EL MITO DE LOS 30.000 DESAPARECIDOS
Por Agustín Laje (*)
En virtud del muy recomendable último libro de Ceferino Reato ¡Viva la
sangre! y, particularmente, de su última columna en La Nación titulada
“Hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso”, podemos advertir
la decadencia de un relato setentista que está muriendo de la mano de su
moribundo progenitor: el kirchnerismo.
En efecto, los datos que expone Reato son muy ciertos, pero no por eso
nuevos. En mi libro Los mitos setentistas (2011) ya había efectuado yo
un análisis exhaustivo de la última versión del libro Nunca Más y sus
respectivos anexos, mientras que en el libro La otra parte de la verdad
(2004) y La mentira oficial (2006) de Nicolás Márquez ya se había
desmenuzado la primera versión del trabajo publicado por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Pero en esos años,
hablar de la mentira de los 30.000 desaparecidos era incinerarse por
completo. La herejía se pagaba caro. Y contradecir los postulados del
dogma setentista era un verdadero acto de herejía política que muy pocos
estábamos dispuestos a cometer.
Eso hoy parece haber cambiado o, al menos, estar cambiando. De ahí la
importancia de que un periodista con tanta llegada masiva como Ceferino
Reato publicite esta verdad, por polémica que resulte. Y en virtud de
esta nueva discusión que suscita el tema de marras, es que me gustaría
repasar algunos datos relevantes de la investigación que publiqué hace
dos años, que según creo agrega datos y argumentos importantes a la
definitiva destrucción de un banderín político que ha hecho del dolor
legítimo un frívolo slogan estadístico de uso político, ideológico y
económico.
Los primeros datos oficiales que produjo el Estado argentino fueron los
resultados de la ya mencionada CONADEP, creada por el Presidente Raúl
Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 a través del decreto 187/83, con el
objeto de revisar el accionar de las Fuerzas Armadas en la guerra de los
’70, recolectando denuncias de casos de desapariciones acaecidas
durante el gobierno cívico-militar. Un feroz choque interno en la
Asociación Madres de Plaza de Mayo provocó la posición que adoptó al
respecto su afamada dirigente, Hebe de Bonafini, quien se opuso al
trabajo de la CONADEP y pretendió imponer al resto de las madres que
integraban la organización que no prestaran su testimonio a la comisión
alfonsinista. Para muchas de ellas fue el colmo del autoritarismo y
pocos meses después se escindirían en la llamada “Línea Fundadora” de
las Madres. Pero Hebe quedaría sumamente resentida con el equipo que
lideraba Ernesto Sábato, puesto que ella en
algún momento pretendió que el gobierno de Alfonsín nombrara a las
Madres como las encargadas de llevar adelante la investigación.
En este contexto nace precisamente el slogan de los 30.000
desaparecidos, una invención sin respaldo documental de ningún tipo, que
la propia Hebe supo instalar en la opinión pública a los efectos de
contrariar los resultados de la denostada CONADEP y de practicar su
deporte favorito: hacerse notar frente a la prensa. Sergio Schoklender,
su ex hijo adoptivo, ha confirmado lo antedicho en su último libro
Sueños Postergados: “Hebe era la gran mentirosa de unas mentiras
necesarias. (…) Cuando la CONADEP dijo que había verificado nueve mil
desapariciones (…) Hebe salió a decir que eran treinta mil y a repetirlo
una y otra vez hasta que, de tanto decirlo, así quedó. Un solo
desaparecido es una tragedia, pero nunca fueron treinta mil, eso fue un
invento de ella”.
En rigor de verdad, la CONADEP contabilizó 8.961 desaparecidos que, tal
como quedaría claro al poco tiempo, resultaban verdaderamente dudosos. Y
tanto fue así, que las autoridades de la editorial Eudeba de inmediato
quitaron de circulación el anexo –de casi 500 páginas- que incluía el
listado, caso por caso. Pero una primera revisión de aquel primer anexo,
nos mostraría en primer término que de los 8.961 desaparecidos
contabilizados, solamente 4.905 llevan datos personales, como por
ejemplo números de documentos de identidad, siendo casi la mitad
sobrenombres, apodos e indocumentados. Una segunda revisión, más
puntillosa, nos llevaría a detectar nombres de personas públicas que
actualmente están con vida y nadie podría dudar de ello, como la Dra.
Carmen Argibay (legajo 00299, actual miembro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación); Dr. Esteban Justo Righi (legajo 04320, ex
Procurador General de la Nación); Dr. Alfredo Humberto
Meade (legajo 03276, Juez de Garantías Nº 4 de Morón); Juan Carlos
Pellita (legajo 1900, intendente de General Lamadrid); Alicia Raquel
D´Ambra (legajo 01335, kirchnerista concurrente de los actos en la ex
ESMA); Jorge Osvaldo Paladino y Adriana Chamorro de Corro (legajos 8963 y
8770 respectivamente, funcionarios kirchneristas de la ex ESMA); Alicia
Palmero (legajo 27992, columnista de la revista Tantas Voces, Tantas
Vidas); Ana María Testa (figura dos veces en el anexo, con los legajos
9234 y 6561, pero fue testigo en la causa contra el oficial de la Marina
Ricardo Cavallo y, además, fue entrevistada por la periodista Viviana
Gorbato en su libro Montoneros. Soldados de Menem. ¿Soldados de
Duhalde?); Rafael Daniel Najmanovich (legajo 3565, se conoció su
paradero cuando resultó víctima en Israel de un atentado terrorista
palestino el 22/2/04), entre otros muchos casos que incluyen a 136
personas que aparecieron en 1985 como víctimas del
terremoto que sacudió en ese año el D.F. de México.
Andando los años, y ya durante la gestión kirchnerista, el listado fue
“revisado” y “depurado” por la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, manejada a la sazón por Eduardo Luís Duhalde y Rodolfo
Mattarollo, ambos vinculados no sólo a las organizaciones guerrilleras
de los `70, sino también al Movimiento Todos por la Patria que lideró
Enrique Gorriarán Merlo y que atentó contra La Tablada en 1989.
El nuevo anexo que se lanzó al mercado contabiliza un total de 7.158
desaparecidos (los correspondientes al Proceso, en rigor, según el
listado, son 6.447). Empero, numerosas irregularidades continúan
abultando los guarismos. A modo de ejemplo, hay 873 casos en los que tan
sólo figura un nombre, sin indicar siquiera el correspondiente número
de documento de identidad. ¿Sería lógico pensar que luego de un cuarto
de siglo, a pesar de la permanente propaganda y los beneficios
económicos que se han otorgado a los familiares, ningún pariente de
aquellas 873 personas se habría tomado la molestia de acercarse a
tramitar una denuncia?
Pero las irregularidades son todavía más numerosas y escandalosas. El
nuevo listado de desaparecidos es abultado por nombres de ex
guerrilleros asesinados por sus propios compañeros, tal el caso del
terrorista montonero Fernando Haymal, asesinado en Córdoba por su propia
organización luego de realizársele un “juicio revolucionario”. El caso
fue admitido por los propios guerrilleros en su revista Evita Montonera
(Nº 8, p. 21), cubierto por periodistas del diario La Voz del Interior
(3/9/1975) y mencionado por la Cámara Nacional de Apelaciones que juzgó a
las Juntas Militares en la Causa 13. ¿La Secretaría de Derechos Humanos
acaso no lo sabía? ¿O faltó a la verdad al único efecto de agigantar
los guarismos? Como quiera que sea, este caso tiene un agravante más:
Haymal figura también entre los listados del REDEFA (Registro de
Fallecidos de la ley 24.411), con lo cual todo indica que su familia
percibió la abultada indemnización
estatal prevista por esa normativa para “toda persona que hubiese
fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, [o] de
seguridad […] con anterioridad al 10 de diciembre de1983”. El problema
es que Haymal no fue abatido por las fuerzas legales, sino ejecutado a
sangre fría por sus propios compañeros.
Por otro lado, existen también casos de terroristas que probadamente se
suicidaron con la reglamentaria pastilla de cianuro al encontrarse
cercados por las fuerzas legales, y sin embargo tienen también su lugar
en el listado de supuestos abatidos por las Fuerzas Armadas. Así pues,
el guerrillero Francisco “Paco” Urondo, Carlos Andrés Goldenberg y
Alberto Molinas Benuzzi inexplicablemente engrosan las cifras del nuevo
informe.
Finalmente, otra irregularidad en la que incurre el listado “depurado”
consiste en agigantar los dígitos contabilizando a terroristas que
fueron abatidos en el marco de enfrentamientos con las fuerzas del
orden. A modo de ejemplo, de los 16 terroristas caídos en el ataque al
Regimiento de Monte 29 de Infantería, el 5 de octubre de 1975 en
Formosa, cinco de ellos inaceptablemente figuran en el nuevo Nunca Más,
cuando en rigor de verdad, fueron de inmediato identificados por la
Policía Federal. Caso similar constituye el de los guerrilleros muertos
en el ataque al cuartel de Monte Chingolo, también en 1975: de los
sesenta abatidos, cinco abultan los números del nuevo informe. Por su
parte, el terrorista erpiano Hugo Irurzun, muerto no en nuestro país ni
por nuestras Fuerzas Armadas, sino que en Paraguay y por la policía
paraguaya, también plasma su nombre en el oprobioso listado. Los casos
de guerrilleros caídos en enfrentamientos armados
que ensanchan los falaces guarismos resultan incontables, y podríamos
seguir nombrando por ejemplo a Arturo Lewinger, Juan Martín Jáuregui,
entre otros muchos. Pero no pretendemos abrumar al lector detallando la
casuística, sino simplemente ilustrar la verdadera estafa que se ha
hecho del delicado tema de los desaparecidos.
Aclaremos que no sólo la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación han ejecutado investigaciones cuantitativas, sino que otras
entidades (curiosamente casi todas de izquierda) también efectuaron sus
propios listados, aunque todos con un denominador común: ninguno se
acerca siquiera al 30% de los promocionados 30.000. En rigor, ya en los
años `80 la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tenía datos
sobre 6000 personas desaparecidas. Según Amnistía Internacional, la
cantidad no superaba los 4000, mientras que la OEA hablaba de 5000. Por
esa fecha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su
visita al país, recogió denuncias por 5.580 casos. Tiempo más tarde, la
organización europea Fahrenheit lanzó su informe que contabilizaba 6.936
desaparecidos en gobierno cívico-militar. A estos datos deberíamos
adicionar los revelados recientemente por la ex miembro de la CONADEP
Graciela Fernández Meijide, quien
afirmó que había 7.954 desaparecidos y se preguntaba: “¿Con qué derecho
[se habla de 30.000 desaparecidos] cuando había un conteo de 9000?
¿Porque es un símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene
responsabilidad política. Debe decir la verdad”. Por su parte, en el
denominado “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”
inaugurado por el kirchnerismo el 7 de noviembre de 2007 en la costanera
porteña, se exhiben menos de 9.000 placas grabadas con el nombre de
desaparecidos, pero otra vez los guarismos son abultados con los nombres
de guerrilleros muertos en combate (como Fernando Abal Medina y Carlos
Ramus, o también ocho de los guerrilleros que participaron del ataque al
Regimiento de Monte 29 en Formosa, entre otros muchos) e incluso
asesinados por sus propios compañeros (como el citado Fernando Haymal).
Cabe señalar que el monumento en cuestión consta de 30.000 placas,
aunque más de 21.000 se encuentran en
blanco (¿?), lo que ya no constituye un bochornoso ridículo, sino más
bien, una descarada tomada de pelo.
Una fuente no menor para continuar probando la falsedad del mito de los
30.000 la constituye el REDEFA (Registro de Fallecidos de la ley
24.411). En efecto, allí se maneja el listado de desaparecidos y
abatidos por las fuerzas legales en el marco de la guerra contra el
terrorismo, cuyos familiares accedieron a la indemnización que, según
datos de marzo de 2010, llegaba a $620.919. Desde diciembre de 1994
(cuando fue promulgada la ley) hasta abril de 2010, según los datos que
surgen de este registro, el beneficio de marras fue otorgado a los
herederos de 7.500 desaparecidos y guerrilleros muertos en combate. Con
tanto dinero de por medio para los familiares de los guerrilleros, sería
disparatado pensar que luego de diecinueve años de promovida la
indemnización, restaran todavía 22.500 casos por denunciar. Empero, la
cifra de 7.500 tampoco sería del todo acertada, ya que engloba tanto a
desaparecidos como a muertos en combate, que claramente no
son lo mismo.
Pues bien, no demos más importancia a lo que ya es sabido y digámoslo de
una buena vez y para siempre: los “30.000″ son una descarada e
interesada ficción impuesta en base a la reiteración sistemática, y no
en la demostración documental. Esto no implica convalidar una
metodología aberrante e indefendible que, dicho sea de paso, se diseñó y
se implementó no a partir del 24 de marzo de 1976, sino mucho antes,
durante el gobierno constitucional peronista anterior. Pero si “30.000 o
uno solo es lo mismo”, como suelen alegar los autodenominados
“defensores de los derechos humanos” cuando esta realidad se les
enrostra, deberíamos responderles: si es lo mismo, ¿entonces por qué no
prueban diciendo la verdad?
(*) Coautor (junto con Nicolás Márquez) del flamante libro “Cuando el
relato es una FARSA”, disponible en las principales librerías del país.
agustin_laje@hotmail.com | @agustinlaje
La Prensa Popular | Edición 236 | Viernes 27 de Septiembre de 2013
Por Agustín Laje (*)
En virtud del muy recomendable último libro de Ceferino Reato ¡Viva la
sangre! y, particularmente, de su última columna en La Nación titulada
“Hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso”, podemos advertir
la decadencia de un relato setentista que está muriendo de la mano de su
moribundo progenitor: el kirchnerismo.
En efecto, los datos que expone Reato son muy ciertos, pero no por eso
nuevos. En mi libro Los mitos setentistas (2011) ya había efectuado yo
un análisis exhaustivo de la última versión del libro Nunca Más y sus
respectivos anexos, mientras que en el libro La otra parte de la verdad
(2004) y La mentira oficial (2006) de Nicolás Márquez ya se había
desmenuzado la primera versión del trabajo publicado por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Pero en esos años,
hablar de la mentira de los 30.000 desaparecidos era incinerarse por
completo. La herejía se pagaba caro. Y contradecir los postulados del
dogma setentista era un verdadero acto de herejía política que muy pocos
estábamos dispuestos a cometer.
Eso hoy parece haber cambiado o, al menos, estar cambiando. De ahí la
importancia de que un periodista con tanta llegada masiva como Ceferino
Reato publicite esta verdad, por polémica que resulte. Y en virtud de
esta nueva discusión que suscita el tema de marras, es que me gustaría
repasar algunos datos relevantes de la investigación que publiqué hace
dos años, que según creo agrega datos y argumentos importantes a la
definitiva destrucción de un banderín político que ha hecho del dolor
legítimo un frívolo slogan estadístico de uso político, ideológico y
económico.
Los primeros datos oficiales que produjo el Estado argentino fueron los
resultados de la ya mencionada CONADEP, creada por el Presidente Raúl
Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 a través del decreto 187/83, con el
objeto de revisar el accionar de las Fuerzas Armadas en la guerra de los
’70, recolectando denuncias de casos de desapariciones acaecidas
durante el gobierno cívico-militar. Un feroz choque interno en la
Asociación Madres de Plaza de Mayo provocó la posición que adoptó al
respecto su afamada dirigente, Hebe de Bonafini, quien se opuso al
trabajo de la CONADEP y pretendió imponer al resto de las madres que
integraban la organización que no prestaran su testimonio a la comisión
alfonsinista. Para muchas de ellas fue el colmo del autoritarismo y
pocos meses después se escindirían en la llamada “Línea Fundadora” de
las Madres. Pero Hebe quedaría sumamente resentida con el equipo que
lideraba Ernesto Sábato, puesto que ella en
algún momento pretendió que el gobierno de Alfonsín nombrara a las
Madres como las encargadas de llevar adelante la investigación.
En este contexto nace precisamente el slogan de los 30.000
desaparecidos, una invención sin respaldo documental de ningún tipo, que
la propia Hebe supo instalar en la opinión pública a los efectos de
contrariar los resultados de la denostada CONADEP y de practicar su
deporte favorito: hacerse notar frente a la prensa. Sergio Schoklender,
su ex hijo adoptivo, ha confirmado lo antedicho en su último libro
Sueños Postergados: “Hebe era la gran mentirosa de unas mentiras
necesarias. (…) Cuando la CONADEP dijo que había verificado nueve mil
desapariciones (…) Hebe salió a decir que eran treinta mil y a repetirlo
una y otra vez hasta que, de tanto decirlo, así quedó. Un solo
desaparecido es una tragedia, pero nunca fueron treinta mil, eso fue un
invento de ella”.
En rigor de verdad, la CONADEP contabilizó 8.961 desaparecidos que, tal
como quedaría claro al poco tiempo, resultaban verdaderamente dudosos. Y
tanto fue así, que las autoridades de la editorial Eudeba de inmediato
quitaron de circulación el anexo –de casi 500 páginas- que incluía el
listado, caso por caso. Pero una primera revisión de aquel primer anexo,
nos mostraría en primer término que de los 8.961 desaparecidos
contabilizados, solamente 4.905 llevan datos personales, como por
ejemplo números de documentos de identidad, siendo casi la mitad
sobrenombres, apodos e indocumentados. Una segunda revisión, más
puntillosa, nos llevaría a detectar nombres de personas públicas que
actualmente están con vida y nadie podría dudar de ello, como la Dra.
Carmen Argibay (legajo 00299, actual miembro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación); Dr. Esteban Justo Righi (legajo 04320, ex
Procurador General de la Nación); Dr. Alfredo Humberto
Meade (legajo 03276, Juez de Garantías Nº 4 de Morón); Juan Carlos
Pellita (legajo 1900, intendente de General Lamadrid); Alicia Raquel
D´Ambra (legajo 01335, kirchnerista concurrente de los actos en la ex
ESMA); Jorge Osvaldo Paladino y Adriana Chamorro de Corro (legajos 8963 y
8770 respectivamente, funcionarios kirchneristas de la ex ESMA); Alicia
Palmero (legajo 27992, columnista de la revista Tantas Voces, Tantas
Vidas); Ana María Testa (figura dos veces en el anexo, con los legajos
9234 y 6561, pero fue testigo en la causa contra el oficial de la Marina
Ricardo Cavallo y, además, fue entrevistada por la periodista Viviana
Gorbato en su libro Montoneros. Soldados de Menem. ¿Soldados de
Duhalde?); Rafael Daniel Najmanovich (legajo 3565, se conoció su
paradero cuando resultó víctima en Israel de un atentado terrorista
palestino el 22/2/04), entre otros muchos casos que incluyen a 136
personas que aparecieron en 1985 como víctimas del
terremoto que sacudió en ese año el D.F. de México.
Andando los años, y ya durante la gestión kirchnerista, el listado fue
“revisado” y “depurado” por la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, manejada a la sazón por Eduardo Luís Duhalde y Rodolfo
Mattarollo, ambos vinculados no sólo a las organizaciones guerrilleras
de los `70, sino también al Movimiento Todos por la Patria que lideró
Enrique Gorriarán Merlo y que atentó contra La Tablada en 1989.
El nuevo anexo que se lanzó al mercado contabiliza un total de 7.158
desaparecidos (los correspondientes al Proceso, en rigor, según el
listado, son 6.447). Empero, numerosas irregularidades continúan
abultando los guarismos. A modo de ejemplo, hay 873 casos en los que tan
sólo figura un nombre, sin indicar siquiera el correspondiente número
de documento de identidad. ¿Sería lógico pensar que luego de un cuarto
de siglo, a pesar de la permanente propaganda y los beneficios
económicos que se han otorgado a los familiares, ningún pariente de
aquellas 873 personas se habría tomado la molestia de acercarse a
tramitar una denuncia?
Pero las irregularidades son todavía más numerosas y escandalosas. El
nuevo listado de desaparecidos es abultado por nombres de ex
guerrilleros asesinados por sus propios compañeros, tal el caso del
terrorista montonero Fernando Haymal, asesinado en Córdoba por su propia
organización luego de realizársele un “juicio revolucionario”. El caso
fue admitido por los propios guerrilleros en su revista Evita Montonera
(Nº 8, p. 21), cubierto por periodistas del diario La Voz del Interior
(3/9/1975) y mencionado por la Cámara Nacional de Apelaciones que juzgó a
las Juntas Militares en la Causa 13. ¿La Secretaría de Derechos Humanos
acaso no lo sabía? ¿O faltó a la verdad al único efecto de agigantar
los guarismos? Como quiera que sea, este caso tiene un agravante más:
Haymal figura también entre los listados del REDEFA (Registro de
Fallecidos de la ley 24.411), con lo cual todo indica que su familia
percibió la abultada indemnización
estatal prevista por esa normativa para “toda persona que hubiese
fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, [o] de
seguridad […] con anterioridad al 10 de diciembre de1983”. El problema
es que Haymal no fue abatido por las fuerzas legales, sino ejecutado a
sangre fría por sus propios compañeros.
Por otro lado, existen también casos de terroristas que probadamente se
suicidaron con la reglamentaria pastilla de cianuro al encontrarse
cercados por las fuerzas legales, y sin embargo tienen también su lugar
en el listado de supuestos abatidos por las Fuerzas Armadas. Así pues,
el guerrillero Francisco “Paco” Urondo, Carlos Andrés Goldenberg y
Alberto Molinas Benuzzi inexplicablemente engrosan las cifras del nuevo
informe.
Finalmente, otra irregularidad en la que incurre el listado “depurado”
consiste en agigantar los dígitos contabilizando a terroristas que
fueron abatidos en el marco de enfrentamientos con las fuerzas del
orden. A modo de ejemplo, de los 16 terroristas caídos en el ataque al
Regimiento de Monte 29 de Infantería, el 5 de octubre de 1975 en
Formosa, cinco de ellos inaceptablemente figuran en el nuevo Nunca Más,
cuando en rigor de verdad, fueron de inmediato identificados por la
Policía Federal. Caso similar constituye el de los guerrilleros muertos
en el ataque al cuartel de Monte Chingolo, también en 1975: de los
sesenta abatidos, cinco abultan los números del nuevo informe. Por su
parte, el terrorista erpiano Hugo Irurzun, muerto no en nuestro país ni
por nuestras Fuerzas Armadas, sino que en Paraguay y por la policía
paraguaya, también plasma su nombre en el oprobioso listado. Los casos
de guerrilleros caídos en enfrentamientos armados
que ensanchan los falaces guarismos resultan incontables, y podríamos
seguir nombrando por ejemplo a Arturo Lewinger, Juan Martín Jáuregui,
entre otros muchos. Pero no pretendemos abrumar al lector detallando la
casuística, sino simplemente ilustrar la verdadera estafa que se ha
hecho del delicado tema de los desaparecidos.
Aclaremos que no sólo la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación han ejecutado investigaciones cuantitativas, sino que otras
entidades (curiosamente casi todas de izquierda) también efectuaron sus
propios listados, aunque todos con un denominador común: ninguno se
acerca siquiera al 30% de los promocionados 30.000. En rigor, ya en los
años `80 la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tenía datos
sobre 6000 personas desaparecidas. Según Amnistía Internacional, la
cantidad no superaba los 4000, mientras que la OEA hablaba de 5000. Por
esa fecha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su
visita al país, recogió denuncias por 5.580 casos. Tiempo más tarde, la
organización europea Fahrenheit lanzó su informe que contabilizaba 6.936
desaparecidos en gobierno cívico-militar. A estos datos deberíamos
adicionar los revelados recientemente por la ex miembro de la CONADEP
Graciela Fernández Meijide, quien
afirmó que había 7.954 desaparecidos y se preguntaba: “¿Con qué derecho
[se habla de 30.000 desaparecidos] cuando había un conteo de 9000?
¿Porque es un símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene
responsabilidad política. Debe decir la verdad”. Por su parte, en el
denominado “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”
inaugurado por el kirchnerismo el 7 de noviembre de 2007 en la costanera
porteña, se exhiben menos de 9.000 placas grabadas con el nombre de
desaparecidos, pero otra vez los guarismos son abultados con los nombres
de guerrilleros muertos en combate (como Fernando Abal Medina y Carlos
Ramus, o también ocho de los guerrilleros que participaron del ataque al
Regimiento de Monte 29 en Formosa, entre otros muchos) e incluso
asesinados por sus propios compañeros (como el citado Fernando Haymal).
Cabe señalar que el monumento en cuestión consta de 30.000 placas,
aunque más de 21.000 se encuentran en
blanco (¿?), lo que ya no constituye un bochornoso ridículo, sino más
bien, una descarada tomada de pelo.
Una fuente no menor para continuar probando la falsedad del mito de los
30.000 la constituye el REDEFA (Registro de Fallecidos de la ley
24.411). En efecto, allí se maneja el listado de desaparecidos y
abatidos por las fuerzas legales en el marco de la guerra contra el
terrorismo, cuyos familiares accedieron a la indemnización que, según
datos de marzo de 2010, llegaba a $620.919. Desde diciembre de 1994
(cuando fue promulgada la ley) hasta abril de 2010, según los datos que
surgen de este registro, el beneficio de marras fue otorgado a los
herederos de 7.500 desaparecidos y guerrilleros muertos en combate. Con
tanto dinero de por medio para los familiares de los guerrilleros, sería
disparatado pensar que luego de diecinueve años de promovida la
indemnización, restaran todavía 22.500 casos por denunciar. Empero, la
cifra de 7.500 tampoco sería del todo acertada, ya que engloba tanto a
desaparecidos como a muertos en combate, que claramente no
son lo mismo.
Pues bien, no demos más importancia a lo que ya es sabido y digámoslo de
una buena vez y para siempre: los “30.000″ son una descarada e
interesada ficción impuesta en base a la reiteración sistemática, y no
en la demostración documental. Esto no implica convalidar una
metodología aberrante e indefendible que, dicho sea de paso, se diseñó y
se implementó no a partir del 24 de marzo de 1976, sino mucho antes,
durante el gobierno constitucional peronista anterior. Pero si “30.000 o
uno solo es lo mismo”, como suelen alegar los autodenominados
“defensores de los derechos humanos” cuando esta realidad se les
enrostra, deberíamos responderles: si es lo mismo, ¿entonces por qué no
prueban diciendo la verdad?
(*) Coautor (junto con Nicolás Márquez) del flamante libro “Cuando el
relato es una FARSA”, disponible en las principales librerías del país.
agustin_laje@hotmail.com | @agustinlaje
La Prensa Popular | Edición 236 | Viernes 27 de Septiembre de 2013
