Leído para usted: «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
Capítulo 11
El CELS y Justicia
Legítima como garantes:
Los cargos clave
La mano única que
impulsa este avance de colonización ideológica y material del Poder Judicial
acaba de nombrar, al frente de la
Procuración del Tesoro, al excandidato a la vicepresidencia de la NaciónCarlos
Zannini, procesado por su participación
en la red de corrupción de la obra pública durante las administraciones
kirchneristas que descubrió el juez Claudio Bonadío.Zannini fue, hasta
diciembre de 2019, representante del gobierno de Santa Cruz, encabezado por
Alicia Kirchner, en el Nuevo Banco de Santa Cruz, propiedad del grupo Petersen,
de la familia Eskenazi. Uno de sus principales desafíos como Procurador del
Tesoro es un juicio contra la Argentina en Nueva York, derivado de la
expropiación de la mayoría accionaria de YPF decidida por el Gobierno de Cristina Kirchner en abril de
2012. Por esa medida, el Gobierno
compensó a la española Repsol, cuya mayoría accionaria expropió, pero no
extendió su oferta a los demás accionistas, como mandaba el estatuto de YPF. A
través de una firma registrada en España que era a su vez controlada por otra
registrada en Australia, el Grupo Petersen, que había ingresado a YPF en el
proceso de “argentinización” impulsado por el kirchnerismo en 2008, detentaba
el 25% de la petrolera cuando sucedió la expropiación. Los derechos del litigio
por la violación al estatuto de YPFaparecieron en manos del fondo buitre
inglés Burford Capital, que reclama
entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al Estado argentino en las cortes de
Manhattan. Se sospecha que los Eskenazi retienen un porcentaje de los derechos
de ese juicio. ¿Qué intereses defenderá realmente Zannini? Además de la legión
de fiscales que incorporó o ascendió en el Ministerio Público, como ya hemos visto, Justicia Legítima contó
desde sus inicios con la destacada participación del ex juez Eduardo Freiler,
los fiscales Javier De Luca y Cristina Caamaño, funcionarios del Ministerio
Público Fiscal militantes de la pseudo izquierda, como Félix Crous, uno de los
fiscales que impulsaría la mayor cantidad de juicios de lesa humanidad en los
fueros federales de la provincia de Buenos Aires, y el Defensor General de la
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim.
80 Como indicó
anteriormente, Freiler fue uno de los responsables de la escandalosa decisión
de apartar al juez Claudio Bonadio de la causa “Hotesur”, luego de que el juez dispuso el allanamiento de varias
empresas de la familia Kirchner. Cristina Caamaño es miembro del gabinete de
Alberto Fernández, como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, de
muy activo protagonismo en la causa del acuerdo con Irán en la
que se encuentra procesada Cristina Kirchner y militantes y funcionarios
seguidores suyos. Javier De Luca es el
fiscal del más importante tribunal penal federal del país, la Cámara Federal de
Casación, mientras que Víctor Abramovich actúa como Pro curador ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Félix Crous, por su parte,
fue nombrado titular de la Oficina Anticorrupción y su primera decisión institucional fue desistir
de la participación de ese organismo como querellante en causas de corrupción
seguidas contra Cristina Kirchner y funcionarios y empresarios K.Alejandro
Slokar, casado con una ex miembro del CELS, y Ana María Fig ueroa ocupan cargos
de jueces del más alto tribunal penal de la Nación, la Cámara Federal de
Casación Penal, y sus actitudes militantes e ideologizadas -evidenciadas en sus
manifestaciones públicas - pueden corroborarse mediante un dato revelador: en
todos sus votos se han negado sistemáticamente a conceder excarcelaciones,
detenciones domiciliarias o morigeraciones de prisiones preventivas para
imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, sin
excepciones. El invariable criterio sostenido solo para esta clase de delitos,
sin distinguir en ningún caso la situación diversa de las personas alcanzadas
por esas imputaciones, resulta por demás elocuente. Otro cargo clave es el de
la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia nacional, que funciona dentro del predio de la ex–ESMA,
donde fue designado Horacio Pietragalla, hijo de miembros de la guerrilla
abatidos en enfrentamientos con las FFAA en los ’70. El organismo a su cargo,
querellante también con otra legión de abogados y empleados en los juicios de
lesa humanidad, se opuso a la detención domiciliaria de los ancianos sometidos
a esos procesos, pero al mismo tiempo se presentaba en los juicios que se les
siguen a Martín Báez, Luis D’Elía y Ricardo Jaime aconsejando dicho beneficio
para estos 81 presos kirchneristas, que,
por cierto, no reunían ninguno de los requisitos de los denominados grupos de
riesgo en la actual pandemia. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la
provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, presidida
por el ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Santiago
Cantón, se sumaría también con recursos humanos y económicos propios como
querellante a los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos en los ’70.
Axel Kicillof nombró a cargo de dicha Subsecretaría a Matías “El gitano”
Moreno, militante de la agrupación Hijos de La Plata, también adherente a
Justicia Legítima y al proyecto kirchnerista. En cuanto a Alejo Ramos Padilla,
vocal suplente, es el joven designado juez federal de Dolores, que creó la
causa contra Marcelo D’Alessio y el Fiscal Carlos Stornelli, con el evidente
propósito de entorpecer y provocar la nulidad de las causas “Cuadernos”, “Obra Pública y
“Corredores”, que instruía el juez Bonadío con funcionarios y empresarios que
habían confesado como arrepentidos en el descubrimiento de la gigantesca red de
corrupción que envolvió las presidencias de los Kirchner. Concluido el examen del Consejo de la
Magistratura, Alejo Ramos Padilla figura hoy
primero en la terna para ocupar el Juzgado Federal N.° 1 de La Plata, casualmente el Juzgado que
controla todas las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Un pedido de
juicio político por graves irregularidades de este magistrado se archivó
porque habían transcurrido tres
años desde su presentación sin que la Comisión se expidiera.
Actualmente, Ramos Padilla es candidato
par a ocupar alguna de las vacantes en
la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py148. Como se ve, su carrera está asegurada. Su
padre es Juan María Ramos Padilla, quien
integró como voluntario, junto a
José Pérez Villalobos y Alicia Noli, el Tribunal Oral Federal de Santiago del
Estero para juzgar delitos de lesa humanidad ocurridos en los años ’70 en esa provincia. Alicia Noli fue miembro de
una organización guerrillera y su pareja figura como desaparecido. Los tres son
miembros de Justicia Legítima. Fueron denunciados por varios delitos durante su
desempeño, entre ellos, la revocación de
la detención domiciliaria de un militar anciano de 80 años que fallecería poco
148https://www.infobae.com/politica/2020/06/11/ramos-padilla-y- un-abogado-de-cfk
-entre-los-aspirantes-mejor-posicionados-para-ocupar-dos-
cargos-clave-en-comodoro-py/
82 después. Fueron
llamados a prestar declaración indagatoria por graves delitos, pero la
Cámara Federal de Tucumán anularía ese llamado haciendo lugar a una
apelación no prevista en la ley procesal. Los pedidos de juicio político contra
esto s jueces también fueron archivados
por haber transcurrido tres años desde su presentación sin que el Consejo se
expidiera. Roberto Lemos Arias preside la Cámara Federal de La Plata y Víctor
Violini, candidato a intendente de La Plata por el kirchnerismo, nombrado
juez de la Casación de la provincia de
Buenos Aires, fue quien hizo lugar al escandaloso amparo para la liberación de
presos en pandemia, revocado por la Suprema Corte. María Laura Garrigós de
Rébori, primera presidente de Justicia Legítima, retirada como magistrada, fue
nombrada por el presidente Alberto Fernández como interventora del Servicio
Penitenciario Federal. Sus primeras declaraciones no fueron sobre el estado de
la institución a su cargo, sino sobre que la Corte Suprema no funciona como
debería y que sería conveniente aumentar el número de sus miembros149La titular
del otro gran organismo que conforma la Procuración General de la Nación, la
Defensoría General de la Nación, es Stella Maris Martínez, otra integrante de
la agrupación Justicia Legítima.La Inspección General de Justicia fue escenario
de graves irregularidades y hostigamiento de su personal cuando la Justicia
Federal comenzó a indagar la conformación de sociedades utilizadas para los
hechos de corrupción del kirchnerismo (Hotesur; Los Sauces, The Old Fund,
Agosto SA y muchas otras) y sus
cómplices150. Pues bien, la administración del presidente Fernández acaba de
designar para que conduzca la Inspección General de Justicia a Ricardo Nissen,
apoderado de los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia, en la sociedad
Hotesur, y sancionado por presentar en la Justicia libros con firmas
adulteradas151. Nissen nombró asesora en dicho organismo a Gils Carbó. 149 Télam. 15/6/2020: “La flamante
interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de
Rébori, consideró hoy que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “parece del
siglo pasado" y "no funciona como debería” (https://www.telam.com.ar/notas/202006/476646-garrigos-de-rebori-la-corte-parece-del-siglo-pasado-no-funciona-como-deberia.html).150http://elfuertediario.com.ar/sospechas-corrupcion-aparecen-nuevos-vinculos-bochi-sanfelice-cristobal-lopez-hotel-waldorf/151https://www.perfil.com/noticias/politica/impugnan-designacion-ricardo-nissen-en-igj -por
-presentar-pruebas-falsas-en-expediente-judicial.phtml
Así, todo está
preparado para asegurar el futuro de la ex presidenta y de s
us cómplices. Pero si todo el andamiaje fallara, allí esperará sentado en su
alto estrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Dr. Eugenio
Zaffaroni. Los fallos de esa Corte son
de acatamiento obligatorio para los tribunales argentinos por la triste
adhesión de nuestro país a la segunda parte de la Convención Americana de DDHH,
obra del propio Zaffaroni, en la
Convención Constituyente de 1994.En definitiva, aunque la lista podría
continuar con muchos otros ejemplos de
conducta militante de los funcionarios públicos adherentes al CELS y a Justicia
Legítima, estimamos que lo dicho es más que suficiente como prueba irrefutable de
que a través de la estructura creada y consolidada por el pacto , que hemos expuesto al comienzo, fue
construido un amplio y efectivo sistema de dominio de la institución judicial,
apto y eficiente para atacar a
opositores y defender funcionarios
kirchneristas y coautores o cómplices de estos en distintas maniobras delictivas. El CELS:
denunciador, fiscal, juez y parte. Por primera vez en la historia argentina, se
permitió que militantes de una organización como el CELS tuvieran acceso
irrestricto de las tres fuerzas armadas. La organización, que recibe el apoyo
financiero de organizaciones extranjeras, algunas de ellas de origen británico,
colocaría al frente de ese operativo a una ciudadana inglesa.
Verbitsky logró
colocar e n el Ministerio de Defensa a su amiga y compañera de militancia en
las organizaciones guerrilleras, Nilda Garré152, también miembro del CELS. Con
ella ocuparían cargos en dicho Ministerio otros importantes integrantes del
CELS: Gustavo Palmieri, subsecretario de
Gestión y Bienestar del Personal, y Natalia Federman, en el área Derechos Humanos.
La designación de
Natalia Federman en el Área Institucional del Programa Verdad y Justicia del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y su posterior ascenso a
Directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de Estrategia y Asuntos
Militares del Ministerio de Defensa, requirió los decretos de 152 O’ Donnell y Melamed, op. cit., págs. 324 y 406.
84 excepción 717/09 y
1511/09 (que invocaron sus “conocimientos, experiencia e idoneidad”) por
tratarse de una ciudadana británica. Federman nació en Inglaterra durante el
exilio de sus progenitores, Andrés Federman y Diana Tussie Al regresar al país, su padre, que al igual que Verbitsky
había militado en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), fue durante 20 años
jefe de Prensa de la Embajada Británica en Buenos Aires. La madre de Natalia,
Diana Tussie, era investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), donde publicó papers en coautoría con Carmen María Wagner,
la segunda esposa de Verbitsky. Desde los
prominentes cargos en el Ministerio de Defensa y luego en el Ministerio de Seguridad, el CELS extraía
-además de toda clase de información- los legajos personales del personal
militar y policial y sus destinos. Sobre esa base engrosaba sus propios
archivos y los de la “Memoria”, a través de los cuales creó una y otra causa por delitos de lesa humanidad
o incluyó en causas ya finalizadas a
nuevos imputados sin distingo alguno
de jerarquías153. El CELS
colecta también cuidadosamente a personas que le servirán de testigos en los
procesos, haciéndoles “recordar” episodios ocurridos hace 45 años, recuerdos
que cualquier juez objetivo tacharía de imposibles o absurdos; descubre nuevas
víctimas capaces de ser indemnizadas con los millonarios montos de las leyes
reparatorias que ellos mismos proyectaron; traslada lo actuado al Ministerio
Público Fiscal, donde sus ex miembros le dan vida impulsando una causa penal en
la que se presentan como acusadores
particulares, instando el proceso en representación de las víctimas que ellos
mismos colectaron o cautivaron, y luego, en conjunto, piden penas de cadena
perpetua para todos los que decidieron inculpar.153 Como señala Cinthia Balé en
Usos del archivo y políticas de la memoria: un análisis del proceso de
“apertura” de los archivos militares en Argentina (2003-2015), “...la Dirección
decidió implementar una nueva estrategia, esto es, la creación de los “Equipos
de Relevamiento y Análisis Documental”, que estaban formados por investigadores
jóvenes provenientes de disciplinas sociales o humanísticas y tuvieron como
función relevar la documentación obrante en los archivos militares allí donde
esta se encontraba. A diferencia de lo que había ocurrido hasta el momento,
estos Equipos comenzaron a trabajar directamente al interior de los archivos,
siendo la primera vez que investigadores no pertenecientes a las Fuerzas
Armadas contaron con “acceso irrestricto” a la documentación...Esta resultó una
estrategia novedosa en la búsqueda de información, ya que por primera vez el
plan de trabajo no implicaba solicitar al jefe de una fuerza que enviara
determinada documentación cuya existencia se conociera o se presumiera, sino
que investigadores propios del Ministerio de Defensa recorrerían los archivos y
accederían a la documentación directamente en el lugar donde esta se
encontrara. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.73860
85 En los salones de
la ex–ESMA, sede ahora del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de
Derechos Humanos, se realizan las reuniones bajo el Programa Memoria, Verdad y
Justicia, dentro del cual funcionan otros espacios en los que colaboran activamente decenas de fiscales y
funcionarios de esa agrupación, como Carolina Varsky, una de las abogadas más
prominentes del CELS, nombrada Fiscal de la Nación, Valeria Barbuto, encargada
del Área de Archivos y Documentación del CELS; Julieta Parellada, Lorena
Balardini y Diego Martínez, entre muchos
otros.En esas reuniones participa el abogado que unifica las querellas de
víctimas de derechos humanos, Pablo Llonto, también abogado del CELS, donde
trabajó con Jorge Baños154, uno de los integrantes del Movimiento Todos por la
Patria - desprendimiento de la organización terrorista ERP- abatido en el ataque que esa facción efectuó
contra el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, acribillando a
conscriptos y efectivos de guardia,
durante la Presidencia de Alfonsín.154“O’Donnell y Melamed, op. cit.,
págs. 67, 68 y 135.
