“Es siempre preferible el
ruido de la prensa libre al silencio de las tumbas de las dictaduras”. Dilma
Rousseff
Voy a
comenzar esta nota con una anécdota personal. Hace muchísimos años –aún
gobernaba Fernando Henrique Cardoso- fui invitado a hablar en un almuerzo en San
Pablo. Dije, entre otras cosas, que el Brasil era entonces más corrupto que la
Argentina, pero que la diferencia estribaba en que el lucro de esa corrupción se
quedaba en el país, mientras que aquí, además, se fugaba. Uno de los presentes,
con un dejo de humor, me interrumpió: “Enrique, no se meta con la corrupción en
Brasil; es nada más que una forma de redistribuir la
riqueza”.
Mucha
agua -dos gobiernos de Lula y tres de los Kirchner- ha pasado desde entonces
bajo nuestros puentes y, como todos sabemos, también mucho ha cambiado Brasil.
Esta misma semana, el Supremo Tribunal Federal impuso severísimas penas de
prisión, de cumplimiento efectivo, y enormes multas a los principales jerarcas
del Partido dos Trabalhadores (PT), hoy en el poder, y la Presidente ya se ha
desembarazado de seis ministros acusados de corrupción por la prensa nacional.
Dilma no solamente ha respetado a ultranza la libertad de expresión sino que ha
contemplado, impávida, como la Justicia de su país arrastraba a la cárcel a sus
camaradas de muchos años de lucha. La población ha respondido a esa actitud
otorgándole nada menos que 80% de imagen positiva, lo cual ha permitido al mismo
PT hacerse hasta con la alcaidía de San Pablo, tradicionalmente en manos de su
competidor, el PSDB.
La
historia económica de la Argentina dice cuánto el país ha debido soportar, antes
de que los precios de los commodities alcanzaran su niveles actuales, en razón
de crisis que llegaban del exterior; los efectos Tequila, Caipirinha, etc.,
explican los apuros que debieron pasar los gobiernos locales de
entonces.
Hoy,
sin embargo, y con el empuje notable que le dio la ciudadanía el 8N, resultaría
determinante para nuestro futuro que llegaran a estas playas, por imitación, los
saludables y moralizadores efluvios de este sorprendente efecto Caipirovska.
Es que,
desde 2003, han sido tantos, y tan graves, los casos de corrupción ocurridos en
la Argentina, y tan rápida la sucesión de ellos, que la memoria humana –al
menos, la mía- no permite recordarlos. Por ello, apelo a la suya, resignado
lector, para que me ayude a enumerarlas, a fin de construir, entre todos, un
verdadero catálogo que nos permita, cuando este negro período de nuestra
historia termine –constitucionalmente, claro- enjuiciar a todos los funcionarios
que se hayan visto involucrados en estos delitos. Hay ya decenas de libros
escritos por periodistas de investigación sobre el tema, y he leído muchos de
ellos; sin embargo, no he tenido la previsión de confeccionar siquiera un mínimo
inventario como el que, ahora, me propongo hacer. Para evitar manos negras,
adelanto que ese archivo será guardado en la nube, es decir, en un ámbito que la
tecnología nos proporciona para impedir que el mero robo de una computadora
invalide el esfuerzo.
Cierto
es que el 19 de febrero (“Señora, ¿no le da vergüenza?”) y el 7 de septiembre de
2010 (“Señora, ¿aún no le da vergüenza?”) –ambas notas pueden leerse en mi blog-
dirigí a doña Cristina sendas cartas abiertas sobre el tema, y que ellas
contenían algunos de los episodios más truculentos de entonces, y que en muchas
otras me referí al tema de la corrupción, pero nada de ello me parece suficiente
en comparación con la hercúlea tarea que, con su indispensable colaboración, me
propongo acometer ahora. Para que la Argentina vuelva al camino correcto, para
que pueda reinsertarse en un mundo del cual nos hemos caído, resulta
indispensable terminar con este flagelo y con otros, íntimamente conectados: la
droga y la inseguridad.
Pero no
será posible hacerlo sin contar con dos pilares esenciales: la Justicia y la
prensa libre. Ambos, hoy, están en riesgo terminal en nuestro
país.
Desde
la Casa Rosada, acompañada por el coro de mangantes oficialistas, impúdicamente
se vocifera en contra de una condición esencial de la República: el
indispensable control que el Poder Judicial debe ejercer, como último bastión de
los derechos ciudadanos, de la legalidad constitucional de las leyes y decretos.
La Araña Conti, por ejemplo, nada
menos que la Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados, dijo ayer: “Esta cuestión
de la justicia cautelar nos impone un debate sincero y no hipócrita. ¿Cómo es
posible que el Poder Legislativo y el Ejecutivo, representantes del poder
popular directo, pudieran ser impedidos en nuestra actividad institucional por
el Poder Judicial, que tiene solamente un poder popular indirecto y
delegado?”.
Tamaño
argumento merece que, cuando concluya su mandato y carezca de fueros, esta
energúmena sea juzgada a la luz del artículo 29 de la Constitución Nacional, esa
misma Carta Magna que obliga –sí, obliga- a los ciudadanos armarse en su misma
defensa (art. 21).
Ante la
guerra a la cual el empecinamiento de doña Cristina nos conduce
irremediablemente, y cuya batalla final parece que se desarrollará alrededor del
7D, sólo cabe una afirmación. No pelearé en ella en defensa del grupo Clarín,
pero sí lo haré, y denodadamente, por mi derecho a elegir. Si todas las voces se
transforman en un coro uniforme, como el Gobierno pretende, tampoco tendremos la
posibilidad de enterarnos de esta corrupción que tanto corroe a nuestra sociedad
entera y cuya magnitud reviste todas las características de un
genocidio.
Espero,
como dije, que los ciudadanos nos emborrachemos con esa Caipirovska que, tan
oportunamente, Brasil nos ha enviado.
Bs.As.,
15 Nov 12
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. +54 (11) 4807 4401/02
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