Queridos amigos:
La finalización de un ciclo
constituye una circunstancia propicia
para la reflexión y el fin del año
calendario, al cual estamos arribando, no escapa a esa aseveración. En la
Argentina política, a cuya descripción y análisis nos hemos abocado durante el año,
identificamos un hecho dominante que eclipsa a
cualquier otro acaecimiento y es la forma acelerada e imprevista en que el gobierno nacional
dilapidó el enorme capital político que le concedieron el haber obtenido en
Octubre del 2011 el 54 por ciento de los votos válidos en la elección
presidencial y una diferencia de 38 puntos sobre su inmediato seguidor.
¿Qué falló? ¿En qué se
equivocó quien conduce el país con mano férrea manejando un ejecutivo sin
fisuras y un Congreso con mayoría en ambas Cámaras? ¿Cuál fue el error estratégico
y conceptual que desarticuló las tácticas que en otras ocasiones habían tenido
éxito?
En el desarrollo de cualquier
estrategia hay un elemento clave que es el factor tiempo en sus distintas variables.
Se puede hablar de un “tiempo secuencia” que hace a las fases de aplicación de
la maniobra, de un “tiempo ritmo” que determina la intensidad de la acciones y
de un “tiempo oportunidad” que señala el
momento preciso para ejecutar cada acción. Hubo en mi opinión una gran
inoportunidad de parte de la señora presidente al enunciar en forma absolutamente prematura la decisión
de “ir por todo” que implicó no solo mostrar
la parte más oscura de sus intenciones
sino también la ruptura con el partido justicialista y su columna vertebral
gremial, creyendo haber acumulado un poder personal suficiente como para
prescindir de la estructura territorial y de la masa crítica que aportaba el
partido sobre cuya base había llegado al poder.
Estoy entre los que creen que en parte Néstor Kirchner,
pero muy especialmente Cristina Fernández de Kirchner, llegaron al poder
ocultando que las bases ideológicas que los movían coincidían con el
pensamiento del movimiento montonero que en la década del setenta luchó
fallidamente por imponer en la Argentina una dictadura marxista de estilo cubano
por la fuerza de las armas, antes que en la doctrina justicialista. Surgen como
evidencias los puestos claves que ocupan hombres de aquella corriente en altos cargos
del gobierno, la desaforada
reivindicación de esos guerrilleros que se extiende hasta los que atacaron al gobierno constitucional
de Perón y su sucesora y la interminable persecución a los cuadros militares
que se enfrentaron con ellos. La ruptura con el partido justicialista se inició
con la postergación de sus candidatos en la elección del 2011, en la que
debieron ceder posiciones ante los nuevos militantes juveniles, altamente
adoctrinados, identificados con la agrupación “La Cámpora”. Pero el golpe
final, claro y contundente, lo dio la señora presidente esta semana al señalar al partido justicialista y a la CGT
como responsables por los saqueos recientes y también por los que precipitaron
la caída del presidente De La Rúa y aceleraron la entrega del gobierno de Raúl
Alfonsín.
Esta revelación
fue
incongruente para quien militó tantos años junto a esas fuerzas pero
también
inoportuna, no solo porque estamos en el
año previo a una elección crucial para la ambición de continuidad que
únicamente
tendrá cabida a través de una reforma electoral, sino también porque han
comenzado a estallar las variables económicas comprimidas por la
disponibilidad de caja con que contó el Estado y que ahora se liberan
por la presión de políticas públicas que ya no
soportan más errores ni disimulos.
Si la inflación estimada por
las consultoras privadas es del 25 por ciento, los aumentos anunciados en
naftas, peajes, transportes y sobre todo, impuestos y tasas, la superan
ampliamente. Las políticas de subsidios
muestran su agotamiento y lo que es peor, ello sucede en medio de cortes de
energía, servicios de transporte deficitarios y un descontento de los
beneficiarios de planes gubernamentales que cada vez se exterioriza con más
fuerza.
La sociedad argentina ya no se
calla ni se amilana. Este año la clase
media salió a la calle y expresó sus reclamos en materia de inseguridad,
inflación y corrupción como temas dominantes. Los sindicalistas, más próximos o
más lejanos al gobierno, claman por la presión del impuesto a las ganancias, la
recuperación de los salarios familiares
y las exacciones a los fondos de sus obras sociales. Los más postergados amenazan
con precipitarse allí adonde esté lo que necesitan, apenas contenidos por el
despliegue de fuerzas policiales que sufren sus propias frustraciones y postergaciones. Es el momento, sin dudas,
para que la Argentina se sumerja en un baño de racionalidad y espíritu de
consenso porque la realidad es muy dura y amenaza con serlo aún más.
Pero quienes han perdido el rumbo estratégico no pueden escapar a la
sucesión de errores tácticos. El gobierno responde al ambiente hostil con acciones extremas y golpes de efecto que
se imponen sobre el diálogo y el consenso. Se inventó un enemigo en el grupo Clarín y el gobierno pareció
atar su futuro a destruirlo en fecha y hora determinada. A esa pretensión
antidemocrática y absurda la Corte Suprema le
puso una justa postergación esta misma semana, rechazando un pedido de “per
saltum” a todas luces improcedente y un pedido de anulación de la medida cautelar impuesta por
la Cámara Civil y Comercial a todas luces imprescindible para no tornar abstracta
la causa. Lejos de asumir estos fallos como un llamado a la prudencia y la
mesura, el gobierno ha dispuesto por decreto la confiscación del predio que fue
vendido a la Sociedad Rural hace más de 20 años abriendo un nuevo e innecesario
frente de conflicto que se resolverá en la justicia y en las manifestaciones
callejeras como la que reunió a miles de personas para cantar el himno frente a
La Rural y llevó al campo a un nuevo paro ganadero. ¿Qué sentido tiene este
nuevo foco de tensión? Ganar títulos en
los medios y alimentar a la militancia de
izquierda, al costo de perder cada día más consenso y una
credibilidad imprescindible para las inversiones que necesita el país real.
La fuerza de los hechos, sin
embargo, va torciendo el brazo de los desafíos y las bravuconadas innecesarias.
Después de haber complicado con frases altisonantes las negociaciones con los tenedores de bonos
que no entraron a los canjes hasta el punto de provocar fallos altamente
desfavorables y de haber asegurado que jamás se les pagaría un peso, allí estuvo
esta semana la oferta obligada de reabrir el canje a esos bonistas, que corre
el riego de no alcanzar a esta altura de los acontecimientos. En el mejor de los
casos, el oficialismo tendrá que presentar al Congreso una ley que contravenga
todo lo afirmado y permita abrir
nuevamente el canje y cerrar ese capítulo infausto de nuestra historia económica.
Cuánto hubiéramos ahorrado si no se hablara para la tribuna y se dejara que los
temas serios los manejen los profesionales idóneos y bien preparados. La desmesurada pretensión de cambiar el
orden económico mundial desde la periferia
sería apenas ridícula si luego la necesidad de mendigar que no se ejecuten
las deudas pendientes, sometidas a tribunales extranjeros, no la
tornaran vergonzante.
No puede dejar
de comentarse
que el año termina con una nueva vuelta de tuerca en la interminable
saga de persecuciones
judiciales que ahora se ha extendido a militares y civiles que
participaron del
“Operativo Independencia” en Tucumán, que enfrentó a los guerrilleros
del
Ejército Revolucionarios del Pueblo (ERP)
por orden y durante el ejercicio del gobierno de María Estela Martínez
de Perón. Para poder consumar este juicio sin afectar al gobierno
justicialista
de ese momento, el juez habría recurrido
al argumento (según el matutino La Nación)
de que “las Fuerzas Armadas eran independientes del gobierno civil”. Tal
afirmación, que no compartimos, si fuera aceptada haría caer la
acusación de
delito de lesa humanidad ya que el mismo, según la jurisprudencia
nacional (que
tampoco compartimos), solo puede ser cometido desde el Estado y las
fuerzas actuantes, al ser independientes,
habría perdido su condición de agentes del Estado. En síntesis, todo
argumento
apunta siempre, cualquiera sea su falta de coherencia o verosimilitud,
a juzgar
y condenar a quienes enfrentaron a la guerrilla sea en gobiernos
civiles
o militares. Esto nos lleva a considerar
la necesidad de que entre los consensos
a que deberían llegar las fuerzas opositoras se incluya la necesidad de
terminar con el revisionismo judicial y promulgar una amnistía amplia y
generosa, que cierre definitivamente este
capítulo de nuestra historia que es contada sin atender a toda la
verdad y sin buscar la verdadera justicia y la imprescindible equidad.
Amigos, el panorama descripto
no es placentero pero no seríamos honestos si no describiéramos este año 2012
que se va, con toda crudeza y
señalando los desvíos del poder que lo han hecho innecesariamente difícil. Cada
día están más comprometidas la libertad de expresión, la independencia de la justicia y la seguridad jurídica. Pero
también (y eso nos torna optimistas) vemos que cada día se despierta un nuevo
sector social y que los argumentos que antes sosteníamos en soledad, ahora
forman parte de los debates cotidianos de toda la ciudadanía.
Esto es parte del aporte que
desde Nueva Unión Ciudadana podemos brindar mientras nos preparamos para
enfrentar un año electoral con toda la fuerza
y el entusiasmo que da la convicción en los valores y principios que
venimos sosteniendo sin desmayos ni desvíos.
A la hora del brindis con que
recibiremos al 2013 elevemos nuestro pensamiento a Dios, fuente de toda razón y
justicia, a nuestra Patria, que tanto
necesita de nuestro trabajo, y a nuestras familias y amigos, que nos acompañan
en este hermoso camino de la vida.
Un abrazo para todos y feliz año nuevo.
Juan Carlos Neves, Presidente
de Nueva Unión Ciudadana
