Pago soberano: El Congreso podría sufrir las sanciones de Griesa
El proyecto de pago soberano de la deuda externa ingresó por el
Senado y el próximo miércoles arrancará el debate en comisiones.
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Se
espera llegue al recinto el 3 de septiembre y que luego pase a
Diputados, donde podría convertirse en ley la semana siguiente. El juez
Thomas Griesa calificó de ilegal la intención del gobierno de cambiar el
domicilio de pago a Buenos Aires pero se negó a imponer la sanción de
desacato al gobierno nacional tal como le pedían los fondos NML y
Aurelius. El magistrado abrió entonces un lógico compás de espera ya
que, hasta tanto la ley no esté sancionada y publicada, la ilegalidad,
como el juez la califica, no se habrá consumado.
Ahora bien, todo indica que al gobierno le darán los números en ambas
cámaras para convertir el proyecto en ley y ya están en marcha
negociaciones con los diputados que responden a los hermanos Rodríguez
Saá y a José Manuel de la Sota para el oficialismo cuente con aliados en
caso de que sufra deserciones y le falten votos. Si los acontecimientos
son los previsibles, para mitad de septiembre la ley quedaría
sancionada y entonces Griesa se vería obligado a convocar a una nueva
audiencia ante el cambio de situación. Frente al nuevo panorama, lo
previsible es que el juez finalmente se vea obligado a aplicar el
desacato y tal vez también la imposición de multas por el incumplimiento
del pago de los US$ 1330 millones a los holdouts.
Las complicaciones que vienen
En realidad, la declaración de “desacato” con la que Griesa amenazó a
la Argentina es muy difícil de aplicar y no tiene muchas consecuencias
en los términos prácticos. Si se tratara, en cambio, de ciudadanos de
EEUU o de residentes en ese país, la caída en desacato podría implicar
multas y hasta una temporada en prisión, pero estando en Buenos Aires
este tipo de fallos serían ineficaces. Sin embargo, el problema es más
complejo. Para empezar, tratándose de una ley, la responsabilidad por la
sanción de la misma está en cabeza de los legisladores que la voten. O
sea que, desde el ángulo de Griesa, el desacato lo estarían cometiendo
los senadores y diputados que conviertan en ley el proyecto de pago
soberano. En todo caso, las sanciones podrían recaer tanto en el
Ejecutivo como en el Legislativo. Siguiendo esta línea, en caso de que
un tribunal argentino ratificara la constitucionalidad de la ley,
también podría quedar en la mira de la justicia de Nueva York. En estos
términos, la jugada de Cristina de transferirle la responsabilidad al
Congreso del engendro legal creado por el equipo de Axel Kicillof no
carece de habilidad. Por un camino distinto, el gobierno le está
endosando al Congreso la responsabilidad por su decisión de apostar al
default, como ocurriera a fines del 2001, cuando la moratoria unilateral
declarada por el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá fue
ovacionada en el recinto del Senado.
En este caso, si el siguiente paso a la sanción de la ley son las
sanciones impuestas por Griesa y éstas alcanzan al Congreso, los
legisladores kirchneristas se habrían comprado algunos problemas. Por
ejemplo, los riesgos que podrían correr al viajar fuera del país y en
especial a los EEUU.
Es evidente que el cristinismo, ante un panorama económico que se
agrava día a día, optó por profundizar el único conflicto externo que
tiene el país, para justificar con esta “guerra” todos los males de la
economía e intentar seguir manteniendo la iniciativa política ante la
“agresión externa”. Es decir que cuanto mayor sea el hostigamiento
judicial que consigan llevar adelante los fondos buitres, mejor sería en
términos políticos para el kirchnerismo. A poco más de un año de
abandonar el poder, al núcleo cristinista le importarían cada vez menos
las consecuencias económicas de esta conducta irresponsable. Más bien lo
contrario, dejarle tierra arrasada al próximo gobierno no parece estar
tampoco fuera de los planes.
