Leído para usted: «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
Capítulo 10
“Distritos fiscales”.
Otro recurso para
controlar el Ministerio PúblicoMediante Resolución PGN 2739/13.
Gils Carbó creó 27
nuevos Distritos Fiscales en todo el país, y nombró a cargo de ellos a los
siguientes funcionarios: Adriana Teresa Saccone, en el distrito Santa Fe; .
Eduardo José Villalba, en el distrito Salta; Dante Marcelo Vega, en el distrito
Mendoza; Cecilia Alida Indiana Garzón, en el distrito Santiago del Estero;
Daniel Adler, en el distrito Mar del Plata; Enrique José Senestrari, en el
distrito Córdoba; Federico Carniel, en el distrito Chaco; Mario Sabas Herrera,
en el distrito Río Negro; Francisco Maldonado, en el distrito San Juan; Flavio
Ferrini, en el distrito Corrientes; Ricardo Álvarez, en el distrito Entre Ríos;
Marcelo Molina, en el distrito La Plata; Luis Benítez, en el distrito Formosa;.
Alejandro Salvador Cantaro, en el distrito Bahía Blanca; Leonel Gómez Barbella,
en el distrito Conurbano Oeste;. Adrián García Lois, en el distrito Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;. Marcelo García Berro, en el
distrito Conurbano Norte;. Rafael Alberto Vehils Ruíz, en el distrito
Catamarca.Varios de estos fiscales eran magistrados del Ministerio Público
Fiscal cuando Gils Carbó asumió como procuradora general. O bien adhirieron a
Justicia Legítima desde su inicio o, con el paso de los meses, debido a las
prerrogativas que la procuradora otorgaba a quienes adherían. El poder
territorial que fue logrando con esas designaciones se vio interrumpido por el
dictado -durante el Gobierno de Macri en
la gestión de Eduardo Casal- de la
Resolución PGN Nº 11, del 6/2/2018, en
la que se dispuso dejar sin efecto algunas de estas abusivas designaciones
dejando solo aquellas en las que se
instrumentaría la nueva normativa. Fiscales generales A través del Anexo II de
Ley 27063 –del nuevo Código Procesal Penal de la Nación-, se crearon también
nuevas fiscalías generales ante las distintas cámaras federales de Apelación de
todo el país. Ello permitiría que los designados en ellas tuvieran poder para
actuar de modo directo en todas las causas en trámite, impulsar de modo más
enérgico la acción penal en algunas o desistir de los recursos de los fiscales
de primera instancia para alivianar la situación procesal de ciertos imputados
en otras. No es necesario decir que ese
poder en manos de militantes del CELS y de Justicia Legítima no escaparía a las
garras de la entonces procuradora general de la Nación. De ahí que el 29 de
diciembre de 2014, una fecha muy
particular para concretar esa ambiciosa obra, dictase una serie de resoluciones
a través de las cuales colocó en las fiscalías generales ante las cámaras
federales de Apelación de las jurisdicciones más importantes del país a los
militantes de su mayor confianza. A través de diversas resoluciones, dispuso habilitar esas dependencias y
designar, a partir del 2 de enero de 2015, en carácter de subrogantes, a los
siguientes fiscales: Francisco J. Maldonado, en Mendoza.. Enrique Senestrari,
en Córdoba.. Rodolfo M. Molina y Hernán Israel Schapiro, en La Plata, provincia
de Buenos Aires.. Adriana Saccone, en Santa Fe.. Marcelo García Berro, en San
Martín, provincia de Buenos Aires.. Miguel Osorio y Miguel Palazzani, ante la
Cámara Federal Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Sandro Abraldes, ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de
Buenos Aires. . Carlos Martín Amad, en Salta. Estas decisiones finalmente no se
concretaron debido a una acción de amparo presentada por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en los primeros días de
enero de 2015, en virtud de la cual,
el 23 de ese mes, se dispuso
cautelarmente la suspensión de los efectos de esas resoluciones, por el Juzgado
de Feria Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 2, a cargo de Esteban
Carlos Furnari. Dicha cautelar fue confirmada posteriormente por la Cámara de
Apelaciones del Fuero y, finalmente, se
rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto por la Procuración
General. Las denuncias contra Gils Carbó. Varias de las irregularidades
descriptas fueron presentadas ante la Comisión Bicameral de seguimiento del
Ministerio Público, integrada por mayoría kirchnerista, donde no recibieron
acogida favorable. Pero Gils Carbó recibió también algunas denuncias
judiciales:1) Causa N.° 48.321/2013, caratulada “Gils Carbó, Alejandra
Magdalena p/Abuso de autoridad y Violación de los deberes de funcionario
público (art. 248 C.P.)”, ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
N.° 7 de Capital a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría N.° 14. Esta causa se inició por la denuncia del
senador nacional Mario Cimadevilla, a consecuencia de las distintas decisiones
de la Procuradora General. 2) Causa por prevaricato contra Carlos Gonella y
Omar Orsi, bajo el registro N.° 4773/2013 de la Secretaría N.° 15 del Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional N.° 8,
a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi.3) Por varias designaciones irregulares, entre
las que se encontraban algunas de las aquí detalladas, y otras en las que se
jerarquizaba con derechos laborales a empleados de la Procuración General y se
efectivizó de modo irregular a muchos de ellos, el Secretario General de la
Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Dr. Julio Piumato, también formuló
denuncia contra Gils Carbó, la que quedó radicada en el Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 10, a cargo
de Julián Ercolini. Esta última quedaría
desestimada por obra del fiscal militante Gómez Barbella, tal como ya fue
señalado.
