Leído para usted: «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
Capítulo 9
Fiscales en acción:
“militancia judicial”
para la impunidad de los propios y
la persecución de opositores.
Los fiscales así
nombrados por Gils Carbó, demostraron en numerosos casos el pro pósito de sus designaciones: consagrar la
impunidad de los funcionarios y aliados políticos del kirchnerismo, y perseguir
a sus opositores. Cubriendo a la familia Báez Carlos Gonella, nombrado a cargo
de la Procuraduría de Lavado de Activos, tuvo una primera urgencia: eliminar
del borrador de requerimiento de instrucción a los entonces denunciados Lázaro
Báez, Martín Báez y Julio de Vido. A raíz de esta acción fue procesado por el
delito de prevaricato, aunque esto no hizo mella en Gils Carbó, quien lo
mantuvo en funciones, sin abrirle expediente alguno, actitud que sostuvo cuando
el titular del Juzgado Federal N. 11 le
pidió la apertura de la instancia de enjuiciamiento al Dr. Gonella por
resistirse a concurrir al acto de
indagatoria al que había sido llamado. En el caso de Orsi, procesado por
prevaricato junto a Gonella, la Procuradora General tampoco inició instancia
alguna de carácter disciplinario. Por cierto, una actitud diametralmente
inversa a la que adoptó con relación a otros dos fiscales, Domingo Batule138 y
José María Campagnoli139, para quienes solicitó la suspensión e intervención
del Tribunal de Enjuiciamiento, pese a que contra ellos no existía ninguna
causa penal. El PAMI y De Vido Por su
lado, el fiscal federal Franco Picardi, que había sido subsecretario del
Ministerio de Justicia, y aportante a la campaña del Frente para la Victoria en
las 138 Resolución MP 2423/13.139 Resolución MP 2537/13.
Elecciones de 2003, a
poco de asumir el nuevo cargo en la Fiscalía Nº 5, intentó acotar una
investigación contra las autoridades del PAMI. El Juzgado Federal N. 11 había dispuesto la
realización de un peritaje contable para determinar el destino de 26.000
millones de pesos recibidos por el PAMI entre 2008 y 2012; Picardi propuso que
la investigación se restringiera solo al año 2012, y llevó su planteo hasta la
Cámara Federal a través de un recurso de queja que sería rechazado en
septiembre de 2015 por la Sala IIa.140Tal conducta fue inversa a la que tuvo
durante esos días de octubre de 2015, época de elecciones presidenciales, en otra
investigación por ciertos cortes de energía eléctrica en una zona de la
Ciudad de Buenos Aires: además de
imputar a los integrantes de las empresas Ibercom Multicom SA y Telmex SA, presuntos responsables de las
obras que habían provocado el apagón, Picardi extendió la medida a los
funcionarios de la Ciudad que debían controlar las obras, todos ellos
pertenecientes a la oposición del kirchnerismo en el ámbito nacional. Miguel
Osorio es otro fiscal que haría las veces de defensor dictaminando, el 4
de marzo de 2020, en favor de la excarcelación de Julio de Vido,
detenido por actos de corrupción en la causa conocida como “Río Turbio”. Ya gozaba entonces de la prisión
domiciliaria por pedido también favorable de ese Fiscal141. Boudou, Amado quien
fungía como fiscal federal subrogante de Dolores, Orlando César Giménez -otro
miembro de Justicia Legítima-, le tocó
intervenir en la denuncia contra el ex vicepresidente
de la República, Amado Boudou, por el delito de falsedad ideológica, ya que
este había hecho constar en su Documento Nacional de Identidad que su domicilio
estaba ubicado en... Un médano. El
fiscal Giménez requirió que la denuncia fuera desestimada por inexistencia de
delito, sin siquiera pedir la documentación original del Registro Nacional de
las Personas. La solicitud de desestimación fue acogida en el mes de agosto de
2015 por el juez federal de esa jurisdicción, Alejo Ramos Padilla, también
integrante de Justicia Legítima. 140 Causa CFP 4651/13/2/RH2; “Picardi, Franco
s/queja”, Juzg. Fed. N.° 11, Sec. N.° 21. 141 Incidente de excarcelación, TOF
N.° 1,
causa N.° 3121 (5218/16) “De Vido Julio Miguel y
otros”.
A Javier De Luca, que
ya era fiscal al asumir Gils Carbó y es uno de los principales ideólogos de
Justicia Legítima, le tocó intervenir ante la Cámara Federal de Casación Penal
en la causa seguida contra el vicepresidente Amado Boudou por la compra de
Ciccone Calcográfica. Lo hizo dictaminando que, de acuerdo a las constancias de
la causa, no había delito alguno que reprocharle, por lo que propuso su
sobreseimiento. Se trata de la misma causa en la que cual se presentaría como arrepentido
Alejandro Vanderbroele, confesando ese y otros delitos por parte de Boudou, quien
terminaría condenado en la causa “Ciccone”. Este mismo fiscal general sería
también quien desistiera de la apelación de
los fiscales de los tribunales inferiores, permitiendo la detención
domiciliaria de Amado Boudou a causa del COVID-19, pese a no integrar ning ún grupo de riesgo. De Luca fue también
quien desistió de los recursos planteados tanto por el fiscal federal Dr.Gerardo
Pollicita, como por el Dr. Germán Moldes como fiscal ante la Cámara Federal de
Buenos Aires, permitiendo de ese modo que se archivara la denuncia formulada por
el extinto fiscal general Alberto Nisman contra la entonces presidente de la
Nación. Y fue quien dictaminó a favor de
la liberación de Jorge Chueco, investigado por lavado de activos derivados de
la empresa Austral Construcciones, dirigida por Lázaro Báez, que había estado
prófugo, encontrándose la causa en pleno debate oral. Por otro lado, De Luca
sostiene a rabiar todas las apelaciones que se plantean contra las escasas
excarcelaciones y detenciones domiciliarias de los ancianos militares y
policías sometidos a proceso por delitos de lesa humanidad. Su última actuación
consistió en permitir la libertad de Lázaro Báez, propiciada previamente por
otro destacado miembro de la agrupación Justicia Legítima. Milagro Sala,
amparada En otra muestra de conducta
militante, al discutirse ante la Cámara Federal de Casación Penal un recurso de
la defensa de la dirigente kirchnerista Milagro Sala contra la decisión del
Tribunal Oral Federal de Jujuy de denegarle la probation en un proceso por
coacción agravada, el fiscal De Luca adhirió a ese recurso y dictaminó que se
le otorgara el beneficio. Como la Cámara mantuvo la decisión, interpuso un recurso extraordinario a favor de la
procesada, también denegado, lo que motivó que presentara un recurso de queja
ante la Corte Suprema de Justicia. Con fiscales así, quién necesitaría
defensores.
Pero esta increíble
historia no concluyó allí, porque cuando tocó intervenir a la Procuración
General en el recurso de queja deducido por De Luca, Gils Carbó adjudicó la
confección del dictamen al Procurador Fiscal Víctor Abramovich, que nunca antes
había intervenido en proceso penal alguno. Obviamente, dictaminó a favor de
Sala. Abramovich, como veremos, es además candidato par a ocupar el cargo de Procurador General de la
Nación en la ofensiva planificada por el kirchnerismo para desplazar al Dr.
Eduardo Casal del cargo. Pero no fue esa
la única oportunidad en la que Milagro Sala fue beneficiada por la estructura
del CELS y Justicia Legítima en el Ministerio Público. En febrero de 2016, a
poco de producirse su detención, dos fiscales militantes, Miguel Ángel
Palazzani, a cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y el
fiscal ad hoc José Nebbia, produjeron un informe público declamando la ilegalidad
de su detención, invocando que gozaba de inmunidad parlamentaria y aconsejaron
iniciar acciones penales contra dos jueces penales provinciales y una fiscal
penal provincial. A los amigos, todo; a los enemigos, ni Justicia. Algunos
otros ejemplos mostrarán aún más claramente la gravedad de esta ocupación ideológica de la administración de
justicia. Uno de ellos es el de la Dra. Gabriela Baigún, que actuando como
fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, en un dictamen que no tiene
precedentes en los anales del instituto de la recusación, dictaminó a favor de
la defensa de Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner y sobrina de Cristina
Fernández de Kirchner) en la causa conocida como “Hotesur”, adhiriendo al
planteo de recusación contra el juez federal Claudio Bonadío, y pidiendo que se
lo apartara de la causa. Otro caso es el del fiscal general Abel Darío Córdoba,
que, mientras tuvo a su cargo la Procuraduría contra la Violencia
Institucional, impulsaba investigaciones contra integrantes de las fuerzas
policiales de provincias gobernadas por opositores al gobierno kirchnerista,
pero nunca contra provincias a cargo de gobernadores aliados. Ejemplos de ello
son las denuncias que impulsó contra autoridades penitenciarias y contra la ministra
de Seguridad de la provincia de Córdoba a raíz de un “allanamiento” que
practicó en una unidad carcelaria de esa provincia. Como también, el impulso de
causas contra integrantes de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos
Aires, en ocasión de su intervención en
el desalojo del predio de la denominada Villa Papa Francisco, donde se atrevió
incluso a la promoción de un habeas corpus a favor de los ocupantes ilegales.
Basta revisar las estadísticas de esa Procuraduría para advertir fácilmente la
selectividad de sus intervenciones. Allí salta a la vista la actividad
militante de su titular. Se trata del mismo fiscal que dictaminó y apeló a
favor de la detención domiciliaria de Báez, en manifiesto consuno con su
superior en la Casación, Javier De Luca, que consintió dicha tesitura, ciertamente inversa a la
sostenida en toda otra causa, particularmente las de lesa humanidad o aquellas
contra opositores del gobierno kirchnerista. La falta de oposición del fiscal
con lo pedido por la defensa provocó la excarcelación de Báez, pendiente solo
del depósito de una fianza al momento de culminarse este libro142. Podrá
comprobarse también el caso del Fiscal Pelazzo, ex abogado del CELS y militante
de Justicia Legítima, que tomó relevancia porque la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta declaró ilegal su designación143. La resolución judicial
fue adoptada en la causa seguida contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y fundamentada
en dos cuestiones. Por una parte, no haberse observado el procedimiento de
designación de magistrados fiscales contenido en los arts. 5, 6 y 11 de la Ley
24946; por la otra, haber actuado Pelazzo en ese proceso como querellante,
defendiendo un interés que impedía considerarlo dentro de los parámetros de
objetividad esperables que regulan la actuación del fiscal. Esta resolución de
la Cámara Federal de Salta fue convalidada por la Cámara Federal de Casación
Penal, Sala IV, en los autos “Blaquier, Carlos Pedro Tadeo y otros/recurso de
casación” 144. Salta a la vista, asimismo, el fiscal Gómez Barbella, designado
en una fiscalía del interior del país y trasladado para actuar en la Fiscalía Nº
2 de Morón. Allí tramitaba la causa motivada por la furibunda ofensiva contra los propietarios
de los diarios Clarín y La Nación por hechos ocurridos en 1975 con la compra de
Papel Prensa. El fiscal Gómez Barbella pidió la inmediata detención de todos
los imputados por un hecho de hacía 40 años, pero artificialmente calificado
como de “lesa humanidad” para poder eludir la prescripción.142 https://www.lanacion.com.ar/politica/el-dilema-justicia-incapaz-condenar-nid2393534143
Expediente 012/2013. 144 Causa Nº 1775/2013, Registro 366.15.4; en sentencia
del 13 de marzo de 2015.
Fiscal-escudo Por
varias designaciones irregulares, entre las que se encontraban algunas de las
aquí detalladas, se formuló una denuncia contra Gils Carbó, que quedó radicada
en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº. 10, a cargo del Dr.
Julián Ercolini. En ese trámite fueron giradas las actuaciones al
fiscal federal, quien debía intervenir
para el impulso de la acción penal. En
lugar de impulsarla, solicitó la desestimación de la denuncia por
inexistencia de delito, alegando incluso
que “el reclamo podría contradecir los objetivos propios fijados por el estatuto
de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que dispone como uno de
sus fines procurar a los trabajadores empleos adecuados, remuneraciones justas,
estabilidad laboral y las condiciones más propicias para su pleno
desenvolvimiento y el de su familia”. Ese fiscal federal fue el ya aludido
Gómez Barbella, quien intervino también
aquí merced a su designación irregular como fiscal subrogante ante la Fiscalía
Federal N.° 5, de la Capital Federal. La causa concluyó archivada puesto que, a
pesar de que el juez federal Ercolini
continuó con su trámite por apelación del fiscal militante a favor de la
imputada, la Sala de la Cámara Federal de Capital (Ballesteros, Freiler y
Farah) dispuso que, sin impulso fiscal, la denuncia debía ser des estimada. La persecución a la familia del
Fiscal Nisman, premiada: A los nombrados debe sumarse el fiscal Juan Pedro Zoni
- cuyo traslado ilegal a la Fiscalía
Federal N.° 8 ya fue comentado-, que
produce una actividad atípica desde esa Fiscalía: se presentó en la causa
seguida contra la madre y la hermana del extinto fiscal general Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra
Nisman, pidiendo su indagatoria y la
fijación de gravosas medidas cautelares sobre sus patrimonios y sobre sus
libertades personales. Esto ocurrió junto con el impulso de una campaña
política de descrédito contra el fiscal Nisman y su familia por parte del
gobierno nacional. Ese mismo día,
la procuradora general
transformó el traslado provisorio de Zoni, en definitivo. Asimismo, en una
causa seguida contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, y
el ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV)
Alejandro Vanoli, en
la que sus procesamientos por abuso de autoridad habían sido confirmados por la
Cámara Federal porteña, el fiscal Zoni se rehusó a enviarlos a juicio oral y, a
la vez, pidió el sobreseimiento de ambos y de los demás imputados en el
proceso. También tiene espacio en esta galería la fiscal federal Paloma Ochoa,
quien a poco de asumir solicitó la apertura de un sumario penal y propuso
distintas medidas de prueba para investigar a Hernán Lombardi, por entonces
ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por presunto
fraude al Estado y lavado de activos, en el marco de una causa en la que se
analizaban diversas donaciones a favor de la Fundación Pensar, usina de ideas
del PRO. El expediente judicial se inició a partir de una denuncia de la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo
de Carlos Gonella, en una típica acción militante mancomunada entre dos
integrantes de Justicia Legítima y que se concretó en los primeros días de
octubre de 2015, pocos días antes del balotaje en la elección presidencial
entre el PRO y el Frente para la Victoria. Además, y en el marco de múltiples
ataques dirigidos desde el kirchnerismo contra el Juez Federal Claudio Bonadío,
la fiscal Ochoa impulsó una acción penal contra dicho Magistrado por los
procedimientos judiciales realizados en Santa Cruz en la causa “Hotesur”, y
lo imputó por prevaricato, abuso de
autoridad y malversación de caudales públicos, en tanto esos procedimientos
habían sido llevados a cabo por la Policía Metropolitana. La imputación también
alcanzó a funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Ochoa no cejó ni siquiera cuando
la denuncia fue desestimada por el juez
federal Ariel Lijo, ya que la fiscal dedujo recurso de apelación contra
esa decisión, que finalmente no fue sostenido por el Fiscal General ante la
Cámara Federal145. Pablo Camuña, ex–CELS, pese a ser fiscal de delitos de lesa
humanidad, pidió archivar la causa
contra el General Milani por falta de pruebas, alegando que respondía a
“cuestiones más políticas que procesales”146. Se ve así claramente que tanto
los nombramientos como la actuación de estos fiscales en las causas del fuero
federal, donde se dirimen cotidianamente intereses que afectan a miembros de
los partidos políticos, han sido
contrarios a la ley. La 145 Causa N.° 7221/15, Juzg. Fed.4. 146 Levinas,
op. cit, págs. 314-315.
Inminente puesta en
funcionamiento del sistema acusatorio en materia penal -que otorgará aún mayores poderes a los
fiscales- exige más que nunca la
presencia de funcionarios que garanticen la vigencia del principio de
objetividad en el ejercicio de esos cargos.
De otro modo, no es posible que exista un juicio justo, el “debido
proceso legal” que contempla e l art. 18 de nuestra Carta Magna. Contra la
indisciplina había que cerrar el círculo de manera de evitar toques
independentistas. Era necesario un régimen sancionatorio eficiente para los
casos en que algún fiscal contrariara la línea estricta de acción política del
oficialismo. Para ello, además de las
facultades disciplinarias, se decidió incorporar “por sorteo” (que, naturalmente, no fue público) a dos
militantes de Justicia Legítima como representantes del Ministerio Público
Fiscal en el Tribunal de Enjuiciamiento: los Daniel Eduardo Adler, como titular, y Jorge Auat, como suplente. Los díscolos,
que se ajustaran el cinturón: o se los sancionaba o se los amenazaba con
el juicio político. Esto último fue
precisamente lo que ocurrió con el
fiscal federal de Jujuy, Domingo Batule, quien no acompañó la intención
de encarcelar al imputado Carlos Pedro Tadeo Blaquier; y también con el Fiscal
de Instrucción de Buenos Aires José María Campagnoli, quien investigó la ruta
del dinero de Lázaro Báez. Como método ejemplificador, ambos fueron sometidos a
enjuiciamiento147 sin que prosperara ningún proceso. Por decisión del Tribunal
y por presión popular, en uno y otro caso. Otros fiscales no corrieron la misma
suerte.147 Resoluciones MP 2423/2013 y 2537/2013, respectivamente.
