50% de pobreza, con millones de niños y adolescentes en riesgo
por la droga, el hacinamiento, el abandono y la violencia.
Los juicios de lesa humanidad y el gigantesco
y multimillonario aparato que los sostiene deben terminar. Su mantenimiento
luego de tantos años viola derechos constitucionales y las mejores tradiciones
jurídicas sostenidas desde siempre por nuestra Nación, que incluyen el derecho
de toda persona a ser juzgada y que le sean determinados sus derechos en un
plazo razonable, doctrina de la justicia rápida o de insubsistencia de la
acción penal sostenida por nuestra Corte Suprema desde hace más de 50 años, mucho
antes de que esas garantías fueran incorporados a los tratados internacionales
de DDHH. La reforma anunciada por el presidente Alberto Fernández el reciente
29 de julio implica un costoso esfuerzo de medios que no habrá de mejorar el
servicio de justicia, mientras que la ampliación de los miembros y estructura
de la Corte Suprema tiene como finalidad asegurar la impunidad de la
vicepresidenta y los funcionarios kirchneristas acusados o condenados por
corrupción. La principal herramienta
para ese objetivo es el Ministerio Público Fiscal, cooptado por las organizaciones partidarias del actual Gobierno, que han sido parte del acuerdo que
ha destruido la legalidad en la República Argentina. El futuro que nos espera, si no s e los
enfrenta y pone fin al plan en ejecución, es la República Bolivariana de
Venezuela, el país donde el programa, producto de un pacto muy parecido al que
aquí denunciamos, ha sido desarrollado íntegramente, hasta su culminación.
