Los abogados de Boudou le pidieron 8 millones de dólares para “arreglar” su situación judicial
Se confirmó nuestro anticipo: la sala de la Cámara de Casación
integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borisnky y con la intervención de
Horacio Righi, vocal de otra sala, decidieron rechazar la recusación
contra su colega Juan Carlos Germiniani, quien había sido recusado por
el abogado Diego Pirota, socio del ex subsecretario de la SIDE Darío
Richarte, quienes defienden a Amado Boudou. Antes de esa situación, los
abogados defensores interpusieron una excepción por falta de acción, que
apuntaba a sobreseer al vicepresidente, ya que consideraban que no se
sabía bien qué delito se le imputa. Dicha solicitud fue aceptada por el
fiscal de casación Javier de Luca, perteneciente a Justicia Legítima y
que podía contar con el voto de Borinsky, vocal de esa sala y presidente
por un año de la Cámara de Casación, que tiene fallos anteriores donde
convalida lo que piden los fiscales de casación. Pero Hornos, el otro
vocal, seguramente se opondría. De ahí que recusaran a Germiniani, pero
adelantamos que ellos dos, más Righi, rechazarían la recusación para no
enemistarse de por vida con él.
Un laberinto procesal
Ahora los tres tienen que decidir si aceptan la excepción de falta de
acción y lo más probable es que la rechacen, porque el juez federal
Ariel Lijo avanzó bastante en las pruebas que recolectó contra el
vicepresidente. Sin embargo, estamos en condiciones de afirmar que
Pirota y Richarte le pidieron a Boudou 8 millones de dólares para
salvarlo de su eventual procesamiento. Algunas fuentes señalan la
hipótesis de que en semejante suma estarían involucrados los tres
vocales de casación, lo cual parece imposible. Otra alternativa es que
Lijo finalmente y pese a las pruebas le dicte falta de mérito, lo que
hoy en día parece también imposible, pero si esto ocurriera, el fiscal
Jorge di Lello no debería apelar. Es sabido que Di Lello pidió la
indagatoria del vice pero también de la familia Ciccone, que con sus
declaraciones involucraron a Boudou a través de reuniones encaminadas a
que la empresa familiar zafara de la quiebra pedida por la AFIP a cambio
de entregar el 70% de sus acciones a Alejandro Vandenbroele. El
vicepresidente Boudou podría verse favorecido si a la indagatoria
concurren además de él los miembros de la familia Ciccone. Es que la
declaración de estos últimos sería nula, ya que se trataría de imputados
y no testigos, como los califica Lijo. Pero si éste dicta la falta de
mérito, habría que ver si Di Lello no apela y si lo hace tendrían que
decidir los tres vocales de la Sala I de la Cámara Federal, integrada
por Jorge Ballesteros, Eduardo Freiler y Luis Farah, lo cual parecería
bastante raro, por decirlo de alguna manera. Por su parte, el fiscal de
cámara Germán Moldes seguramente apelaría y la última decisión la
tendrían los tres vocales de casación. Todas estas tramas probables por
ahora están congeladas, porque Boudou les habría dicho a sus abogados
defensores que no tiene semejante suma y que nadie del gobierno le
quiere dar ese dinero. También surge una hipótesis más razonable que las
anteriores y es que Pirota y Richarte le pidan 8 millones de dólares a
Boudou para desprocesarlo y, luego de cobrar, los letrados dejarían
pasar el tiempo y después le confesarían que sus contactos fallaron pero
que la suma es irrecuperable. Ahora Boudou tendría que decidir si les
consigue los 8 millones de dólares a sus letrados o bien no lo hace y
queda supuestamente expuesto a un mal final.
