DEFENDIENDO LA PROPIEDAD PRIVADA
Por Emilio Nazar Kasbo
El conflicto de la Casa Rosada
con la Sociedad Rural Argentina (SRA) es de la misma naturaleza que el caso
Clarín.
La Presidente firmó el decreto 2.552
para estatizar el predio de la Rural de Palermo y declarar nula la venta de
1991 que el entonces gobierno de Carlos Menem le hizo a la SRA por 30 millones
de dólares, lo que el Gobierno consideró un "precio vil".
Exposiciones
En caso de que el Estado pueda
tomar posesión inmediata del predio, el 20 de enero de este año 2013, fecha
tope de la intimación estatal a la SRA, la entidad agropecuaria podrá seguir
organizando sus exposiciones anuales en el predio como es tradicional, pero
abonando un canon anual al Estado.
El problema se suscita con La
Rural SA, la empresa que tiene la concesión de explotación comercial del predio
y que controla la SRA (50% de las acciones) y que administran Fénix
Enterteinment (25%) y el Grupo IRSA (25%).
El Gobierno prepara una
compensación entre la deuda impositiva que tendría la SRA con el Estado, la
deuda de 7 millones de dólares por la compra, y las inversiones de más de 100
millones de dólares que hizo la entidad agropecuaria en estos 20 años.
Rural ¿sin fines de lucro o S.A.?
Muchos se equivocan, confundiendo
a la Sociedad Rural Argentina de calle Florida en la Capital Federal, con “La
Rural S.A.”, que es una empresa comercial que sólo tiene en común el nombre “Rural”
La primera, es una entidad civil
sin fines de lucro; la segunda, es una sociedad anónima lucrativa.
Existe el proyecto para construir
un centro de exposiciones y eventos masivos, con un estadio cubierto para
12.000 personas, estacionamiento para mil automóviles, galería comercial, paseo
de compras, restaurante y confitería en el predio de la Sociedad Rural en
Palermo, separando una parte del predio por la apertura de una prolongación de
la calle Darragueira, para construir locales comerciales, junto con un hotel para
turismo. El emprendimiento, fue ideado durante la década de 1990 por el
escribano Raúl Juan Pedro Moneta, tomando la posta Francisco de Narváez, quien
financiara la campaña presidencial de Carlos Menem, asociado en La Rural SA con
Alejandro Shaw.
Rezonificación prohibida
El boleto de compra-venta firmado
en 1991 reconocía que las construcciones planeadas contradecían lo establecido
para las zonas parque por el Código de Planeamiento y decía que la Sociedad
Rural “podrá solicitar” al Gobierno municipal la rezonificación del predio
“necesaria a efectos de permitir la realización del proyecto”.
Hubo un acuerdo con De Narváez, quien
en operaciones sucesivas compró el 50 por ciento de las acciones de Ogden Rural
que pertenecían a Ogden Argentina y la otra mitad, que estaba en manos de La
Rural de Palermo SA, una sociedad con fines de lucro formada por dirigentes y
ex dirigentes de la Sociedad Rural para explotar el emprendimiento.
A mediados del 2001 el entonces
presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto, anunció que había logrado acordar
con el Gobierno y la legislatura el cambio de zonificación: de Distrito
Urbanización Parque (UP), que significa “área de espacios verdes y parquización
de uso público”, a Distrito E4 Equipamiento Especial, lo que autorizaría a
realizar “construcciones complementarias” al uso principal.
La sombra de la nulidad
Durante la asamblea de socios de
la Sociedad Rural del 30 de abril de 2004, su vicepresidente Hugo Luis Biolcati
explicó que debido a la cesión accionaria a De Narváez la SRA se desentendería
de su parte en la deuda con el Banco Provincia (54,5 millones de pesos) y de la
mitad del usufructo del predio hasta el 2025. Además De Narváez ofreció pagos
de 720.000 dólares anuales hasta ese mismo año, más el 20 por ciento de las
utilidades de la Exposición Rural cada año y el adelanto de los 4,2 millones que
la SRA aún le debe al Estado por la compra fraudulenta del predio, a devolver
en doce años.
En esa asamblea el tesorero
Miguel Crotto dijo a los socios que la condición del Banco de la provincia de
Buenos Aires para refinanciar el crédito (109 millones de pesos a pagar en diez
años a partir de mayo del 2006) era que se realizaran inversiones por 20
millones de pesos en los siguientes cuatro años.
El ingeniero Daniel Pelegrina,
director de Ogden Rural y de La Rural de Palermo (con fines de lucro), también
explicó a los socios de la Rural (sin fines de lucro) el convenio negociado con
el Gobierno de la Ciudad, que aún no tenía firma.
Un socio mencionó el dictamen de
Campagnoli y lamentó que “tendremos siempre la sombra de una posible nulidad”,
dado que la Constitución prohíbe vender bienes públicos sin autorización del
Congreso. “Ese tema no hace al orden del día”, lo cortó el presidente de la
SRA, Luciano Miguens.
El ex presidente de Zavalía
fustigó el acuerdo con De Narváez: “La Rural se va a quedar con las
responsabilidades y el que negocia con nosotros con las utilidades”, advirtió.
“No te voy a contestar. Cuando vos fuiste presidente, Palermo era un baldío”,
le respondió Miguens.
Particulares negocios
De Narváez acordó en México con
la empresa CIE para invertir 1,1 millón de dólares “en un espacio para 4.500
espectadores” en el Pabellón Ocre, negociando una asociación para construir un
miniestadio cubierto para 12.000 espectadores con 1.000 nuevas cocheras que
insumiría una inversión cercana a los 12 millones de dólares.
El convenio se firmó el 21 de
julio. De Narváez rediseñaría veredas y jardines sobre las avenidas Santa Fe y
Sarmiento y obtendría la explotación de las dos flamantes cuadras en la
prolongación de la calle Darragueira, para construir bares, restaurantes y
comercios en una de las zonas más caras de Buenos Aires.
Sin embargo, el predio está
zonificado como Urbanización Parque, lo cual obliga a preservar las áreas
descubiertas y “bajo ningún concepto” los usos pretendían cederse a De Narváez
son “obras de exclusiva utilización pública” como exige esa zonificación.
Se trata de un bien público
enajenado a precio vil con el pretexto de un uso sin fines de lucro se
convierta en un gran negocio inmobiliario, sin competencia, licitación ni
control legislativo.
Precio vil
Con Menem como Presidente del país,
se cedió la posesión del predio de Palermo a la Sociedad Rural pero a “un
precio vil”. A raíz de ello se conformó un expediente para investigar la cuestión
de las presuntas irregularidades, en 1991. El precio de la transacción fue de
30 millones de pesos (o dólares, según la convertibilidad del “1 a 1”), a pagar
en cuotas.
La valuación real difiere según
las fuentes; el tribunal que investiga el hecho, encabezado por el juez Sergio
Torres, estimó su valor cercano a los 60 millones, por lo cual el predio habría
sido transferido a la mitad de su valor. Otros cálculos privados, hablan de 250
a 300 millones de pesos o dólares de la época, mientras que la valuación
manejada por las asociaciones de vecinos la estiman por sobre los 900 millones.
Varias S.A.
La entidad formó de inmediato una
empresa comercial, La Rural de Palermo SA, a través de la cual se asoció con
capitales privados para explotar comercialmente el predio, encarar
megaemprendimientos y apuntar a fines estrictamente vedados por la codificación
del predio como “espacio verde”.
El proyecto que se propuso en los
’90 fue la construcción de un shopping de tres pisos, la instalación de 18
cines con 4500 butacas, restaurantes, un teatro y hasta un estadio deportivo
cubierto para 7000 espectadores.
En 1998, con Ogden Corp. como
socio, se obtuvo un crédito de 106 millones de dólares del Banco Provincia,
cuando Eduardo Duhalde era gobernador bonaerense. De la obra, sólo se hizo un
enorme pozo, que se puede observar al presente, en tanto que durante la exposición
de Agroindustria del año 2012 se promovió la venta del fideicomiso del edificio
a construir como emprendimiento.
Por no poder concretar el
proyecto, Ogden se retiró del emprendimiento y, ocupó su lugar el Grupo De
Narváez, encabezado por el actual diputado nacional de Unión por Todos,
convocando a la desarrolladora CreUrban, vinculada con el Grupo Macri. Tanto
Ogden como De Narváez aparecían vinculados con La Rural de Palermo SA a través
de una UTE (unión transitoria de empresas) en la que siempre la entidad
agroempresaria mantenía el 50 por ciento de participación en el emprendimiento.
Rezonificación contra legem
Hubo una iniciativa enviada por
el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para re-zonificar el predio de
La Rural y poder construir allí el Centro Nacional e Internacional de
Exposiciones y Eventos que no había conseguido el acuerdo necesario. Mauricio
Macri volvió a enviar la propuesta.
La zona está catalogada en el Código
de Planeamiento Urbano como Urbanización Parque (UP), por lo cual no está
permitida ninguna construcción para uso privado. Por ese mismo motivo, La Rural
SA - explotada por la empresa de Francisco de Narváez- pidió el cambio de
zonificación (pedido que viene de la época de Jorge Telerman).
La empresa que explota el predio
es La Rural SA y tiene contrato hasta 2025 con la Sociedad Rural Argentina, que
es la propietaria.
El Poder Ejecutivo resalta en los
fundamentos del Proyecto enviado que "el propietario del predio Rural
comprometió la cesión gratuita e irrevocable de las superficies necesarias para
la apertura de la traza de la calle Darregueyra entre la Avenida Santa Fé y la
calle Juncal, y también la concreción de las obras de apertura de la mencionada
traza vial.
Defender la SRA, no las S.A.
Existen irregularidades en la
operatoria descripta. Se debe defender la concesión a la SRA del predio, el
cual otrora fuera propiedad del Infante Brigadier General Don Juan Manuel de
Rosas, con su completa relevancia histórica.
La SRA es una asociación civil de
bien público sin fines de lucro, hecho que no la inhabilita a desarrollar un
uso aprovechable del predio. La primera maniobra ha sido la conformación de una
sociedad anónima entre algunos dirigentes de la SRA, la cual desarrolló
diversos convenios con otras sociedades anónimas, diluyendo de tal modo responsabilidades,
que acaban otorgando un fin netamente comercial a bienes que no deben tener tal
destino.
La cuestión se centra en la
propiedad privada de la SRA, que es desfigurada por sociedades anónimas
posteriormente inventadas. Y ha de defenderse la propiedad privada de la SRA no
sólo de las sociedades anónimas referidas, sino también de la expropiación que
el Estado pretende desarrollar. Por ejemplo, la apertura de la calle
Darragueyra, sólo sería un negocio inmobiliario que enriquecería el patrimonio
particular de inversores que nada tienen que ver con los fines de la SRA.
Ni estatistas ni liberales
Un negocio “capitalista liberal”,
pretende ser suplido ahora por el monopolio del “capitalismo estatal de amigos”.
El problema no es la SRA, que queda en segundo plano, sino el negocio de la
explotación del predio, hecha por De Narváez (e hijos) y sus socios, merced a
las “bisagras” de las sociedades anónimas intermediarias. Cristina Fernández Wilhelm,
como “va por todo”, pretende arremeter para apoderarse de ese negocio.
Desfiguración por el capitalismo liberal de De Narváez, desfiguración por el
estatismo capitalista de Cristina Fernández Wilhelm.
La expropiación, que debería
dirigirse exclusivamente a las sociedades anónimas concesionarias, además,
implicaría el pago de un sobreprecio a dichas empresas comerciales, beneficiándolas
aun más.
El Estado, en lugar de articular
una nulidad, e iniciar juicio contra las sociedades e irregularidades en las
transacciones, responsabilizando a tales sociedades anónimas de desfigurar el
sentido de la cesión del predio, propone directamente la expropiación, lo cual
acabará beneficiando a dichas empresas.
Servir a la Patria
Se deja así sentado el siguiente
criterio: se debe defender la propiedad del predio de Palermo de la SRA,
aplicando la nulidad de las transacciones realizadas por las sociedades anónimas
referidas por el abuso de sus manejos, a la vez que se debe descartar cualquier
intento de expropiación que acabará beneficiando a los expropiados económicamente,
pues además esto último implicaría que los funcionarios del Gobierno reemplazarían
a las sociedades anónimas para simplemente continuar con los mismos abusos,
apropiándose de tales negocios particulares, para convertirlos en negocios de
los funcionarios gubernamentales.
Si los negocios han sido o no por
precio vil, es una cuestión secundaria. El problema es de fondo, de una
asociación civil de bien público sin fines de lucro que cede a una sociedad anónima
comercial, y por ende con fines de lucro, la explotación del predio de un modo
que la primera tenía prohibido.
La cuestión del campo es ajena al
problema económico planteado. La propiedad del predio jamás dejó de pertenecer
a la SRA, y eso es lo que se debe conservar, y no ha de permitirse su explotación
comercial por otras vías, ni tampoco expropiación. La SRA ha llevar siempre en
alto su bandera, flameando en el predio de Palermo: “Cultivar el suelo es
servir a la Patria”.
Fuentes: La Nación, Ámbito Financiero, Página12
